Universidades nuevas sí, pero un sistema único de Educación Superior

Entrevista al Dr. Jorge Landinelli

“La discusión tiene que ser sobre el sistema”

En el marco de la campaña electoral en curso en nuestro país, uno de los temas que emergió reiteradamente fue la necesidad de ampliar o desarrollar la educación superior en algunos casos el planteo desde lo político fue el de crear nuevas universidades publicas, especialmente en el interior del país, en otros potenciar desde el Estado el rol de instituciones privadas, etc.

La ONDA digital dialogó sobre estos y otros aspectos vinculados con la educación terciaria con el Dr. Jorge Landinelli ex decano de la Fac. de Ciencias Social y docente grado 5 de dicha casa de estudio. Para Landinelli un aspecto relevante es que: “el debate debería ser no sobre una o muchas Universidades, sino un debate sobre un Sistema de Educación Pública en el Uruguay”. Lo que sigue a continuación son los aspectos más destacados de este diálogo.

– Profesor Landinelli, la Universidad en esta campaña electoral ha sido objeto, sujeto de opinión de los políticos, quizás como en ninguna otra y, en general, criticándola…

– Ha habido una referencia directa a la problemática universitaria en el Uruguay en esta campaña electoral muy vinculada a la jerarquización de los problemas educativos – en general – del país y también, implícitamente – a las propuestas que buscan el desarrollo productivo del país en el contexto de la llamada: “Sociedad del Conocimiento”. Es indudable el desarrollo de la Educación Superior, el desenvolvimiento de la Educación Superior que es una pieza clave para el progreso de los países. La experiencia internacional es más que elocuente en ese sentido. En esta campaña electoral puede decirse que el eje del intercambio de opiniones – no me atrevería a decir del debate – ha estado centrado en la diversificación de la oferta universitaria en el Uruguay. Es decir, se ha abundado en la crítica a la “centralidad” de la Universidad de la República – refiriéndome al sub-sistema público de Educación Superior – y desde diferentes perspectivas, con diferentes énfasis, se ha planteado la necesidad de abrir otras alternativas de Educación Superior universitaria, particularmente, en el Interior del país.

Esto – sin duda – obedece a un fenómeno real, ya identificado por la Universidad de la República una década atrás, que es el de la muy fuerte inequidad geográfica que surge o se constata en la composición de la matrícula universitaria. El dato frío es que un 64% – ¡64%! – de los matriculados en la Universidad de la República, nació en Montevideo – cuando la capital tiene el 42% de la población nacional – mientras que el 31% de los estudiantes universitarios lo hizo en el resto del país, donde habita el 58% de la población. Al margen de otros elementos que traban la democratización del acceso a la Universidad en el Uruguay, resulta evidente que hay un fenómeno determinado por la situación geográfica de los jóvenes, de los estudiantes y de su familia. A partir de esto, el razonamiento ha sido: creemos nuevas Universidades en el Interior del país. La respuesta de la Universidad – en estos últimos años – ha sido la de profundizar su programa de descentralización. Básicamente, en la Regional Norte de la Universidad de la República, cuya sede está en Salto; la creación del Centro Universitario de la Regional Este – cuya sede está fundamentalmente en Maldonado – y el Centro Universitario de Paysandú, ámbitos en los cuales – desde hace mucho tiempo – se han venido desarrollando actividades regulares de la Universidad.

– ¿De toda la oferta universitaria?

– No, no, de toda la oferta universitaria, no. En general, lo que se ofrece en estos ámbitos universitarios del Interior, son tramos de las carreras que – necesariamente – los estudiantes, posteriormente, tienen que terminar en Montevideo. La Facultad de Agronomía, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Derecho, la Facultad de Enfermería, etc., tienen actividades – fundamentalmente docentes – en Salto. La Facultad de Ciencias Económicas las tiene en Maldonado, la Facultad de Medicina las tiene también en Paysandú. Te podría dar el cuadro general, pero la idea es esa. Ahora bien, esta es su perspectiva para mirar el asunto: la inequidad geográfica, la excesiva concentración en Montevideo y – eventualmente – el área metropolitana, que lleva a replantearse el centralismo montevideano de la Universidad.

Sobre esto habría que hacer un par de comentarios. El primero: el centralismo en Montevideo – obviamente – es un legado, una herencia, de la Universidad tradicional de elite en el Uruguay. De esa Universidad que comenzó a transformarse a fines de los años 60, de esa Universidad que se vio frustrada por el clima de sofocamiento, de represión que implicó la intervención y – fundamentalmente – de la Universidad que emergió de la época de la dictadura, recuperando – por un lado – sus principios normativos de autonomía y de cogobierno y – por el otro – proponiéndose una perspectiva estratégica de mediano plazo un cambio fundamental de las coordenadas rectoras de la lógica de la propia institución. Pero el centralismo hay que entenderlo como parte de esos rasgos típicos que asumió la Universidad uruguaya durante décadas del siglo XX. El diseño de la Universidad de la República fue un diseño montevideano que se siguió reproduciendo como un diseño montevideano. Eso por un lado.

A la Universidad, inevitablemente por las características de la propia institución, por la dinámica de la propia institución, por el papel que juega en el desenvolvimiento de la sociedad uruguaya, hay que pensarla en una perspectiva de futuro. La aspiración, ¿Cuál es? La aspiración es al crecimiento poblacional del alumnado universitario, es a la ampliación de la cobertura del alumnado universitario. Actualmente el Uruguay se ubica en lo que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), define como un nivel de Universalización Intermedia de la matrícula universitaria. La Universalización Intermedia es la categoría en la cual se ubican aquellos sistemas universitarios en los cuales la cobertura de la matrícula es superior al 25% de los jóvenes entre 18 y 24 años – o sea, cada 100 jóvenes entre 18 y 24 años, más de 25 están en la Educación Superior y menos de 55. Antes están los países a los que la OCDE llama de Universalización Inicial y, después de los países de Universalización Intermedia, están los países de Universalización Avanzada de la Educación Superior. En América Latina, el grueso de los sectores universitarios se ubica en el primer tramo: Universalización Inicial – es decir – tienen coberturas menores al 25%. En América Latina, en el nivel Intermedio de universalización, están: Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá y Uruguay. Todo el resto de los países están por debajo del 25% y todos los que mencioné están por encima del 30%.

