Yanomanis, Mapuches y Charrúas
(La guerra interminable y la revictimización de las etnias)

“Ha llegado el momento de hacer
por los hombres algo más que amarlos”
Francisco Paco Espínola

En febrero de este año concurrí a la hermosa sala del Centro Cultural Terminal Goes para ver una obra de teatro documental, “Figueiredo”, sobre los documentos que el fiscal Jader de Figueiredo Correia había recopilado, en 1967, sobre las distintas arbitrariedades y barbaridades que se habían cometido contra las comunidades indígenas del Brasil entre 1940 y 1960.

El “Informe Figueiredo” fue un encargo del ministro del Interior después de la asunción del gobierno del general Artur da Costa e Silva (Afonso Augusto de Albuquerque Lima) y generó una ola de indignación internacional al revelar los crímenes contra la población indígena de Brasil a manos de poderosos terratenientes y el propio Servicio de Protección Indígena (SPI) del gobierno.

Figueiredo inició a comienzos de 1967 un viaje de 14.000 kilómetros por el interior de su inmenso país, visitando 18 estados y contactando con 130 puestos indígenas.

El documento, de 7.000 páginas, fue recopilado por el fiscal Jader de Figueiredo Correia, y detallaba los abusos a los derechos humanos de las comunidades indígenas, los asesinatos en masa, las torturas, la esclavitud, la guerra bacteriológica, los abusos sexuales y el robo de tierras contra la población indígena de Brasil.

Entre las atrocidades se incluye el bombardeo de al menos una comunidad indígena, el dejar caer regalos para niños y niñas contaminados con gripe, sarampión y viruela, el envenenamiento de cientos de indígenas con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el “tronco” o el tormento del “pau de arará”.

El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss ya había denunciado en su obra “Tristes Trópicos” (1955) prácticas criminales al servicio de intereses especuladores, los “grao fino” de la sociedad brasileña de 1930. De los hospitales, por ejemplo, se recolectaba ropa de enfermos infectados por la viruela. Estas prendas envenenadas eran después donadas a tribus o abandonadas, en forma de presentes, en los caminos frecuentados por los indígenas. Se buscaba una mortandad inmediata y devastadora. Strauss también recoge que los mismos que toleraban y hasta fomentaban estas prácticas mantenían una doctrina oficial de lamento y escándalo por las matanzas perpetradas por los exploradores europeos del XVI en su país.

El escritor Norman Lewis (1908-2003) redactó, en 1969, para “The Sunday Times”, un largo reportaje en el que reflejaba sus experiencias viajeras por América del Sur contrastándolas con las conclusiones del informe Figueiredo al que consideraba verídico hasta en sus últimos detalles. Dice: “de Guatemala a Paraguay y de Bolivia a la cuenca amazónica las sectas evangelistas norteamericanas actuaban con inmunidad y letal eficacia. Arrastrados por un celo fanático e ignorante y en connivencia en muchas ocasiones con intereses económicos y estratégicos por completo ajenos a las sociedades indígenas, los misioneros lograban en tiempo récord la aculturación de los nativos, paso previo a una desorientación vital y a una apatía generalizadas, lo que, más temprano que tarde, desembocaba en patologías que segaban la vida de sociedades enteras”.

He señalado, en cuanto a la novela “El Hablador”, de Vargas Llosa, aunque eso sucede en la parte amazónica del Perú, que en esa obra se corrobora tal aserto, y además he dicho que esa práctica de aculturación benefició a empresas concretas que, muchas veces, tenían intereses económicos foráneos, principalmente estadounidenses. Los misioneros evangélicos trajeron la sumisión y la aceptación pasiva al capital y a su ideología política intrínseca. Fueron avanzando lentamente, poblado a poblado, pero hoy, con los fríos datos de la realidad, lo vemos en toda su dimensión continental.

Todo esto viene a colación porque, en especial, en los últimos años, durante el gobierno de Bolsonaro, hubo una apropiación de tierras protegidas, especialmente de los yanomamis que suman alrededor de treinta mil individuos, los cuales viven en 371 comunidades, en una reserva que está ubicada en el estado de Roraima, al noroeste de Brasil, fronterizo con Venezuela. Tiene una extensión de más de 96 mil kilómetros cuadrados.

