Moniz Bandeira | Cuando algunos militares (r) y Civiles intentaron asesinar a Salvador Allende

En este primer artículo, el autor analiza a fondo la intervención del gobierno estadounidense en la política chilena –especialmente a través de la CIA- para intentar impedir que el triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre fuera ratificado por el Congreso Nacional.

(*) Moniz Bandeira, historiador, politólogo y diplomático brasilero. Doctor graduado en las universidades de Heidelberg, Sao Paulo y Curitiva. Profesor en las universidades de Colonia, Estocolmo, Lisboa, Buenos Aires y Córdoba. Escribió cerca de 20 libros. Entre ellos Formação do Imperio Americano (Da Guerra contra a Espanha à Guerra contra o Iraque); As Relações Perigosas: Brasil-Estados Unidos (De Collor a Lula); Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul); Brasil – Estados Unidos no Contexto da Globalização; y, De Martí a Fidel – A Revolução Cubana e a América Latina. Este artículo que publica INTERFERENCIA fue tomado del libro Fórmula para el Caos, Debate, 2008. Moniz Bandeira falleció en noviembre de 2017.

La maniobra para llevar a Chile el caos económico, social y político había comenzado, en realidad, inmediatamente después de la elección de Salvador Allende. El hecho de ser el primer marxista electo presidente de la república, a través de procedimientos legales, en un régimen democrático, propició, por cierto, el clima para el inicio de una corrida bancaria, incentivada por la CIA y magnificada por el propio ministro de Hacienda y Economía del gobierno de Eduardo Frei, José Andrés Rafael Zaldívar Larraín, que el día 23 de septiembre ocupó una cadena nacional de televisión para anunciar una eventual bancarrota económica del país. Dijo:

“Hasta el 3 de septiembre, la economía chilena se desenvolvía en plena normalidad y las informaciones disponibles señalaban que los ritmos de crecimiento eran satisfactorios. Con posterioridad a esa fecha el proceso económico se ha visto alterado, poniendo en peligro los resultados esperados y anulando los efectos positivos de las políticas económicas que el gobierno ha venido aplicando armónicamente durante los últimos años”.

Manuel Fuentes Welding, uno de los dirigentes de Patria y Libertad, comentó en sus memorias que “bajo la visión del Comité Económico del gobierno, la situación era un desastre” y que “informar al país era un deber del gobierno, pero que indudablemente contribuía a que la situación se agravara aún más”.

De hecho, como escribió el dirigente socialista Carlos Altamirano, “el objetivo inmediato de esta intervención ‘inocente’ fue provocar un pánico financiero a través de la corrida bancaria, con bajas drásticas de los valores de la bolsa y retiro en masa de los fondos depositados en las instituciones de ahorro y financiamiento”. Sólo el lunes 7 de septiembre, el primer día hábil después de la elección presidencial, el público, en las primeras horas de la mañana, propició una corrida bancaria de 200 millones de escudos y otras en las entidades de ahorro y préstamo, donde había 500 millones de escudos de inversores.

Las clases medias y altas estaban aterrorizadas por la campaña que la CIA fomentaba hacía tiempo.
Enormes filas de clientes se formaron en las puertas de las instituciones financieras, presionando, fuertemente, al sistema bancario y de ahorro. Las clases medias y altas estaban aterrorizadas por la campaña que la CIA fomentaba hacía tiempo. Se dio una brusca retracción de la demanda. La Bolsa de Valores cayó 60% y no abrió sus puertas, los valores en escudo (moneda oficial hasta el 29 de septiembre de 1975) de propiedades y casas cayeron a la mitad. Los pasajes aéreos a países de América y Europa se agotaron. El Aeropuerto de Pudahuel anunció la salida de 29 importantes personalidades.

“El tono empleado por el ministro Andrés Zaldívar Larraín, aunque revestido en términos técnicos, sólo podría, por obvias razones, fomentar aún más la intranquilidad reinante y aguzar las tendencias ya manifiestas en el mercado”, reconoció el embajador de Brasil, Antônio Cândido de la Câmara Canto, concluyendo que “se iba a llegar, de esta forma, a una mala situación económico-financiera caótica, que tendría que repercutir en el esquema político”. Según el propio Câmara Canto explicó en telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, mostrando conocer lo que la derecha económica y política conspiraba, en combinación con el gobierno de Frei:

“La imputación de las causas de la crisis a la victoria electoral de los agrupamientos marxistas, implícita en el análisis gubernamental, anunciaba la dirección que se pretendía impeler los acontecimientos. Se insertan, en este contexto, las declaraciones de Alessandri con respecto de su eventual elección por el Congreso con el apoyo de la Democracia-Cristiana y subsiguiente renuncia, abriendo un nuevo camino en los marcos institucionales, a través del lanzamiento de Frei a un inmediato proceso electoral”.