En Uruguay – se puede estimar – que el sistema de Educación Superior general – comprendiendo a la Universidad de la República, los organismos de formación docente, fundamentalmente de formación militar y de defensa y otros de servicios públicos de Educación Superior – en total, más la oferta privada – abarca un 38% de los jóvenes entre 18 y 24 años. Ningún país de América Latina tiene más del 55% como sí lo tienen muchos países desarrollados e industrializados, algunos de los cuales supera el 70%.

-¿Qué metas realistas serían valido trazarse?

– La meta parece ser – o debería ser – la expansión de esa matrícula. Es previsible que ese proceso de masificación – como se ha llamado – determinado por el crecimiento del sistema en general, de los tramos previos del sistema educativo que desembocan en la Educación Superior, determinado por la feminización de la matrícula, determinado por la valoración social de la familia y de los jóvenes, del conocimiento como instrumento para el ascenso social, determinado por las calificaciones cada vez más exigentes que exigen los mercados de trabajo para ocupar los puestos mejor remunerados, ese proceso va a irse acrecentando. Una cuestión es verlo en la coyuntura el problema de la diversificación del sistema en Uruguay, que plantea urgencias importantes, vinculadas a la inequidad geográfica. Y otra perspectiva es mirarlo a mediano plazo, mirarlo en relación a su tendencia en la Educación Superior en el país.

Entonces – en relación a la primera variable – la diversificación como respuesta a la inequidad geográfica, es evidente que ahí hay un problema que debe ser atendido. Los datos son más que elocuentes: ese problema debe ser atendido. Las posibilidades de acceder a la Educación Superior son muy diferentes en Montevideo y en el Interior del país. Y en relación a la perspectiva, a la tendencia de la Educación Superior, la aspiración debe ser llegar en algún momento – en una perspectiva de mediano y de largo plazo – a extender una universalización avanzada de la matrícula. Que más y más jóvenes de entre 18 y 24 años – que es la franja etaria típica en la cual se pondera la formación universitaria – sean más y que crezca. Desde esa perspectiva, no parece razonable pensar que una sola institución pública pueda absorber ese crecimiento, ni que sea bueno que una sola institución absorba ese crecimiento. Actualmente la Universidad tiene más de 82.000 estudiantes. Es una de las 40 macro-universidades de América Latina. América Latina tiene 1.200 Universidades, 40 de esas Universidades o algo más, ocupan el espacio que se define como de “macro-universidades”. Es decir, Universidades altamente masificadas, con más de 50.000 estudiantes, Universidades que se desenvuelven en todas las ramas del conocimiento, que cultivan todas las ramas del conocimiento, que son Universidades complejas – además – que desarrollan enseñanza de grado, de post-grado, desarrollan investigación científica en todas las áreas y – además – extensión universitaria. La Universidad de la República tiene esas características. Pero el resto de las Universidades tienen que tener esas características.

Si uno mira el escenario latinoamericano, existen Universidades de muy mala calidad – fundamentalmente atadas o producto de los procesos de privatización – pero existen muchas otras formas de Universidades públicas, vinculadas a un área del conocimiento en especial, vinculadas a problemas regionales, vinculadas a cuestiones de especialización social de las Universidades – Universidades públicas para trabajadores. Se supone que, en la medida que se incrementa la matrícula universitaria, más estudiantes del sector trabajadores se incorporan. Cuando el grueso de los planes de estudio está pensado para jóvenes de tiempo completo. Atender la especificidad del estudiante trabajador, ha llevado a que se crearan Universidades públicas con ese cometido. O Universidades públicas con carácter regional – como decía – para atender a los problemas particulares del desarrollo de una región que tiene sus particularidades sociales, productivas, etc. O Universidades que apuntan a atender otras problemáticas más complejas, como son los de la interculturalidad en Universidades indígenas. Es decir, el fenómeno o la responsabilidad de la Universidad pública, no hay que referirlo exclusivamente al modelo de la macro-universidad, que en nuestro país tiene una tradición, que es válida, que tiene vigencia y que – seguramente – tiene proyección de futuro.

Pero eso no quita que pueda haber otras alternativas. Que tendrán como epicentro o como referencia a la Universidad de la República. De eso no hay duda, porque el 70% de la investigación científica que se hace en este país está en la Universidad de la República, porque es la única institución que cultiva todas las áreas del conocimiento. Pero eso no quita que no se puedan crear instituciones nuevas. Las experiencias abundan en este sentido. La expansión de la matrícula en toda América Latina está vinculada a la universificación institucional. Los datos en esto son más que elocuentes. En todas estas y otras modalidades: Universidades regionales, Universidades para estudiantes trabajadores, Universidades interculturales, la diversificación ha sido una palanca de impulso a la universalización de la Educación Superior. Yo creo que esto hay que estudiarlo en serio. Además, hay que estudiarlo en serio también por problemas intrínsecos a esto. El problema de la diversificación, ¿a qué refiere? A las disposiciones normativas que habilitan a la creación de nuevas instituciones de Educación Superior.

