La Udelar solicita al gobierno uruguayo que la definición de antisemitismo propuesta por la IHRA y sus interpretaciones no sea utilizada de manera oficia

El impulso para estas actividades tuvo base en la observación de un escenario global «signado por crisis sociales, ambientales y económicas, junto con el avance de conflictos bélicos, desplazamientos forzados y amenazas a los sistemas democráticos». La iniciativa, que incluyó un total de tres encuentros con la participación de académicos y académicas expertos en dichas problemáticas, buscó reivindicar «la fuerza de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto estricto a la legislación internacional desde una perspectiva humanista y latinoamericana». 

También se fundamentó en el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la institución, que mandata a la Universidad a «contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública», así como a la defensa de los valores de justicia, libertad y los derechos humanos.

El CDC extraordinario comenzó con un repaso realizado por el rector Héctor Cancela en torno a los dos encuentros anteriores del ciclo «El mundo en crisis»: las mesas de intercambio tituladas «Coyuntura internacional: la guerra, sus múltiples frentes y la amenaza nuclear» y «Soberanía latinoamericana en crisis, crimen organizado y perspectivas para las democracias amenazadas». 

Luego, consejeros y consejeras se expresaron en representación de los tres Órdenes del cogobierno y también de las distintas áreas académicas de la Udelar. 

El evento culminó con la aprobación de la siguiente resolución:

«CDC Sesión extraordinaria

El rol de las universidades públicas en la defensa del diálogo plural, la democracia y los derechos humanos

Visto que:

Habitamos un tiempo desafiante, signado por crisis sociales, políticas, ambientales y económicas, guerras, desplazamientos y amenazas a la democracia.

Una coyuntura de crisis de ciertas representaciones políticas y de los organismos multilaterales, de criminalización a movimientos sociales y la construcción de nuevos enemigos internos encarnados en cuerpos jóvenes, periféricos y de poblaciones vulneradas. Donde la coacción contra las juventudes, material y simbólica, redunda en sufrimiento, con zonas grises donde la presencia estatal se diluye y la organización criminal crece, junto a estrategias de intervención militar en nombre de la lucha contra el crímen organizado que redundan en un control territorial armado.

Un tiempo de capitalismo, que televisa y ficcionaliza la violencia ejemplarizante y privatiza el acceso a derechos humanos como la salud y la educación, que precariza las salidas laborales, minimizando la dignidad para vivir.

Que se perpetúa el genocidio y la catastrófica situación humanitaria en Gaza; los escenarios bélicos se profundizan en Ucrania y en Sudán; la amenaza nuclear, al tiempo que amenaza real, opera en las cadenas internacionales para reactivar el terror como sentido común, y la crisis del petróleo impacta desde el estrecho de Ormuz hasta Cuba.

Que las consecuencias de estos múltiples frentes de guerra son los desplazamientos forzados, la crisis protagonizada por millones de personas refugiadas con hambre, enfermas, impedidas de recibir ayuda humanitaria.

Que comenzamos el año con la agresión armada del gobierno de los Estados Unidos de América a Venezuela, incluyendo bombardeos en diversas ciudades y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, acciones que contravienen las más elementales reglas del Derecho internacional.

Que el bloqueo a Cuba se profundiza con sanciones económicas y energéticas, que restringen las condiciones para desarrollar una vida digna, apostando por el hambre y los apagones en el país caribeño.

Que la reactivación de la Doctrina Monroe actúa con fuerza tanto a través de las intervenciones militares, como de presiones diplomáticas y económicas, a la vez que se debilitan las garantías y contrapesos que proporcionaban el derecho internacional y los organismos multilaterales, cada vez más ignorados e inefectivos.

Que, mientras los movimientos ecologistas y las cumbres de cambio climático denuncian el colapso ambiental por el uso y abuso de combustibles fósiles, el petróleo vuelve a estar en el centro de las disputas geopolíticas.

Que una renovada ofensiva del Comando Sur presente en nuestra región con la instalación de bases militares de Estados Unidos, muestra el interés de dominio político, militar y territorial, que incluye la apropiación de bienes naturales.

Que aquellos proyectos que suponen inversiones en tecnología suelen profundizar la primarización de las economías en el Sur Global, depredan los territorios y producen las emisiones de carbono que provocan la crisis ambiental, intensificando la multipolaridad y la competencia geopolítica.

