La firme y exhaustiva interpelación de la senadora Silvia Nane a las autoridades del INAU por el desamparo en que están niñas, niños y adolescentes contenidos por el organismo rector encargado de «promover, proteger y/o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, y garantizar el ejercicio efectivo de su ciudadanía», llevó a la sorprendente conclusión de que el actual gobierno no quiere amparar ni proteger a esos desamparados.
Hubo 66 preguntas sin respuesta, lectura de manuales en lugar de valoraciones políticas y todo un repertorio no solo de evasivas sino de consideraciones que en nada hacen a la situación catastrófica del INAU. El caso que detonó la situación fue el de la muerte de una adolescente de Rivera, ineludiblemente bajo responsabilidad del INAU, fallecida en una cesárea prematura el 8 de mayo. Lo detonó porque la información no surgió del organismo sino a través de la prensa; expresión del desinterés del INAU por lo que sucede puertas adentro del 
organismo. El 75% de los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Rivera suceden en el INAU. Tal como expresó el sindicato, «no se resolvió nada y la muerte de la adolescente pasó a ser casi una anécdota».
La situación que alberga el INAU en Rivera se replica en al menos 11 departamentos del país, y el organismo tiene algo así como 60 millones de dólares de su presupuesto sin ejecutar. La situación imperante, largamente denunciada por el sindicato y planteada por la interpelación, tuvo un modesto corolario. Se pidió la renuncia de los jerarcas del Mides, del Directorio del INAU y en particular de su directora general, de la Dirección Departamental de Rivera, de la Dirección del Hogar Femenino de Rivera y de la Coordinación del Hogar Femenino de Rivera, de la Dirección Departamental de Rocha”, y se le solicitó al Poder Ejecutivo que declare “la emergencia nacional de las infancia y adolescencias, disponiendo de fondos presupuestales o extra-presupuestales que posibiliten y habiliten contar con mayor recursos materiales y humanos de manera inmediata”.
La moción no fue aprobada, claro, y todos los jerarcas fueron respaldados por este gobierno. Esa emergencia bien podría justificar la intervención inmediata del organismo y poner a una comisión al menos bipartidaria, mejor si integrada por notables, para empezar a normalizar una situación por la que uruguayos y uruguayas sufren todos los días.
A lo largo de la hora escasa de interpelación, lo que iba en aumento era el asombro; no se sabe si en filas gubernamentales, pero seguro que sí en la bancada opositora. Se le podría haber imputado desidia al gobierno, pero las respuestas de los jerarcas, una tras otra, hacían exhibicionismo de su desinterés. La pregunta de fondo es el por qué de ese desinterés como política.
La interpelante abrió la necesidad de un análisis conjunto de un problema de larga data, sin procurar réditos políticos partidarios de la situación, orientando su argumentación a la consecución de un resultado. “Si no rompemos el círculo de desprotección, rompemos a las gurisas”, dijo Nane. Pero no encontró allí formas organizadas de contestación lideradas hacia la construcción de alternativas, que es lo que se espera del contrato democrático.
En momento alguno el gobierno quiso aceptar la posibilidad de un acuerdo para reequilibrar las relaciones de poder entre las dos partes, que se supone que estaban en la interpelación para dialogar sobre el problema. El único argumento del gobierno fue aritmético; su mayoría parlamentaria. Ellas se imponen mientras estén, y quienes lo sufren son las niñas, niños y adolescentes.
Las relaciones democráticas desequilibradas hasta ese punto no habilitaron posibilidades de diálogo, según se demostró en el caso. Desde ya, se evidenció imposible avanzar hacia un diálogo socrático que abriera nuevas opciones de razonar el problema, pese a la generosidad política y altas miras de la interpelante. Al gobierno sólo le interesó ejercer el poder que hoy tiene, en la escueta forma de una mayoría parlamentaria y para nada en el campo de la razón. Si se me permite, Maquiavelo enseñaba que ejercer el poder directamente es algo que interesa mucho más a quienes tienen mucho que perder. Pero en este caso, lo único que tienen para perder son las próximas elecciones.
Si se pueden arriesgar inferencias, ¿no es éste el mismo desinterés por las formas democráticas que se vieron en el caso Marset, el caso Astesiano, Salto Grande, eliminar un documento público con participación presidencial y demás? La Constitución dirá lo suyo, pero a la moral pública le alcanza con clamar «¡Vergüenza!».
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