El problema de la diversificación – en muchas realidades – ha sido visto como un problema de aliento a la privatización. Diversificar el sistema ampliando o estimulando los subsistemas privados. Esta no es la única modalidad de diversificar. En muchos países de América Latina – Argentina, Bolivia, Venezuela, por citar algunos casos – la diversificación se ha hecho, fundamentalmente, por la vía de la creación de nuevas entidades públicas que atienden a esos problemas particulares o se refieren a esos ámbitos particulares, de lo regional, de lo social de los estudiantes trabajadores, de lo social en problemas de la interculturalidad. Pero todo proceso de diversificación tiene una consecuencia – en todas las experiencias que uno pueda observar – que requiere control, que es la segmentación de los sistemas, la estratificación de los sistemas, en una gradación que va de las Universidades de muy buena reputación, de mucho prestigio, de buena calidad, hasta Universidades que no cuentan con esos atributos. Y no cuentan con esos atributos, porque no tienen masa crítica suficiente disponible, desde el punto de vista académico, porque no tienen el respaldo de la investigación científica necesaria para nutrir sus programas de enseñanza y para desarrollar sus vínculos con el medio, porque son Universidades que tienen dificultades para la internacionalización, tienen dificultades para entrar en vínculos de asociación y de complementariedad en el mundo académico internacional, cuestión que hoy en día es clave para cualquier institución de este tipo. El problema de la estratificación es un riesgo grave, que se puede plantear – también – en los procesos de descentralización de la Universidad de la República.

Esta observación no pretende quitar de la agenda la posibilidad de la diversificación que – yo diría que más que una posibilidad, visto en perspectiva de largo plazo, es una necesidad y – visto en la coyuntura – es un tema que debe ser incorporado con fuerza en la agenda. Es decir, no quita responsabilidad a la Universidad de la República, porque la Universidad de la República es una asociación histórica de 160 años, porque los cuadros académicos, científicos de la Universidad de la República, son invaluables para el país, porque las investigaciones que se han desarrollado, que se desarrollan y que están acumuladas y las perspectivas para un desenvolvimiento de una investigación orientada a la resolución de los problemas claves de la sociedad uruguaya – en el Uruguay – radican en la Universidad de la República. Porque la amplitud de la cobertura universitaria que tiene la Universidad de la República – esos cursos de grado y post-grado – propia de una macro-universidad, no se puede reproducir en otro lado.

– ¿Que caminos tomar?

– Entonces tampoco la idea simple de decir: “no se pueden crear entidades universitarias, crear nuevas instituciones públicas, sin reproducir a la Universidad de la República”. Hay que pensarlo desde otros parámetros a esas instituciones y hay que pensar desde otros parámetros a la Universidad de la República en relación a esas otras instituciones. En las condiciones demográficas, en las condiciones territoriales del Uruguay, es evidente que – aún, si se diversificara el sistema público – el epicentro de la vida académica universitaria seguiría – inevitablemente – estando en la Universidad de la República. Pero no aislándose, sino contribuyendo, ayudando, asociándose, complementándose con estas otras instituciones, estableciendo redes con estas otras instituciones. Yo creo que ese es un esquema válido, pero es un esquema complejo. No alcanza con decir: “Educación Superior para todos” – como se ha dicho – o decir: “crear nuevas Universidades en el Interior del país”.

Porque no se puede crear un cuadro diferenciado en el cual haya una gradación que va desde la alta calidad – que se seguiría radicando en Montevideo – hasta otras instituciones carentes de recursos como para alcanzar esta calidad. Hay que tornar la capacidad de ver esto en forma sistémica: nuevas instituciones sí, pero un sistema único de Educación Superior. Y no instituciones aisladas, pretendidamente autosuficientes. Este es el problema de la política de Educación Superior que hay que mirar desde una perspectiva de mediano plazo. No tiene sentido esta discusión – o tendría un sentido terriblemente gravoso para el Uruguay – si no se pensara en términos sistémicos. La discusión tiene que ser sobre el sistema. No se trata de ver si tiene que haber una Universidad en el norte, en el este, o donde sea, sino que lo que hay que mirar es cómo hay un sistema de Educación Superior que incluye a este capital nacional que es la Universidad de la República y – eventualmente – a otras instituciones que no pueden ser pensadas en pugna con la Universidad de la República, en competencia con la Universidad de la República, desconectadas de la Universidad de la República, en todo caso. No pueden pensarse así. Tienen que pensarse en un entramado, en un tejido de política de Educación Superior que – yo personalmente – creo que es una responsabilidad de cualquier política pública progresista, en este caso.

– De acuerdo a su análisis, el problema existe. Ahora, el sistema político se para distinto frente a este tema que la propia Universidad de la República. Esa es la percepción más generalizada. Parecería que – desde el punto de vista del sistema político – la propuesta inmediata es la creación de nuevos centros universitarios. Y – a su vez – la Universidad aparece como resistiendo esto. ¿Es sólo una percepción o es así?

– La preocupación está presente en las políticas de descentralización que ha diseñado y que actualmente impulsa e implementa la Universidad de la República. Mi opinión personal es que esas políticas son positivas pero son insuficientes para dar respuesta a este problema. Que el tema habría que encararlo desde otra perspectiva: el debate debería ser no sobre una o muchas Universidades, sino un debate sobre un Sistema de Educación Pública en el Uruguay, al cual – de alguna manera – se agregan desde la Ley de Educación, el Instituto Universitario de Formación Docente creado por la ley y el Instituto de Formación Técnica, que es el otro. Yo creo que son medidas que van en el rumbo que acá estamos señalando.

La Universidad de la República no ha visto con resquemor estas iniciativas. La Universidad de la República ha reivindicado – y con fuerza, sobre todo en el último período, en el período más reciente de la Universidad de la República – la creación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria Integrado, en relación al cual, la Universidad de la República, se ha mostrado dispuesta y, de hecho, ha desenvuelto políticas de acoplamiento, de asociación, de complementariedad. Esto es así. También es cierto, que la experiencia de la Universidad de la República, está sobredeterminada por una visión muy fuertemente centralista y, en algunos momentos, casi monopólica acerca de su responsabilidad en relación a la Educación Superior.