Pero además porque la minería ilegal ha contaminado 20 mil ríos y afluentes (entre otros elementos químicos con mercurio, que se utiliza para la extracción del oro) y ha provocado una crisis humanitaria y sanitaria de la comunidad yanomami e incluso, como parte de la violencia que impera en el territorio, se constató la violación más o menos reciente de treinta mujeres por parte de mineros ilegales.

Se ha constatado la muerte de 570 niños por causas evitables, desnutrición en primera infancia, adopciones ilegales, abuso sexual y explotación infantil, no atención o fallos en su atención a mujeres embarazadas (según se desprende de RT/COMCOSUR MUJER Nº 750, 13.02.2023).

Llegó Lula y mandó parar

Pero en eso vino un nuevo gobierno y de inmediato tomó cartas en el asunto. Designó a Sonia Guajajara, líder indígena formada en Letras y Enfermería, y especialista en Educación especial por la Universidad Estatal de Maranhão, como ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil. Ella ha manifestado que los integrantes de la comunidad yanomami “no tienen agua para beber, agua limpia” y “las condiciones sanitarias y de higiene son totalmente precarias”.

En ese sentido, el plan del gobierno consiste en expulsar a los “garimpeiros” y la destrucción de 200 campamentos ilegales que actuaban en las zonas protegidas (en esas acciones se incautaron 84 embarcaciones, dos aeronaves, miles de litros de combustible, generadores de energía, armas y municiones y, por supuesto, mercurio). (“La Diaria”, 15.03.23). Los coordinadores de 34 distritos indígenas fueron reemplazados por mala gestión y falta de asistencia. Cien niños de entre 1 y 4 años murieron por desnutrición, neumonías y diarrea debido a la contaminación de ríos debido a la minería ilegal.

También designó a Ricardo Weibe Tapeba, activista, abogado y líder comunitario de los pueblos indígenas de Ceará como secretario de Salud Indígena de Brasil. Fue el primer indígena en ser elegido concejal del municipio Caucaia, en Ceará (2016).

El Secretario de Salud ha dicho que la mejora de los indígenas “depende de que los mineros se vayan” del territorio. Se ha declarado el estado de emergencia de salud pública en la reserva de Homxi, debido a la situación crítica en que se encontraba esa comunidad por el impacto de la malaria, la desnutrición severa y la contaminación de sus fuentes de agua y alimentos, y de inmediato se enviaron médicos y canastas de comida. Se anunció  la próxima construcción de una nueva unidad de salud en el territorio indígena yanomami, mientras se instaló una carpa militar para atender a la población.

Hace pocos días, Lula dijo que había que “legalizar con rapidez las tierras indígenas que están en proceso de demarcación”, y tras las acciones contra la minería ilegal fueron bloqueados casi cinco millones y medio de dólares de cuentas bancarias de sospechosos. Otra investigación fue abierta para indagar si se cometió genocidio contra el pueblo yanomami.

A la vez destinó 640 millones de reales para atender y proteger a la población indígena, con la regularización, demarcación y fiscalización de Tierras Indígenas y Protección de Pueblos Indígenas Isolados”, de manera de otorgar créditos extra que asegure, también, una fiscalización ambiental. Además se agregan 146 millones de reales para reforzar la Funai (Fundación Nacional del Indio), con el objetivo que pueda actuar en el terreno mismo.

Además de ello se realizará una inversión de 12,3 millones de reales (2,2 millones de euros) para materiales y equipos para la construcción de molinos en dichas comunidades.

“Hoy tengo la alegría de firmar la homologación de seis territorios indígenas. La lucha por la demarcación de los pueblos indígenas es una lucha por el respeto, derechos y protección de nuestra naturaleza y país”, dijo Lula (La Diaria, 29.04.2023).

Aún hay ocho territorios que esperan ratificación como espacio protegido.

Los yanomamis en Venezuela

Los veinte mil yanomamis que viven en la selva amazónica de lado venezolano, denuncian la poca disponibilidad de alimento y las deficientes condiciones de salud. Pero de hecho los yanomamis son un único pueblo, y pasan de un lado al otro de la frontera que, en la selva, no está demarcada.

