El parlamento uruguayo votó no hacer una conmemoración a Raúl Sendic al cumplirse cien años de su nacimiento. El MPP fundamentó en sala la solicitud en que Sendic había bregado por los derechos de las empleadas domésticas, y la negativa se fundamentó en que en los años de los ’50 y ’60 había una incuestionable democracia en el país. Un pasado irreconocible y ojos estrábicos en la nuca. Menos mal, por la memoria de Sendic, que no salió.
La anémica y etérea fundamentación del MPP hecha en sala tiene mucho de realizada a propósito, aunque haga gala de la ignorancia. Raúl Sendic abogó con cuerpo y alma por los derechos laborales de los desheredados de la tierra al menos entre 1957 y 1963, hasta que consideró que la vía estaba agotada. Los reclamos por una reforma agraria que permitiera a los cañeros cultivar las 30.000 hectáreas improductivas de Silva y Rosas tenían, al momento de ese reclamo, ya 20 proyectos de reforma agraria presentados al Parlamento.
La lucha en el marco democrático actuaba en definitiva como freno o retardador de los propósitos golpistas para mejor depredar, que avanzaban en el continente: en 1965, la embajada de EEUU en Montevideo informaba a Washington que avanzaba la posibilidad de que militares pertenecientes al Partido Nacional dieran un golpe de Estado; ya se había frustado uno en 1962, del general Aguerrondo. Es la 
crisis de legitimidad de la democracia y la frustración de los reclamos planteados la que les plantea la lucha armada como única opción viable a los activistas de entonces, y en consecuencia nacen los tupamaros. Que fue una mala opción y un error verla como única opción, lo demuestra simplemente su derrota militar.
En cuanto a la plenitud con que imperaba la democracia en aquellos años, se remite a los nacionalistas y colorados de hoy a las actas del propio Senado, que el 30 de octubre 1969 decide crear una comisión investigadora sobre las abundantes denuncias de tortura policial a delincuentes y activistas políticos. Tras ocho meses de actuación, la comisión dió por probado que «el sistema de torturas a los detenidos por la policía de Montevideo es un hecho habitual: se ha convertido en un sistema frecuente, casi normal».
Era más que eso: los torturadores se sentían impunes. El comisario Héctor Morán Charquero, jefe de un comando especial antisedicioso, había llevado la indiferencia moral y la abulia ética que surge de la escuela francesa antirrepresiva practicada en Argelia, a la perversidad. Se sacaba la capucha para torturar, en exhibicionismo de su impunidad. La militante Corina Devitta, embarazada de ocho meses, fue pateada en la panza por el comisario. Y un año y medio después torturó a Rodebel Cabrera mientras le decía que tenía autorización para hacerlo hasta que muriera, y avanzaba en ese sentido. Cabrera no murió, pero tardó en reponerse con los cuidados de sus compañeros en Punta Carretas.
El juez Gervasio Guillot hace comparecer en el juzgado a Morán Charquero, y las fotos de él son publicadas por el diario De Frente, que es en consecuencia cerrado por el gobierno. Y el MLN mata, asesina a Morán Charquero el 13 de abril de 1970. Sus familiares son hoy beneficiarios de 150.000 dólares, por la ley de reparación a las víctimas de la violencia civil que logró Guido Manini.
En 1970, el general Liber Seregni, ya candidato del Frente Amplio, responde a Cuadernos de Marcha si el gobierno podía ser definido como una dictadura: «Sí, en el sentido que es, sin lugar a dudas, un régimen de fuerza que actúa a espaldas de los intereses populares y sirviendo intereses de grupos privilegiados».
Pero la degradación democrática venía de antes, por lo menos de los ’60. El 17 de agosto de 1961 el Paraninfo de la Universidad recibe al Che Guevara, quien recomienda defender la democracia «hasta el primer tiro». Éste se produce a su salida del Paraninfo, iba dirigido a él y mata al profesor Arbelio Ramírez.
Más contundente demostración es la Carta Pastoral del obispo de Tacuarembó Carlos Parteli, de noviembre de 1961, que produce un giro en el enfoque de la inglesia católica uruguaya hacia la realidad social.
