La decisión tomada este miércoles por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso de activar el instrumento de la «muerte cruzada», con la que disolvió la Asamblea Nacional (unicameral) y pidió a las autoridades electorales convocar a nuevas elecciones generales en el país, es un capítulo más de la crisis política instalada en Ecuador desde hace algunos meses.
Para tomar tal medida, el diputado omitió la verdadera razón por la que eligió ese camino: el proceso de juicio político que enfrentaba en esa misma Asamblea Nacional, por acusaciones de peculado y corrupción pasiva, en el que tenía pocas posibilidades de ser absuelto.
El juicio contra Lasso es uno de los elementos de esta crisis política, que a su vez es resultado de los problemas económicos y sociales que asfixian al Ecuador. En términos políticos, la crisis comenzó hace unos meses, cuando el presidente Lasso comenzó a enfrentar a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), con el intento -sin éxito- de imponer por decreto sus políticas neoliberales sin necesidad de la aprobación del Parlamento.
El fracaso de esta iniciativa llevó al presidente a probar una carta más atrevida: un referéndum, realizado en febrero 
pasado, en el que se propusieron ocho cambios constitucionales, entre los que se encontraban la reducción del número de congresistas, que actualmente son 137, y la imposición de un número mínimo de representantes de los movimientos políticos más votados, lo que reduciría su minoría en el Parlamento.
Además, el referéndum también propuso dar más poder al presidente para intervenir en la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo creado para, como su nombre lo dice, dar más poder a la ciudadanía y a los movimientos de la sociedad civil. participar y monitorear las decisiones estatales.
Esta votación se llevó a cabo el 5 de febrero y terminó siendo un gran fracaso para el gobierno, ya que la mayoría de la población optó por votar “no” a las ocho preguntas, rechazando los cambios propuestos por el presidente.
Para perturbar aún más el escenario del gobierno, el referéndum se realizó el mismo día de las elecciones regionales y municipales, en las que la derecha neoliberal fue derrotada. A nivel regional, el partido gobernante Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y sus partidos aliados de centro-derecha no han elegido gobernadores provinciales en todo el Ecuador. En el caso de los municipios, solo tenían alcaldes de localidades pequeñas.
Además, Lasso vio conquistar las alcaldías de la capital Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas del país, y también las dos más importantes disputas provinciales: Pichincha, que comprende el área metropolitana de Quito, y Guayas, donde se ubica el puerto de Guayaquil.
Esta amplia victoria electoral era el ingrediente que faltaba para que la oposición avanzara en la iniciativa del juicio político contra el presidente, que ya se venía especulando desde hace unos meses, pero que se convirtió en una posibilidad concreta a principios de marzo, según la opinión de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción.
La Comisión investigó las denuncias sobre una red de corrupción que involucraba a varias empresas públicas, y que, con base en las pruebas recabadas, recomendó la apertura del juicio político.
A finales de marzo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró la admisibilidad del juicio político contra Lasso, con base en el dictamen de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. El texto acusa al mandatario de tres casos distintos vinculados al escándalo conocido por la prensa ecuatoriana como “El Gran Jefe”, que involucró delitos de corrupción pasiva y activa, malversación de dinero público y atentado contra la seguridad pública del Estado, entre otros. .
Sin embargo, el oficialismo, con la ayuda del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, del oficialismo CREO, cuestionó las denuncias y obtuvo la opinión favorable de la Comisión de Supervisión y Control Político de la Cámara, que sólo consideró una acusación admisible: el Caso Flopec, en el que Lasso habría cometido delitos de peculado y corrupción pasiva al favorecer a la empresa estadounidense Amazonas Tanker Pool en contratos con la estatal Frotas Petroleiras Equatorianas (Flopec).
Con esta maniobra, los partidarios de Lasso lograron paralizar el proceso y ganar tiempo, hasta que el 9 de mayo, cuando la líder del grupo opositor, Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, presentó una resolución para que se reanude el proceso de juicio político sólo con la denuncia de el Caso Flopec, que fue aprobado y determinó la reanudación del proceso.
La primera sesión tras la reanudación del proceso se produjo precisamente este martes (16/05), y contó con la presencia del propio Lasso para realizar su defensa. Durante casi una hora de exposición, rechazó las acusaciones, afirmó que el proceso fue «infundado» y llamó «antiparlamentarios» a los diputados opositores, al considerar que no creen en las leyes y que las «destruyen».
Menos de 24 horas después, Lasso decidió activar el decreto de muerte cruzada, decisión considerada por algunos analistas ecuatorianos como un indicio de que el mandatario reconoció que no podría ser absuelto en el proceso.
