La situación económica actual marca una inflación de 10,6% anual, un déficit fiscal sobre el PBI de 3,7%, un atraso cambiario entre febrero de 2016 y diciembre de 2004 (el mes de mayor apreciación cambiaria de los años 2003 y 2004) de 40% y un crecimiento del PBI en 2015 de 1%.
En la nota de la semana pasada, “Las dificultades del crecimiento” exponíamos que el gobierno le otorga prioridad a la atención de la inflación y del déficit fiscal. Nosotros entendíamos que la prioridad la debería tener el crecimiento y el empleo. ¿Cuál sería la propuesta de un gobierno de derecha o del pensamiento ortodoxo? La prioridad la tendrían el déficit fiscal y la inflación.
El déficit fiscal para que su financiamiento no genere aumentos de la deuda externa, para atender los requerimientos de las calificadoras de riesgo que determinan el grado inversor. Priorizar el déficit fiscal ayudaría a bajar la inflación, según esta concepción, aunque no existe ninguna demostración empírica que vincule directamente déficit fiscal con inflación. También priorizar la estabilidad económica, conteniendo la inflación, para asegurar el cálculo económico de los inversionistas. Enfrentar la inflación para el pensamiento ortodoxo significa bajar la demanda.
Ello requiere restricción monetaria y del crédito, bajar el gasto público para eliminar el déficit fiscal y contener la suba de los salarios. Sin problemas de inflación ni de déficit fiscal, el libre juego del mercado junto al sector privado, generarán crecimiento económico.
Para el gobierno las prioridades son atender la inflación y bajar el déficit fiscal. A principios de año los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la baja de la inversión pública jugaban a favor de la baja del déficit fiscal. Pero ese aumento de tarifas, más la depreciación de la moneda nacional y los remarques de precios por sectores monopólicos y oligopólicos, llevaron la inflación anual en marzo de 2016 al 10,6%. En estos momentos se enfrenta la inflación con medidas de restricción monetaria y aumentos de encajes.
Esta medida tiene poca repercusión sobre la contención de la inflación y genera la profundización del atraso cambiario. Seguramente vendrá en las próximas semanas un descenso del gasto público y pautas salariales que prioricen la baja de la inflación. Pese a que el gobierno ha utilizado instrumentos heterodoxos, en la actualidad se está inclinando por medidas ortodoxas que suponen que la inflación es de demanda. Pero se supera el 10% de subas de precios internos con mantenimiento del consumo privado y caída de la inversión. Es decir, con caída de la demanda interna.
Tal vez vuelva a priorizar el uso de la política cambiaria para enfrentar la inflación, volviendo a afectar la competitividad. Los resultados podrían generar caída del PBI, por la baja de la demanda interna y la baja de competitividad por el atraso cambiario. Los estímulos fiscales, por la vía de las exageradas exoneraciones actuales, no parecen que puedan modificar esta situación. Si el PBI cae seguramente se va a volver a afectar el empleo y la distribución del ingreso.
El gobierno está en manos de un gobierno de izquierda. Dentro de ciertos límites, políticamente empleo y distribución del ingreso debieran tener prioridad en el corto plazo. Ambos requieren la prioridad al crecimiento económico. Esto no significa descuidar la inflación ni el déficit fiscal, ni tampoco dejar de lado las expectativas, aunque estas están muy estrechamente vinculadas al pensamiento ortodoxo. Hay que enfrentar los remarques de precios de los rubros en condiciones monopólicas y oligopólicas y factores de costos explicitados con anterioridad. Pero el crecimiento requiere competitividad y por lo tanto, es fundamental la depreciación gradual de la moneda nacional.
Esto va a limitar el descenso de la inflación. Pero si se logra una suba de precios internos un poco por debajo de ese 10%, no se afecta el cálculo económico para los inversores privados y puede lograrse leves mejoras en la distribución del ingreso. El déficit fiscal debe atacarse por la vía del crecimiento y por la continuidad de la reforma tributaria, que significa modificar las exoneraciones fiscales y que el impuesto a la renta de las personas físicas no solo quede a cargo de las personas, sino que también aumenten su contribución las empresas que obtienen elevadas ganancias.
La prioridad de corto plazo debiera centrarse en el crecimiento económico, cuyo contenido permita mejoras en el empleo y la continuidad de avances en la distribución del ingreso. Como lo analizamos en la nota de la semana pasada, “Las dificultades del crecimiento” se requiere una política cambiaria para la competitividad y la promoción de actividades y rubros que faciliten colocaciones con mayor valor agregado y sobre todo, con contenido tecnológico. Tenemos la limitación de no haber avanzado en una estrategia económica y las dificultades que nos generan las situaciones económicas de los países vecinos. Por lo tanto, es indispensable el aumento de la demanda interna, por la vía de la inversión pública y del propio consumo privado, lo que requiere una política salarial que no afecte la inflación y permita mejoras de ingresos.
Esto también significaría el descenso de la pobreza y la indigencia, para lo que es fundamental el gasto público social. La apuesta no es sencilla, pero por lo menos debiera permitir algún tipo de debate interno en la fuerza política, porque si la situación económica no mejora el descontento de los frentistas se puede profundizar.
Por Alberto Couriel
Economista y ex senador
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