Esto es producto de las disposiciones constitucionales que ubican de esa manera a la Universidad de la República – responsable de la Educación Superior nacional – y, también, esto surge de las interpretaciones, de las valoraciones del texto jurídico, que la Universidad ha hecho a lo largo de su historia. Es decir, ¿qué es lo que se ha dicho? – y de eso hay doctrina en la Universidad: la Universidad de la República es el ente autónomo especializado en los terrenos que son de su competencia. ¿Cuáles son los terrenos de su competencia? La enseñanza superior universitaria, la investigación científica, la extensión, es decir, esas son sus funciones. Es el organismo especializado que el Estado se da para cumplir con esas funciones, que son las funciones típicas de la Educación Superior universitaria. En algún momento – a principios de los años 60, cuando se propuso y se creó el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONICYT), la Universidad de la República se opuso. Se opuso entendiendo que se estaba creando un organismo público, que se sobreponía a las responsabilidades que – legalmente – estaban atribuidas a la Universidad. Es decir, se estaba generando dentro del ámbito público, otra esfera dirigida a la investigación científica, cuando eso era privativo de la Universidad de la República. Incluso se presentó un recurso – que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia – quien lo denegó. La Universidad terminó integrándose al CONICYT. Posteriormente, se crearon otros organismos públicos – como el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), que es otro ámbito público volcado a la investigación – que han asumido competencias que involucran muy fuertemente y que determinan la conducta de la Universidad de la República.

– La Universidad ha quedado un poco relegada en este último sistema…

– No, no es que haya quedado relegada, en el sentido que la Universidad ha participado de todo esto. Es decir, la Universidad ha aceptado que hay un ámbito en el cual se deciden cuestiones claves de la investigación científica que – por más que participe de ellos – es un ámbito distante jurídicamente, institucionalmente, de la propia Universidad, con una capacidad de sobredeterminar muy fuertemente lo que la Universidad hace, porque dispone o ha dispuesto de recursos como para establecer líneas de investigación, prioridades, etc., etc., etc. Si uno coteja la realidad actual, con un Sistema Nacional de Investigadores – además – que incide muy directamente sobre el régimen de remuneraciones y la estructura de las remuneraciones universitarias, si uno ve este cuadro actual y lo coteja con lo que la Universidad ha sostenido doctrinariamente durante décadas, vemos que hay una situación nueva, distinta a la que la Universidad había previsto y a la que la Universidad había considerado deseable. Hoy sería un absurdo que la Universidad sostuviera – como efectivamente sostuvo –que la investigación se hace en la Universidad y está vedada la posibilidad de que se desarrollen políticas de investigación en otro ámbito público.

Es decir, la idea de la autonomía, se ha manejado y se ha reproducido en la Universidad como una idea muy reactiva a cualquier intromisión jurisdiccional del poder político, a alguna intromisión de carácter técnico de otra esfera del tejido de instituciones del Estado, en lo que son sus competencias privativas. Bueno, eso hoy es insostenible – es decir – las cosas han cambiado.

-¿Eso no incuba una crisis en la Universidad?

– La Universidad – sin decirlo, sin asumirlo en el discurso político-institucional – se ha ido adaptando a situaciones que encajan mal en lo que eran sus preceptos doctrinarios tradicionales. Esto es un hecho.

– Sin querer reducir conceptualmente el tema, entonces, ¿hay una cierta crisis de la Universidad de los 60?

– No creo que sea un concepto de crisis. Lo que efectivamente creo es que la sociedad ha cambiado, que el mundo ha cambiado, que la Universidad de la República también ha cambiado y que la Universidad de la República se ha ido deslizando hacia situaciones nuevas antes no previstas. Y creo que ha hecho bien. El ejemplo que pongo, que tiene que ver con el sistema de investigación a nivel nacional, apunta a mostrar un precepto doctrinario – de una enorme influencia – elaborado en los años 60 que decía: “la especialización del ente Universidad de la República hace entender que la investigación científica en el país, es potestad de la Universidad de la República y no de otro ámbito”. Efectivamente, en ese sentido, actuó la Universidad. Hoy tenemos muchos otros ámbitos: el Instituto “Clemente Estable” es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura; el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) está ligado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Instituto “Pasteur” es producto de un acuerdo intergubernamental. Y no estoy hablando de entidades de poca monta, estoy hablando de enclaves científicos de una enorme importancia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con aquel discurso de los años 60? Ha cambiado, es decir, la realidad ha cambiado. Y la Universidad – no necesariamente de manera crítica, porque la idea de G. Kelly se refiere al descubrimiento, al momento de condensación de contradicciones – no voy a decir insalvables, pero de contradicciones – que obligan a un cambio, a una transformación.

Esto ha sido un proceso y la Universidad se ha ido adaptando paulatinamente a ese proceso. Yo creo que en este terreno, también, la Universidad ha puesto de manifiesto una permeabilidad que es un dato importante, que es la disposición a aceptar y a colaborar, más que aceptar – no es que se le haya impuesto – en la elaboración de determinadas esferas innovadoras en el esquema público de la Educación Superior, que son las que están en este momento plasmadas en la Ley de Educación, las dos que mencionábamos antes.

