La dictadura cívico militar trajo muchos males al Uruguay, y, entre tantos otros, dejó notoriamente la impunidad para los delitos de lesa humanidad que cometió entre 1973 y 1984. De esos males hay uno que no se le reprocha y que ni se menciona, porque hubo quien continuará aprovechándose de él y avalado por los mismos siete gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura: el país abierto al mercado de capitales, que permitió la continuidad del lavado de activos.
Por algo la dictadura militar fue “cívico militar”. En las palabras del economista Miguel Carrió (en País Vaciado, 1987), el modelo de plaza financiera creó las condiciones para que “Uruguay se convierta en el resumidero del dinero negro del Cono Sur”. Hoy es mucho más amplia su cobertura geográfica, porque los “cívicos” de la dictadura cívico militar siguieron activos, se reprodujeron tras la época dictatorial e hicieron crecer el negocio. El Departamento de Estado de EEUU sostuvo públicamente en 2018 que en el Uruguay operan organizaciones criminales colombianas, mexicanas, brasileñas y rusas para, principalmente, lavar dinero del tráfico de drogas. El trabajo de Gabriel Tenenbaum Ewig ‘Los protectores del capital’ (Debate, 2022) se centra en las conexiones con Uruguay del tráfico de drogas mexicano; su hipótesis de trabajo es que Uruguay fue diseñado como un centro de servicios financieros para la protección del gran capital internacional. Es una sólida investigación que permite inferir (él no lo afirma) que los resquicios y brechas para el lavado de dinero en Uruguay conforman en los hechos una política de Estado informal pero vigente a partir de la dictadura cívico militar.
En el casi cuarto de siglo entre el inicio de la crisis económica y el golpe de Estado, se establecieron algunas medidas inconexas para atraer capitales; se debían al marco conceptual de los lineamientos de Bretton Woods que defienden el Banco 
Mundial y el FMI, pero eran medidas esporádicas que no se integraron a un programa consecuente. La más notoria fue la del presidente Luis Batlle Berres en junio de1948, que creó las SAFI (textualmente, “Sociedades comerciales, sociedades Anónimas Financieras de Inversión”) para albergar el capital que fugaba del gobierno argentino de Juan Domingo Perón. Cuarenta años después, el gobierno electo de Julio María Sanguinetti profundizó con una ley las posibilidades de las SAFI, y recién en el segundo gobierno del Frente Amplio, en enero de 2011, se las anuló.
Va de suyo que se consideró necesaria una dictadura para imponer este modelo vigente de plaza financiera en 1973. En la década de los ’50, Uruguay se quedó sin proyecto económico –más que el de la ganadería extensiva– al terminarse las posibilidades exportadoras de industrias fundamentalmente complementarias que conformaban el régimen de sustitución de importaciones, y el país agotó sus posibilidades de pagar la deuda externa, evitar el descenso de la actividad productiva, emparchar el salario real y contener la devaluación.
La dictadura cívico militar se apoderó del Estado en 1973, y éste tenía una deuda de 716 millones de dólares. Cuando lo devuelve, en 1985, la deuda se había multiplicado por 8,4 veces, y el 72% de ella era con privados. El 13% de la población del país se había exiliado y al menos el 40% de los que quedaron vivían bajo la línea de pobreza. En 1985, el gasto de defensa fue del 18,03% del PBI, tras el punto más alto en la dictadura, en 1981, de 27,02% del PBI. La esperanza de vida (indicador de la salud y forma de vida de la población) era de 72 años, y en 2021 fue de 83,1 años; la desocupación era del 12,8%. Indicadores éstos sobre el costo que tuvo para los uruguayos la dictadura cívico militar.
El año 1972 terminó con una inflación del 95%, y el gobierno de Juan María Bordaberry –constitucional desde marzo de ese año y presidente de facto desde junio de 1973, con desacato y cogobierno de hecho con los militares ya desde febrero– planteó una política de apertura comercial y financiera que trajera como sea divisas al país, y que la dictadura profundizó e institucionalizó.