En efecto, la crisis económico-financiera había sido concebida como detonante de un golpe de Estado, en el cual estaban involucrados altos jefes de las Fuerzas Armadas y, según observó el entonces senador y secretario-general del PS, Carlos Altamirano, ella sólo no produjo los efectos deseados gracias a la actitud enérgica de Allende, que obligó al presidente Frei a accionar algunas medidas de emergencia para disminuir el impacto de un problema “artificialmente provocado”. El Banco Central tuvo que tomar diversas medidas y, entre otras, aumentar el medio circulante a través de emisiones sólidas destinadas a respaldar las entidades bancarias, a fin de suministrarles dinero en efectivo para atender la demanda del público, y trató de contener la evasión de divisas, en virtud de la extraordinaria procura de dólares, cuyas cotizaciones superaron en más de 100% las vigentes antes de la elección del 4 de septiembre.

Pero, como observó el embajador Câmara Canto, la firme adhesión de diversos sectores y, sobre todo, de las tendencias de izquierda de la Democracia-Cristiana, representadas, principalmente, por el propio Radomiro Tomic, “frustraron los claros objetivos políticos contenidos en la declaración de Zaldívar”. Tomic reconoció la victoria de Allende, conforme el pacto que habían hecho antes de la elección, en el sentido de que cada uno reconocería la elección del otro, en el caso que Alessandri obtuviese la segunda mayoría relativa.

El núcleo de oposición a la UP quedó restringido a sectores de la Democracia-Cristiana y a “ciertos miembros de la cúpula administrativa, los cuales acabaron por revelarse minoritarios en la junta del partido gubernamental”, mientras la crisis económica se derramaba y se volvía, según comentó Câmara Canto, “contra los que inconscientemente la provocaron y los que conscientemente intentaron utilizarla con fines políticos. La previsión era que la conjugación de las medidas financieras tomadas por el gobierno para impedir el colapso del sistema bancario provocaría un ancla inflacionaria sin precedentes, todavía contenida porque el público no había comenzado a utilizar el dinero retirado de los bancos.

En Argentina, las Fuerzas Armadas analizaron el resultado electoral en Chile y concluyeron que, del punto de vista anti-subversivo, sería mucho peor una “maniobra o un golpe de Estado”, que despojase a Allende del poder, no pasándole la presidencia de la república, dado que provocaría la reacción popular, contagiante, y llevaría a todos los reformistas a la violencia, convenciéndolos de que no había salida en la democracia. Allende, a pesar de haber levantado la “bandera cubana”, era definido como un “socialista izquierdizante romántico” y comparado con Alfredo Palacios (1880-1965), líder del Partido Socialista en Argentina, en 1961. Argentina, en esa época disponía de un organismo llamado Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), integrado por el presidente, por los comandantes en jefe de las tres armas, por ministros y por el jefe de la Central de Inteligencia Militar. Y el presidente, general Alejandro Lanusse reclutó a un grupo de intelectuales, entre ellos a Juan Carlos Puig, luego canciller del presidente Héctor Cámpora, que le aconsejaron imprimir un giro a la política exterior, a saber: «pluralismo ideológico» a través del acercamiento al Chile de Allende y a los miembros del Pacto Andino, para frenar la pretensión hegemónica de Brasil en América del Sur y su política en la Cuenca del Plata en desmedro de la Argentina. Lanusse adoptó la opinión del CONASE.

Los jefes militares entendían que los Estados Unidos no repetirían los errores que cometieron en relación a Fidel Castro, pero no permitirían que Chile se convirtiese en una plataforma de la OLAS, y juzgaban que la elección de Allende había tenido una consecuencia positiva, bajo el aspecto geopolítico, pues tornaba imposible el eje Chile-Brasil y, en más, presionaba a los Estados Unidos a comprender la necesidad de apoyar a Argentina.