Esto es un discurso que la Universidad ha ido manejando desde tiempo atrás, por lo menos desde el primer Plan Estratégico de Desarrollo, desde el primer PLEDUR del año 2000, donde esto estaba planteado claramente. Generar otras opciones de enseñanza post-secundaria, de enseñanza terciaria separadas institucionalmente, orgánicamente de la Universidad, pero en relación a la cual la Universidad asume responsabilidades. Las famosas carreras tecnológicas que se convinieron en determinado momento con la ANEP y que luego – durante la administración del gobierno anterior – no se pudieron implementar porque no había voluntad política por parte de la ANEP de esa época en hacerlo. Yo creo que estamos en medio de un proceso. Es posible que se planteen circunstancias difíciles. Pero creo que hay un rumbo. El Uruguay no puede ir a contrapelo de lo que sucede en todas partes de América Latina. El crecimiento de la población universitaria – en todos los casos – está acompañado de procesos de diversificación. En algunos casos, como una responsabilidad del sector público. En otros casos – y esto es un producto de las políticas neoliberales de los años 90 – como producto de los procesos de privatización. Bueno, Brasil tiene el 80% de su matrícula universitaria en el sector privado. ¡El 80%! Solamente el 20% de la matrícula universitaria de Brasil está en instituciones del sector público.

– Está también la realidad chilena, con algunas particularidades.

– Lo de Chile es distinto en otro sentido. En Chile, en realidad, el 40% de la oferta, está en el sector público. Lo que pasa es que en Chile ha habido un fenómeno de privatización que incluye a las Universidades públicas. Están todas aranceladas. La Universidad de Chile – que es la de más prestigio en Chile, que es una Universidad pública – es también de las de arancel más caro. Entonces, ha habido un problema de privatización de todo el sistema, incluyendo el sistema público y el sistema privado, o el sistema estatal y el sistema particular. Todo está inmerso en una lógica de mercado.

– Más recientemente se ha planteado aquí subvencionar o asistir, desde el Estado, a los privados, como una forma de desarrollo, en contraposición a la Universidad pública.

– Sí, esa es una política que no es novedosa. Es una política que se implementó en el marco, en los contextos neoliberales de los años 90 en otras realidades latinoamericanas. El Estado uruguayo ya subsidia – eso es bueno decirlo – a las Universidades privadas – desde el punto de vista impositivo y de un modo importante – pero no ha generado subsidios específicos. Es decir, asistencias económicas específicas para las instituciones privadas que – desde mi óptica personal – no corresponde hacerlo. Lo cual no quiere decir que las instituciones privadas no puedan participar de los recursos concursables que el Estado establezca para el desenvolvimiento o para el mejoramiento de la Educación Superior. Para poner un ejemplo: al Sistema Nacional de Investigadores concurren también académicos que vienen de las instituciones privadas.

Yo creo que el problema de las instituciones privadas en el Uruguay está planteado en otros términos. El Uruguay cuenta – desde el decreto del año 1995 – con cuatro Universidades privadas y doce institutos universitarios privados. Esas cuatro Universidades privadas: la Universidad Católica, la Universidad ORT, la Universidad de la Empresa y la Universidad de Montevideo, esas cuatro, han tenido un proceso de desarrollo y de consolidación que hoy permite hablar de un sub-sistema privado claramente instalado en la Educación Superior uruguaya. Ese decreto, lo que hizo fue, instrumentar una disposición constitucional que consagra la libertad de enseñanza. Y lo hizo planteando un criterio regulatorio, de control – más bien – de la enseñanza privada, que tiene muchos déficit desde el punto de vista de la calidad del proceso de regulación de la enseñanza privada, que tiene vacíos muy grandes, pero ha tenido – también – un mérito. Tiene vacíos muy grandes en lo que refiere a los procesos de evaluación de las instituciones privadas, en lo que refiere al contralor de las exigencias que predeterminan la habilitación de una Universidad privada, ha tenido un vacío muy grande en lo que tiene que ver con las políticas de post-grado de las instituciones privadas, que están muy confusamente previstas en el decreto. Ha tenido déficit operativos, todo ese proceso de regulación, en la medida en que no ha contado con instancias institucionales realmente competentes, sustentadas en apoyos técnicos, etc. Es un organismo asesor del Ministerio, no autónomo.

– Entre las observaciones o criticas que surgen a este respecto están las que dicen que la Universidad de la República es parte de ese control – y, a la vez, se plantea que la Universidad de la República no tiene control de calidad.

– Sobre lo anterior quisiera agregar o reiterar; hay déficit también entonces en el Consejo Consultivo de la enseñanza privada, que no es un organismo autónomo, es un organismo asesor del Ministerio de Educación y Cultura. Eso hay que tenerlo claro. Que la Universidad lo integra, lo integran las instituciones privadas, lo integra el Ministerio y la ANEP y que ha funcionado, regularmente durante todo este período, como la instancia regulatoria y de contralor de la enseñanza privada. Tiene déficit muy grandes, es un aparato muy débil, desde todo punto de vista, es una estructura muy débil. Pero ha tenido un mérito y es que ha impedido que en el Uruguay existiera un fenómeno de diversificación espontánea de la Educación Superior, de habilitación de instituciones que no ofrecían las mínimas garantías de calidad. Esto no ha sido así en el caso de las instituciones universitarias privadas uruguayas. Esas instituciones se han consolidado, con sus características, que no son de competencia – como se dice – con la Universidad de la República.

En realidad, las esferas de competencia son relativamente reducidas. La Universidad de la República no tiene competencia en el campo de la investigación científica, no tiene competencia en áreas fundamentales del conocimiento, etc. Pero bueno, son una realidad, una realidad consolidada en el país. En el Uruguay no se crearon lo que en otras partes se llaman: “enseñaderos o Universidades de garage”. Eso en el Uruguay no ha existido y – cuando ha habido algún atisbo de fenómenos de esa índole, en la mayoría de los casos – se ha podido impedir y actuar contra eso.