Que las democracias están en crisis porque enfrentan, al mismo tiempo, presiones externas e internas que debilitan su capacidad de sostener la igualdad, los derechos y la participación real.

Que a esto se suma el avance de liderazgos autoritarios y gobiernos que cuestionan la justicia social, las políticas ambientales, el paradigma de los derechos humanos y la institucionalidad republicana.

Que la crisis democrática, entonces, no es solo electoral: es también una crisis de soberanía y de sentido colectivo, en la que amplios sectores postergados dejan de sentirse parte de los proyectos políticos. Por ende, el desafío no puede limitarse a defender la democracia existente (lo cual es indispensable), sino también a profundizarla. Esto significa democratizar el conocimiento, fortalecer la presencia pública en los territorios, ampliar derechos y reconstruir condiciones reales de participación para quienes hoy quedan al margen.

Que en América Latina encontramos un panorama complejo para el desarrollo de la educación superior, con desinversión y recortes presupuestales sistemáticos a la educación pública que afectan la producción de conocimiento, restringiendo la capacidad soberana de nuestros países, el ejercicio pleno de ciudadanía y las posibilidades de proyectar el futuro.

Que la posibilidad de emancipación se dificulta y expone a nuestros países a una forma de subordinación frente a las definiciones impuestas por las potencias del Norte global. Y que este proceso apunta a la mercantilización del derecho a la educación y expone a las sociedades a la formación de profesionales sin las herramientas suficientes para el desarrollo adecuado de su carrera.

Que no existe derecho a la educación sin derecho a la vivienda, a la libertad de expresión y a una alimentación digna. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e inalienables.

Que recientemente actores extranjeros han intervenido en los procesos eleccionarios de diversos países de la región y del mundo como parte de una deriva autoritaria y antidemocrática, dando lugar a redes masivas de desinformación, conspiración e injerencia que ponen en peligro la idiosincrasia democrática de las naciones.

Que la educación no es un lucro ni un negocio, sino que es la razón de ser de la construcción de las democracias y repúblicas en el mundo.

Que resoluciones anteriores del CDC como la nro. 40 del 16/04/2024 y nro. 2 del 08/04/2025 expresan el compromiso de la Universidad de la República con una solución de paz definitiva en la región de Medio Oriente y el rechazo a la violencia como forma de resolución de conflictos.

Que la resolución nro. 9 del 16/12/25 del CDC insta a la comunidad universitaria a mantenerse alerta ante cualquier situación que implique violencia o discriminación racial, étnica, religiosa u otra; a preservar el derecho a la libertad de expresión en el marco del respeto y la defensa de los derechos humanos que caracteriza a la institución; solicita al gobierno uruguayo que la definición de antisemitismo propuesta por la IHRA y sus interpretaciones no sea utilizada de manera oficial y evalúe el retiro del país de este espacio institucional, y adhiere, en tanto Universidad de la República, a la definición de antisemitismo y su interpretación contenida en la Declaración de Jerusalem.

Considerando:

Que el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República insta a contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública y defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno, es necesario abordar desde esta universidad pública las múltiples dimensiones que están en juego de manera simultánea, reivindicando la fuerza de la paz y la democracia, la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la integridad territorial y a la seguridad de las personas, y el respeto a la legislación internacional.