En abril de 1973, el cogobierno de hecho entre Bordaberry y los militares se dio un Plan Nacional de Desarrollo, y en agosto, consumada ya la disolución del parlamento, hubo un llamado “cónclave (tal vez sintiéndose los cardenales del poder eligiendo Papa) cívico-militar” en la fortaleza de San Miguel que oficializó la promoción del ingreso de capital extranjero. El año anterior y ese año se firmaron sucesivas cartas de intención con el FMI, que aún hoy sigue, junto al Banco Mundial, los lineamientos de Bretton Woods, de 1944.
En 1973 Uruguay se termina de alinear con el capitalismo internacional tras el acercamiento que se produjo durante el primer gobierno del Partido Nacional en 1959. Al respecto, Tenenbaum cita a Ramón Díaz de su libro de 1985 con elocuente título: “País pequeño debe ser país abierto: análisis de la estrategia de desarrollo óptima para el Uruguay”. Allí se justificó lo hecho por el golpe predecesor: en congruencia con el FMI, la clase dirigente ´pensaba´que las economías pequeñas, del tercer mundo, con una industria incipiente y escasos recursos naturales valorados en el mercado mundial, tenían que abrir sus economías para recibir activos extranjeros y así ‘arreglar’ sus problemas internos. Díaz fue presidente del Banco Central del Uruguay en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.
La dictadura construyó la base. En 1974 se promovieron las inversiones nacionales y extranjeras mediante una ley que abarcó los temas de promoción industrial y plan pesquero. La política económica impuesta dio rápidos frutos, y la conducción económica multiplicó su capacidad con la designación como ministro de Economía de Alejandro Végh Villegas, en julio 1974 y hasta 1976. El doctor en Economía de la Universidad de Harvard promovió, claro, medidas de apertura económica y de liberalización de la economía uruguaya.
Végh era un conocido del poder en Uruguay, y con el golpe de timón que da el sector dominante del país en 1966, empieza a participar del gobierno. En 1967 fue subsecretario de Industria y Comercio. Al año siguiente, en la presidencia de Jorge Pacheco Areco dirigió la poderosa Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, que solo depende de Presidencia. Luego fue asesor de CEPAL y del gobierno dictatorial de Brasil, y consultor del BID. Tras ser ministro de Economía de la dictadura, integró entre 1976 y 1979 el Consejo de Estado, órgano sustitutivo del parlamento. A continuación fue embajador en EEUU y en 1982 fue llamado por el dictador Gregorio Alvarez para que retomara las riendas económicas ante la crisis producida por la ruptura el 26 de noviembre de “la tablita”, un cronograma de cotización del dólar impuesto en 1978.
El cronograma, cuyo estallido trajo de regreso al timón de la economía a Végh, era parte de una política económica denominada «liberalismo estabilizador», basada en el libre movimiento de capitales internacionales y un alto grado de apertura comercial, donde el Estado debía manejar los instrumentos del sector externo y financiero (comercio exterior, capital extranjero), priorizando los objetivos de estabilizar el tipo de cambio y los precios internos. Este tipo de política económica buscaba crear las condiciones para un centro financiero internacional en el país. El costo a pagar era el llamado atraso cambiario, que se compensaba si había acceso a financiamiento barato.
Pero llegó un momento en que se agotó la reserva de dólares del Banco Central, en el marco de una inflación mayor que la devaluación. Esto provocó un brusco descenso en las exportaciones frente al aumento de las importaciones, y en 
consecuencia, esto llevó a la crisis de las empresas nacionales, aumentando los niveles de morosidad interna, o crisis de pagos, retiro de depósitos y salida de capital por vía bancaria. En noviembre de 1982, la pérdida de reservas del Banco Central del Uruguay alcanzaba a 50 millones de dólares por semana. El PBI cayó 9,63 puntos, y la devaluación fue de 133%. Esta crisis económica y financiera condujo al abandono de la «tablita». La salida a esta situación se produjo por apoyo financiero del FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de una Carta de Intención que implicó la reduccción de los ingresos de asalariados y pasivos.
Ya pasada la dictadura, el operador AlejandroVégh Villegas fue hombre de consulta y asesor del Grupo Peirano y en 1990-92 fue director titular del FMI; en las eleccioners de 2009 declaró su apoyo a la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Sin duda, era el hombre indicado para operar para el poder, y la trayectoria de Végh sugiere continuidad de la dictadura con los intereses gobernantes desde 1966, con rastros visibles desde 1959, y también luego de la dictadura.