En los Estados Unidos, las evaluaciones, dentro del gobierno, presentaron matices variados. La opinión de Nixon, sin embargo, coincidía perfectamente con la de Kissinger. Su aversión a Allende y a la UP era enorme.
En los Estados Unidos, las evaluaciones, dentro del gobierno, presentaron matices variados. La opinión de Nixon, sin embargo, coincidía perfectamente con la de Kissinger. Su aversión a Allende y a la UP era enorme y él, el 15 de septiembre, recibió, en el Salón Oval, al director de El Mercurio, Agustín Edwards, que fue a advertirlo de las consecuencias de la asunción de Allende a la presidencia de Chile, a vaticinar un desastre si los Estados Unidos permitiesen que esto ocurriese. La reunión fue intermediada por Don Kendall, presidente de la PepsiCo (Pepsi Cola), de la cual Edwards era distribuidor en Chile.

Y el mismo día Nixon declaró a Richard Helms, director de la CIA, “an régimen Allende in Chile was not acceptable to the United States”, al mismo tiempo en que ordenó el inicio de una masiva intervención clandestina en Chile, y se manifestó dispuesto a aprobar recursos por un monto de U$S 10 millones para financiar las covert y spoilings operations. “Truman had lost China. Kennedy had lost Cuba. Nixon was not about to lose Chile”, explicó Richard Helms, agregando que Nixon le ordenó instigar el golpe militar en Chile, y lo instruyó para que no diera conocimiento de esta directriz ni al secretario de Estado ni al secretario de Defensa.

Según recordó Richard Helms, fue la operación más secreta que él debía ejecutar desde la II Guerra Mundial. Así, bajo la supervisión de William Broe, director de la Western Hemisphere Division de la CIA, y Thomas Karamessines, director-adjunto de planes, una Special Task Force fue inmediatamente creada y activada, bajo la dirección de David Atlee Philips, jefe de la estación en Brasil, para elaborar y dirigir la ejecución del Proyecto FUBELT, nombre codificado del proyecto, que tendía a promover el caos en Chile y provocar su estrangulamiento económico. El historiador americano Peter Kornbluh, que mucho hizo por la desclasificación de los documentos relativos a Chile, calificó este proyecto como de las “most infamous covert operations” de la CIA.

El objetivo del proyecto FUBELT era fomentar la crisis económica y social, promover el desorden en la sociedad chilena, aterrorizar a la población y crear las condiciones objetivas para la ruptura de la legalidad, generando un clima que llevase a las Fuerzas Armadas a intervenir y rematar el golpe de Estado. Y dos caminos fueron entonces delineados para bloquear la asunción de Allende a la presidencia de Chile: la Track I, el camino político/constitucional, evitando que el Congreso refrendase su elección, como establecía la Constitución chilena, dado que él había obtenido la pluralidad de los votos, pero no había alcanzado la mayoría absoluta, o induciendo a Frei a dar un golpe constitucional; y la Track II, el camino militar, mediante un golpe de Estado.

La Track I se diferenciaba apenas de la Track II, porque contaba con la expectativa de connivencia de Frei y la participación del embajador Korry. Éste y los operadores de la CIA, funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa tratarían de convencer y hasta sobornar a parlamentarios chilenos (idea de Korry expuesta desde junio de 1970) para que no ratificasen la elección de Allende y sufragasen a Alessandri, que algunos días después, el 3 de noviembre, renunciaría, según había prometido. En tales circunstancias, la Constitución determinaba la convocatoria de otra elección popular y Frei, estando fuera del gobierno durante este período, no tendría más incompatibilidad y podría ser candidato, legalmente, a la presidencia de Chile. Esta era la Alessandri formula.

La spoiling campaign promovida durante años había producido importantes y profundos efectos en la sociedad chilena, dentro de la cual se había desarrollado un agudo antagonismo de clases, que se reflejó en las elecciones para la presidencia.

La spoiling campaign promovida durante años había producido importantes y profundos efectos en la sociedad chilena, dentro de la cual se había desarrollado un agudo antagonismo de clases, que se reflejó en las elecciones para la presidencia. Y la scare campaign, como parte de la Track I, prosiguió. El objetivo siempre fue alarmar a la población y al medio empresarial, demostrando la reacción que la elección de Allende provocaría, en el extranjero, y las graves consecuencias para la economía de Chile, de forma de provocar el pánico financiero, un crash, la inestabilidad política, forzando a los militares a intervenir, para impedir la investidura de Allende en la presidencia de Chile . Y el 40 Committee decidió determinar que los organismos multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, cortasen todos los créditos y presionar a las empresas americanas y de otros países en el sentido de que redujesen sus inversiones en Chile.

