Cabildo Abierto logró el martes la aprobación en comisión del Senado de su proyecto de reparación para lo que definió como víctimas de la guerrilla en Uruguay, un día antes de lo agendado. Según el Frente Amplio, los votos de la coalición estuvieron condicionados a que Cabildo diera los suyos para la aprobación de la reforma jubilatoria. Esta fue aprobada en general el mismo día en el plenario del Senado, con solo los votos de la coalición y habiendo fracasado de plano su propuesta inicial de que fuera una política de Estado.
La situación contrasta con la obligación largamente no cumplida del Estado, de la existencia de víctimas directas del terrorismo de Estado durante el período 1968 – 1985, aún sin reconocer ni reparar. Ellas son personas que eran niñas, niños y adolescentes y sufrieron vulneración de sus derechos por parte de este mismo Estado.
Para mayor contraste, el texto aprobado en comisión del Senado comprende en un parámetro de tiempo que inicia seis años antes (sería interesante saber con qué fundamento) a quienes propone indemnizar: entre 1962 y 1976; no sigue hasta 1985 porque la guerrilla dejó de actuar largamente para 1976. El texto que la coalición de gobierno negoció convertir en ley a partir del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pretende que los indemnizados serían “las referidas víctimas y sus familias, (que) han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a una indemnización pecuniaria por los daños ocasionados como consecuencia de los hechos ocurridos entre el 1 º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, así como su reparación moral”. El derecho a una indemnización que se habría vulnerado no aparece fundamentado ni hay noticias de que exista.
En cambio, la reparación de quienes fueron niñas, niños y adolescentes, probadas víctimas directas del terrorismo de Estado, fue recomendada hace tres años por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), y hay tres recomendaciones de Naciones Unidas en el mismo sentido. Todas fueron y siguen siendo ignoradas por el Estado uruguayo.
Se citan solo dos recomendaciones, a modo de ilustración: la resolución 751/2019 de la INDDHH recomendó al Estado uruguayo “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que incluya un pedido de disculpas por parte del Estado uruguayo a las personas que siendo niñas, niños y adolescentes durante el período de facto, sufrieron graves vulneraciones a los derechos humanos por el accionar ilegítimo de agentes del Estado, reconociéndose asimismo que son víctimas directas del Terrorismo de Estado”.
Y desde el Comité contra la Tortura (CAT) de ONU se recordó al Estado uruguayo el 12 de mayo de este año que es “parte de su obligación, en virtud del artículo 14 de la Convención, de garantizar a las víctimas de tortura una reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada. El Estado parte debe: a) Velar por que todas las víctimas de torturas y malos tratos cometidos en territorios bajo su jurisdicción obtengan una reparación que incluya el derecho a una indemnización justa y adecuada exigible ante los tribunales, medidas de restitución y de satisfacción, así como los medios para una rehabilitación lo más completa posible, y medidas de no repetición”. Este gobierno prefiere cumplir con Cabildo Abierto y no con las obligaciones nacionales e internacionales contraídas, empeñado como parece estar en definir así su presencia en el mundo del Estado de Derecho.
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