Se pronuncia el sexto socio de la coalición

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La calificadora de riesgo Fitch Ratings cuestionó a Cabildo Abierto y al Partido Colorado por haber frenado la desmonopolización de combustibles, en un informe desde Nueva York del 4 de abril, pero ve perspectivas positivas, aunque no seguras, para que Lacalle Pou pueda llevar adelante su plan económico. Que es el del herrerismo, pues –aunque haya quejas de Cabildo– no hay otro plan a la vista. El estrecho triunfo oficialista en el referéndum del 27 de marzo, afirma, “puede catalizar la agenda económica con la que se ha casado (sic) la administración Lacalle desde que asumió hace dos años. Esto, porque mantuvo el apoyo ciudadano desde que asumió, en parte por su buen manejo de la pandemia, pero queda por ver hasta dónde puede capitalizar esto en el avance de sus reformas económicas”.

Con estas consideraciones y lenguaje que lo muestra más como partícipe del gobierno que como observador, Fitch, una de las tres mayores calificadores de riesgo crediticio del mundo, le mantiene al Uruguay la calificación BBB, que significa “estable”, con lo que reafirma un criterio que dio a conocer en diciembre pasado, oportunamente al inicio de la campaña por el referendum. A su criterio, la LUC tiene una importancia mas simbólica que consecuencias políticas directas, y produjo algunos cambios institucionales, como una nueva regla fiscal y un marco de referencia para fijar el precio de los combustibles, que el gobierno podría haber mantenido en vigencia”. O sea, aumentar la nafta pese a coincidir con la campaña del referéndum. Fitch considera que esto se hizo a costa de una gran carga fiscal sobre ANCAP. La LUC “no hizo por sí misma grandes reformas económicas”.

Fitch se refiere con certeza a lo que el gobierno piensa hacer: “espera usar su capital político para concretar reformas en la segunda mitad de su mandato. Esto incluye intervenir en asuntos claves para la competitividad: altos costos de la energía, insatisfactorios resultados educativos, rigideces del mercado laboral y estrecha abertura al comercio internacional. Una prioridad post referéndum será la reforma de la seguridad social, que es clave para la sustentación fiscal a largo plazo”.

La página web de Presidencia incluye parte de este informe, destacando el mantenimiento de la calificación crediticia en BBB y excluyendo toda referencia a posiciones discrepantes en la coalición de gobierno. “La agenda de la administración ha hecho hasta ahora un progreso limitado, dice Fitch en el tramo excluido, en parte debido a diversidades ideológicas en el seno de la coalición” que ganó las elecciones. Entre ellas menciona la no desmonopolización de Ancap, y el veto que fue necesario al proyecto de limitación de la industria forestal de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.

Fitch recomienda algunas medidas: “Un más sustancial progreso en reformas estructurales podría ser importante para levantar el crecimiento, potencialmente débil, que el nuevo Consejo Fiscal estima en 2,1%. La inversión, según el PBI, llegó a 18,4% de un bajo 14,9% en 2019, empujado por la construcción de la planta de celulosa de UPM (el mayor proyecto de inversión jamás del Uruguay), pero sigue siendo relativamente baja para calificaciones regionales y países comparables.

“En sus dos primeros años de gestión, el gobierno ha hecho progresos significativos en la consolidación fiscal, reflejando objetivos precisos en las medidas contra la pandemia, ingresos resilientes y aumentos salariales bajo la inflación y beneficios de seguridad social indexados. El gobierno promete una recuperación salarial real que podría erosionar parte de estos ahorros, pero su fuerte posición política podría ayudarle a navegar esta negociación en forma prudente.”

El informe público de Fitch no es contradictorio con las definiciones del planteo del Poder Ejecutivo que hace Daniel Olesker, aunque el lenguaje sea muy otro. El gobierno pretende “un proceso de reestructura de la economía uruguaya, tendiendo a fortalecer los sectores empresariales y a reducir el papel del Estado como generador de procesos redistributivos de la riqueza”. Sus instrumentos son  “las reformas estructurales a través de la ley de urgente consideración (solo su inicio, según Fitch), los cambios en el Estado a través del Presupuesto, y los cambios en la distribución de riqueza a través de la política salarial.

Los instrumentos de la acción gubernamental son: reducción estratégica del Estado, concentración del ingreso (fortaleciendo  la ganancia del capital y aumentar su participación en la riqueza nacional, proceso que se da en el sector concentrado del capital en sus expresiones inmobiliaria, financiera, productivo-exportadora y comercial importadora), y una apertura liberal e irrestricta, que profundice la apertura del país sin ningún tipo de restricciones. También, retroceder en el camino de la participación social que impulsó el Frente Amplio, y la criminalización de la protesta. Serán otros términos, pero la esencia es la misma.

Por Andrés Alsina
Periodista uruguayo

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