La CIA desencadenó la campaña, dentro y fuera de Chile, inspirando más de 700 artículos y reportajes, afirmando que el país estaba al borde del colapso financiero. La técnica era similar a la usada en Brasil, en 1964, cuando la CIA explotó las contradicciones políticas domésticas, tendiendo a crear las condiciones objetivas, inclusive el caos económico y financiero, para legitimar el golpe de Estado, tal como hizo en Brasil, en 1964, para justificar y legitimar la deposición del presidente João Goulart por las Fuerzas Armadas.

La CIA incluso despachó para Chile un equipo de cuatro agentes secretos, entre los cuales estaba Anthony Sforza y Henry J. Sloman, éste vinculado a la mafia y acostumbrado a trabajar en América Latina, todos hablando perfectamente español, con órdenes de no entrar en contacto con ningún americano, y usando pasaportes falsos, de países latinoamericanos, razón por la cual eran denominados de false-flaggers, i. e., un “illegal team” , de manera que no pudiesen ser vinculados a los Estados Unidos. Uno se hacía pasar como un hombre de negocios de nacionalidad colombiana, otro, como argentino, y un tercero se presentaba como oficial de inteligencia de Bolivia.

Los false-flaggers, del mismo modo que Heckscher y el coronel Paul Wimert, agente de la Defense Intelligence Agency (DIA), que había servido como oficial de inteligencia en América Latina, y estaba formalmente en la función de agregado militar en la Embajada de los Estados Unidos, en Santiago, hizo, entre el 5 y el 20 de octubre, 21 contactos con altos jefes militares, entre los cuales estaban los generales de Ejército Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago, y Alfredo Canales, director de la Academia de Guerra del Ejército; el almirante Hugo Tirado Barros, el general de la Fuerza Aérea Joaquín García, y el director-general de los Carabineros, general Vicente Huerta. Los agentes de la CIA mantuvieron, igualmente, entendimiento con el general (r) Roberto Viaux y el mayor Arturo Marshall, que articulaban y fomentaban atentados terroristas en Santiago. Ellos aceptaron llevar adelante el golpe de Estado y recibieron fuertes garantías de apoyo de los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos (Nixon y Kissinger), antes y después del acontecimiento.

El general Viaux, el más comprometido con el complot, actuaba como la contra-parte del coronel Paul Wimert, aunque considerado inestable e imposible de controlar. El propio Henry Heckscher, el jefe de la estación de la CIA y cuyo seudónimo era “Felix”, preveía que, si él ejecutase el coup d’État, promovería “a massive bloodbath”, que sería una “tragedy for Chile and for the free world…”.

El embajador Korry, sin embargo, fue formalmente excluido de la Track II, autorizado apenas a estimular a los militares a perpetrar el golpe de Estado. Él había tomado una actitud prudente, al impedir que funcionarios americanos en cargos privados u oficiales se involucrasen en actividades conspirativas. Solamente por casualidad supo que la CIA iba a llevar a cabo la Track II. Y, antes de viajar para Washington, en la primera semana de octubre, avisó a Frei que el mayor Arturo Marshall, vinculado al general Roberto Viaux, conspiraba con el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad (MNPL), una organización derechista, de carácter para-militar, creada bajo la dirección del abogado Pablo Rodríguez Grez, el 10 de septiembre de 1970, cinco días después de la elección, con la misión de combatir al gobierno de Allende.

SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte, el autor se refiere a los movimientos subversivos de civiles y militares, apoyados por la embajada de Estados Unidos y algunos políticos chilenos para evitar que el Congreso Nacional confirmara al médico socialista como nuevo presidente de Chile.

Mientras explotaban bombas en Santiago para acusar a la izquierda, el mayor Arturo Marshall –que había participado de la intentona golpista en marzo de 1970 – con el general (r) Horacio Gamboa, se disponía incluso a asesinar a Allende. Korry, sin embargo, temía que cualquier “aventura” para obstaculizar el acceso de Allende al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, pudiese desencadenar una campaña internacional para culpar a los Estados Unidos y la CIA; y los ciudadanos americanos en Chile correrían peligro.