En dictadura y con Végh en el comando económico, en 1974 se eliminó el uso forzoso de la moneda nacional, y con ello los depósitos en dólares crecieron marcadamente. En setiembre de ese año se decretó la libertad del mercado de cambios, que estableció la libre convertibilidad del peso uruguayo. Los depósitos en dólares de no residentes en la banca privada eran en 1974 el 16,8% del sistema bancario, y en 1978 eran el 28,3%. Y la banca privada en sí pasó de 19,5% de los depósitos en dólares de no residentes a 51,3% en 1978 y en 1980 62,3%. Ese flujo de divisas aportó al cronograma que estallaría en noviembre de 1982.
Entre los residentes en el país, los sectores dirigentes fortalecieron al extremo sus riquezas al preservar su intimidad con el Código Tributario Nacional creado por el decreto-ley 14.306. Entre otros beneficios, el artículo 47 de esa ley impone el deber del secreto a la administración tributaria, y pena su violación con el despido del funcionario. Se amparó así a grandes deudores, estafadores y evasores del fisco.
El financiamiento de la deuda nacional se hizo, hasta 1978, recurriendo a títulos públicos y organismos multilaterales. La carta de intención con el FMI firmada en 1972 pesó mucho sobre la deuda externa y el PBI cayó 3,3%. Ante la situación, en 1973 se planteó un Plan de Desarrollo quinquenal hecho en la lógica del FMI, que diera agilidad y libertad a la recepción del capital extranjero. Y en 1977 se planteó un nuevo proyecto económico “con fines estabilizadores” del que se benefició fundamentalmente el sector financiero. Y éste estaba en manos claramente mayoritarias del capital extranjero. Interesados en su prosperidad, los militares y civiles hicieron una reunión a la que llamaron “el cónclave”, en Solís. Allí se decidió el apoyo al rumbo trazado por el equipo económico, que “imaginó el desarrollo del Uruguay como un centro financiero internacional” y “la liberación del sector financiero fue efectivamente completada y se permitieron las operaciones bancarias offshore”, señala Henry Finch, en su Historia económica del Uruguay contemporáneo, de 2005.
Allí, en la reunión de Solís, se acordó una serie de reformas que en 1979 eliminó los encajes bancarios obligatorios, que son el congelamiento de una parte de los fondos disponibles como respaldo a las operaciones que hiciera la institución. También, la liberación de las tasas de interés, por lo que los bancos, casas bancarias y financieras aumentaron sus sucursales y abrieron nuevos bancos.
La medida que se entendió claramente atractiva para el lavado de dinero se ejecutó en 1979. El presidente del Consejo de Estado que presidía al gobierno golpista, Aparicio Méndez, decretó la libre importación y exportación, entre otros, de minerales preciosos: oro, plata, platino y paladio sin declaración en Aduanas ni trámite alguno; eso “probablemente puso al Uruguay entre los principales centros de lavado del cártel de Medellín en 1986-89”, afirma Tenenbaum. La dictadura también amplió los juegos de Casino, y en 1980 les dio licencia a los tragamonedas en nombre de su “popularidad mundial”; medidas éstas indicadoras del tipo de turismo que propiciaba. La Armada hizo “inversiones” en el extranjero con fondos públicos que nunca reportaron ni un centésimo al país, afirma Tenenbaum. La cúpula militar se enriqueció, pero solo hay trascendidos al respecto, porque las intenciones de investigarlo se frustraron, una tras otra; también se frustró la revelación del detalle sobre la participación de políticos, que habían actuado antes del golpe y lo harían después. Uno de ellos, ya fallecido, figura hoy como “filántropo” en Wikipedia.
Para el objetivo que se le dio a la dictadura cívico militar, hacía falta una nueva vuelta de tuerca. En 1982, la dictadura –presidida en ese momento por el general Gregorio Alvarez– autorizó las Instituciones Financieras Externas, IFE, para propiciar la banca offshore, y dio la puntada final para tener un paraíso fiscal comme il faut: impuso el secreto bancario. Esto fue debidamente entendido por la banca internacional, que era acreedora mayoritaria de la deuda nacional, pero también dueña del capital financiero, de la intermediación, y era agente de titulares de depósitos nacionales. Ella posicionó al Uruguay como centro de referencia en el lavado de dinero. Lo hizo apoyada por la dictadura, que a través de vínculos con la elite política y militar hizo que el Estado comprara la deuda de varios bancos, todos extranjeros: City, Boston, Bank of America, Banco de Londres, Holandés, Santander, Banco Central de España.