“En Venezuela hay desnutrición en ciertas zonas. Los yanomami antes vivían en comunidades chiquitas que se mudaban cada año. Abrían su “conuco” (parcela pequeña de tierra o huerta destinada al cultivo), no eran grandes agricultores, eran más cazadores y recolectores, pero sí tenían algunos cultivos, como la yuca. Pero luego llegaron los misioneros y hubo presencia estatal. Entonces, los indígenas empezaron a vivir más cerca de los ríos donde estaban las misiones que les daban alimentos, fueron creciendo sus poblaciones y haciéndose más sedentarios”, comentó Aimé Tillett, estudioso de la minería en la Amazonia venezolana. Además, sostiene, cada vez había menos zonas para abrir “conucos”, la tierra era más pobre, la cacería se fue agotando y tenían que ir más lejos para encontrar animales. Estos factores fueron generando una situación de crisis alimentaria. “Empezaron a hacerse más dependientes de los alimentos industrializados. Esto pasó en el Parque Nacional Parima Tapirapecó”, agrega.

La malaria también es un problema en el lado venezolano de la frontera. “En 2016 hubo una epidemia con más de un millón de casos. Venezuela antes tenía bajo control dicha enfermedad. Siempre hubo malaria, pero se le salió de control (al gobierno). Venezuela está aportando la mitad de casos en Suramérica”, aseguró Tillett, que también destacó que el sarampión los afectó y causó más de 100 muertes. Otra de las preocupaciones del experto es que hay un foco de tuberculosis que viene en crecimiento entre los yanomami, poniendo en riesgo a los integrantes de este pueblo que viven en aislamiento voluntario.

La minería es ilegal en el estado Amazonas en Venezuela desde la década de los noventa, pero esto no ha sido un obstáculo para la operación minera o el flujo de insumos y minerales que son transportados en pistas aéreas ilegales en una frontera que no es visible ni demarcable salvo en los planos.

Chile: de la resistencia a la pauperización de los mapuches

La “gente de la tierra”, los mapuches, han resistido desde la época de la conquista española, han resistido durante la colonia, expulsándolos a los castellanos de su territorio y mucho después, después de la Guerra de Arauco, que se prolongó durante la primera mitad del siglo XVII, con la integración de la Araucanía al territorio chileno (1882) se los fue empujando hacia el sur, tanto de un lado y otro de la cordillera que separa Chile y Argentina. Los mapuches fueron confinados en territorios delimitados por el Estado, cerrándose el tránsito entre Chile y las pampas argentinas y obligándolos de esta manera a convertirse en un pueblo campesino y a habitar tierras de mala calidad entre la zona costera y la precordillera andina. A su vez, la creación de grandes latifundios sobre las que se consideraban como “tierras baldías” por el Estado, creó una desigualdad en cuanto a la tierra y a su producción, y resultó en una disminución real de su territorio ancestral cercano al 95%. A consecuencia de este estado de cosas, la mitad de los mapuches chileno, alrededor de medio millón, viven en las ciudades y el resto en distintas reservas indígenas, en una política de división y cohesión social y avance sobre las riquezas del suelo.

Durante los gobiernos de Frei y sobre todo de Allende, se realizó la devolución del territorio llamado Wallmapu (70 mil hectáreas), que había sido invadido por el gobierno chileno después de la pacificación de la Araucanía. Durante la dictadura el Decreto 2.568 prohibió el uso comunal de la tierra, y permitía hasta seis hectáreas para cada persona, violentando la costumbre mapuche de la propiedad colectiva de la tierra. Se autorizó la creación de una serie de represas en el territorio mapuche para generar electricidad, que resultó en la inundación de 500 hectáreas de tierra y el desplazamiento de 75 personas, afectó negativamente la calidad del agua y a la pesca y a los pescadores. El dictador Pinochet, favoreciendo las inversiones de las empresas madereras hizo una ley que permitía la venta de tierras (Decreto Ley 701), favoreciendo los subsidios a las plantaciones de árboles en tierras mapuches que anteriormente habían sido convertidas en terrenos privados.

