Andrés Alsina
Se cumplen cinco años, el 18 de agosto, de la interpelación en la que un Frente Amplio unido defendió la soberanía uruguaya en el puerto de Montevideo ante su concesión a intereses espúreos que sumaron al entonces presidente Luis Lacalle Pou y cuatro de sus operadores a la rapiña sin límites legales ni éticos de la empresa Katoen Natie.
El Frente Amplio, y con él el Uruguay entero perdieron esa batalla, al primar el interés –que no fue solo político– por sobre las razones de Estado que se plantearon en el Senado de forma irrebatible. Esa concesión sigue siendo un clavo ardiente que están pagando no sólo las arcas públicas sino el comercio exterior uruguayo, con él, los consumidores y también el futuro cotidiano del país.
En verdad no se sabe con precisión el costo de lo que bien supo llamarse «el regalo del siglo». La inversión inicial de 300 millones de dólares pasó a valorizarse con la concesión en 2.388 millones de dólares, según el equipo económico del FA. A esto hay que sumarle compromisos del Estado por tal vez otros 2.000 millones de dólares, un dragado comprometido e irrealizable por acuerdos internacionales, obras e inversiones no realizadas por Katoen Natie por al menos 460 millones de dólares, y una operatividad en declive, ya con el inicio de los conflictos de intereses debidamente pronosticados por el FA y operadores en el momento de la interpelación.
De aquellos polvos, estos lodos que van anegando las posibilidades del puerto de Montevideo, que es la razón por la que se fundó el país dos años después que el puerto, en 1726. El Senado que votó ya se llevó sus manos, aquel gobierno de Lacalle Pou perdió las elecciones, y el clavo ardiendo sigue allí, recordando su urgencia.
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