La Universidad de la República no ha sido – como se ha dicho mal – quien regula o quien controla a las Universidades privadas, quien habilita, controla y regula a las Universidades privadas. Hoy por hoy, en el Uruguay, es un organismo institucionalmente muy endeble, que es el Consejo Consultivo de la enseñanza terciaria privada, que lo integra la Universidad de la República junto con las otras Universidades privadas, junto con el Ministerio de Educación y Cultura y junto con la ANEP y que es – además – un organismo asesor del Ministerio de Educación y Cultura. En ese sentido, nadie ha dicho ni se puede sostener que la Universidad es una instancia controladora. Tiene una opinión gravitante como la tienen los otros actores que actúan en ese ámbito. No es mayoría, ni mucho menos, en ese ámbito, la Universidad de la República.

-Sobre el tema de las “acreditaciones” que se viene discutiendo en el Mercosur que nos puede decir

– Ante la eventualidad de que en algún momento en el Uruguay se cree una Agencia Nacional de Acreditación o de Aseguramiento para el Asesoramiento de la Calidad de la Educación Superior – como ha propuesto recientemente el Ministerio de Educación y Cultura – tampoco la Universidad de la República tiene previsto que ejerza mayoría en ningún organismo. Entre otras razones y en primer lugar porque no corresponde. Sí corresponde que actúe en ese terreno, pero no que tenga capacidad decisoria, porque – para tenerla – tendría que tener mayoría en los organismos, que no la tiene actualmente ni está previsto que la tenga en el futuro. Y – entre las razones generales que harían indeseable una situación de esa índole, cuestión en la que todo el mundo está de acuerdo, incluyendo a la propia Universidad – porque la Universidad sería objeto también de evaluación y no puede ser mayoría en el organismo responsable de la evaluación. Es decir, la Universidad no puede ser mayoría en un organismo que tiene como destino – entre otras cosas – el de procesar las evaluaciones de esa propia institución.

¿A qué me refiero con esto último? A que el Uruguay participa del Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras Universitarias – del Sistema Arcusur que se llama – del Mercosur, que es un acuerdo intergubernamental en relación al cual, la Universidad de la República ha evaluado y sometido al juicio de pares externos, de paneles de especialistas externos, la enseñanza de grado o las carreras de sus Facultades de Agronomía, Medicina, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química y – en este momento – Arquitectura y – en un futuro próximo dentro de este mismo período – Odontología y Veterinaria. Es decir, son un enorme número de carreras. En algunas de ellas también han participado – en aquellas que tienen – las instituciones privadas. Estas son: la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica, la Ingeniería Eléctrica de la ORT, la Ingeniería Civil de la Universidad de Montevideo, Arquitectura de la Universidad ORT y Enfermería de la Universidad Católica. Es decir, que el país está metido en un sistema muy abarcativo, muy riguroso, mucho más de lo que muestran cada una de las realidades nacionales aisladas. Técnicamente muy fuerte, muy sólido, es un proceso de Acreditación, que impacta directamente sobre el país. Entonces, la creación de esta Agencia para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, no solamente tendría como cometido tratar de hacer mejor lo que hoy hace insuficientemente el Consejo Consultivo, que es el procedimiento de regulación y contralor de las instituciones privadas existentes en el Uruguay. Tiene también como cometido, la participación en un proceso de acreditación que – en el Uruguay – tiene un enorme impacto. Si sumáramos el número de estudiantes que comprende, el número de instituciones que comprende, el número de carreras que comprende… El Uruguay tiene una carrera de Agronomía, quiere decir, que la carrera de Agronomía es evaluada y acreditada – a nivel internacional – por especialistas a nivel internacional. La única carrera. La carrera de Medicina era en su momento la única – ahora hay dos carreras de Medicina – que tenía egresados, la única que estaba en condiciones de acreditarse. La carrera de Medicina de la Universidad de la República ha sido acreditada. Fueron acreditadas las tres carreras de Ingeniería – Eléctrica, Civil y Química – que presentó la Universidad de la República a la acreditación. Fue acreditada la carrera de Arquitectura que la Universidad de la República presentó a la acreditación. Y – como te decía – están en proceso otras: Odontología y Veterinaria. Eso tiene un enorme impacto sobre el Sistema. ¿Quién administra ese Sistema? La idea es que la Agencia, ésta de Acreditación, también administre ese Sistema. O sea que tiene tareas más complejas que las que actualmente tiene el Consejo Consultivo.

– ¿Esa Agencia estaría en la órbita de quién?

– Sería un organismo autónomo, lo cual significa atender a una demanda de las instituciones universitarias del país y – en particular – de la Universidad de la República – de que no fuera una dependencia, un organismo asesor del Ministerio de Educación y Cultura. Sería un organismo autónomo, organizado como persona jurídica pública no estatal. Tendría otros cometidos esa Agencia: ¿cuál es el de contralor de la oferta transnacional de servicios educativos? Cuestión que no está ni siquiera contemplada y que – además – no podría atender el actual Consejo Consultivo. Este es un fenómeno que – a nivel internacional – tiene una enorme importancia. En todos nuestros países vecinos hay corporaciones transnacionales, que adquieren universidades locales, que adquieren universidades extranjeras que instalan – a través de franquicias – sedes en los países latinoamericanos. Una oferta desbordante de cursos que otorgan titulaciones de grado y de post-grado a distancia y, ¿quién controla toda esa oferta transnacional?

– ¿Usted dice que con este organismo se tendría mayor control?