En telegrama fechado el 12 de septiembre, él informó al Departamento de Estado no creer que los militares chilenos se moviesen para impedir la asunción de Allende. Los propios militares americanos habían hecho contactos con sus colegas chilenos y estos “rechazan de forma unánime la posibilidad de una intervención militar significativa en la situación política previo al 24 de octubre”, fecha en que el Congreso debería ratificar la elección de Allende. Según él, “los militares, en su estado actual y habitual de irresolución flácida no tienen ningún papel que desempeñar en este escenario hasta el orden final”.

El embajador Korry, desinformado en cuanto a la Track II, aparentemente confiaba en el éxito de la Track I; esto es, que el Congreso no ratificase la elección de Allende, sino la de Alessandri, lo que provocaría un levantamiento popular, obligando al Ejército a intervenir para reprimirlo, obedeciendo las órdenes de Frei, hasta entonces presidente constitucional. Pero la preparación del golpe de Estado ya había comenzado y el coronel Paul Wimert, agregado militar en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, estaba articulado con los generales (r) Roberto Viaux y Camilo Valenzuela.

El día 7 de octubre, David A. Philips, director de la Western Hemisphere Division, había trasmitido a la estación de la CIA en Santiago la directiva de su director, Richard Helms, dando instrucción para que los militares chilenos fuesen contactados, haciéndoles saber que el gobierno de los Estados Unidos quería “una solución militar, y que los apoyaremos ahora y después”. La instrucción era en el sentido de que golpe de Estado fuese culminado para el 24 de octubre, fecha en que el Congreso se reuniría, en un “clima de incertidumbre económica y política”.

El 10 de octubre, Henry Heckscher, jefe de la estación de la CIA en Santiago, escribió al cuartel general, en Langley: “la carnicería será considerable y habrá una prolongada guerra civil… Nos has pedido provocar el caos en Chile… nosotros te proveeremos de una fórmula para el caos que es improbable que no sea sangrienta. Disimular la intervención de EE. UU. será claramente imposible”.

Heckscher había sido realista en su previsión. Él podría ejecutar la fórmula para el caos, pero era improbable que el golpe de Estado ocurriese sin derramamiento de sangre, y difícil de disimular la participación de los Estados Unidos. Él informó, entre tanto, que el golpe planeado para aquella semana había sido suspendido, y que el general Roberto Viaux tensionaba el “aumento de niveles de terrorismo” en Santiago durante el fin de semana, con el objetivo de provocar a la UP para que promoviese una represalia violenta junto a desórdenes públicos.

El embajador de Brasil en Santiago, Antônio Cândido de la Câmara Canto – íntimamente articulado con los que conspiraban contra la asunción de Allende a la presidencia de Chile – conocía la puesta en marcha de la Track I, ejecutada por la CIA. En telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que Jorge Alessandri, teniendo en vista no haber conseguido la primera mayoría, aunque el Congreso lo elija en octubre; renunciará y no será candidato a la nueva elección que sería convocada. “Esta actitud está siendo explotada por sus partidarios con finalidad política para, amparados en el precepto constitucional, evitar la toma de mando del sr. Allende y, posteriormente, con la renuncia de Alessandri, organizar una nueva elección, presentando al presidente Frei como candidato de la Democracia Cristiana y de los partidos de derecha”. Sin embargo, según acentuó, estaba “convencido de que sólo un levantamiento militar, no totalmente fuera de meditación, podría atajar la designación de Allende como presidente electo”.

Cualquiera que fuese el escenario, la perspectiva para Chile era sombría. Y la situación se planteaba incierta para Frei en caso de la Track I. Además de las Fuerzas Armadas, él también necesitaba contar con la colaboración del PDC para lanzar su candidatura, en caso de la convocatoria de nuevas elecciones, en virtud de la renuncia de Alessandri. Korry fue autorizado a ofrecer a Frei y a sus correligionarios U$S 250.000 del fondo de contingencia de la CIA, y más – si fuese necesario – para el “covert support” (apoyo encubierto, en español) del proyecto. Esta estratagema resultó de una discusión en el 40 Committee y fue denominado “Rube Goldberg”, en referencia a un caricaturista americano que inventó una máquina con dispositivos muy complejos capaces de realizar tareas muy simples de forma indirecta y atravesada.

Washington especulaba con todas las posibilidades para impedir la asunción de Allende a la presidencia. Así, mientras Korry buscaba una solución formalmente constitucional, unidades de la CIA, bajo la dirección de Thomas Karamessines emprendían la Track II y, sin dar conocimiento al Departamento de Estado, articulaban el golpe de Estado para el cual a Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono estuvieron preparando planes de contingencia antes inclusive de las directivas de Nixon, el 15 de septiembre.

