Negación y apología de la dictadura argentina

   (RADAR) Hubo en Argentina 99 ataques relevados bajo la categoría negacionismo y apología a la dictadura en la plataforma web de Radar entre el 2020-2025: Radar-ar

Se trata de un período histórico marcado por la consolidación de una fuerza política de ultraderecha que desde la retórica y las acciones se propuso dar batalla en este y otros campos.

En marzo de 2024, ya bajo el gobierno libertario, hicimos un primer análisis de nuestros registros hasta esa fecha. Pudimos ver cómo los casos de ataques a símbolos y lugares de la memoria se multiplicaron durante la segunda mitad del 2021, coincidiendo con el nacimiento de La Libertad Avanza como fuerza política y el ingreso de Javier Milei y Victoria Villarruel a la Cámara de Diputados.

Asimismo, hacia finales de 2022, advertimos los primeros casos de agresiones negacionistas dirigidas directamente contra militantes de derechos humanos. Dos años después, vemos que durante todo el período analizado, marzo es el mes que registra la mayor cantidad de casos. Desde el 2021 se registran entre 3 y 4 ataques en los días previos o posteriores a la fecha del 24M. Además, la modalidad predominante de la mayoría de los ataques relevados continúa siendo de carácter simbólico y patrimonial.

El 80% de los episodios (79 de los 99 casos registrados) se concentran en ataques a símbolos y lugares. Dentro de este universo, se observa un ensañamiento particular contra las marcas territoriales de memoria: 32 de los casos tuvieron como objeto de ataque baldosas por la memoria, placas conmemorativas y señalizaciones de sitios de memoria. Otros 28 casos fueron ataques a murales o pintadas, con centralidad en el símbolo de pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, se registra una incidencia significativa en instituciones educativas, con un total de 20 casos registrados, lo que demuestra una fuerte disputa por los sentidos que se construyen y se transmiten en esos entornos.

Se evidencia un patrón sistemático que tiene como blanco principal las señalizaciones públicas —especialmente placas y murales—, con el objetivo de quebrantar los procesos de construcción de memoria colectiva impulsados por los organismos de DDHH, instituciones educativas y espacios de memoria. Una estrategia orientada a destruir la cultura material de los principales espacios de socialización sobre la última dictadura militar.

El conjunto de los 99 casos se completa con manifestaciones que implican formas de violencia más directa: hostigamiento e intimidación (15 casos) y atentados contra la integridad física y la vida (2 casos) contra militantes de DDHH, estudiantes, docentes y familiares de desaparecidos. Aunque no fueron estrictamente ataques, también se registraron intervenciones públicas (3 casos) abiertamente reivindicatorias de la dictadura militar. Por ejemplo, la circulación de un Falcon verde en una manifestación antiderechos, símbolo cargado de sentido histórico que opera como dispositivo de intimidación.

El número de ataques tuvo su pico más alto durante el 2023. De los 35 casos registrados ese año, 17 sucedieron en plena campaña electoral, exacerbados por la arrasadora victoria de Milei en las PASO. Surge así una correlación entre la retórica de agitación electoral libertaria y el aumento de la violencia simbólica. Este pico podría leerse como un aumento real de la violencia política, pero también puede reflejar un mejor registro o una mayor atención mediática y militante a estos hechos durante esos meses, cuando aparecía la posibilidad cierta de que asumiera el gobierno una fuerza política que, abierta o solapadamente, reivindicaba el accionar del último gobierno militar.

En cuanto a su distribución geográfica, los ataques registrados se concentran mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Esta distribución puede estar sesgada por nuestro alcance de notificación de casos que hayan sucedido en otras localidades, una deuda para poder construir un mapeo más amplio y estar en alerta. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a participar en el relevamiento de eventos de este tipo en todo el país.

Al focalizar en quién realiza estas acciones, encontramos que los perpetradores de los ataques actúan en su mayoría en el anonimato. Esta característica vuelve difusa la posibilidad de identificar grupos o individuos que los promueven, organizan y ejecutan. Sin embargo, en la porción de casos en los que se pudo conocer, se vinculan al libertarianismo, nacionalismo reaccionario o afines a sectores militares.

El crecimiento de casos se vincula, entonces, con el ascenso de discursos negacionistas de la ultraderecha, que buscan modificar el consenso social de “Memoria, Verdad y Justicia”. En ocasiones, estas narrativas también presentan las políticas de memoria meramente como medidas asociadas al kirchnerismo y las califican de “corruptas”, reduciéndolas a una confrontación partidaria.

Las impresiones que podemos extraer de nuestro relevamiento dan cuenta de la disputa permanente que existe por la memoria en el país. Pero más que centrarnos en el análisis de esa ofensiva, queremos destacar la resistencia comunitaria de organizaciones que se dedican a restaurar los espacios violentados por actores o grupos de la ultraderecha. En nuestro relevamiento, también nos encontramos con Comisiones Barriales por la Memoria, organizaciones de derechos humanos y comunidades escolares que se han organizado en distintas ocasiones para restaurar o restituir sus murales o baldosas dañadas.

Un caso emblemático son las reparaciones comunitarias impulsadas por los vecinos y vecinas del Parque de la Estación, un espacio de encuentro en el barrio de Almagro. Desde la primera inauguración de su mural y placas en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo en 2023, las marcas territoriales han sido objeto de más de cinco ataques. Lejos de paralizarse, la comunidad siempre responde con convocatorias vecinales para restaurar y recuperar el espacio. El último ataque se registró en julio de 2025, pero el compromiso colectivo con la memoria permanece vigente.

También se encuentran las jornadas de pintura colectiva organizada por diversos militantes de derechos humanos y estudiantes universitarios, en respuesta al ataque coordinado de un grupo de militantes y funcionarios libertarios de San Isidro que borraban de forma recurrente pintadas realizadas por organizaciones de derechos humanos alusivos a la restitución de nietos desaparecidos. A fin de cuentas, la memoria no se tapa, ni se borra: las calles y las paredes son del pueblo.

Por todo ello, subrayamos la importancia de seguir registrando estos eventos, lo cual permite proteger la memoria colectiva frente a los sistemáticos intentos de negación y reivindicación del terror genocida. En la medida en que toda historia y recuerdo es selectivo y realizado desde una determinada perspectiva, mantener activos los ejercicios de memoria común resulta fundamental para el presente.

Durante las últimas décadas se realizaron importantes esfuerzos por habitar el espacio público y llenarlo de referencias sobre lo sucedido. Pero no se puede descansar en lo ya hecho. Mantener viva la memoria y disputar su sentido es un ejercicio permanente y colectivo, indelegable, que permite mantener vigente y actualizar el legado de nuestras compañeros.

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