– Este organismo tendría – entre sus responsabilidades – la de instrumentar el control de la oferta transnacional de los servicios educativos. Es decir, sería un salto adelante muy importante en lo que tiene que ver con la institucionalidad de la Educación Superior y de la regulación pública de la Educación Superior en el país. Esos son los cometidos de este organismo. En la propuesta, el organismo de dirección de esta Agencia, estaría integrado por dos representantes de la Universidad de la República, por un representante de las Universidades privadas, por un representante del Ministerio de Educación y Cultura y por un representante del Instituto Universitario de Docencia. Esa sería la conformación de algo que está a discutirse. La Universidad de la República no tiene mayoría en eso. Y no podría tenerla, no correspondería que la tuviera, ni la Universidad de la República ha reivindicado nunca tener mayoría en un organismo de este tipo. No lo ha hecho. No lo hizo antes – desde que empezó todo el proceso de acreditación internacional, desde que se creó, antes todavía, en el 95, desde que se creó el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada – ni cuando se crearon los organismos para la administración de la Acreditación Regional del Mercosur. En ninguna de esas instancias la Universidad de la República solicitó tener mayoría, reivindicó mayoría. ¡No es así, para nada! Es un argumento – realmente – que se desautoriza por lo mal informado.

– En estos procesos de cambios, hay un debate que es sobre el papel de los Ministerios de Educación y Cultura, hay uno de los planteos que lo refiere a que el Ministerio es – en última instancia – un organismo político y que va a estar en relación a la correlación de fuerza de los sistemas políticos. ¿Cómo está planteado en el Uruguay?. ¿Cómo es la experiencia internacional sobre este tema?

– Primero en relación a la experiencia nacional, la presencia del Ministerio en los asuntos referidos a la Educación Superior, es una presencia muy tenue. ¿Qué es lo que hoy tiene el Ministerio – directamente – que tiene que ver con la parte universitaria del sistema de educación terciario? Tiene el Consejo Consultivo de la educación terciaria privada, desde 1995, que es un organismo asesor del Ministerio, lo que hace es asesorar. Y tiene lo que refiere a las Comisiones ad-hoc, las comisiones que han administrado el Mecanismo de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur. Antes – en su etapa experimental – ahora como mecanismo permanente en lo que se llama Sistema Arcusur, antes se llamaba MEXA (Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur), ahora se llama Sistema Arcusur. Estas comisiones para el Sistema Arcusur han sido designadas directamente por el Poder Ejecutivo y actúan en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. En este último aspecto, el Uruguay está en falta respecto a los acuerdos intergubernamentales que ha firmado el Mercosur educativo, la reunión de ministros de Educación del Mercosur. En los protocolos, en los memorando a través de los cuales se regula la acreditación de carreras universitarias en el Mercosur, se establece que la administración y la capacidad resolutiva en estos procesos, la deben tener organismos autónomos, especializados, de composición académica. El Uruguay nunca ha podido hacer eso. La Universidad lo ha reivindicado, nunca lo ha podido hacer. Esta ley pretende resolver el tema.

Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy en día tiene dos ámbitos preferenciales en lo que tiene que ver con lo universitario, que son: el de la Educación Terciaria Privada y el del Sistema Regional de Acreditaciones de Carreras Universitarias.

Lo que el Ministerio ha propuesto al Proyecto de Ley, no es asegurar dentro de la estructura del Ministerio estas instancias, sino desprenderse de ellas, ubicarlas en un organismo autónomo, que no tiene relaciones vinculantes ni jerárquicas de dependencia de ningún orden, ni lo tendría con el Ministerio. Sería un organismo plenamente autónomo en su composición, en su capacidad, en su actuación, en su capacidad de resolución sobre todos estos temas. No sería asesor de nadie, sería un organismo resolutivo, un organismo autónomo. Y yo creo que eso está bien. Entonces – yendo a la pregunta – en relación a los Sistemas Nacionales de Educación Superior, el Uruguay – en la región – tiene una circunstancia totalmente excepcional. En general, los Ministerios de Educación, actúan en el campo de la Educación Superior a través de diferentes modalidades, pero tienen capacidad de iniciativa, tienen capacidad de establecer disposiciones normativas, tienen facultades de coordinación muy amplias y hay casos con mayor incidencia de los Ministerios y otros con menor incidencia de los Ministerios. Pero el Uruguay es el único país en el cual los Ministerios de Educación no tienen – legalmente – ninguna incidencia en la Educación Superior, están instalados en la matriz cultural y se ha actuado en consecuencia.

Estábamos mencionando los procesos del Mercosur. El Mercosur Educativo – para las políticas de Educación Superior – tiene un organismo de asesoramiento, una Comisión Regional de Educación Superior. Todos los países – en ese organismo regional de Educación Superior – están representados por los Ministerios. El único país – cuya representación ejerce una Universidad – es Uruguay, es la Universidad de la República. Cuestión que – para otros – es muy difícil de entender y que nosotros entendemos dentro de nuestra lógica. Es el único país que tiene una circunstancia de esa índole, una característica de esa índole. Tiene que ver con la tradición nacional, tiene que ver con muy acendrados principios instalados en la matriz cultural de la institución universitaria en el Uruguay hasta el punto de que – cuando se habla de la eventualidad de la creación de nuevas entidades públicas – en todos los casos se habla de entidades autónomas y cogobernadas. Y – en ese sentido – hay una tradición nacional que no parece razonable pensar que sea plausible revertir, es parte de la tradición institucional del país. Hay Universidades públicas muy fuertemente autónomas en América Latina, no todas cogobernadas – al estilo nuestro. Solamente Argentina – y en todos los casos, de una forma con distintas modalidades, en los sistemas de Universidades públicas – están atados jerárquicamente – en alguna esfera – a los respectivos Ministerios de Educación. No son ámbitos de trabajo de los Ministerios demasiado potentes, pero existen.

– Volvamos, en parte, al principio. ¿Porqué desde la Universidad no se aprovechó el momento del debate político para expresarse – y aparece la Universidad como, víctima u objeto crítico del planteo desde el punto de vista político. ¿A qué se debe esto?