El embajador Câmara Canto, después de conversar en un almuerzo con generales del Ejército y el presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa Reyes, envió un telegrama al Itamaraty proporcionando mayores detalles sobre el plan, informando:

1.- Los generales dudaban del cumplimiento, por parte de la UP, de los compromisos que fuesen a asumir con la Democracia Cristiana;

2.- Fue sugerido al presidente Frei, por políticos de su partido y algunos militares, la reforma inmediata del ministerio, con la integración de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que daría cierto respaldo a los congresistas demócrata-cristianos para que el plenario del Congreso voten a favor de Jorge Alessandri;

3.- La no elección del senador Allende provocaría de inmediato una fuerte reacción de sus partidarios, lo que llevaría al gobierno a declarar el estado de sitio;

4.- En esta situación, y después de la renuncia de Alessandri, el gobierno convocaría a nuevas elecciones;

5.- En caso de que dejasen a Allende asumir pacíficamente el poder, juzgaban estos militares, con quien Câmara Canto había almorzado, que más temprano o más tarde tendrían que tomar “alguna actitud drástica”;

6.- El presidente Frei, sin embargo, estaría resistiéndose a promover la reforma ministerial e integrar a los militares en el gobierno.

Después del almuerzo, el presidente del Partido Nacional abordó al embajador Câmara Canto y le pidió que sugiriese al gobierno brasileño que manifestase al presidente Frei que estaba indeciso en promover la reforma ministerial, indicando “su preocupación con la instauración en el continente de un régimen marxista”, de modo a animarlo a impeler el golpe de Estado. Câmara Canto, sin embargo, respondió negativamente a la sugerencia de Sergio Onofre Jarpa, “declarando que sólo él lo haría si recibiese espontáneamente instrucciones en este sentido”.

Algunos ministros, principalmente el de Hacienda y Economía, Andrés Zaldívar, y el del Interior, Patricio Rojas Saavedra, procuraban incentivar al presidente Frei a tomar alguna iniciativa con relación a la “necesidad imperiosa” de impedir la “entronización del comunismo en Chile”. Frei había tenido una larga entrevista con el general Schneider, a puertas cerradas, con el objetivo de sondearlo respecto de una posible acción extra-constitucional “con los fines ya indicados”.

De acuerdo con la información enviada al Palacio San Martín (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) por el embajador de Argentina en Santiago, Javier T. Gallac, el senador Julio Durán, del Partido Radical (facción de derecha) le confidenció que Frei “había querido vencer los escrúpulo legalistas del general Schneider alentando una solución de fuerza”. Y al senador André Monteîl, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Francia, Frei le dijo que Allende sería sometido por los comunistas y que la “única manera de impedirles el acceso al poder sería por medios fuera de la Constitución”.

Así, “mientras continuaban los sondeos y las vacilaciones del señor Frei”, el general (r) Roberto Viaux se reunió con el general Joaquín García, de la FACh, almirante Hugo Tirado, y el general Vicente Huerta, director-general de los Carabineros, con los cuales trató de planificar el golpe de Estado, pero sabiendo que la “incógnita” era el general Schneider.

Harold Hendrix, representante de la ITT en Chile dictó por teléfono un memorandum para el vice-presidente ejecutivo de la corporación, Edward J. Gerrity, observando que era “significant” que ninguna acción había sido tomada contra Viaux, pero hasta entonces no había mostrado “abierta inclinación” para apoyarlo.

El embajador Korry también había explorado la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas; sin embargo, parecía dubitativo, dado que no podía neutralizar al general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, con sólida formación legalista, que se oponía a cualquier iniciativa ilegal contraria a la Constitución. Según la CIA, había un impasse: por un lado, Frei esperaba que los militares tomasen la iniciativa de intervenir, por el otro, los “constitucionalistas” militares esperaban que él diese la orden para rematar el golpe de Estado.

Realmente, según la declaración de Viaux a la periodista Florencia Varas, Guillermo Carey Tagle, abogado de la Kennecott Copper, le comunicó que el presidente Frei deseaba que se diese el golpe de Estado, entregando el gobierno a una Junta Militar que lo exilaría, con la condición de que no se supiese de su participación. “En otras palabras” – Viaux comentó – “Frei cuidaba su imagen como demócrata a toda costa, para así tener la posibilidad de llegar nuevamente a la primera magistratura”.