Posteriormente a Pinochet, se creó la Ley 19.253, llamada Ley Indígena (1993), reconoció a las personas indígenas y estableció una agencia encargada del desarrollo indígena que tiene herramientas legales para asegurar la protección de sus derechos (CONADI). Junto a eso, se estableció también  un fondo para devolver el territorio a los mapuches y fomentar el desarrollo económico. No se puede separar el multiculturalismo de las políticas económicas del Estado, y la industria de la forestación y la celulosa ha producido la destrucción de bosques nativos, disminución de la biodiversidad, reducción de agua de fuentes de agua superficial y subterráneas, problemas de salud, contaminación de agua y degradación del suelo.

Por supuesto que la resistencia de esta etnia ha tomado algunos cauces violentos, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RA) o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) porque las negociaciones no han dado resultado. Se argumenta que los mapuches están en conflicto directo con el Estado porque los intereses económicos que influyen al estado siempre son priorizados en vez de las demandas mapuches, por eso se movilizan por la recuperación de sus tierras ancestrales, la autodefensa comunitaria de tierras recuperadas que resiste a la policía y acciones destructivas contra corporaciones forestales. La respuesta desde el Estado fue utilizar la Ley Antiterrorista de Pinochet (Ley 18.314), donde las personas acusadas son detenidas por tiempo indefinido y autoriza una pena de cárcel.

El ex presidente Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (CVHNT). Se reconoció el daño a la economía y la cultura y criticó la ocupación de las tierras y la criminalización de la protesta y el activismo mapuches. Pero eso pareció ser letra muerta, formalmente Chile aún no ha reconocido a los pueblos indígenas.

El nuevo gobierno de Gabriel Boric se trasladó, a principios de año, hasta el territorio de los mapuches y entabló conversaciones que no llegaron a ningún puerto. Además, con la violencia y los atentados a la propiedad que han habido en los últimos meses (cortes de caminos, quema de camiones, tomas de propiedades de un lado, o disparos de encapuchados y operativos policiales del otro), en el propio seno de la coalición de gobierno hay dudas sobre la militarización que se ha dispuesto. Al querer restablecer el orden público en la zona, se criminaliza la protesta, se encarcela líderes indígenas y se sigue perpetuando, por la vía de los hechos, la apropiación de los privados de sus territorios, entre ellos grandes empresas madereras. Al parecer habría dos corrientes distintas entre los mapuches, una vía rupturista que busca la autodeterminación y el control y la autonomía territorial, y otra que pretende una vía gradualista que, para conseguir la autonomía, ocupa los espacios institucionales.

A pesar de ello se ha creado el Ministerio de Pueblos Indígenas, con la creación de recursos para la devolución de tierras y el financiamiento de obras públicas. También representantes del pueblo mapuche participan en las Naciones Unidas.

La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, fue creada para resolver el conflicto entre el pueblo mapuche, el Estado y las empresas forestales (que desde el siglo XIX explotan tierras ancestrales de las comunidades mapuches en el sur de Chile). En ese sentido, el presidente actual, Gabriel Boric, manifestó la “convicción de que a través del diálogo social amplio y de los acuerdos se sienten las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto…”.

Otro elemento es que el Salar de Maricunga (Paiote), la segunda reserva de litio después del Salar

de Atacama, está bajo el control de la Sociedad Química y Minera de Chile (Sama), conformada por la Minera Salar Blanco, Simco Spa y la estatal Codelco, además de Albermale Chile, que es una filial de la estadounidense Albermale Corporation, y se ubica en territorio de la comunidad indígena colla. De hecho hay en el norte de chile 60 salares y 20 con capacidad de ser explotados.

La extracción del litio que, como sabemos afecta los niveles freáticos en ecosistemas frágiles, se utiliza como un elemento energético, en el almacenamiento de energía, en la fabricación de baterías y tecnología termosolar, en la eficiencia energética y en la producción de energía (reactores). Bolivia, Argentina y Chile, en ese orden, poseen el 68% de las reservas mundiales de litio.

La jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general Laura Richardson, se refirió a estos recursos como de prioridad estratégica: las “tierras raras, litio, petróleo, oro y agua dulce”: están en la mira del Gobierno estadounidense.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de reservas de litio, Argentina, más de 19 millones de toneladas, y Chile casi 10 millones de toneladas.