Que desde el Consejo Directivo Central se convocó a un ciclo de debates públicos sobre la coyuntura internacional denominado “El mundo en crisis”, que contó con perspectivas diversas gracias a las exposiciones e intercambios de seis académicos y académicas de nuestra casa de estudios, promoviendo la reflexión y el llamado a la acción de toda la comunidad universitaria.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1. Reafirmar el compromiso de la Universidad de la República con la defensa de la democracia, el modelo latinomericano de universidad, los derechos humanos, la soberanía de los pueblos, los principios de igualdad y no discriminación, la educación pública, laica y gratuita, la autonomía universitaria, el cogobierno y la producción de conocimiento al servicio de la sociedad.
2. Sostener que la defensa de la democracia exige, al mismo tiempo, su profundización. No alcanza con preservar las instituciones existentes: es necesario ampliar las condiciones reales de participación, garantizar derechos, democratizar el conocimiento y colocar en el centro a los sectores históricamente postergados.
3. Llamar a la solidaridad activa entre universidades públicas, movimientos sociales, las más diversas organizaciones democráticas, comunidades académicas, trabajadores/as, estudiantes y pueblos de América Latina frente a las amenazas que pesan sobre la democracia, la educación pública, la soberanía regional y los derechos humanos.
4. Convocar a la movilización en defensa de la educación superior pública como derecho humano y bien público social, frente a los procesos de desfinanciamiento, mercantilización, precarización y subordinación del conocimiento a lógicas exclusivamente instrumentales o de mercado.
5. Promover la participación activa de la Universidad de la República en instancias de discusión, elaboración, evaluación y seguimiento de políticas públicas, aportando conocimiento crítico, capacidades técnicas, mirada interdisciplinaria y compromiso social.
6. Impulsar la construcción de capacidades nacionales y regionales en ciencia, tecnología, innovación, educación, salud, vivienda, ambiente, cultura, arte,trabajo y desarrollo productivo, orientadas a fortalecer la soberanía latinoamericana y a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos.
7. Rechazar toda forma de militarización de la vida social que, bajo el argumento de la seguridad, debilite derechos, normalice estados de excepción, profundice desigualdades o sustituya políticas públicas integrales por respuestas punitivas.
8. Advertir sobre el avance del crimen organizado, la corrupción y las formas de control territorial que afectan especialmente a las juventudes precarizadas, y señalar la necesidad de respuestas públicas integrales que incluyan educación, trabajo, vivienda, cultura, salud, integración territorial y fortalecimiento comunitario.
9. Reafirmar la integración latinoamericana como horizonte estratégico, entendida como camino para construir una región de paz, cooperación, soberanía, justicia social, defensa ambiental y desarrollo sostenible.
10. Fortalecer la participación de la Universidad de la República en redes universitarias regionales e internacionales, promoviendo la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural con universidades de América Latina y el Caribe, así como con instituciones de otras regiones del mundo, particularmente del Sur global, desde una perspectiva de autonomía, reciprocidad y pensamiento propio.
11. Convocar a las universidades públicas latinoamericanas y caribeñas a profundizar el diálogo plural, la defensa de la democracia, los derechos humanos, la autonomía universitaria, la educación pública y la producción de conocimiento orientada al bien común.
12. Promover espacios interdisciplinarios de reflexión y acción que permitan abordar la crisis contemporánea desde múltiples perspectivas, articulando ciencias sociales, humanidades, ciencias básicas, tecnologías, salud, artes y saberes territoriales.
13. Impulsar una crítica de la racionalidad instrumental que reduce la educación, la ciencia y la tecnología a criterios de productividad, competencia, rentabilidad o eficiencia, desconociendo su dimensión ética, democrática, cultural y emancipadora.
14. Asumir el desafío de pensar los futuros posibles desde el presente y de mirar críticamente nuestro presente desde esos futuros, con el objetivo de construir alternativas democráticas, justas, sostenibles y soberanas.
15. Encomendar a los servicios universitarios, órdenes, áreas, centros regionales y espacios de cogobierno la promoción de debates, actividades académicas, instancias de extensión, investigación y enseñanza vinculadas a la defensa y profundización de la democracia, la integración regional, la soberanía, los derechos humanos y el papel de la universidad pública en la actual crisis global, garantizando el acceso público al conocimiento producido en la universidad.
16. Comprometernos como institución a la defensa del derecho a vivir, trabajar y estudiar en espacios libres de violencias construyendo una cultura del cuidado como responsabilidad colectiva.
17. Encomendar a la Universidad de la República y todas sus dependencias los mayores y más creativos esfuerzos en enfrentar la lucha contra la desinformación, la generación de noticias falsas y la máxima difusión de sus avances, hallazgos y resultados en la materia.
18. Generar los máximos esfuerzos en materia de difusión y comunicación en todas las materias de producción de conocimiento de nuestra casa de estudios, creando instancias y actividades para la democratización de nuestro conocimiento por todas las vías de comunicación posibles.
19. Dar amplia difusión a la presente resolución y comunicarla a las redes universitarias nacionales, regionales e internacionales de las que participa la Universidad de la República, así como a las organizaciones sociales, instituciones públicas y actores democráticos comprometidos con estos principios.»