Desde 1976, con el golpe de Estado en Argentina, empezó a llegar al país “plata dulce”, señala el periodista Carlos Peláez, y su inversión en la industria de la construcción fue fuerte hasta 1981; la situación económica interna de ambos países, con la guerra de las Malvinas allá y la tablita acá, interrumpió ese flujo. Se retomaría con mucha más fuerza en democracia.
La política económica continúa y se profundiza en democracia, a partir de 1985 y durante los siete gobiernos que antecedieron a éste: dos de Julio María Sanguinetti, uno de Luis Alberto Lacalle Herrera, uno de Jorge Batlle y tres del Frente Amplio: dos de Tabaré Vázquez y uno de José Mujica.
Los depósitos argentinos simplemente continuaron con el gobierno de transición de Sanguinetti y la participación de varios economistas que venían de trabajar para la dictadura: entre otros, Ricardo Zerbino, Alvaro Bensión, Ariel Davrieux, Ricardo Pascale y Enrique Braga, que en octubre de 1996 sería enviado a prisión por irregularidades en la venta en 1994 (presidencia de Lacalle Herrera) del banco Pan de Azúcar, intervenido por el Estado en 1985.
Sanguinetti mantuvo la apertura comercial y financiera y confirmó la relación con el FMI al ratificar ya en el primer año de gestión la relación con el FMI, con un acuerdo para encarar la deuda del Estado con la banca privada internacional. También impulsó la ley de zonas francas, con lo que estimuló inversión y se reprodujeron áreas libres de impuestos para bienes y servicios de todo origen. Al final de su primer mandato, en 1989, Sanguinetti legisló sobre la SAFI, ampliando en mucho las atribuciónes que se le dio en 1948 para atraer dinero que fugaba del gobierno de Perón en la Argentina.
El siguiente gobierno, de Lacalle Herrera, tomó esa bandera e hizo mucho por ampliar las capacidades de las SAFI a través de una nueva ley ya en 1990, convirtiéndolas en verdaderas empresas offshore en capacidad de operar en el exterior para ellas o terceros. El estudio Posadas, Posadas y Vecino, integrado de su ministro de Economía Ignacio de Posadas, llevaba el jugoso negocio de crearlas a pedido. Tenenbaum señala que esto amplió significativamente la movilidad del dinero sucio hacia el sistema financiero ilegal, “especialmente desde Argentina”. Uno de los casos más sonados fue que se usaron para evadir la prohibición de venta de armas a Croacia para beneficio del gobierno de Carlos Saúl Menem.
Además, Lacalle redobló la agenda del Consenso de Washington de 1989, que siguió al fin de la etapa de las dictaduras: disciplina fiscal, recorte del gasto público, aumento de la base tributaria, libre flotación del cambio, liberalización del comercio internacional y más, y que fracasaría porque, en su angurria, no propició la distribución del ingreso. Desde la presidencia, Lacalle aplicó ajuste fiscal, desreguló mercado de servicios y privatización total o parcial de algunas empresas públicas, y si no hizo más fue porque un plebiscito le derogó su ley de empresas públicas, por la que las privatizaba a todas. Logró sin embargo algunas privatizaciones parciales, como la del rubro del seguro y la actividad portuaria.
En 2005 ganó por primera vez el gobierno el Frente Amplio, que “inició un movimiento de reformas en el sistema financiero más profundo, mas no rupturista”, señala Tenenbaum, definiendo una característica de sus tres períodos de gobierno, hasta 2019. Así, en setiembre de 2006 y en cooperación con la Corte Penal Internacional, una ley declara el combate al genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que entiende son precedentes del delito de lavado de dinero. También se limita el secreto bancario, estableciendo que se accede a la información solicitada por cualquier entidad o persona en casos específicos con autorización del Banco Central.
