/ El presidente que asumió en Colombia el viernes, Abelardo De La Espriella, recibió en los meses previos las explicaciones y detalles de lo que quería hacer, y no ve la hora de mostrar resultados: droga, tiros, combate a fuego libre con fuerzas irregulares de varios signos ideológicos, participación con otras fuerzas militares o autonomía de otras banderas para combatir, y más tiros certeros. Las muertes serán también civiles, pero guerra es guerra.
Dando muestra de su lealtad inquebrantable a esos criterios que probaron ser ineficaces con el Plan Colombia, 1999, no hizo su ceremonia de asunción en Bogotá sino en Cali, 460 km al sureste, donde estará el centro operativo del despliegue militar y operativo que se hace de ahora en más en nombre de combatir el narcoterrorismo. Rodeado de tanques y tropas, ha dejado de lado el escenario popular de la plaza Bolívar. La elemental política indica que esto propicia la confrontación entre las fuerzas políticas que disputaron cabeza a cabeza la votación el pasado 21 de junio, y por lo tanto genera más tensión en un electorado ya tirante pues se triunfó y perdió por solo 25.000 votos en 25 millones. Pero el tema no es político, sino militar.
De la Espriella nunca fue militar, pero ya aprendió a hacer la venia; señal de que acata. Le gusta que 
le digan El Tigre, pero por ahora solo se le ven rayas. Parece que el que piensa es el vice, al que conoció hace poco y lo invitó rápidamente a cenar con su señora. Pasó así por alto el protocolo que reclama una reunión a solas para ofrecerle la vice a José Manuel Restrepo Abondano, un académico, político y economista colombiano. Que aceptó sin dudarlo, como anticipándose al tema.
Para el nuevo presidente quedan problemillas de soberanía, pues De la Espriella es ciudadano estadounidense, y como tal juró defender los intereses de EEUU «por encima de cualquier otra fidelidad». Para naturalizarse estadounidense, la ley de ese país exige el Oath of Allegiance (Juramento de Lealtad). Este juramento dice textualmente que la persona renuncia expresa y absolutamente a toda fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjera de la cual haya sido sujeto.
El objetivo supremo de luchar contra el narcoterrorismo y extender esa batalla a parte del resto de América Latina –Brasil es una molestia– es en verdad un oximoron, pues si América Latina conoce y sufre el terrorismo es por la prédica con el ejemplo que viene dando EEUU desde los años 50, cuando hizo invadir Guatemala para que la United Fruit plantara solo bananas, o, si se quiere mayor precisión, desde que Theodore Roosevelt enunció la política del Gran Garrote en 1901. La realidad latinoamericana cedió ante el relato de Estados Unidos. Esa guerra cultural la vienen ganando.
Tampoco es una novedad lo que están empezando a hacer en Colombia, Lo intentaron en 1999, se llamó Plan Colombia y fue una iniciativa durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), y el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton. Pastrana lo presentó originalmente como un plan de desarrollo social y económico («Plan Colombia: Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado»), pero al pasar por el Congreso estadounidense se reorientó fuertemente hacia lo militar y antinarcóticos.
El paquete inicial de ayuda de EEUU fue de 1.300 millones de dólares, y sus cinco objetivos declarados fueron combatir el narcotráfico, fortalecer a las fuerzas armadas y policiales colombianas, debilitar a los grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico (las FARC, el ELN, y grupos paramilitares como las AUC), la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato causando intoxicaciones, fuertes críticas por el impacto ambiental y en la salud, así como por denuncias de desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos ligadas a operaciones militares. Además, claro, el apoyo institucional, judicial y de derechos humanos.
Esta segunda edición del plan, por sus rasgos y puesta en marcha, parece tener el objetivo central de incorporar a las fuerzas armadas latinoamericanas a la lucha contra la droga, que es la forma de garantizar la corrupción de su estructura, haciéndola más maleable para Washington. Esta es una vieja pretención del Pentágono y del Departamento de Estado, que en esta región de Latinoamérica viene hilvanando intentos desde el fin –no deseado por Washington, puede colegirse, pero inevitable– de las dictaduras desde los 1964 a los 1984. En Uruguay, el úiltimo en intentarlo fue Luis A. Lacalle Herrera y su ministro Angel María Gianola en agosto 1994, que terminó con dos muertos en El Filtro, Fernando Morroni y Roberto Facal, en la represión más atroz realizada en las calles de Montevideo desde la vuelta a la democracia.
