Dos integrantes de la coalición consultaron al gobierno sobre la evaluación política que entienden existe sobre el acto programado para el 14 de abril, en recuperación de la conmemoración de los “caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad” ese día de 1972. La consulta fue hecha en tono positivo y procura conocer criterios de viabilidad política de responder a los organizadores, nucleados en el flamante Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, ya sea con una señal de anuencia al acto o con la anulación del decreto de 2006, que anuló el carácter oficial del acto.
La consulta argumentó el notorio peso de al menos dos de las siete organizaciones convocantes, el Centro Militar y el Círculo Militar, y se preguntó si había una evaluación de la gravitación específica de esto en la actual situación, y por qué se consideraba que no había entre los convocantes una organización representativa de la policía. Entendieron que el gobierno habría ya evaluado, o podría hacerlo, por ejemplo, a través de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, la situación anímica predominante en estas fuerzas, y también la medida de las reacciones de este avance político en la opinión pública. Quienes consultaron lo hicieron a título personal, y no en representación de su fuerza política.
Sus reclamos son básicamente cuatro –aunque se proyecten hacia un objetivo político mayor: la reparación a familiares de víctimas de la guerrilla, que los “presos políticos” alojados en Domingo Arena pasen a prisión domiciliaria, retirar la reparación de la que gozan ex presos políticos de la época dictatorial y promover una visión sobre los derechos humanos “alternativa a la hegemónica”. 
En la conversación, se mencionó el historial de este reclamo en la actual gestión de gobierno, empezando por la carta que le enviara el ex diputado colorado Daniel García Pintos (única figura política que se identificó con una posición claramente de derecha desde la recuperación democrática) al presidente Lacalle en mayo 2021, reiterando su pedido histórico de que “el Estado uruguayo debe volver al acto oficial, que es lo que corresponde” –el acto fue anulado por decreto por el presidente Tabaré Vázquez en 2006 tras que uno anterior del presidente Julio María Sanguinetti le cambiara el nombre al firmado en 1972 por el entonces dictador Juan María Bordaberry.
A esto se agrega la reunión mantenida por los familiares de víctimas de la guerrilla con el presidente Luis Lacalle Pou en febrero, señales políticas como la habilitación al público de la visita a la ex cárcel del pueblo del MLN, y los movimientos del ex edil de la lista 15 Daniel Villamil, quien pidió por carta al secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti que solicite al presidente Lacalle Pou la reinstauración en forma oficial del “Día de los caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas”, el nombre que le dio al homenaje el decreto del gobierno de Sanguinetti en 1985.
A esto se agrega la intención declarada por la vicepresidenta Beatriz Argimón al actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, INDDHH, Juan Faroppa, de reformar la ley que creó la institución INDDHH, y la declaración –concurrente o no– con la declaración de la nueva asociación Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, de que “esperan con ansias el cambio de autoridades de la INDDHH”, que debería ocurrir en setiembre. Los cinco nuevos directores deberán surgir del voto de la mayoría de la Asamblea General. Por la actual conformación del Parlamento, ellos confían en que habrá “un cambio de signo”.
Quienes consultaron al gobierno están interesados en saber si habrá algún gesto de anuencia de parte del gobierno hacia el acto, y si éste llegará a seguir la línea de reinstaurar el decreto del primer gobierno de Sanguinetti. Ambas señales serían, en distinto grado, la institucionalización de la teoría de los dos demonios. Habría oposición a esta lectura (pero no se sabe cuán firme) en Ejército, reflejadas en el nuevo plan de estudios en elaboración. Allí se promueve que hubo un único demonio, corporizado por la guerrilla. Pero, por otra parte, se estaría atacando con esas señales el prevalente universo de ideas que hoy condicionan posiciones políticas y sociales, gestada en el batllismo y luego absorbida por la izquierda. Cualquiera de las dos medidas –la anuencia al acto o el rescate del decreto anulado en 2006–, al ser de gran peso político, serían parte de la disputa cultural que este gobierno tiene planteada con franqueza.
Por Ariosto Hernández
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