El estallido social de las regiones, que comenzó el pasado 7 de diciembre tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo, no cesa, y tampoco su represión. La ausencia de una causa central de las protestas no proporciona un denominador común que permita que a la rebeldía se le sume una acción política potente. En consecuencia, el gobierno sigue reprimiendo en defensa de los grandes intereses que lo avalan, y las protestas siguen siendo espontáneas, generalizadas particularmente en el sur del país, sacrificadas y testimoniales, pero no un punto de giro de la situación.
La Defensoría del Pueblo contabiliza 67 fallecidos (49 en enfrentamientos, once civiles por el bloqueo de carreteras y siete miembros de las fuerzas del orden en el contexto del conflicto), y 1.785 heridos entre civiles, policías y militares. “Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. La Comisión expresa su firme condena”, expresa el informe de la Comisión Interamericana de Derchos Humanos (CIDH) de la OEA, tras dos visitas al país.
El documento (https://www.oas.org/es/cidh/
A lo largo de sus nueve capítulos, el informe realiza un repaso por los antecedentes históricos del conflicto como la desigualdad y la desconexión entre Lima y las regiones, pone en contexto que desde el 2016 el Perú “atraviesa una crisis institucional que ha debilitado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad del país”, realiza una cronología minuciosa de los ataques de las fuerzas del orden hacia los manifestantes y de la quema de instituciones de parte de los civiles, consigna presuntas violaciones a los derechos humanos que deberán ser precisadas por la justicia, y establece conclusiones y recomendaciones en busca de la justicia y la paz social.
El racismo, esa particularmente abominable expresión de la desigualdad, es el telón de fondo. “En las recientes protestas sociales –dice CIDH– se ha observado una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales, resaltada en los mensajes que reproducen autoridades. Ellos perpetúan la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilización de palabras como terroristas, terrucos, senderistas o indios.” Esta estigmatización, señalan, “crea un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminación hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas originarios del Perú”.
Ante la protesta, “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta”.
Consigna el informe que el Gobierno de Dina Boluarte no ha entregado ningún medio probatorio que confirme su hipótesis de una supuesta infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el único fin de desestabilizar.
Un segundo informe, de Human Rights Watch (HRW), afirma que las fuerzas del orden cometieron ejecuciones extrajudiciales, y el Gobierno de Dina Boluarte fue negligente ante ellas. El informe es titulado Deterioro letal: Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, y documenta, afirma, estos homicidios y lesiones en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad y más (https://www.hrw.org/es/
La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, concluye HRW, hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe también concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía.
“Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles”, agrega.
La Defensoría del Pueblo del Perú registró 1.327 protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023, en las que miles de personas participaron pacíficamente. Sin embargo, también informó de 153 incidentes de violencia en las protestas.
El entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú afirmó que, hasta el 7 de febrero de 2023, la policía no había confiscado armas de fuego a manifestantes en ningún lugar del país. En las más de 37 horas de video y 663 fotografías de protestas que Human Rights Watch revisó no se identificó a ningún manifestante portando armas de fuego.
Ocho videos y cinco fotografías que Human Rights Watch verificó, muestran a miembros de las fuerzas de seguridad disparando cartuchos de gas lacrimógeno de forma horizontal hacia los manifestantes, contraviniendo las normas internas de la policía peruana y las mejores prácticas internacionales sobre el uso de este tipo de proyectiles para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte. En Juliaca, los agentes dispararon gases lacrimógenos a los manifestantes en una zona donde el personal médico estaba atendiendo a los heridos, y también les dispararon desde un helicóptero del ejército. En Lima, tres videos de cámaras de seguridad parecen mostrar a un policía disparando un cartucho de gas lacrimógeno con un arma antidisturbios, directamente y a corta distancia, contra manifestantes. Uno de ellos murió.
Los informes de balística y otras pruebas apuntan a que la policía utilizó perdigones de plomo en algunos lugares, lo que está prohibido por las normas internas de la policía del Perú. Human Rights Watch documentó que la policía ya los había utilizado en Lima en noviembre de 2020.
