/ El Partido Nacional está en la obligación de presionar fuertemente a la fiscal Stella Alciaturi, tal como viende haciendo. Si no se movilizara en apoyo de Guillermo Besozzi hasta la ronquera, estarían lesionando gravemente la piedra angular de su capital político: tener asegurado el gobierno de hoy quince intendencias con el instrumento del clientelismo.
Como bien se viene señalando desde la sensatez ciudadana, el centro del problema es que el tema está en los quince actos de corrupción que la fiscal argumentó a la jueza Ximena Menchaca, y por los que ésta decidió imputarlo por los delitos que surgirían de ellos, y son siete: peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho y abuso de funciones. En consecuencia, dispuso 
su detención por 180 días como indagado, lo que ocurrió en la mañana del jueves 12, y a la noche de ese día dispuso su prisión preventiva, que es domiciliaria y con tobillera.
Para el Partido Nacional, o para la parte de él que se viene expresando, el problema tiene otro centro a cuya defensa tenaz están abocados. Es ese mecanismo que les permite asegurarse una nada despreciable cuota de poder: se llama clientelismo, y por su mera condición abre vía a una serie de delitos. Para el Partido Nacional, el peculado público es un instrumento privilegiado de su política.
Corrupción al nacer: Los cinco hermanos fue la denominación popular que recibió un grupo de políticos en Uruguay que tuvo una importante influencia en el primer gobierno de la patria, de Fructuoso Rivera, 1830-35.
Integrado por Lucas Obes y sus cuñados Nicolás Herrera José Longinos Ellauri, Julián Álvarez y Juan Andrés Gelly, la relación política entre ellos y Rivera venía de tiempo atrás cuando él y algunos de «Los cinco hermanos» habían integrado el grupo llamado Club del Barón, cercano a Carlos Federico Lecor cuando gobernaba la llamada Provincia Cisplatina.
Durante la primera presidencia constitucional del país que se extendió entre 1830 y 1834, tuvieron una importante influencia en la administración del naciente estado acentuada por las características del gobierno de Rivera, quien pasó gran parte de este período en la campaña.
Los críticos de este grupo afirmaban que además de actuar como un grupo de presión e intereses a cargo del gobierno de Uruguay muchas veces también lo hicieron en provecho propio llegando a ocupar distintos cargos de relevancia en el estado uruguayo «repartiéndose cargos y prebendas». Carlos Real de Azúa se refirió a Santiago Vázquez y Lucas Obes como «las dos capacidades políticas más completas que el país tuvo en la primera mitad del siglo, pero, también, el núcleo de hombres mas ajenos y más infieles, a la línea de desarrollo nacional y popular que el artiguismo y los Treinta y Tres representaron»
Eso es lo que explica la prontitud del apoyo que recibió Besozzi. Ya el 19 de marzo recibió la visita solidaria de cinco intendentes del Partido Nacional: Carlos Moreira, de Colonia, Guillermo López, de Florida, Ana Bentaberri, de San José, Nicolás Olivera, de Paysandú, y Fernando Echeverría, de Flores. Tres días dcspués, el sábado, cientos de personas lo visitaron, varios a caballo, en símbolo de las tradiciones ,para expresarle el respaldo al exintendente de Soriano;. De realzar la tradición viene el tema.
Ese mismo día, quien fue dos veces intendente de Cerro Largo , dos veces diputados y ahora senador por tercera vez (pues antes ocupó banca senaturial reemplazando al titular) Sergio Botana, pide nada menos que el presidente de la República dé una señal a la fiscalía de «aflojala con esto», y que también presione a la Justicia. El senador del FA Eduardo Brenta declaró que pedirle al presidente que viole la separación de poderes y la independencia técnica de fiscalía «es de una gravedad inusitada; es un guiño en el boliche para obviar la separación de poderes». Y agregó un elemento importante: de confirmarse las imputaciones a Besozzi, se estaría ante un caso más grave que el de Artigas. ¿Por qué? Supone el autor que por la grave afectación que significaría al Partido Nacional.
A tan solo una semana de la detención de Besozzi los blancos ya vieron necesaria procurar la intervención presidencial para salvar la cosa, y también fracasó. Que ataquen a la fiscal y no a la jueza –que, en definitiva, es quien le dictó la prisión preventiva– sugiere que la línea de ataque va hacia el Poder Ejecutivo y no hacia el Judicial. El insólito pedido de Botana al presidente parece confirmarlo: quieren hacer un asunto político del tema. A esa altura, lo que sería casi toda la cúpula de la intendencia, seis personas, estaban ya procesadas y en prisión, y un número mayor (hay referencias a un total de quince) puede ser imputado. Es de hacer notar que el Partido Colorado (junto al resto de las fuerzas políticas parlamentarias) quiso quedar al margen del tema. Andrés Ojeda, preguntado de imprevisto sobre el affaire Besozzi, dijo no conocer el expediente. Esto ya señala cuál es la parte del espectro político tan interesado en la defensa del clientelismo.
