Brasil: lo político predomina sobre lo jurídico

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el inicio de juicio político a Dilma Rouseff. Esto constituye un atentado a los principios básicos de la democracia, afecta a sus principales instituciones y los partidos políticos profundizan su falta de credibilidad porque no existen fundamentos legales para efectivizar el juicio político. Dilma es catalogada como muy honesta y no hay ninguna acusación por delitos ni por corrupción. Se le acusa de modificar balances fiscales -que es una tradición en los distintos gobiernos brasileños-y que no califica para que sea separada de su cargo.

Sin duda hay reacomodamientos políticos en la región, con los nuevos gobiernos de Argentina y Paraguay. Para entender mejor la situación internacional: Brasil es la gran potencia de la América Latina que tiene políticas distintas a las de EE UU. Lideró la política contra el Alca en 2005 y es fundador de los Brics, junto a Rusia, India, China y Sud Africa. EE UU tiene vínculos estrechos con centros de poder de derecha, como los sectores financieros, empresarios como los de la Fiesp que jugaron abiertamente a favor del juicio político a Dilma y, especialmente en este caso, con los grandes medios de comunicación que influyeron decisivamente en este verdadero “golpe de estado” contra Dilma. Para los gobiernos progresistas de la América del Sur el juicio político es un fuerte y duro golpe.

El sistema político brasileño sufre de procesos de corrupción endémicos. El Mensalao no lo inventó el PT sino que tiene una larga tradición. El régimen de partidos es altamente atomizado y gobernar requiere acuerdos con múltiples partidos. Prácticamente todos los partidos políticos están involucrados en problemas de corrupción vinculados a AlbertoCouriel1Petrobras. Una muy elevada proporción de legisladores están acusados de distintas formas de corrupción. Quien impulsó el impeachment fue el presidente de los diputados, Eduardo Cunha que está acusado de recibir sobornos por cifras millonarias. Quien va a sustituir a Dilma, el vicepresidente Michel Temer, también está acusado de corrupción.

Lo interesante que los que desplazan a Dilma-que no tiene ninguna acusación de corrupción-se encuentran envueltos en maniobras de corrupción. Lo paradójico es que la desplazan de la presidencia, cuando seguramente fue la dirigente política que más atacó y enfrentó el tema de la corrupción. La votación y fundamentación de los diputados parecía más bien una función de circo que una sesión parlamentaria, porque muchos diputados acusados de corrupción, entre risas y aclamaciones de sus colegas ,votaron a favor del juicio político colocando como fundamento de su voto el combate a la corrupción.

Otro factor a destacar es el proceso de judicialización de la política. Algunos jueces como Sergio Moro dejaron de ser imparciales y perdieron la necesaria neutralidad. Ejemplos claros de ello son la prisión a Lula para declarar, cuando nunca se había negado a ello, y el dar a la publicidad la grabación de una llamada telefónica de Dilma a Lula. La falta de objetividad dio lugar a que a sectores del Poder Judicial se les señalara como formando parte de un partido judicial.

En esencia, un juicio político que pasará a la historia como un verdadero golpe de estado en el que han tenido gran influencia los grandes medios de comunicación (como los grandes diarios y cadenas de televisión), con participación directamente política de sectores empresariales, votada por un número muy elevado de diputados acusados de corrupción, con editoriales de The Economist solicitando la salida de Dilma, pero también con muy fuertes manifestaciones públicas apoyando el juicio político.

Estos hechos son muy trascendentes para el conjunto de la región y también para el Uruguay. Por ello vale la pena identificar y analizar con detención la situación brasileña y evaluar si se cometieron errores por parte del PT y sus respectivos gobiernos. Un fenómeno nuevo pero relevante es que la derecha ganó las calles y los gobiernos del PT no encontraron las mejores fórmulas para atender sus reclamos. Las manifestaciones del 2013 fueron contra el gobierno. Un sociólogo brasileño decía que las familias habían mejorado dentro de sus casas, por los distintos equipamientos que habían adquirido con la mejoría de ingresos. Pero sus problemas surgían cuando salían de sus casas, porque tenían que enfrentar las malas condiciones del transporte, las dificultades en la educación y en la salud. Había notorias carencias en los servicios públicos. Es factible además, que muchos sectores sociales no hayan atribuido a las políticas del gobierno sus avances en sus niveles de vida, y que en momentos de retracción económica solicitaran nuevas mejoras del gobierno. Es evidente que la fragmentación política influyó para que el PT no pudiera enfrentar con éxito los temas de corrupción y probablemente quedó también involucrado en los mismos. Sin duda hay un gran problema político en esta derrota del PT.

En materia económica, se vive una fuerte recesión. Se careció de una estrategia de desarrollo y la política macroeconómica tuvo rasgos de ortodoxia aunque aumentó el gasto social que sacó de la pobreza a millones de brasileños. A vía de ejemplo, en el Banco Central predominaron los financistas como Meirelles que mantuvieron una alta tasa de interés. Ésta generó una fuerte entrada de capitales especulativos que vendían los dólares, para comprar títulos en moneda nacional, y hacían bajar el tipo de cambio nominal, de 3,70 reales, cuando asume Lula, a 1,60 reales. Esto afectó la competitividad y generó descenso en la actividad industrial.

El PT transformó positivamente al Brasil, especialmente en el plano social, pero también cometió errores. Es bueno evaluarlos y hacer la autocrítica correspondiente para que no nos pase lo mismo. La actual coyuntura en Uruguay requiere crecimiento, por lo que no se puede afectar la inversión pública que es determinante para el futuro. No hay que descuidar ni la inflación ni el déficit fiscal, pero hay que mejorar la competitividad y para ello permitir incrementos graduales del tipo de cambio. La política monetaria intenta frenar la inflación, pero no es el instrumento adecuado y puede terminar influyendo negativamente sobre el crecimiento.

 

Por Alberto Couriel
Economista y ex senador

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