En 2008, el gobierno de Tabaré Vázquez crea la justicia penal especializada en crimen organizado y al año siguiente empiezan a funcionar dos juzgados, de los que hoy queda una sola fiscalía. En ese 2009 se modifica la ley del 2004 con la que el gobierno de Jorge Batlle se sumó a la posición de EEUU en relación a los ataques terroristas en su territorio en 2001, Ley del fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La norma que la reemplazó en el gobierno de Vázquez fortaleció la inteligencia financiera, condicionó la reserva de información e impuso nuevas obligaciones a personas y empresas controladas por el Banco Central.
En 2012, en el gobierno presidido por José Mujica, se faculta por ley a la justicia penal especializada en crimen organizado a solicitar información financiera a los organismos del Estado. Y el combate al lavado de dinero tuvo más herramientas al obligarse por ley “la identificación de accionistas de sociedades u otras entidades que emitan participaciones al portador”. En 2014 se legisla sobre la depuración de sociedades inactivas y la identificación de quienes tenían participación patrimonial en ellas. En 2014 se avanzó en el control fiscal y se enfrentó el lavado de activos al identificar como delito precedente la evasión tributaria.
En 2015 se creó por ley la Senaclaft para sustitur la Secretaría Nacional Antilavado creada por decreto en 2009. En enero 2017 se aprobó la ley de “transparencia fiscal internacional y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, que obligó a identificar al beneficiario final de todas las estructuras jurídicas uruguayas. Esto flexibilizó el acceso al secreto bancario en casos vinculados al control del lavado de activos, y aumentó las multas por omisión de información de párte de las entidades financieras.
A fines de ese año 2017 se aprobó la ley 19.574, considerada la más importante y por eso llamada “ley madre”. Ella compiló y actualizó la normativa en materia de lavado, y siguiendo convenciones internacionales , sancionó la posesión y tenencia de activos ilegales, el ocultamiento, conversión y transferencia de activos producidos con ellos, y consideró al lavado como un delito autónomo, precedido o no por otros delitos. Y estableció la obligación de declarar valores superiores a 10.000 dólares que cruzaran la frontera.
El hito final de los gobiernos del FA en la materia fue la aprobación de una ley “contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva”. Se aprobó bajo presión, pues dos días después finalizaba su labor en el país el equipo de evaluadores de Gafilat, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Los estudiosos –Tenenbaum entre ellos– sostienen que los cambios producidos en la materia en este siglo no han movido los cimientos del modelo financiero establecidos en los ’70 por la dictadura, y en los ’85 y ’90. Así, no se derogó plenamente el secreto bancario, y recién en diciembre de 2017 se atacó la vía de la defraudación tributaria para lavar dinero aunque no se la consideró delito precedente de lavado, siendo éste el punto de partida más generalizado del dinero sucio. Además, la tipificación como delito penal del enriquecimiento ilícito no se logró pese a cinco distintas iniciativas. Y fue clave, en ese período que incluyó el 2019, la muy escasa provisión de fondos y recursos a las entidades estatales abocadas a vigilar y controlar el lavado y los delitos precedentes.
En ese contexto, el enriquecimiento ilícito como delito precedente del lavado no fue afectado por ley alguna. La financiación de partidos políticos entra y sale de la agenda política, pero no logra una ley que lo transparente.
El Estado dispone de instrumentos para cierto control en materia de lavado de activos, como las de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Senaclaft, la Junta de Transparencia y Etica Publica, JUTEP, una Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos, y la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que recibe información sobre los beneficiarios finales identificados. No constituyen ni mucho menos un obstáculo insalvable, pues no tienen financiamiento, personal idóneo, cursos de capacitación, estadísticas e información suficiente para describir el panorama, y más. De hecho, no pueden ejercer su función debidamente, y por eso no hay denuncia alguna de lavado de dinero del narcotráfico.
La opinión pública uruguaya y en particular los ex jerarcas de estas instituciones reclaman periódicamente por estas limitantes en entrevistas periodísticas. Así, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas ha resuelto sólo el 1% de los casos a su consideración. El trabajo de Tenenbaum, editado en julio 2022, señala que hay sólo 70 millones de dólares decomisados al contrabando. Una de las principales limitantes halladas en la evaluación, señala Tenenbaum, radica en actividades de abogados, escribanos, contadores, empleados de firmas profesionales y proovedores de servicios fiduciarios y societarios, nucleados en APNFD, Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. Esas actividades tienen el deber de dar cuenta al Estado de actividades financieras sospechosas, pero el número de reportes es bajo, y específicamente por lavado de activos no se registran acciones.
