/ No es probable que fuera parte del plan del entonces senador Guido Manini, pero la ley que logró, 20.193, con su texto aprobado en una única sesión de la Comisión de Constitución y Códigos con el único aporte de quienes lo votaron, está a punto de desatar una tormenta de reclamos judiciales al Estado de quienes fueron reparados por la Ley 18.596, aprobada en setiembre de 2009, que beneficia a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura.
La cifra monetaria otorgada por esa ley del 2023 es algo más del doble de la que otorgaba la ley de 2009, que a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura le otorgaba unos 70.000 dólares, por una sola vez. Y consta en el texto de la ley de 2009 que es «una reparación moral y patrimonial», y por ambos criterios entrará la primera demanda: quien la presenta está bajo tratamiento psicológico por amparo del Estado hace años, por efectos del terrorismo de Estado. La reparación monetaria recibida por la muerte inducida de Ariel Ozer Ami el 15 de agosto de 1975 fue de 500.000 unidades indexadas (UI), en ese momento equivalente a 69.000 dólares, que se pagaron en 2009. La cifra que fija la ley de agosto de 2023 es en dólares, no en UI, y es de 150.000 dólares por la pérdida de vida. Distintos asesinados valen distinto.
Ariel Ozer Ami sufría de megalopatía, el corazón agrandado. Detenido en junio de 1972, lo levantaban a las 4 de la mañana para hacerlo correr por el patio, sin tener en cuenta la temperatura. Al agravarse, fue llevado al Hospital Militar, y le negaron la posibilidad de ser tratado en el Clínicas, donde en 1969 lo habían sacado adelante. Cuando finalmente se dispone su libertad, el juez militar demora su liberación hasta que se muere. «No me vengan con apuritos», habría dicho el juez ante los reclamos para su liberación y poder llevarlo al Clínicas.
Si se demoró la presentación de esta demanda, que ahora es inminente, fue porque no se accedía a la historia clínica de Ozer Ami. Lo natural sería que esa demanda abra paso a demandas de todos quienes recibieron reparación por daños del terrorismo de Estado, información y montos de los que se carece al momento de estas líneas. El daño moral sufrido por su familia al constatar que para el Estado hay asesinatos de distinta categoría lo vienen simplemente soportando.
Hay mucho sobre lo que la justicia será ahora llamada a fallar. Las sumas de reparación, y que sean en dólares, no se fundamenta. La fecha de partida para considerar casos comprendidos es la del 1° de enero de 1962, y tampoco se fundamenta su definición. Gastón Grisoni, presidente de la asociación de expresos/as políticos/as Crysol, opinó a título personal que una fecha con fundamento sería la del asesinato del profesor Arbelio Ramírez a la salida del Ché Guevara de su acto en el Paraninfo de Udelar, el 17 de agosto de 1961. Fue el primer caso de violencia política de esa década.
Grisoni hizo, a título personal, una valoración de esta ley de 2023 cuando se pasó del Senado a Diputados: «La verdadera intencionalidad del proyecto actualmente en discusión, de acuerdo a lo expresado por sus promotores, por los defensores y nostálgicos de la dictadura, es amplificar los daños ocasionados por quienes integraron organizaciones armadas, para, en alguna medida, disminuir la relevancia, el significado y la importancia del terrorismo estatal. De eso se trata. Una operación publicitaria y de marketing, cien por ciento rechazable para quienes trabajamos para que haya justicia, para que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos sean juzgados y condenados, para que los hechos del pasado no vuelvan a reiterarse».
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