Análisis – Con las detenciones de los presidentes de las constructoras Norberto Odebrecht y Andrade Gutierrez, el Operativo Lava Jato no entró en su decimocuarta fase, según anunció la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.
Entró también en una etapa en que una acción judicial supera la frontera de lo legítimo y razonable para asumir la fisonomía de una operación abiertamente política, capaz de destruir sectores aún saludables de la economía, agravando todos los sacrificios que han sido hechos y serán hechos por la población en los próximos meses.
Las detenciones crean una situación innecesaria de incertidumbre e inseguridad en un país que quiere trabajar en paz, progresar y construir una vida mejor.
Habituada a justificar las detenciones preventivas con el argumento de preservar el «orden público», a partir de este viernes 19 de junio del 2015 el Lava Jato se convirtió definitivamente en una amenaza al orden público.
Como décadas atrás explicó Louis Brandeis, uno de los más brillantes integrantes de la Suprema Corte de Estados Unidos, lo que se promueve con ese comportamiento es el caos:
—Nuestro gobierno es el maestro poderoso y omnipresente. Para bien o para mal, enseña al pueblo con su ejemplo. Si el gobierno se convierte en infractor de la ley, crea la falta de respeto a la ley, e incita a cada uno a hacer la ley propia y, por lo tanto, a la anarquía.
Marcelo Odebrecht, heredero y principal ejecutivo del grupo del mismo nombre, y Otavio Azevedo, principal ejecutivo de Andrade Gutierrez, no tienen importancia sólo como personas físicas, a las que debe respetarse en sus derechos y garantías. También tienen importancia como personas jurídicas.
Por más que ejecutivos de grandes empresas puedan ser acusados de ilícitos -actos que deben ser investigados y, si fuera el caso, castigados de forma responsable-, sus compañías forman parte de la historia de Brasil. Ayudaron a construir la séptima economía del mundo. Responden por miles de empleos. Están presentes en mercados importantes de la economía global.
Su detención es una pésima señal interna y externa. Ayuda a debilitar el país y puede contribuir a empeorar las condiciones de vida de la población.
Las detenciones se producen pocos días después que un comisario de la Policía Federal afirmara que «muy probablemente» el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sea investigado. Lo dijo así, en forma distraída, como una hipótesis.
Es imposible separar las detenciones de este viernes de la campaña del Ministerio Público, con el respaldo del juez Sergio Moro, para impedir que el país encuentre una salida racional a la crisis abierta por las denuncias del Lava Jato.
Hablamos de acuerdos de lenidad, que serían una solución lúcida para la situación de ruina de varias empresas. Con ellos, se aseguraría el castigo de quien fuera considerado culpable de ilícitos preservando el patrimonio de las empresas. Fue así en Alemania cuando se investigó a Siemens. También en Estados Unidos. En la reconstrucción alemana tras la tragedia nazi, ejecutivos de empresas fueron juzgados y condenados. Pero las empresas fueron salvadas.
Pero los fiscales condenan los acuerdos de lenidad, que pueden o no ser celebrados por la Abogacía General de la Unión (AGU), la defensoría del Estado. Su argumentos denuncian un proyecto político, digno de ser probado en las urnas.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima dijo recientemente a O Estado de S.Paulo que el país es una «falsa República» en el que rige un «capitalismo de compadres».
Buscando aclarar la verdadera función política del Lava Jato, el fiscal dijo:
«Nos preocupa no conseguir armar para (mostrar) a la población un cuadro completo de la corrupción, la cartelización, de los más diversos fraudes, en fin, de la extensa criminalidad que tienen las relaciones público-privadas. Cada acusación es como una pequeña pieza de un inmenso rompecabezas y tenemos que encajar un número suficiente de piezas para que todos miren ese conjunto para saber como quedaría completo. Sólo así la población podrá separar la paja del trigo y podremos al fin refundar nuestra República».
Así, mientras el Ministerio Público intenta impedir los acuerdos que podrían aliviar el ambiente político y económico de Brasil, las detenciones de este viernes se destinan a armar «un cuadro completo de corrupción». El espectáculo debe continuar porque los fiscales creen que sólo así la población podrá separar la paja del trigo y nuestra república será refundada.
Se convirtieron en ideólogos, reformadores sociales, hombres de doctrina, pero sin mandato.
En el espectáculo del Lava Jato no hay lugar para aclarar la cena de 7 millones de reales en donaciones para el Instituto Fernando Henrique Cardoso celebrada en el Palacio de la Alvorada cuando éste aún se encontraba en la presidencia. Odebrecht y Andrade Gutierrez también tenían allí a sus representantes.
Las detenciones ocurren a pocos días del inicio del receso del Poder Judicial, dificultando los trámites y la liberación de los prisioneros.
Sus abogados deberán recorrer un largo camino antes de llegar al Supremo Tribunal Federal. El juez del caso en el alto tribunal, el ministro Teori Zavaski, tiene derecho a intervenir en cualquier momento, pero hasta ahora no actuó de esa forma, aguardando pacientemente que el caso llegue a su mesa.
Ya sabíamos que el modelo de trabajo del juez Moro es la Operación Mani Pulite, la que entregó Italia al bunga-bunga de Silvio Berlusconi y transformó una de las glorias culturales y políticas de la humanidad en un reino de segunda clase, dependiente y subordinado a potencias vecinas, empezando por Alemania.
Ahora sabemos a través del fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, una de las voces principales del Lava Jato, que el plan es «refundar la República» brasileña.
A partir de este viernes, será posible entender mejor qué es lo que buscan con eso.
Por Paulo Moreira Leite
Fuente: Brasil 427
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