La clara tendencia de la opinión pública sobre estas carencias, que se alienta desde el poder establecido, es benévola: se las atribuye a torpezas administrativas, prioridades de financiación no debidamente enfocadas y negligencias políticas, y no a criterios premeditados para facilitar el lavado de activos y al país como la plaza indicada para posibilitarlo.
Las diferencias entre la benevolente percepción ciudadana y la realidad, que se dan en el medio la inoperancia construída al efecto en el Estado bajo el manto de acciones contra el lavado, justifican que no suceda nada ante la información específica y solo el silencio sea la respuesta ante su muy ocsional publicación. Entre otras notas sobre el tema, en setiembre de 2022 se publicó en este mismo medio Techint, la gran lavandería oriental (https://www.laondadigital.
Pero el problema existe. Según informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en 2017 Uruguay encabezaba la lista –superando a Panamá, Suiza y EEUU– en número de cuentas sin declarar en el país de origen. Ese año, eran 950 cuentas por 2.600 millones de dólares.
La evaluación de Uruguay como país de lavado de dinero por organismos internacionales y otros ha sido una constante en el período democrático que recomienza en 1985. La primera que registra Tenenbaum es en 2006, del GAFI, Grupo de acción Financiera Internacional. En su informe de evaluación sostenía que las autoridades uruguayas no consideraban que el lavado de dinero fuera un riesgo para el país, y que un segmento significativo del sector financiero llevaba adelante actividdes offshore con elevados riesgos relacionados con el lavado de capitales.
Las críticas internacionales públicas por la actitud uruguaya en favor del lavado de activos viene de antes y se reiteran: en 2008, en 2009 y en 2018; ésta última del Departamento de Estado de EEUU, y en enero de 2020 (dos meses antes de que asumiera el actual gobierno) el gobierno de EEUU publicó un informe en el que se afirmaba que “Uruguay ha sido históricamente una plaza financiera regional que ha ofrecido diversos instrumentos societarios y financieros atractivos para inversores no residentes a través del sector de proveedores de servicios societarios, fiduciarios y profesionales independientes”. Esa última es la definición clave a tener en cuenta para todo el proceso impulsado por la dictadura cívico militar a partir de 1973.
En 2016, en Uruguay actuaban 13 bancos extraterritoriales; dos años después el panorama era de 14 entidades offshore y un banco offshore. La función de este último, dice Tenenbaum, es abastecer la demanda de efectivo que abastezca el tráfico de drogas como principal actividad delictiva. Según el Departamento de Estado de EEUU, en Uruguay operaron organizaciones delictivas colombianas, mexicanas, rusas y brasileñas.
Uruguay forma así parte del mundo. Esa misma actividad de lavado es permitida por EEUU en Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota. En este panorama, es lógico que en 2004 EEUU, junto a Bahreim, Nauru y Vanuatu, rechazara las recomendaciones de OCDE para fortalecer el control. En 2019, EEUU rechaza la posición europea de establecer mejores controles contra el lavado de dinero sobre Puerto Rico, Samoa, Guam y las Islas Vírgenes.
El fallecido senador demócrata Carl Levin, en funciones hasta 2015, estimaba que entre 500.000 millones de dólares y un billón se mueve en el lavado entre los bancos, y de eso la mitad termina en EEUU; seguramente incluye moneda que pasó por Uruguay. Según Tax Justice Network, en 2020 EEUU era la segunda jurisdicción de lavado de dinero, tras las Islas Caimán.
