Las críticas al ministro del Interior designado Carlos Negro implican criticar el programa del Frente Amplio. Quienes la emprendieron contra sus apreciaciones, tuvieron toda la campaña electoral para hacerlo. Pero las hacen ahora, intentando crear un hecho político que condicione al gobierno que asumirá el sábado 1°.
La idea de plantear la lucha contra el flagelo de la droga como una «guerra» viene de EEUU y se demostró ser un enfoque equivocado y fracasado, para empezar, en el propio EEUU. No es sino como dice el programa del FA, con una articulación «coherente y transversalmente con el resto de las políticas públicas» que se debe encarar esta lucha. El ministro Negro no dijo otra cosa, y encarar la necesidad de obstaculizar y ojalá impedir el lavado del dinero que produce, como ha planteado reiteradas veces el entrante subsecretario de la presidencia Jorge Díaz, es ahorcar la razón de ser del delito. Es bastante más compromiso que el que tuvo la Senaclaft dependiente del gobierno pasado, que ni siquiera se interesó por los 8 millones de dólares «en horas extra» que probadamente se pagaron en Artigas. La sospecha de lavado de dinero en el caso es ineludible, y la única forma de eludirla, fue callar. Que es lo que hicieron.
Quienes quieran entender y poner en contexto la política contra el narcotráfico que se viene, pueden leer al respecto en el programa del FA. El tema Política de Drogas es tratado en profundidad en la sección con ese título. De ella, se transcribe a continuación solo los primeros párrafos de «8 desafíos para una política de drogas del siglo XXI».
A.A.
Programa del Frente Amplio:
«Las políticas de drogas se deben articular coherente y transversalmente con el resto de las políticas públicas ya que se trata de un fenómeno social complejo. Reconociendo que las personas han usado drogas, lo hacen y lo harán, debemos reconocer el derecho a su uso y actuar en consecuencia, devolviéndole al Estado el control sobre la cadena productiva así como orientar el trabajo de los diferentes actores públicos y privados para gestionar los riesgos y reducir los daños de dicho uso.
«El incremento de los conflictos violentos asociados al control de territorios por parte organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas nos desafía a pensar soluciones alternativas para viejos problemas, pero con nuevas manifestaciones. El mercado clandestino de drogas se ha transformado, incrementando su violencia y su penetración en territorios vulnerables, convirtiendo a una parte de la población en presa fácil de la violencia o de la cárcel.
«A pesar del desarrollo de un enfoque integral de seguridad y convivencia que se ha venido consolidando progresivamente en las instituciones públicas referentes en la materia, aún resta profundizar los esfuerzos para que se minimicen el encierro y la represión de los jóvenes pobres de nuestra sociedad, producto de su involucramiento en las redes de narcotráfico. El ¨fenómeno de las drogas¨ supera la regulación del cannabis y afecta en forma diferencial según los estratos de la sociedad, perjudicando principalmente a los sectores más vulnerables. Es por ello que el enfoque de gestión de riesgos y reducción de daños debe permear el resto de las políticas, en particular las de desarrollo social y salud pública, así como profundizar su vinculación con la investigación científica, la innovación y el desarrollo económico del país.
«Las políticas de drogas del cuarto gobierno del FA se desarrollarán desde un enfoque antiprohibicionista, de regulación de los mercados y de gestión de los riesgos y reducción de daños. Un enfoque integral y equilibrado centrado en las personas y comunidades con una perspectiva transversal de derechos humanos y salud pública, incorporando la perspectiva de género y generacional en su diseño y ejecución. Se organiza en torno a tres pilares fundamentales: perspectiva de Derechos Humanos, enfoque de salud pública y regulación de mercados.»
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