El temor de que un golpe de Estado o que la no ratificación de la elección de Allende por el Plenario del Congreso desencadenase la guerra civil era, sin embargo, lo que inhibía a gran parte de la oficialidad. No había apoyo popular para ninguna de estas iniciativas. El propio contra-almirante José Toribio Merino, contrario a la UP y entonces director general de los Servicios de la Armada, admitió que “cualquier tipo de acción que pretendiera la derecha para que no asumiera Allende habría sido una locura que habría terminado en una guerra civil”, y explicó que la Marina quería evitar una situación dramática, porque “la tropa y mucha gente del pueblo estaba con Allende”. Cuando se supo de la victoria de la UP, en la mayoría de los cuarteles y regimientos, se oyó gritar a la tropa: “¡Viva el compañero Allende!”.

El MIR y un fuerte sector del PS, que trataban de reclutar adeptos dentro de las Fuerzas Armadas, no creían en la “vía chilena”, en la vía legal, defendida por la UP para la implantación del socialismo. El 17 de septiembre, el MIR, empeñado en la estrategia insurreccional, aunque cesasen las ocupaciones de fundos y acciones armadas para no perjudicar a la UP, emitió un comunicado declarando que la elección de Allende había creado un impasse entre los trabajadores y los latifundistas y empresarios, que solamente sería resuelto a través de la confrontación entre los pobres de las ciudades y de los campos y los poseedores de riqueza y poder.

La confrontación, agregó, había sido entonces dejada de lado; sin embargo, más temprano o más tarde estallaría la violencia. El MIR entendía que había factores en la crisis de Chile que pronosticaban una situación revolucionaria, que si no fuese asumida en su plenitud llevaría el proceso a derivar hacia la contra-revolución. La tesis postulada sobre el enfrentamiento inevitable entre el pueblo y las clases dominantes, postulada por el MIR antes del 4 de septiembre, fue reafirmada en su análisis sobre los resultados electorales.

La investidura de Allende como presidente de Chile dependía de un entendimiento con el PDC, de modo que pudiese obtener el quorum necesario en la ratificación de su victoria por el Plenario del Congreso. Y él tuvo que negociar con este partido un Estatuto de Garantías Democráticas con el compromiso de transformar su texto en reforma constitucional, consolidando el Estado de Derecho, reafirmando el carácter profesional e independiente de las Fuerzas Armadas, regulando la propiedad de los medios de comunicación y asegurando la libertad de opinión, prensa, así como de enseñanza, la inviolabilidad de la correspondencia, el respeto a la pluralidad sindical y a la autonomía de las universidades, así como la obligación de indemnizar las expropiaciones previstas en el programa de la UP. El ministro de la Hacienda y Economía, Andrés Zaldívar, y tras él Frei, hizo todo lo posible para sabotear las conversaciones del PDC con Allende.

También hubo resistencia por parte de algunos sectores del PS y del MAPU. Sin los votos de los diputados y senadores democratacristianos, el Plenario del Congreso no ratificaría la victoria electoral de Allende que terminó por firmar el Estatuto de Garantías Democráticas el 8 de octubre de 1970. Después declaró a Regis Debray que no era correcto hablar de negociación, porque no había renunciado a una línea del programa de la UP y aceptó las condiciones del PDC por “necesidad táctica”.

El embajador de Brasil, Antônio de la Câmara Canto, informó al Itamaraty que la redacción del Estatuto de Garantías Democráticas, exigido por el PDC para votar a Allende en el Plenario del Congreso el 24 de octubre, presentó mucho menos dificultad de lo que se preveía. Él también había recibido la información de que la Democracia Cristiana había dirigido a la UP otro texto, de carácter secreto, reclamando soluciones concretas para cuestiones específicas, pero había sido recusado por contener “exigencias humillantes”. De cualquier forma, la proclamación de Allende como presidente por el Plenario del Congreso fue acertada, después que la Cámara de Diputados, el 15 de octubre, aprobó por 94 votos a favor y 16 abstenciones (del Partido Nacional) el Estatuto de Garantías Democráticas, pactado entre la Democracia Cristiana y la UP.

