¿Por qué los pacientes de ASSE no pueden recibir la mejor atención posible? Porque, está insistiendo la oposición, la Constitución lo impide. Y la ley 16.736 y normas posteriores lo disponen.
Es de conocimiento generalizado y largamente establecido que el Estado uruguayo paga bajos salarios, y hay quienes los aceptan por hacer patria. Al doctor Álvaro Danza ASSE le paga 130.000 pesos, que es el 20,1% de lo que percibe junto a la remuneración de tres entidades no estatales: FNR, CAMS y Médica Uruguaya. Va de suyo que si le pagan el 80% de 640.000 pesos desde hace no sé cuanto tiempo –un nivel salarial de primera línea para este país–, es porque los vale. Esa calidad de atención es la que su designación quiere darle también a los usuarios de ASSE; ésa es la que acepta el Dr. Danza para darle lo suyo al estado al que pertenece.
La oposición se opone, y quiere que la sangre llegue al río en este enfrentamiento político. En esta batalla en la que insisten, están dispuestos a pedir la cabeza de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a quien las encuestas dan como la ministra mejor conceptuada. En su vociferada ofensiva, están dispuestos a ir por lo mejor. Si se permite la imagen, es como descartar el auto porque las puertas del garaje son demasiado estrechas.
El gobierno sólo argumenta que ya consultó a su propia biblioteca, y que el Dr. Danza puede ejercer los cargos que tenía más el de ASSE. Ganará esta disputa en marcha quien logre mayoría en ámbitos políticos, no médicos, y la contradicción quedará a disposición de nuevas necesidades políticas que el futuro indudablemente promoverá: según las necesidades de la bancada parlamentaria, a veces se la aplica y a veces no.
Hay otro camino posible, y más productivo, que implica pequeñas reformas al viejo Estado uruguayo: autorizar que al Dr. Danza se le pague desde el Estado la totalidad de lo que gana, o se lo autorice, como excepción, que mantenga sus cuatro puestos actuales. El autor no es constitucionalista, pero el artículo 220 de la Constitución parece autorizar al Ejecutivo a modificar los proyectos originarios de retribución, y someterlos al Poder Legislativo.
La disposición del oficialismo a reconocer que el Estado necesita de modificaciones en sus normas, a cuenta de una modificación mayor, es el verdadero brete que, sin imaginarlo, ha puesto la oposición al gobierno. No se sabe por qué parte de la oposición eligió este tema de enfrentamiento, habiendo otros más importantes. Pero en política, como en otras áreas, a la oportunidad la pintan calva. En algún escenario hay que mostrar la capacidad política que se tiene, todo en su medida y armoniosamente con el espíritu de diálogo de este gobierno, pero hay que mostrarla y ejercerla.
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