– Yo – realmente – no tengo una respuesta para eso. Obviamente, en todas estas cuestiones y más en una coyuntura electoral, hay intencionalidades políticas que no vale la pena ni tratar de dilucidarlas de un modo más o menos racional, porque responden a percepciones, a consignas – casi que son, en muchos casos – muy difíciles de contrastar con la realidad. Yo – lo que diría – es que la Universidad tuvo una función propositiva y positiva en lo que tiene que ver con las medidas de diversificación en relación a la formación docente y en relación a la enseñanza técnica, instaladas en la Ley de Educación. La Universidad no fue espectadora de ese proceso de toma de decisiones, cumplió un papel activo. Fue un actor participante en ese proceso. Con diferencias, en el debate, con acuerdos, pero fue un actor plenamente participante. Eso por un lado. Por el otro lado, en la interna universitaria, en el posicionamiento público de la Universidad, es evidente que el problema de la diversificación institucional, también ha estado planteado. Es decir, las iniciativas que se han adoptado para el desenvolvimiento, el desarrollo, el impulso a la Regional Este, ha sido producto de un debate político. Eso se hace en acuerdo con las Intendencias de Maldonado y de Rocha, fundamentalmente. El desenvolvimiento de la Regional Norte – en Salto – ya consolidada desde el punto de vista institucional, con diferencias, ha sido producto de un debate público, de un debate político público. Es decir, toda esta política de desconcentración – más bien – que la Universidad está planteando, no ha sido un debate enclaustrado, ni medidas tomadas en términos puramente auto-referenciados a la propia institución. Ha buscado nutrirse de vínculos sociales muy amplios.

– ¿No hablamos de una reforma de Córdoba ni de un 68?

– La reforma de Córdoba tuvo un impacto cultural y político muy fuerte, que no se correspondió con un impacto académico análogo. Eso es un hecho. Es decir, la reforma de Córdoba – como reforma – es una gran frustración desde el punto de vista académico. La Universidad que continuó a la reforma de Córdoba, siguió siendo una Universidad elitista y profesionalista, en todos los lugares de América Latina donde la reforma impactó desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista político, la reforma de Córdoba nutrió una cosmovisión universitaria – que trascendió fronteras – de sentido democrático, de sentido progresista, que llega hasta nuestros días. En realidad, no se puede comparar una cosa con otra. Es evidente que la trascendencia de Córdoba, no es una trascendencia académica.

– Pero si desde el punto de vista de ciertos valores y de una inflexión.

– Desde el punto de vista de los valores simbólicos de la institución universitaria, es un momento de cambio, de inflexión, cuya vigencia llega hasta hoy. La Universidad que generó la reforma de Córdoba – por suerte – no llega hasta hoy. En nuestro país tiene – todavía – aspectos vigentes pero, obviamente, es un modelo a superar absolutamente, ¿no?

– Con el advenimiento de la izquierda al gobierno – se dice que, se entró en una etapa, distinta de la vida política, social y económica. En general, con los gobiernos anteriores el crispamiento de la Universidad– era más evidente, era más tensionado y permanente. En este período parecería que eso no fue así.

– No, no, no fue para nada así. En primer lugar, la relación de la Universidad con la actual administración, con el gobierno del Frente Amplio, ha sido una relación que ha apuntado al entendimiento, a la cooperación, desde los posicionamientos autonómicos de la Universidad. La Universidad no ha sido en este período – como algunos pronosticaban de mala manera – un aditamento del gobierno ni de las políticas públicas implementadas en el período. La Universidad no ha perdido su sentido crítico, aunque – en un contexto de mayor sintonía, en un contexto de cooperación. Es decir, ha alcanzado niveles de entendimiento y de cooperación que no tienen precedentes en la historia contemporánea del país. Eso es así. Una pieza clave para ese entendimiento – no hay que ocultarlo – es este presupuesto de la Universidad. Si bien se puede aducir – como se ha aducido – que es, todavía, insuficiente, tuvo un crecimiento formidable. Que se traduce en condiciones de trabajo para académicos, para estudiantes; que se traduce en remuneraciones personales; que se traduce en posibilidades de implementación de proyectos innovadores; que se traduce en las dinámicas, en las posibilidades de mejoramiento de la Universidad. Eso es un fenómeno visible. Entonces, ¿uno qué puede decir? Todas las mediaciones políticas, ideológicas, etc., que puedan haber en cada lugar de la Universidad, yo no estoy en condiciones de traducirlas, o de asimilarlas. Habría que verlas muy específicamente. Pero yo lo que sí digo es que, el posicionamiento de la Universidad, en relación al actual gobierno, es evidente que ha estado muy fuertemente influida por la voluntad – yo diría casi inédita de este gobierno – de alcanzar consensos con la Universidad. Esto ha sido así.

Yo creo que la Universidad – obviamente – tiene que profundizar en el debate sobre el problema de la diversificación institucional de la Educación Superior. Esto es un proceso, no es fácil. Todo proceso de cambio, cualquier proceso de reforma, no es un acto caprichoso, no es un acto que esté determinado puramente por la voluntad, no debe ser un acto caprichoso o un acto determinado puramente por la voluntad de los actores involucrados. Son procesos muy complejos, procesos de interacción entre lo antiguo y lo nuevo, es un diálogo entre el pasado y el presente, en una perspectiva de futuro. No implica – un proceso de reforma – la posibilidad de rupturas abruptas. Estamos hablando de ciclos de mediana y de larga duración, donde lo gradual es clave.

-¿Queda algo pendiente en este diálogo que usted quiera agregar?

– Quizás algunas cuestiones merecieran verse de manera más exhaustiva. Pero creo que todo esto ha sido lo suficientemente prolongado como para poder no confundir más.

LA ONDA® DIGITAL

(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.