La investidura del senador Salvador Allende en la presidencia de Chile ya se vislumbraba pacífica. El propósito de parte de una facción militar de tomar una actitud, a fin de evitarla, no tuvo éxito. Según lo que el embajador Câmara Canto trasmitió al Itamaraty, después de conversar cerca de nueve horas con catorce oficiales superiores del Ejército y dos generales de los Carabineros, sus compañeros en la afición a la hípica, la articulación de un golpe de Estado no avanzó por falta de un líder y de la poca familiaridad que tenían entre sí los oficiales generales, dado que la promoción de René Schneider, de coronel al puesto de general de cuatro estrellas, en octubre de 1969, obligó a los que estaban en actividad a pasar a la reserva. “La renovación de los comandos impidió cualquier acción preventiva”, comentó Câmara Canto, aduciendo que, más allá de tales factores, los oficiales chilenos también se acobardaron totalmente, en virtud del fracaso del golpe militar en Bolivia, llevado a cabo por el general Rogelio Miranda y frustrado por una huelga general de la Central Obrera Boliviana (COB), que impulsó un contragolpe de izquierda y llevó al general Juan José Torres al poder, el 7 de octubre de 1970.

Las autoridades estaban atajando los atentados terroristas, “de modo discreto pero eficiente”, y fueron detenidos varios sospechosos, entre los cuales estaba el mayor (r) del Ejército Arturo Marshall Machese, buscado por la policía hacía más de un año por su participación en el complot del general (r) Horacio Gamboa. Marshall, encargado de eliminar a Salvador Allende, era hombre de confianza de Viaux, resistió a la prisión y salió herido después de ocho horas de cerco.

El golpe de Estado, con la intención de evitar que el Plenario del Congreso se reuniese el día 24, había sido programado para el día 21-22 de octubre. Los agentes de la CIA en la estación en Santiago entendían que era aún prematuro deflagrarlo. El obstáculo era el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider. Él era contrario a cualquier iniciativa extralegal para bloquear la investidura de Allende en la presidencia de Chile, y su remoción constituía el primer paso para el golpe de Estado. Por esto, el general Viaux, junto con Patria y Libertad y respaldado por la CIA, había planeado su secuestro. Todo indicó, sin embargo, que el propósito consistía en asesinarlo y acusar a la izquierda, para provocar la intervención de las Fuerzas Armadas, evitando así la reunión del Congreso, marcada para el 24 de octubre. Con esta perspectiva, en la noche del 18 de octubre, el grupo del general Camilo Valenzuela, que también consideraba necesaria la remoción del general Schneider, solicitó a la estación de la CIA en Santiago, ocho o diez granadas de gas lacrimógeno y ametralladoras calibre 45 (“grease guns”), y la CIA comunicó la demanda al cuartel general en Langley.

Al día siguiente, el 19 de octubre, otro grupo de hombres, vinculados al general Viaux, con armas también proporcionadas por la CIA, intentó secuestrar al general Schneider, cuando salía de una cena, pero no lo consiguió, porque él se fue en su vehículo particular y no en el automóvil oficial, previsto por los hombres de Viaux. La segunda tentativa ocurrió al día siguiente e igualmente falló. Pero, el día 22, a las 8:00, el automóvil oficial del general Schneider fue bloqueado por varios vehículos. Una banda de jóvenes, usando ametralladoras que la CIA había enviado para Santiago por valija diplomática, destrozó los vidrios traseros y de la puerta lateral para secuestrarlo. El general Schneider intentó sacar su revólver y fue baleado por los asaltantes que huyeron enseguida. Fue llevado al Hospital Militar por el cabo Leopoldo Mauna Morales, chofer del automóvil.

Viaux alegó más tarde que la orden era apenas apresarlo, tratándolo “con la máxima deferencia y consideración y que en caso alguno podrían agredirlo o maltratarlo, debiendo, en caso extremo, hacer uso de gas lacrimógeno”. Pero el hecho fue que él y los demás conspiradores, entre los cuales Arturo Queirolo y el general (r) Héctor Martínez Amaro, esperaban que se produjese una conmoción nacional y ocurriesen violentes choques en las calles entre militantes de izquierda y los Carabineros, cuyo comandante, general Vicente Huerta, estaba en combinación y enviaría a las fuerzas para reprimirlos, lo que forzaría al Ejército a intervenir. Los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, implicados en el complot, emitirían, entonces, una declaración pública, exigiendo que Frei le entregase el gobierno a un gabinete militar. El almirante Hugo Tirado Barros asumiría la jefatura del Estado y nombraría al general (r) Roberto Viaux ministro de Defensa y al general Camilo Valenzuela, ministro del Interior. Frei sería enviado fuera de Chile.

*Fuente: «Piensachile» tomado de «Interferencia»

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