El sector financiero uruguayo permite colocar, sin control de origen y principalmente en los sectores inmobiliario, de construcción y en el agro dinero que no solo proviene del narcotráfico sino también, por ejemplo, del contrabando, del comercio con metales preciosos, de casinos, trata de personas, proxenetismo, falsificación y estafa. En 2019, la construcción recibió el 70% del total de inversiones en el país, 660 millones de dólares. Y en 2023 el destino por excelencia de la inversión argentina es el sector inmobiliario, afirma Ambito Financiero. En su secció Charlas de Quincho, en la edición uruguaya de Ambito –que se justifica la presencia de la inversión argentina y de sus empresarios en el país–, se afirma que “según estimaciones comentadas en reuniones recientes entre promotores de la construcción, hoy se están construyendo más de 2,3 millones de metros cuadrados en Montevideo y Maldonado, a lo que habría que agregar el resto del territorio, particularmente Canelones y Colonia. Un empresario hacía un cálculo intrépido, multiplicando esta cifra por un costo estimado de 1.500 dólares por metro cuadrado: se están invirtiendo por lo menos 3.500 millones de dólares en vivienda ahora en Uruguay”, sentenció. Estas viviendas no son, claro, las que necesita el déficit de 70.000 viviendas de hoy y que en 2025 será de 87.500, según el gobierno. ‘Hoy’ es el gobierno presidido por el hijo de Lacalle, Luis Lacalle Puig, que asumió en marzo de 2020 con el claro objetivo de intensificar cualitativamente las posibilidades para el dinero sucio.
El gobierno amplió fuertemente las condiciones existentes a través de modificaciones legales y dotando al sistema financiero de una mayor opacidad, a través de una ley con medio millar de artículos llamada Ley de Urgente Consideración, LUC. La docente del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), Gabriela Mordecki
(https://udelar.edu.uy/portal/
Además. el proyecto elimina la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos en el pago a los proveedores del Estado, permitiendo la ausencia de trazabilidad de las transacciones. También eleva la posibilidad de pago en efectivo de transacciones de todo tipo a 1.000.000 UI, un millón de unidades indexadas, equivalente hoy alrededor de 120.000 dólares; el máximo a ingresar sin declarar hasta ese momento era de 10.000 dólares. «Con esta reforma de la LUC, Uruguay se vuelve nuevamente un país amigable con el lavado de dinero y las rutas de los dineros de actividades ilícitas, lo cual es muy grave”, señala Mordecki.
Las consecuencias de la libertad financiera fueron directas. En 2020, las denuncias de actividades irregulares de agentes no bancarios bajaron en forma muy importante, y lo mismo sucedió en 2021, señaló Mordecki. Estos informes lo deben realizar especialmente los escribanos, pero también las inmobiliarias y otros agentes que están en la intermediación de los diferentes negocios que implican montos elevados de dinero, lo que abre la posibilidad de que se desarrollen actividades ilícitas. “Este es un evidente impacto muy negativo de la LUC”, señaló.
Ante la situación, el Departamento de Estado de EEUU designó como embajadora para Uruguay a alguien con experiencia sobre el tema drogas: Heide B. Fulton. Ella viene de ocupar, entre otros cargos, los de subsecretaria de Estado Adjunta para Programas del Hemisferio Occidental en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2022 (cargo que dejó para ser nombrada embajadora), y antes de eso, como Directora de la Oficina de Asuntos Mexicanos. También dirigió la embajada de Estados Unidos en Honduras como jefa de Misión Adjunta y encargada de Negocios entre 2016 y 2019. Desde que se unió a la Agencia de Información de Estados Unidos en 1998, la embajadora Fulton ha servido en el extranjero como Directora de Antinarcóticos en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de Kabul, Afganistán. También, Consejera de Asuntos Públicos en Quito, Oficial de Asuntos Públicos en Phnom Penh, y Vicecónsul y Oficial Asistente de Asuntos Culturales en Manila.
Y no de casualidad, el asesor de la embajada Eric Geelen, afirmó en un seminario sobre lavado de dinero en junio 2023 en la sede del Banco República, que él se niega a calificar al lavado de dinero como un delito de cuello blanco sino que es una parte de un círculo de violencia en el que está involucrado Uruguay.
“En Uruguay todos los días hay sicarios matando gente, y esos son actos del crimen organizado. Son mensajes, actos de un negocio criminal y no pueden suceder sin lavado de dinero”, agregó el diplomático.
“Que hay homicidios alarmantes no hay duda: el crimen organizado está siendo pagado y ese dinero hay que lavarlo. En estos tres años note qué hay una tendencia a pensar que lo que ha pasado en otros lugares no pasará en Uruguay, y lamento decirles que no es así”, resaltó Geelan. “Me preocupa la falta de visión de que hay que unirse y enfrentar esa amenaza. El mensaje de EEUU es que las organizaciones en Uruguay son una mafia”, indicó Geelan.