«La estructura sobrenatural de los recursos específicamente religiosos sólo puede existir si se apoya sobre una base humanista imprescindible, que supone algo de cultura intelectual y moral, y un mínimo de bienestar material.
«¿Qué adelanta saber leer y escribir, si no hay nada que leer ni nada que escribir? ¿Qué virtudes morales puede pedirse al que se crió en la calle, sin hogar, sin disciplina, sin hábitos de trabajo, y lleva una vida trashumante entreteniendo su ocio en los boliches? ¿Qué virtudes hogareñas puede cultivar el que, por razón de su trabajo, llega a su casa sólo de vez en cuando, y allí no encuentra más que un tugurio inhóspito, con unos cajones y unos camastros por muebles, y una mujer y unos chiquillos desgreñados por familia?
«¿Qué virtudes patrióticas, qué amor a las instituciones, qué solidaridad social, qué alicientes para una vida honrada pueden sentir quienes nada tienen y nada reciben ni esperan, de una sociedad que pasa a su lado mirándolos con indiferencia o desprecio, cuando no provocando su ira o su envidia en el lujo el derroche y el hartazgo? ¿Cómo podremos hablar de amor a quienes jamás sintieron el calor de una mirada o de una mano fraternalmente afectuosa?
«Muchos de nuestros diocesanos están en esta triste condición, sin encontrar el buen samaritano que se les acerque y los levante. El derecho de propiedad, por ejemplo, que lo tienen todos, porque es la garantía de la libertad individual y estímulo para el trabajo, de hecho, en muchos, es apenas un derecho teórico, mientras que en otros se extiende más allá de lo necesario y conveniente. Es obvio que cuando se alcanzan estos extremos, el orden jurídico deja de ser el regulador de la justicia para convertirse en una mera ficción desconectada de la realidad. No sólo no ordena nada, sino -lo que es peor- da engañosa apariencia de orden a un tremendo desorden.
«Contrastando con la magnificencia de Dios, al borde de los campos ubertosos resaltan como una mancha en el paisaje las sórdidas viviendas humanas. Los alambrados cortaron los campos en donde antaño cabalgaron libres y felices los indios y los gauchos. La Ley y el Derecho fijaron los límites de cada posesión.
«Pero aquellos cercos que debieran ser expresión de equidad –a cada uno lo suyo; y símbolo de seguridad: cada hogar un reino– se han convertido en signo de desigualdad y en coraza de privilegios, muchas veces sin la mínima justificación. No es admisible que los ganados de adentro tengan mejor trato que los enjambres de niños, tristes y ojerosos, que pueblan los ranchitos de afuera.
«Y menos admisible todavía es que, en un pueblo cristiano como el nuestro, los intereses materiales del lucro tengan prelación sobre los intereses morales de la familia. Duele y avergüenza comprobar que en el Uruguay muchos obreros del campo no pueden formar familia, porque ella no es rentable para el patrón adentro de la estancia, o porque el jornal retaceado no alcanza para sostenerla afuera.
Ciertamente el derecho de propiedad es un derecho natural que la ley positiva debe asegurar y defender. Pero cuando la propiedad, sobre todo la territorial, por su excesiva concentración o por su deficiente explotación, redunda en perjuicio de la comunidad, el gerente del bien común tiene el deber de intervenir para redistribuirla en forma más adecuada. Cuando una rama se va en vicio, el buen quintero la poda y salva a todo el árbol.»
Y sigue. Dejaría el enlace digital si lo hubiera; pude lograr una foto, a su vez foto del original de la Carta, gentileza de Observatorio del Sur. Lamentablemente, justo esta Carta Pastoral no está en la biblioteca del Legislativo. Recomiendo sin embargo su lectura a todos los diputados, tanto a aquellos que afirman como incuestionable la democracia de aquellos años y casi que la equiparan con la excesivamente halagada de hoy, como a aquellos que reducen la figura señera de Sendic a los derechos laborales de las empleadas domésticas, por más que mucho lo
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