Uno de los elementos que corrobora esta versión es el hecho de que la resolución que reanudó el proceso obtuvo 88 votos a favor. En una eventual votación final sobre si destituir o no a Lasso, se necesitarían 92 votos, lo que significa que la oposición estaba a solo cuatro votos de lograr la mayoría necesaria para derrocar al presidente.
Además de la crisis política, la situación económica y social del Ecuador tampoco favoreció al presidente Lasso. Sin embargo, hay que reconocer que los problemas al respecto comenzaron antes de su gobierno, durante el mandato de su antecesor, el expresidente Lenín Moreno.
Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo de Rafael Correa, pero traicionó a su aliado político meses después, al promover procesos judiciales en su contra. El ex presidente Correa escapó de la condena tras obtener asilo político en Bélgica, el país de origen de su esposa.
La traición de Moreno también fue al programa de gobierno. Su gobierno no siguió la línea progresista de fortalecimiento del papel del Estado, impulsada por gobiernos anteriores, y adoptó una política de ajustes económicos que fue defendida por sectores conservadores, incluido Lasso.
Estas políticas incluían el decreto que establecía la “autonomía” del Banco Central, que ya no depende del Ministerio de Economía, un paquete de medidas que incluían sucesivos recortes en el gasto público y aumentos de precios, especialmente de los combustibles, factores ambos que estimularon la aumento de la inflación.
Estas medidas provocaron la crisis social que comenzó en el país en octubre de 2019, cuando cientos de miles de personas realizaron protestas casi diarias en las principales ciudades del país, con una gran participación de organizaciones, especialmente del movimiento indígena. Una ola que duró meses y que recién se interrumpió en abril de 2020, debido a la pandemia del covid-19.
En ese momento se constató otro aspecto del deterioro de los servicios públicos en Ecuador por los recortes de gastos promovidos por Moreno. El país fue uno de los que presentó la mayor calamidad sanitaria en la región durante los primeros meses de la pandemia, con miles de casos registrados y muertos. Algunos medios incluso destacaron el caso ecuatoriano por la cantidad de cadáveres que quedaron en las calles por falta de espacio en las morgues del país.
Otro problema fue el acuerdo alcanzado en septiembre de 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La dirección de Moreno llevaba meses negociando con las autoridades de la organización, pero solo logró concretar el préstamo de US$ 6.500 millones cuando la pandemia obligó a los movimientos sociales a salir a la calle y darle un respiro al gobierno.
El gobierno de Moreno contó con el apoyo del partido de Lasso para aprobar todas estas medidas. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2021, el ex banquero logró imponer el discurso de que, pese al alineamiento ideológico con su sector, el entonces mandatario seguía siendo un representante de izquierda, pues fue electo cuatro años antes con el apoyo de Correa. . .
Así, Lasso logró achacar la responsabilidad del fracaso del gobierno de Moreno al candidato de la Revolución Ciudadana, el economista Andrés Arauz, y finalmente logró ser elegido presidente en su tercer intento.
Su gobierno llegó no solo para continuar con las políticas iniciadas durante la administración de Moreno, sino también para profundizar las reformas neoliberales.
Los resultados tampoco fueron diferentes: en junio de 2022, con la pandemia ya parcialmente superada, se inició otra fuerte ola de manifestaciones populares contra las políticas económicas, nuevamente con gran participación de los movimientos sociales, con las organizaciones indígenas como protagonistas.
Sin embargo, a diferencia de Moreno, Lasso reaccionó de manera mucho más agresiva a las protestas, con sucesivos decretos de estados de excepción, incluido el toque de queda y el uso de fuerzas militares para contener a los manifestantes, medida que aún está vigente en tres provincias.
En su defensa, Lasso asegura que también impulsó mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, poco después de las protestas de 2022, pero lo cierto es que nunca avanzaron a una negociación real, por la falta de participación de representantes del gobierno en las reuniones. .
Entre los índices sociales que demuestran la situación de calamidad que provoca la revuelta social ecuatoriana se encuentran el aumento de la pobreza [de 22% en 2017 a 32% en 2021] y la informalidad laboral, que llegó al 55%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC).
Al aplicar el mecanismo de “muerte cruzada”, Lasso obliga al Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) a convocar a nuevas elecciones, en las que se elegirá al presidente y a los parlamentarios que cumplirán solo lo que resta del mandato actual, es decir, hasta el primera mitad de 2025, cuando se programen elecciones ordinarias.
La autoridad electoral tendrá siete días para fijar la fecha de esta elección, que deberá realizarse dentro de los próximos seis meses. Hasta entonces, Lasso seguirá gobernando por decreto.
Opera Mundi
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