El río se ha transformado en Santiago Maldonado

En Argentina, mientras tanto, los mapuches se instalan en la Pampa, hacia el 1820, aunque al parecer hay registros más anteriores. Se calcula que son cerca de cien mil personas, habitando en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, aunque muchos han migrado hacia las ciudades.

Una de las teorías, diríamos “negacionista”, dice que como los mapuches vinieron del otro lado de la Cordillera, de Chile, no son argentinos, pero al parecer hay evidencia de su presencia mucho antes de que se formaran las naciones y obviamente se delimitaran las fronteras. De todas formas, su situación no es mucho mejor que la que tienen allende la cordillera.

La lengua mapuche, el mapudungun, es una lengua aislada, una lengua no clasificada. Existen 6 vocales, 20 y 22 consonantes y entre 26 y 28 fonemas, y no fue escrita hasta que el jesuita Luis de Valdivia, en 1606, hizo la primera gramática.

En Argentina coexiste la lengua mapundungun con el castellano y funcionan escuelas interculturales y en Neuquén, por ejemplo, son bilingües.

La guerra contra los mapuches, ranqueles y tehuelches conocida como la “Conquista del Desierto”, entre 1878 y 1879, cruel e injusta, hizo que millones de hectáreas de la Pampa fueron adjudicadas a precios irrisorios a terratenientes, militares y políticos influyentes, cuyos descendientes a día de hoy siguen siendo sus dueños.

Los sobrevivientes de la Conquista del Desierto fueron trasladados mil 400 kilómetros, caminando encadenados. Se montó un enorme campo de concentración en las cercanías de Valcheta, en Río Negro. “En esa reducción —dice el colono galés John Daniel Evans— creo que se encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia…”. La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 otorgó casi cinco millones y medio de hectáreas a los especuladores. La ley de “derechos posesorios” adjudicó más de 800 mil hectáreas a 150 propietarios. La ley de “premios militares” (1885) repartió más de cuatro millones y medio de hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego a oficiales superiores del ejército argentino. También hubo una ley especial del Congreso de la Nación que premió al general Roca con 15 mil hectáreas.

En suma, en la llamada Conquista del Desierto el Estado dio por muy bajo precio y hasta por regalo, entre 1876 y 1903, casi 42 millones de hectáreas a mil 843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos de la época.

La Constitución de 1994, sin embargo,  reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto por su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de las comunidades, la posesión comunitaria de las tierras ancestrales y regular otras tierras que sea aptas para el desarrollo humano… Al igual que en Chile, todo esto parece ser letra muerta, una buena declaración de principios pero alejado totalmente de la realidad.

En mayo del año 2023, a través de un proyecto impulsado por Gustavo Cairo a principios de febrero, la Legislatura Provincial de Mendoza reconoció que “los mapuches no son argentinos” (Infobae, mayo 2023). El gobierno reaccionó diciendo que hubo “discriminación racial”. La comisión de los obispos especializados en el mundo indígena, planteó a los diputados mendocinos que: “Ante el intento de institucionalizar el racismo y negacionismo contra los mapuches en la Provincia de Mendoza a través del tratamiento en la Cámara de Diputados de un dictamen de mayoría del oficialismo, con su articulado, nos oponemos terminantemente, adhiriendo al pronunciamiento de las organizaciones indígenas, sociales, culturales y ambientales de derechos humanos”. El comunicado también sumó el apoyo de los laicos del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Mendoza (EDiPAM). La iglesia católica argentina reivindica a los pueblos indígenas en “sus cosmovisiones que son una alternativa e inspiración para encontrar sentidos y caminos para el Buen Convivir y maneras de cuidar la Casa Común”.

La defensa de los mapuches desde la fe tiene como argumento la ley nacional 26.160 sancionada en el año 2006 que “dispone en sus artículos la obligación del Estado de realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, aún pendientes en más del 50% de los territorios” y además cita los derechos consagrados por la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 75, inciso 17, donde queda explicitado los “derechos de los pueblos indígenas de Argentina”. (TELAM, 30.03.2023)

El hecho de la desaparición y  muerte de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que se encontraba en la comunidad mapuche Pu Lofr, acompañando los reclamos de la comunidad y que fue reprimida por la Gendarmería Nacional en el año 2017, generó el rechazo, por un lado, de la población, y visibilizó un problema que viene de larga data y que no ha tenido solución.

