No en vano su número de lista es el 10; así se propone verse en la cancha como el habilidoso que arma el juego, y diez son los puntos de su programa de seguridad, el gran tema de la campaña, presentado tres días antes que las propuestas de su fuerza política. Pedro Bordaberry retrasó el anuncio de su regreso «como Cristo» a la política, sin desgastarse en una interna que no es para él un objetivo, y ahora se adelanta en el principal tema; la seguridad.
Lo hace nada menos que con una Ley de Urgente Consideración, LUC, con lo que la coalición que apoya necesita lograr la Presidencia. Si se quieren los diez puntos de Bordaberry, habrá que renovarle el mandato al gobierno, nos dice. Esta vez, no sólo con Lacalle sino con Bordaberry como primus inter pares; interesante panorama en la derecha del espectro político. En esta renovada embestida contra el Frente Amplio, que es lo único claro que se plantean, no importa que la realidad demuestre que hacerlo es tirarle espinaca a Popeye. Para Pedro Bordaberry –y a diferencia de Lacalle Pou– lo central no es la mera presidencia, tal vez hoy de verdes uvas, sino la centralidad de su figura.
La procura de esa centralidad tiene importancia más allá de lo contingente. Hasta ahora se produce con los movimientos suaves que han proyectado una imagen herbívora de Bordaberry, en un panorama electoral que indudablemente pone a las fuerzas coaligadas en los pocos matices de la derecha existentes y un anticomunismo con contados cuadros partidarios como los reclamaba Lenin en sus obras Por dónde empezar y Qué Hacer, en el albor del siglo XX: la conciencia del cuadro partidario debe ser superior a la del sector de más avanzada conciencia del proletariado. A este gobierno, lo que les queda es el recuerdo de que el anticomunismo alguna vez les fue útil. De lo hecho, no sólo parecen no querer nombrar lo que realmente hicieron, sino que apelan a la vieja y hoy trasnochada tesis del enemigo interno, en exhibición de su debilidad política.
Algo cambia ahora con el pronunciamiento negativo de Bordaberry sobre el Ministerio de Justicia y más, pues con sus diez puntos para una LUC, provoca un escarceo en el lago coalicionista, cuyos resultados él sabrá medir. A tres días del anuncio sobre un programa común sobre seguridad, no hay acuerdo sobre si se quiere o no un Ministerio de Justicia; él está en contra. También tienen diferencias al respecto su cabeza de lista Andrés Ojeda con quien lo acompaña, Rodolfo Zubía y su parva de votos de derecha. La palabra cárcel, la reeducación y el hacinamiento perverso de 16.000 presos, no se mencionan.
El río venía ya bastante revuelto. Guido Manini Ríos propuso declarar la emergencia en seguridad por 120 días y Diego Sanjurjo, una figura de segunda línea del Partido Colorado, calificó la propuesta de “humo”. Ojeda, desde el agua tibia que son hoy sus propuestas, sugirió que no cederá a la tentación de radicalizarse: “Lo que no podemos tener es un concurso de mano dura, tenemos que tener una mirada solvente y científica”, pronunció, y eso implica «prevención y represión, que son simétricas e igualmente importantes”. Es con interés que se atenderá a las definiciones de prevención que haga, luego de un período de gobierno en el que el punto 6 del firmado por la coalición en Compromiso con el país» (y siendo Compromiso término legitimado en política por Wilson Ferreira ) transcurrida una semana de las elecciones del 27 de octubre de 2019, lo reiteran como algo nuevo que es necesario cumplir: «Una policía respetada, una sociedad pacífica». Y el eco de lo escrito suma hoy deberes pendientes: «el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país». Si los cacos dejaron de cometer rapiñas y similares, es porque el negocio de la droga –que sí aumentó– da más y más fácil; ése es el juego de malabar que ampara los números de delitos.
Bordaberry propone que Uruguay suscriba “acuerdos de colaboración” para “el combate del narcotráfico”, principalmente con la Administración de Control de Drogas (DEA), cuando la DEA no los quiere firmar porque saldría de su propio presupuesto –se enteraron en Montevideo– el sector de la Embajada de EEUU que estaba siendo acondicionada para ellos. Antes de ese episodio, las condiciones que la DEA planteó en su momento para estar en Uruguay eran recibir en directo toda la información de inteligencia uruguaya, seleccionar personal y entrenarlo. El segundo gobierno de Tabaré Vázquez consideró estas condiciones lesivas para la soberanía uruguaya. Tal vez Bordaberry quiera retroceder al pacto rechazado.
Plantea Bordaberry el “blindaje de las fronteras” mediante el “reforzamiento del control aéreo, terrestre y marítimo”, algo que se viene haciendo; mal, pero se viene haciendo. Y que precisaría de una auditoría externa para precisar sus defectos. La «ley de derribo», muy cuestionable por el derecho internacional, no es un problema, porque no hay aviones ni radares para controlar los cielos patrios.
Es necesario, dice Bordaberry, el fortalecimiento de los controles aduaneros, con una mayor coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas. No sólo coordinación (¡aleluya si la logran!) sino acción. Bastaría recordar los escáners portuarios que ya están en el país pero aún se debate sobre dónde instalar. Y si se habla con la Asociación de Funcionarios de Aduanas uno se entera rápidamente de escasez de personal al punto de aduanas desiertas en las fronteras, de tareas que sobrepasan en mucho su capacidad de control, como zonas francas, lo que entra y sale de Puerto Libre y más.
Mejorar la formación de los funcionarios policiales “con mayor cantidad de horas” y “capacitación en áreas claves» no deja de ser buena idea, particularmente si no se desplaza a quienes ya tienen algo de formación y contactos, y se deja de incorporar al servicio a ex policías dados de baja por razones tanto atendibles como punibles, y que necesariamente están por fuera de la revolución tecnológica a la que deben hoy apelar para cumplir su servicio.
Por supuesto, para Bordaberry es necesario aprobar el allanamiento nocturno, tema sobre el que hay dos bibliotecas de argumentos. Sólo se agregan a ellos la pregunta de si se hace suficiente inteligencia para saber, cuando todos los gatos son pardos, qué habrá tras la puerta que se empuje, qué armas tienen, qué certeza es necesaria para presumir delito, y qué pasa si se afecta o lastima a civiles, incluyendo niños en su hogar, Además, dos elementos que no se entienden: las bocas de venta de drogas no son caracoles sino hogares a los que se les adjudica la función de locales: están allí también durante el día, cuando se ven, se pueden controlar, rodear, filmar y más. Y el otro elemento es que la dinámica del negocio del microtráfico –que en rigor, escuda los movimientos del macrotráfico y hasta les da mano de obra– es que por lo general las bocas no son atendidas por el grupo que domina la zona, sino por personas mucho más necesitadas del barrio, que si son presas y requisadas, en cuestión de horas o de un día son reemplazadas por otras. Así las cosas, no se le encuentra la lógica al allanamiento nocturno.
Pero más que la lógica de las medidas en sí del decálogo de Bordaberry, lo definitorio es que Bordaberry va construyendo así la centralidad de su figura en un Partido Colorado que viene avanzando en este rumbo de desde hace tres cuartos de siglo, principalmente con la minuciosa labor de Julio María Sanguinetti. Así, se está consolidando un partido claramente de derecha en el Uruguay. Su centro es uno de los hijos del ex dictador Juan María Bordaberry, quien no supo entender que los partidos políticos –en esos estratos de la ideología– son maleables. Sólo hace falta paciencia, y volver dos veces, como Cristo.
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