Ni la policía nacional ni una fuerza de seguridad respaldada por la ONU han logrado contener la insurgencia en Haití de bandas criminales que dura ya un año, con más de un millón de personas desplazadas.
La insurrección criminal tiene como objetivo la capital de Haití ha alcanzado nuevas profundidades en los últimos días, alimentando las especulaciones de que toda la ciudad -la tercera más grande del Caribe- puede estar al borde de caer en manos de una coalición de bandas fuertemente armadas llamada Viv Ansanm (Vivir Juntos). La resistencia no es ni de la policía ni de los soldados de Kenya, que en la práctica no han recuperado territorio alguno, sino de los grupos de autodefensa formados en los barrios.
La ofensiva de las pandillas, con armas y material bélico proveniente de EEUU, se propone controlar Puerto Príncipe y anular a los grupos de pobladores de la autodefensa. El propio nombre en común de las pandillas, Vivir Juntos, sugiere que, anulados los grupos de autodefensa, estarán en condiciones de compartir el poder en términos a negociar con la autoridad formal investida allí a través de mecanismos controlados por Washington.
Frantz Duval, director del periódico más antiguo de Haití, Le Nouvelliste, advirtió en un editorial 
desalentador que la caída de la capital haitiana podría ser inminente. «Como Phnom Penh invadida por los Khmeres Rojos, Saigón absorbida por las tropas norvietnamitas, Trípoli tras la caída de Muamar el Gadafi, Saná tomada por los hutíes o Kabul tomada por los talibanes, Puerto Príncipe lleva tanto tiempo pendiendo de un hilo que ahora cabe temer que los rumores y los gritos de angustia no sean meros ecos, sino el sonido de su colapso final», escribió. Sí, la situación es realmente crítica.
Duval afirmó que, desde que comenzó el levantamiento criminal en febrero de 2024, «la situación se ha descontrolado por completo». Poco más de un año después, Puerto Príncipe está al borde del colapso, con al menos 60.000 personas huyendo de sus hogares durante el último mes para escapar de los combates, según estimaciones de la ONU. Más de un millón de personas han sido desplazadas desde el inicio del motín, mientras los combatientes de pandillas seguían avanzando, quemando edificios y amenazando con apoderarse por completo de la capital de Haití.
“Los asaltos de las pandillas, interrumpidos por ráfagas de armas automáticas… hacen que la huida sea la única opción”, escribió Duval. Sin embargo, para la mayoría de los haitianos, escapar ahora es imposible, añadió: “Todas las salidas de la capital están bajo el control de grupos armados”.
“El miedo se refleja en los rostros de la gente”, dijo Rosy Auguste Ducéna, activista de derechos humanos que trabaja con víctimas de la violencia de pandillas y que ha pasado los últimos días viendo a los desplazados pasar frente a las oficinas de su grupo cargando maletas y bolsos. “Parece que la población sufre mientras las autoridades se quedan de brazos cruzados”.
La desintegración de Puerto Príncipe ha sido un proceso tortuoso y gradual, con sus raíces
en siglos de explotación colonial, intromisión extranjera, dictadura brutal, corrupción y disfunción política y una serie de desastres naturales devastadores como el terremoto de 2010.
Ahora, algunos temen que la situación de seguridad podría estar cerca de desmoronarse por completo, con una sucesión de áreas que alguna vez fueron seguras, como Solino y Nazon, cayendo bajo el control de pandillas, trabajadores humanitarios del grupo médico Médicos Sin Fronteras siendo atacados y la sede de la estación de radio más antigua de Haití siendo incendiada.
A principios de este mes, el alcalde de la ciudad, Youri Chevry, admitió que su gobierno sólo controlaba alrededor del 30% de la ciudad, con varias zonas clave «en estado de guerra».
El miércoles, miles de manifestantes salieron a las calles para denunciar la violencia y la incapacidad del gobierno para contenerla. «Estamos dispuestos a morir para defender nuestros barrios, nuestras familias y nuestros hogares. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad. Si debemos morir, moriremos de pie, sin rendirnos», declaró un manifestante a Le Nouvelliste. Mientras, grupos armados de autodefensa erigían barricadas para defender las comunidades aún no conquistadas por las pandillas.
William O’Neill, experto en derechos humanos de la ONU que visitó Puerto Príncipe a principios de este mes, no vio ninguna exageración en las comparaciones con Saigón o Kabul: «El miedo es palpable. La sensación de que la ciudad está al borde de caer totalmente en manos de las bandas es realmente fuerte».
“Están superados en número y armamento… Necesitan helicópteros para desplazarse con facilidad y seguridad… necesitan gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, lo que sea, y necesitan más personal”, dijo O’Neill, pidiendo también un embargo de armas para detener el contrabando de armas a Haití desde Estados Unidos.
En su desesperación, la policía haitiana ha comenzado a emplear tácticas dramáticas similares a las utilizadas en el campo de batalla en Ucrania. En las últimas semanas se han reportado una serie de ataques suicidas con drones contra jefes de bandas que viven en las laberínticas barriadas de Puerto Príncipe, rodeadas de barricadas y guardias. «Con drones kamikaze podemos llegar a lugares a los que la policía no puede acceder», explicó el policía.
Françoise Ponticq, una dentista francesa que trabaja en una clínica cerca de la plaza parcialmente desierta del Campo de Marte , escuchó “fuertes explosiones” la semana pasada cuando detonaron esos drones, aunque no pudo decir exactamente dónde. De una cosa estaba segura Ponticq: Puerto Príncipe se encontraba en una encrucijada peligrosa. «O nos atrapan las pandillas, o las atrapamos nosotros», dijo. «Es una moneda al aire, en mi opinión».
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