Comunicadores de la Argentina (COMUNA) condena enfáticamente el silenciamiento y la tergiversación de los hechos relativos al conflicto entre los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) y el Grupo Clarín, y cuyos alcances y consecuencias afectan a todos los argentinos.
Hasta el 8 de febrero, y después de tres semanas desde su inicio, la mayoría de los ciudadanos aún ignora la versión de los trabajadores sobre el conflicto causado por la empresa cuando anunció 380 despidos.
Sin embargo, los comunicadores no podemos dejar de reconocer las graves amenazas que se ciernen sobre la vida y el futuro de la ciudadanía cuando un oligopolio hegemónico de medios es habilitado a aplicar su poder de manipulación sobre la opinión pública para imponer unilateralmente sus intereses económicos y decisiones políticas.
El bombardeo ininterrumpido y simultáneo de publicaciones gráficas, parlantes y pantallas de TV con similares opiniones sesgadas y declaraciones unilaterales, encubriendo actos represivos y demonizando a los trabajadores, ha convertido “en delitos” a la toma de una planta presuntamente obsoleta para evitar despidos o a las “demoras en la distribución del diario y también de Olé”, como señaló Clarín.
La parcialidad de la información que se impone prescinde de una dimensión de la noticia que no solo involucra a los trabajadores gráficos o a una empresa presuntamente expuesta a los rigores de la globalización, sino que conlleva directas y deletéreas consecuencias sobre la democracia y las instituciones de la República. Tal como expresó alguna vez Joseph Pulitzer: “Es inmoral cobijarse detrás de la neutralidad de las noticias”; en especial cuando disminuyen las voces discrepantes.
Los comunicadores sabemos por experiencia que las miradas totalitarias y mezquinas precisan de nuestras omisiones para consolidar posiciones dominantes y convergencias exclusivas y excluyentes, al servicio exclusivo del negocio y en contra de la democracia.
Lamentablemente, ya no se trata de presunciones interpretativas, pues cada nuevo decreto del gobierno nacional y la elocuente abstención de los otros Poderes del Estado consolidan el despojo progresivo de nuestros derechos comunicacionales a favor de la libertad de empresa.
El gobierno nacional, cuyo sustento político principal es el gigantesco dispositivo de informaciones y opiniones que detenta Clarín, perjudica directamente a los trabajadores al negar el dictado de una conciliación obligatoria que es el paso indispensable para una negociación entre los trabajadores y la patronal que los agrede. A ello se agregaron abominables declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se mostró comprensivo con Clarín cuando el gobierno dice estar cuidando que no se pierdan puestas de trabajo.
La experiencia histórica señala que el verdadero poder democrático se construye sobre la pluralidad de voces en la cual se sustenta la libertad de expresión e información, pues evita el condicionamiento de las conciencias y garantiza el cumplimiento de las demás obligaciones y derechos soberanos que, tal como reza la Constitución Nacional, fueron creados “con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2017
Comunicadores de la Argentina (COMUNA)
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