La Ley de Urgencia ya es obsoleta, era para otro país en otro mundo

La mega Ley de Urgente Consideración que el Ejecutivo no acaba de remitir al Parlamento, ya es una pieza de museo; ya no corresponde a aquel país próspero en un mundo más o menos estable para el que fue concebida.

El presidente Luis Lacalle, como su padre, se imagina siendo quien cambió definitivamente al país, arrumbando un siglo largo de batllismo socializante y encarrilando por el buen camino. Alberto Lacalle no pudo completar su programa. Un plebiscito derogó su ley más ambiciosa, la de liquidación de empresas públicas, y a su parecer los colorados le retacearon el apoyo parlamentario demasiado pronto.

El hijo, pensó sortear el problema haciendo aprobar todo el plan de gobierno en los primeros tres meses para quedar blindados, invocando el criterio de que todo es de extrema urgencia nacional. El borrador estaba casi pronto en la pasada primavera y, como ganó en octubre por muy pocos votos sobre sus futuros aliados, se apuró a firmar un documento que contemplara lo fundamental. Pero ya ahí tuvo problemas porque no todos le llevaban todo.

Ahí, y en el resultado de noviembre está el germen de la debilidad del actual gobierno, sobre la que volveremos.

Ahora que el presidente escuchó hablar de John M. Keynes, podemos empezar con un par de frases de este economista: “Lo inevitable rara vez sucede, es lo inesperado lo que suele ocurrir.” Y: “Cuando las circunstancias cobijan cambio mis ideas, ¿usted no?”

Incluso en la primera quincena de marzo, el principal problema con este proyecto es que distintos aliados no respaldaban algunas de los aspectos más anhelados por herrerismo. Hoy ese es sólo otro problema, que ya se está resolviendo con tijera.

La crisis mundial que siempre había alguno que auguraba, explotó de la peor manera y no será una recaída del 2008, sino algo mucho más profundo y duradero. Y Uruguay no es el país de sólidos fundamentos que recibió la coalición y que en la primavera pasada se podía esperar.

Si queremos creer en una sola causa, la culpa la tuvo un virus. La estrategia elegida para enfrentar el contagio tenía inevitables consecuencias recesivas. En primavera se podía pensar en recortar las transferencias a los más pobres, que se consideraban parásitos. Hoy es evidente que por mucho tiempo habrá que mantener esas transferencias, pero además apoyar a cuentapropistas, empresarios pequeños y medianos.

Si en primavera podía plantearse la meta de bajar los egresos del Estado en US$ 900 millones en el primer año, ahora está claro que éstos serán aumentados, no disminuidos.

Isaac Alfie, Azucena Arbeleche y el propio Lacalle siguen diciendo que su programa es el mismo. Y está bien; tienen derecho a mantener su visión de país. Nadie puede pedirles que adopten el programa del Frente Amplio, que también precisaría revisión. Pero como el automovilista que ve cortado el camino por un alud tendrá que buscar otra vuelta, la hoja de ruta del gobierno multicolor tendrá que recalcularse aún si pretende llegar al mismo lado.

Presentar a principio de mayo la Ley de Urgencia de la primavera con algunos retoques, es casi tan anacrónico como creerse artiguista porque se propone entregar suertes de campo “de legua y media de ancho por dos de fondo” al que las pida.

Y buscar y tomar caminos alternativos ajustados a las nuevas realidades consume tiempo. Si la primera quincena de gobierno fue una serie de traspiés, el mes siguiente permitió dar una imagen de iniciativa y manejo responsable de la situación. Pero si se observa con atención, todas las acciones son a medias. Y siempre manejando todos los platitos en el aire, esquivando con cintura las presiones.

Un poco de aislamiento social, pero voluntario; con vigilancia policial, pero para suplicar. Aumento de las tarjetas del Mides, pero poquito. Se concede a Guido Manini una quita a los salarios públicos altos, pero también se tocan los retiros militares. Se anuncia la medida al día siguiente, como respuesta al caceroleo y se pospone una entrevista con el Frente Amplio; pero luego se la adelanta y se convoca al Consejo Superior de Salarios porque tampoco pueden gobernar en contra de medio país y las organizaciones sociales. Se aceptan cambios al texto, pero no que se haga contribuir a todos los ingresos altos ni se impiden los despidos, aunque para disimular se organizan varias colectas. Se aplazan tributos, pero no alquileres. Se atiende a los rezongos de Talvi, quien últimamente está más discreto. Hay que conceder algo a Jorge Larrañaga en medio de una oleada de asesinatos y no se envía la ley, pero sí se la saca a pasear por Internet. Se anuncia el desmantelamiento del aislamiento social enviando a los albañiles al frente y a los maestros y niños rurales, pero se obliga a llevar mascarilla en los ómnibus. Se recibe también a las cámaras empresariales, con quienes se coincide en retomar la producción, pero no se promete nada.

Hay que dejar un poco contento a todos.

En noviembre escribimos uypress que es malo para el país tener un gobierno débil. Precisamente por esto. Las explicaciones del medio siglo largo de estancamiento anterior a los gobiernos del Frente Amplio apuntan a gobiernos sujetos a presiones, incluso los militares.

En este clima, comprendamos que es difícil el dilema entre tratar de pasar igual una ley diseñada para otro país y correr el riesgo de que no salga nada. Pero si se insiste, será otro ejemplo de debilidad, no de prepotencia.

Por Jaime Secco
periodista uruguayo

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