El miércoles, dada la resistencia opuesta a todo lo agitado por el Partido Nacional, toda la bancada nacionalista se presentó al respecto a la fiscal de corte interina, Mónica Ferrero, junto con el pedido de que “adopte las medidas correspondientes” ante “hechos con apariencia de importantes irregularidades y/o faltas administrativas”. Una eventual sanción a Alciaturi (que pidió hace al menos dos años ser trasladada de Soriano) no debería, no puede, afectar la carga indiciaria sobre Besozzi. Pero sería al menos un pequeño avance político en la materia del Partido Nacional, en su propósito de politizar el tema.
El ex intendente Besozzi, que ahora busca su reelección, comenzó a ser investigado hace tres años, lo que sitúa el inicio del proceso en pleno gobierno anterior. Botana, quien fue intendente, sabe lo que está en juego. Y en estos idus de marzo en los que el César no debe morir, Botana tiene todo el protagonismo posible en los medios, para darle fuerza a su figura.
Se puede hacer el listado –me temo que incompleto, pero demostrativo– de la cantitad de jerarcas públicos de los partidos Nacional y Colorado procesados e indagados a partir de 1990 y lo que Lacalle senior llamó «la embestida baguala». Se puede recordar el caso de Raulito Sendic, cómo no, en 2021; la oveja negra del FA.
Pero ese listado arrojaría mucha menos luz sobre el tema que comprender a cabalidad qué es el clientelismo. La exposición a hacer no es breve, pero sí ilustrativa, y deja la sensación de ser la descripción del hoy. El Diccionario de Política, de Bobbio y Matteucci, es una biblia indiscutida en la definición de temas políticos desde su primera publicación en 1976, y el artículo de Alfio Mastropaolo sobre Clientelismo señala que ‘clientela’ viene el imperio romano, en la que gente de status diverso se relacionaban al margen de la comunidad, aunque en su órbita.
Esa relación de dependencia económica y al mismo tiempo política, era la de un individuo de rango más elevado que protege a sus propios clientes, los defiende en juicios, testifica a su favor, les asigna tierras y ganado, y les da el status de siervo libertis. Los siervos, a su vez, eran sumisos y ayudaban al patronus testificando o combatiendo a su favor.
Es un fenómeno típico de una sociedad tradicional, que se mantiene como economía natural cerrada pese al desarrollo económico de la sociedad. Ese microcosmos político autónomo, es gobernado y protegido por el pater familias, y sólo en segunda instancia se debe a una comunidad política estatal, constituída en la práctica por varias de estas asociaciones y que, como tal, no tenía posibilidad de una tutela eficaz de sus propios miembros. En general, todos los casos de la historia tuvieron esa imposibilidad: las estructuras familiares (si se quiere comparar, las intendencias) tenían una importancia preponderante.
El análisis de este tema debería ser del campo antropológico, pero pasa al de la política, pues la investigación sobre modernización política y realidades sociales tradicionales lo muestra a caballo entre tradición y modernidad. El modo capitalista de producción y la organización política moderna no lograron trastocar las relaciones sociales tradicionales y el sistema político preexistente. Pese a los ataques a vínculos tutelares y a su abolición formal, éstos tienden a sobrevivir y adaptarse.
El acercamiento político a la sociedad civil es en principio contrario a los intereses clientelares. La clientela se relaciona con vínculos horizontales de clase social o de intereses. Y las estructuras políticas se imponen «desde lo alto», sin la adecuada movilización política y sustituída ésta por un estilo clientelar sobre los ciudadanos que ejercen principalmente los políticos tradicionales.
Qué ofrece la política tradicional a cambio de legitimación y sosten (vg, consensos electorales), sino toda clase de recursos públicos, como cargos, financiamiento, licencias, etc. El resultado es una red de fidelidades personales, que pasa a través de un uso personal por parte de la clase política de los recursos estatales.
Hasta aquí los conceptos de Alfio Mastropaolo. Quien encuentre alguna similitud con la conducta del Partido Nacional (y espero, por el bien de la ciudadanía, que sea sólo con parte de él), puede preguntarse cómo contribuirá en verdad el nacionalismo a una política de pleno empleo, si cada vez que se crea uno, menguan sus posibilidades clientelísticas. De la misma manera se contraponen empleo calificado, desarrollo de la agroindustria y demás, los planes para sacar de la pobreza a tanto uruguayo, que es sacarlo también de la pobreza material y cultural en que vive. Ese ciudadano está pleno de necesidades que el Estado no está en condiciones ni inmediatas ni mediatas de satisfacer, pero que sí le permiten tener una credencial cívica.
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