Así las cosas, hay dos planes. El central es hacer de Colombia la base de lanzamiento y apoyo de acciones de lo que inevitablemente llamarán «narcoterrorismo», actuando con la bandera del territorio de los estados que adhieran –Ecuador, Pareaguay, Bolivia, Chile, Guyana y más están entre los posibles– y también los que cedan a la presión del trumpismo con tropas y banderas ajenas en la puerta de casa. Esto, en nombre de la poco explicitada Lanza del Sur, y la cómoda imprecisión y vastedad de la Doctrina Donroe. Esta idea es un plan no explicitado aún, pero que seguramente pronto será fuente de noticias dispersas, con los lectores a cargo de unirlas con coherencia.
Sobre el segundo plan hay mucha más información, porque a De la Espriella le encanta hablar, y menos expectativas. No hay indicios todavía que sugieran que él se sabe meramente funcional al primer plan.
La propuesta económica central del nuevo gobierno es parte del plan denominado «País Milagro», enfocado en un agresivo modelo pro-mercado y una política de seguridad de extrema «mano dura». En el ámbito económico, incluye la austeridad y reducción del Estado al prometer recortar el aparato estatal en un 40%, eliminando cerca de 700.000 puestos públicos y fusionando ministerios para ahorrar hasta 7.500 millones de dólares anuales (equivalentes a casi el 6% de todo el Presupuesto General de la Nación); reducción de impuestos al sector corporativo y libertades tributarias para incentivar la inversión privada; reactivación del fracking y alcanzar la meta de duplicar la producción petrolera nacional.
En cuanto a la estrategia de defensa y orden público para el periodo 2026-2030, su plan «Seguridad 
Democrática de Segunda Generación» se apoya en una cooperación directa y profunda con agencias estadounidenses. Los aspectos específicos del programa incluyen el intercambio tecnológico y acceso a bases de datos para agilizar los procesos de extradición de cabecillas de bandas criminales y del narcotráfico; fortalecimiento de la presencia de la Armada Nacional en el Pacífico y el Caribe mediante operaciones de interdicción coordinadas estrechamente con el Comando Sur y reanudación de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de tecnologías de precisión aportadas por contratistas de seguridad estadounidenses; cursos de comandos avanzados impartidos por asesores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos; cancelación de cualquier proceso de negociación o tregua con organizaciones armadas ilegales, entre otras. Además, al estilo Bukele, se construirán diez centros penitenciarios de gran magnitud y se autorizarán operaciones conjuntas e intercambio militar masivo con la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico.
El optimismo está a cargo de Washington. El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que “los mejores días de Colombia están por venir” y emitió un comunicado oficial especificando los tres ejes en los que trabajará la administración Trump con el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto. Esto incluye la integración formal de Colombia al programa de seguridad de la administración Trump, vinculándolo de manera directa con la doctrina estratégica de la Casa Blanca, la Gran América del Norte, la cual busca rediseñar el perímetro de seguridad e influencia económica estadounidense «desde Groenlandia hasta el Ecuador», posicionando a Colombia como el principal bastión defensivo y aliado militar en el norte de Sudamérica.
También ha anunciado la incorporación al Escudo de las Américas, entidad creada en marzo de este año, en la que, según el Presidente Trump, el corazón del acuerdo “es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros cárteles y redes terroristas de una vez por todas”. Al haberse declarado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, no solo se permite el uso de fuerza letal, sino inclusive operaciones unilaterales en los territorios donde operan. Durante la ceremonia de inauguración en la que participaron 12 países latinoamericanos, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller adelantó que Estados Unidos “no cederá ni una pulgada de territorio del hemisferio a sus enemigos o adversarios”, y admitió que el gobierno de Donald Trump está usando “poder duro, poder militar y fuerza letal para defender la patria americana”.
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.