Dijo Geelan que EEUU quiere proteger un modelo de democracia sensato y que es importante que Uruguay no fracase en esa lucha. Agregó que para eso, EEUU financia programas para colaborar en estos temas y que entre esos programas está los que brinda la DEA para entrenar en antilavado. Geelan bregó por una alianza entre empresarios, gobierno y sociedad civil para denunciar los negocios sospechosos. “El lavado es un delito que afecta la economía de los países, y lo único que asusta a los narcos es que les saquen el dinero” dijo. El ministro del Interior uruguayo Luis Alberto Heber –no el canciller Francisco Bustillo– declaró que la apreciación “no es de recibo”.
Tenenbaum señala que la competencia entre grupos delictivos en México no es tanto por el territorio sino por la “compra” de servidores públicos. Tal vez los casos grises y negros protagonizados por este gobierno –Marset y Astesiano entre ellos– puedan tomarse como el inicio de esa tendencia. En México, eso implica más corrupción, en detrimento del Estado democrático.
Siendo la policía la auxiliar de la justicia, se debe recordar que este gobierno desplazó a una cúpula policial que venía actuando en el tema drogas y en el mando policial desde el segundo gobierno de Sanguinetti, de 1995; fue una actuación desarrollada en forma ininterrumpida durante cinco períodos de gobierno, 25 años, sin permitir que la política contaminara su acción. Se desperdició así una experiencia acumulada y la confianza lograda por ese equipo con los interlocutores necesarios en el tema; regionales pero también incluyendo a la DEA, de EEUU. La confianza de la DEA era alta, al punto de hacer intercambio con jerarcas uruguayos que incluyeron visitas a instalaciones desde donde se manejaba la infiltración encubierta en el narcotráfico.
Esos policías fueron suplantados en sus funciones por personal dado de baja con sanciones, nombrado por influencia política y policías retirados inevitablemente desactualizados de lo mucho que cambió el panorama y sin los contactos y la capacitación tecnológica debida. En la gestión policial de este gobierno de coalición, se agrava la seguridad ciudadana y se detectan hechos de corrupción graves. Entre ellos, la expedición de un pasaporte a un narcotraficante detenido en Dubai por llevar pasaporte falso, Sebastián Marset, que se expidió en trámite express y se le entregó en mano a un familiar para que viajara a entregárselo. Tanto Cancillería como el Ministerio del Interior sabían que se trataba de un delincuente pesado; expidieron el pasaporte y luego le mintieron al parlamento sobre el tema. Ahora, Marset está en la lista roja de Interpol; integra o dirige una organización de narcotráfico en el Cono Sur, y escapó recientemente de su detención en Bolivia por un aviso a tiempo.
El otro caso es el del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, detenido en setiembre de 2022 a pedido de fiscalía por falsificación de documentos para ciudadanos rusos que les acreditaba la ciudadanía uruguaya. La madeja que resultó el caso develó la desaparición de 40.000 pasaportes y un sinnúmero de actos de corrupción que manejaba desde su oficina el en cuarto piso de la casa de gobierno, o Torre Ejecutiva. En el camino desde entonces, cayeron los tres primeros mandos de la cúpula policial y la propia fiscal, que lo primero que hizo fue declarar que el presidente Lacalle no tenía nada que ver en el asunto. Ambos casos están en la justicia.
Además, cuatro ministros debieron ser removidos por actos lindantes con la corrupción. Hay muchas más perlas de corrupción en este gobierno, pero apoyándose en la benevolencia de la percepción ciudadana y una fuerte influencia gubernamental sobre la prensa, no se afirma que el gobierno y en particular el presidente, esté involucrado en el narcotráfico y la corrupción. Pero no es razonable considerar que es inocente que se aumente de 10.000 a 120.000 dólares el dinero que pasa la frontera sin declarar origen, la caída abrupta de las denuncias por movimiento sospechoso de dinero y la ausencia de denuncias por lavado de dinero, además de centrar la persecución al narcotráfico en el menudeo y no en el tránsito de grandes alijos por Uruguay. Se presupone el bien y no el mal. Esa es una vaca sagrada que viene del Uruguay que fue.
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