Primera Parte (2)
Conste que no soy economista. Creo no es necesario para entender la realidad y deducir situaciones como las que a continuación sintetizo:
El contexto social
Desde el Batllismo en adelante, nuestro país ha desarrollado positivas políticas sociales por acumulación. La mutación de la sociedad en muchas décadas responde en la actual a irreversibles factores de cambio que obligan, más temprano que tarde, a medidas integradoras. La disgregación territorial, impermanencia y volatilidad del trabajo requiere una intervención del Estado mucho mayor a las de los actuales Ministerios.
La formación inicial requiere de nuevas prácticas unidas al vigente Plan Ceibal. Aún con la novísima UTEC, los requerimientos de trabajo y tareas digitales en todas sus versiones no son atendidos suficientemente por las Instituciones estatales. Y la composición demográfica, estable durante muchas décadas, recepciona oleadas de inmigración creciente como en el primer siglo de la República. Aunque bienvenida para relativizar el envejecimiento de la población, necesita del mismo trabajo que los sectores menos preparados. A los que una Renta Básica Universal puede salvar de la indigencia, la enfermedad… o el delito.
El contexto productivo
Las exoneraciones, onerosa carnada para captar inversiones foráneas, extranjeriza la producción basada en insumos de bienes naturales que a la nación, y por tanto a todos, pertenecen. La simultánea privatización es ideológicamente facilitada tercerizando servicios inherentes a la obligación del Estado. Las extracciones de componentes en todo el territorio nacional, agregando escaso valor hasta obtener soja o celulosa, reciben una mínima aportación impositiva. Ni siquiera el transporte a los países lejanos es proporcionado por el país e incluso su embarque se realiza mediante empresas también extranjeras. Y es aún peor: el gobierno toma crédito, genera deuda, que pagaremos todos, para construir infraestructura; carreteras, puentes, puertos y dragados útiles a las actividades referenciadas sólo como ejemplo. El extractivismo masivo de los bienes naturales incluyendo el agua _ tal como lo plantea el gobierno actual_ tendrá un resultado cierto: el vaciamiento de los recursos esenciales del país. Y cedidos por un precio vil considerando el valor potencial de los mismos en la generación de producción y trabajo. Este último, también un derecho prioritario de los connacionales. Argumentan que es necesario reducir el gasto social cuando lo que se debe hacer es aumentar los ingresos impositivos precisamente donde las ganancias son mayores. Y de allí, de los bienes de todos, financiar, también para todos, una mínima Renta Básica.
El contexto impositivo.
El IVA, histórico impuesto al consumo _ generalizado a toda la sociedad_ afecta en mayor proporción a los sectores menos pudientes. La disminución de su porcentaje, atinada medida progresista al respecto, fue cuestionada y vuelve a favorecer a quienes tienen ingresos y rentas en los que el consumo de primera necesidad incide mininamente. Los redactores de la Reforma que argumentan en contra del Plebiscito omiten esta injusticia que se traslada a las jubilaciones mínimas y mucho más en una edad en que otros ingresos son más difíciles de obtener. Recuerdo cómo las jubilaciones en décadas de bonanza del siglo pasado impactaban en las poblaciones pequeñas como mi pueblo. Las fechas de pago ocasionaban consumo generalizado en todos los comercios y recaudación de IVA al Estado. Está claro que igualar las mismas al Salario mínimo ingreso nacional cumpliría un rol compensador. Es otra medida confluyente en la generalización de una Renta Básica, exenta de discriminación positiva dada su prestación universal
Luis Fabre, Arquitecto
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