En total, unas 1.300 personas—entre ellas al menos 39 niños menores de 18 años—fueron atendidas en centros de salud públicos y privados por lesiones recibidas durante las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, según datos del Ministerio de Salud. De ellas, unas 380 eran policías.
El sistema disciplinario de la policía carece de transparencia e independencia. No responsabilizó a quienes cometieron abusos contra manifestantes en 2020. El director de investigaciones de la Inspectoría General de la policía—la oficina de asuntos internos de la policía—dijo a Human Rights Watch que habían abierto investigaciones en relación con las muertes en el contexto de las actuales protestas, pero se negó a proporcionar más detalles. Afirmó que ningún agente de la policía había sido sancionado ni apartado del servicio.
En dos casos de Andahuaylas, los fiscales no organizaron autopsias antes de que los cuerpos fueran enterrados, por lo que estas sólo se hicieron meses después. Más de seis semanas tras las muertes de manifestantes y transeúntes en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca, la Fiscalía aún no había decomisado ningún arma para realizar análisis balísticos, según abogados de las víctimas y una fiscal. En Cusco y Arequipa, los fiscales no solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que hubo personas heridas o muertas, según abogados que representan a las víctimas.}
Los fiscales especializados en derechos humanos en el Perú no tienen peritos forenses asignados a sus casos, sino que solicitan los peritajes a cualquier experto que trabaje para el Ministerio Público en todo tipo de casos. Ello impide que se puedan especializar en investigaciones sobre abusos por las fuerzas de seguridad. En lugar de tratar de mejorar el análisis forense a nivel nacional, el 27 de febrero de 2023 el gerente de la oficina de peritajes de la fiscalía ordenó la suspensión inmediata de los servicios periciales realizados en la capital. Afirmó que la suspensión se debía a “un proceso de reorganización” determinado por sus superiores. La jefa de una fiscalía provincial dijo a Human Rights Watch que, “en la práctica”, la orden suspende los peritajes en las provincias porque no cuentan con un presupuesto suficiente para pagarlos.
En los meses transcurridos desde que Boluarte asumió la presidencia y comenzaron las protestas, se produjeron nuevos escándalos de corrupción que salpican a miembros del Congreso y a la propia presidenta.
Sectores del Congreso parecen moverse rápidamente para debilitar las instituciones democráticas que podrían servir de control a su poder. En 2022, el Congreso sustituyó a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que fue ampliamente criticado por su falta de transparencia y por no garantizar que los candidatos fueran seleccionados con base en el mérito. En febrero de 2023, ese tribunal emitió una resolución de gran alcance que parece otorgar al Congreso una amplia autoridad con supervisión mínima por parte de los tribunales. Basándose en ese fallo, el Congreso ahora está en condiciones de seguir adelante con el proceso de selección de un nuevo defensor del pueblo –una figura crucial para que el gobierno rinda cuentas en materia de derechos humanos– a pesar de las preocupaciones de que los intentos legislativos anteriores para designarlo amenazaban la independencia de esa oficina. Además, el fallo abre la puerta para que el Congreso investigue y destituya a las autoridades electorales del Perú. Algunos sectores del Congreso que denunciaron falsamente fraude electoral tras la elección de Castillo están particularmente interesados en adoptar esa medida.
En general, los gobiernos extranjeros no se han pronunciado de forma enérgica ni coherente, ni han tomado medidas para defender los derechos humanos durante la actual crisis en el Perú. Durante meses, Estados Unidos y Canadá no denunciaron las muertes y otros abusos graves cometidos por las fuerzas del Estado.
Mientras tanto, Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México han defendido a Castillo y hecho caso omiso de su intento de disolver el Congreso y hacerse con el poder judicial. Pocos gobiernos parecen haber prestado atención a las nuevas amenazas a las instituciones democráticas, incluidas las autoridades electorales, que se originan en el Congreso.
Por Marcela Brun
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