El 30% de los uruguayos tiene sangre charrúa

Casi la tercera parte de la población uruguaya tiene sangre indígena (35% según estudios genéticos), aunque no se sepa ni se publicite. En cuanto a la ascendencia étnico-racial el Censo Nacional 2011 cifró en 5% a la población uruguaya que reconoció tener ascendencia indígena. El Consejo de la Nación Charrúa (Conacha, fundado en 2005), integrado por 10 organizaciones y comunidades de diferentes puntos del Uruguay, ha hecho campañas de reconocimiento y auto identificación indígena, en medio de un proceso reflexivo de recuperación de la memoria, prácticas, lengua y ancestralidad indígenas. Tiene entre sus principales objetivos lograr la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo artículo tercero dice: “Artículo 3. 1) Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2) No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados (…)”.

Una reivindicación importante, porque fue un punto de inflexión en su historia, es que se busca que el Estado reconozca el Genocidio del Pueblo Charrúa, con la matanza de Salsipuedes (11 de abril de 1831) bajo las órdenes del general Rivera. El Conacha afirma sobre esto: “La responsabilidad del Estado Uruguayo en el avasallamiento de la integridad y de los derechos humanos del Pueblo Charrúa y en especial en el genocidio y etnocidio de Salsipuedes”. Pero Salsipuedes no fue el único hecho ya que también se sucedieron las matanzas de Estancia del Viejo Bonifacio, Mataperros, Sierra del Infiernillo, Mataojo, Paso de San José, Itapebí y Yaraó. La persecución a las comunidades restantes duró hasta 1834. Hay que destacar el traslado de los más de 300 prisioneros de Salsipuedes y los más de 80 de Mataojo hacia las ciudades de Paysandú, Durazno y Montevideo, con el reparto de niños y mujeres entre las familias pudientes:

“A nadie se le daría más de uno pero al que le correspondiera chiquéelo o india joven sin hijos de pecho será obligado a llevar a una de las indias viejas a todos se les explicará que deben obligarse a tratarlos bien educándolos y cristianarlos que no podrán obligarlos a permanecer en sus casa por más de 6 años excepto los chiquéelos que será en los varones hasta los 18 años igualmente las hembras si antes no toman estado”.

Hay otros grupos charrúas en los países hermanos. En Brasil, hay descendientes de charrúas en las localidades de Santo Ângelo, São Miguel das Missões y Porto Alegre, y en Argentina, hay tres comunidades en Entre Ríos con personería jurídica y otras catorce que aún no la tienen. El Censo Nacional de Población de 2010 reveló la existencia de 14.649 personas que se autorreconocieron como charrúas en todo el país, 3.513 de los cuales viven en la provincia de Entre Ríos, 1.807 en la provincia de Buenos Aires y 93 en la provincia de Corrientes.

Es esencial, entonces, que el pueblo charrúa cuente con un territorio para poder preservar la biodiversidad, desarrollar su cultura y realizar modos de producción en armonía con la naturaleza, en especial sobre el espacio vital del que fueron desalojados.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del año 2007, dice, en el artículo 26, sobre el derecho a las tierras y territorios, inciso 1: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido”. Incluso el artículo 28, de la misma declaración, dice:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que puedan incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”.

En la última conferencia que realizó poco antes de morir, Paco Espínola recordó que el perro cimarrón de Artigas en el Paraguay se llamaba “Charrúa”. Para Artigas era todo un homenaje a su bravura pero también a su fidelidad.

Y, como decía Paco Espínola, “ha llegado el momento de hacer por los hombres algo más que amarlos”.

Bibliografía:

Los primeros estudios (1882-1940). El pueblo mapuche. En https.//www.memoriachilena.gob.cl

El legado de una Dictadura: La protesta del pueblo mapuche desde Pinochet hasta nuestros días, de Elliot Patrick Edeburn, College of Saint Benedict/Saint John´s University, en digitalcommons.cabsju.edu

Pueblos indígenas en la Argentina, Cultura, historia y presente del pueblo mapuche y mapuche-tehuelche en Río Negro, Chubut y Buenos Aires, en educ.ar

Prensa: mongabay.com, La Diaria, Infobae, Telam

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