«América Latina está prendida fuego, Estamos en la región más violenta del mundo y estamos en un momento histórico donde aquellos pocos, muy pocos países que eran considerados tradicionalmente como seguros están dejando de serlo y a manera muy rápida», dice.
Diego Sanjurjo no procura una frase impactante sino tan solo describir una realidad que se agrava. Quien trabajara como asesor del Ministerio del Interior del gobierno anterior, encabezado siempre por blancos, hoy es gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada, ECA, del mismo ministerio. No tiene 40 años, es colorado y enarbola lo mejor de esa divisa: la defensa del Estado.
El ministro Carlos Negro va por la misma senda: «Queremos un modelo uruguayo en seguridad pública; no para un gobierno sino para el país», y se encamina, dice, a generar políticas que sean políticas de estado después.
En el último quinquenio se agravó notoriamente la situación regional. Ecuador inició una escalada de homicidios, corrupción y narcotráfico que lo hacen hoy uno de los países más violentos de la región. Costa Rica perdió el control de su seguridad interna no hace más de tres años, y ahora tiene una tasa de homicidios que es el doble de la uruguaya y a ministros ya imputados por narcotráfico y corrupción. En Chile han tenido que enviar al ejército a regiones del país. Y la Argentina tiene el ejemplo paradigmático de Rosario. Uruguay se está quedando solo aunque con una escalada desde hace ya unas décadas en materia de violencia y criminalidad. «Y lo que vemos es que todos estos países que pierden el control de la seguridad, no lo retoman; hasta ahora no lo han retomado. Y no solamente se pierde la seguridad: se pierde la prensa libre, se pierde la política, y al fin y al cabo se pierde la democracia», dijo Sanjurjo en entrevista en radio La Diaria.
Para Sanjurjo, «acá hay un imperativo: o Uruguay realmente demuestra que es distinto al resto de la región y logra unirse en vez de polarizarse, como siempre sucede, o vamos a seguir el mismo camino; eso está muy claro»
En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez hubo una mesa de diálogo sobre seguridad con las fuerzas políticas. «Y en 2023 tuvimos una mesa de diálogo que yo coordiné. Si bien no voy a decir que fue fácil, pues fue difícil y no terminó con un acuerdo firmado. Pero las quince políticas que salieron de esa mesa hoy se mantienen. Y eso hay que rescatarlo, porque al fin y al cabo es lo más importante. Si acá pudiésemos lograr algo parecido; lograrlo por lo menos en áreas que son absolutamente imprescindibles para poder este evitar este retroceso en materia de seguridad, logramos tener un consenso y favorecemos que los partidos o los siguientes gobiernos continúen lo que sea que salga de esta mesa. Eso ya sería un éxito rotundo.»
Un ejemplo claro de esa necesidad es el sistema carcelario. «Si lográsemos que todo el sistema político entendiese que esto es de vida o muerte, que realmente es existencial para el país y que hay que empezar a financiar una reforma muy costosa y continuarla durante dos o tres periodos (o al menos que no se critique públicamente como para que pueda continuar) y ya sería realmente un un gol y una diferencia abismal con lo que vemos en el resto de la región».
Para Sanjurjo, es necesario «no seguir el camino de otros países, que cuando empieza a aumentar la inseguridad se polariza el espectro político. Se produce un incentivo muy grande por parte de la oposición, sea de izquierda o derecha, para cuestionar lo que hace el gobierno, para procurar un cambio radical, y generalmente desde un punto de vista más punitivo.
En ese punto, la inseguridad empieza a aumentar de forma exponencial, tanto a mediano como a largo plazo. Y se genera una competencia política por quién es más punitivo, que termina teniendo más presos y luego más crimen organizado y más corrupción. Y como ya está dicho, hasta ahora ningún país ha logrado retroceder de ese escenerario. Y nada dice que no vayamos a tener las mismas situaciones que se está que está viendo en el resto de Latinoamérica si no se hace algo.
La diferencia con las otras instancias en las que se procuró el diálogo es que «el panorama ha empeorado. Antes éramos tres, cuatro de los países que todavía mirábamos desde lejos los problemas más serios. Hoy estamos solos». A esto se contrapone que «hoy, todos los los grandes partidos han estado en el gobierno y todos han descubierto que esto es mucho más difícil de lo que parece. Han descubierto de que hay ciertos paradigmas del sentido común que no son tales: más penas igual más seguridad, más cárcel, más seguridad, más policía en la calle, más seguridad. Esto es algo que desde la academia se vienen apuntando y cuestionando desde hace muchas décadas, pero que recién ahora, creo que por goteo, también le está llegando al sistema político la noción de que esto es mucho más complejo y que si esto no tiene una política preventiva integral detrás, no vamos a tener buenos resultados.»
El planteo de Sanjurjo implica prevención y necesariamente políticas a largo plazo. «Espero yo que en esta oportunidad haya un una mayor una mejor disponibilidad para el diálogo. Junto con este plan nacional de seguridad se presentó un diagnóstico que resume el estado de situación de la seguridad pública en Uruguay. En ese diagnóstico también se se encuentran datos que avalan parte del trabajo que se hizo, por ejemplo, en la administración anterior.»
«Así, se despejaron dudas, como por ejemplo el tema de las muertes dudosas, Que se puso en tela de juicio si era que en realidad se estaban tapando posibles homicidios. Y en realidad eran muertes naturales, que no se relevaron de la mejor manera». Sanjurjo no lo dice, pero en las diferencias entre el relevamiento de causas de muerte hechas por Interior y las hechas por Fiscalía, lo que hay son las limitaciones en la capacidad de investigación y la obligación legal, más fuerte en Fiscalía que en Policía, de encuadrar legalmente los casos que se presentan. «Las diferencias tienen una razón de ser, pero es inaceptable es que la ciudadanía tenga esa duda y nosotros desde el Estado no encontremos el camino para resolver esa duda.»
Está en los planes inmediatos una reunión con fiscalía para acordar un método, que puede ser el publicar simultáneamente las evaluaciones de Fiscalía y de Interior, en un esfuerzo por la transparencia dirigido a ganar la confianza ciudadana.
En el en Uruguay, la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos desde 2009. Eso nos habla ya de una situación estructural de inseguridad en el país. A su vez, el aumento drástico y radical de la inseguridad en otros países de la región que tienen las mismas condiciones que el nuestro, nos hace pensar que no es nada improbable que en Uruguay pueda pasar lo mismo. O sea, que Uruguay esté en una especie de tránsito entre una situación de inseguridad de nivel medio que muy bien puede pasar a un nivel de inseguridad muy alta.
Todos los representantes políticos de este país deberían estar al tanto de esto y deberían ser capaces de dejar sus diferencias partidarias y menores de lado, para atacar este problema,. Pues estamos ante algo de una magnitud que que se compara con el COVID. Y no da este momento histórico como para seguir obstaculizándonos mutuamente e impidiendo que el país tenga una chance de enfrentar el problema. No lo daba hace dos años cuando yo coordinaba esa mesa interpartidaria. Y definitivamente no lo da ahora, Mi esperanza está puesta en que los políticos sean capaces de la madurez de enfrentar y asumir la responsabilidad que tienen.
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