El régimen de Ortega-Murillo quedó sin la financiación sustancial que le daba regularmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al ser negada el viernes 12 la renovación del mandato de su presidente Dante Mossi por su junta de gobernadores.
La oposición nicaragüense lo está celebrando desde la hora en que se conoció la decisión, pues señalan a Mossi como “el principal financista de la dictadura”. En los últimos cinco años, los de gestión de Mossi como presidente, el BCIE ha financiado al régimen nicaragüense con 3.513 millones de dólares, lo que representa el presupuesto anual del Estado, que fue de 3.615,8 millones en 2021.
El régimen Ortega-Murillo es objeto de aislamiento internacional y de una batería de sanciones que incluye el congelamiento de préstamos de, entre otras organizaciones multilaterales de crédito, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el BM (Banco Mundial), del cual Mossi fue destacado funcionario.
La reunión de gobernadores del BCIE en Dominicana fue precedida por fuertes críticas al apoyo financiero promovido 
por Mossi a gobiernos autoritarios y violadores de derechos humanos, por la opacidad en el manejo de los recursos y por el aumento del gasto administrativo del banco.
“La no reelección de Mossi es definitivamente un triunfo importante para la causa nicaragüense, porque la dictadura pierde un aliado importante en la obtención de recursos”, declaró a El País el economista y preso político por 20 meses y desterrado hace dos, Juan Sebastián Chamorro. “Sin embargo, es importante que este cambio de presidente lleve a un cambio en la asignación de recursos de parte del BCIE; que el banco realinie su actuar, en función de lo que fue originalmente diseñado.Todavía tenemos que asegurarnos de que el banco no continuará financiando a la dictadura de manera tan discrecional como lo ha hecho”.
La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (2010-14) celebró la decisión de los gobernadores del BCIE. Afirma que el banco, bajo la tutela de Mossi, se había convertido en un socio internacional “preferente de la dictadura que mal gobierna Nicaragua”.
“Se dio financiamiento desmedido que le permitió al régimen Ortega-Murillo sostenerse y además tener recursos sin los adecuados mecanismos de fiscalización. De esta manera, yo como ciudadana centroamericana, celebro esta decisión de no reelegir al actual presidente del BCIE. Estamos en un momento en que el BCIE requiere de una ampliación de capital para ayudarle a los países de la región, pero con garantías de una gobernanza seria y eficaz. Se requiere un BCIE sin alianzas políticas ciegas con regímenes como el de Nicaragua. El presidente saliente, evidentemente, no garantizaba ese tipo de condiciones”, valoró Chinchilla.
Los gobernadores del BCIE representan a los países que lo integran, y que se fueron sumando a los cinco países fundadores –Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica– en 1960, como consecuencia de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericano. Con los años, se agregaron Costa Rica, Mexico, Taiwan, Argentina, Colombia, España, Panamá, República Dominicana, Belice y Cuba. Sus declarados objetivos son un muestrario de buenas intenciones; entre ellas «promover la integración, el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana; y, junto con los países socios, buscar soluciones financieras que coadyuven a la generación de empleo y a elevar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de esos países”.
La prevención de Juan Sebastián Chamorro sobre “la importancia de que este cambio de presidente lleve a un cambio en la asignación de recursos de parte del BCIE” no carece de fundamento, pues el cambio debería ser apoyado activamente por el resto de los gobernadores. El gobernador por Costa Rica Ottón Solís renunció hace tres meses para hacer ahora las denuncias que parecen haber motivado a la junta de gobernadores a largar lastre y no reelegir a Mossi. Lo hace violando la cláusula de confidencialidad, válida hasta tres años después de dejar el puesto.
Según documentos que exhibe Solís, él denunció internamente y en 2018 que los directores, nombrados a dedo por cada gobierno, recibían salarios totales que promedian 20.000 dólares exentos de impuestos, más que sus presidentes. Además, bonificación de sus vacaciones y en 2020 recibieron pines de oro de 14 kilates, tal como los casi 400 funcionarios del banco; además, disfrutaron tres aumentos salariales en plena pandemia, uno de ellos del 10%. Las autoridades, señaló Solis, gozan el doble de vacaciones que un trabajador centroamericano. Y hospedaje en hoteles de lujo, viáticos de todo tipo, vehículos de uso discrecional y vuelos ilimitados dentro de la región. Se trata de una suma de beneficios exclusivos que goza y perpetúa la capa superior del BCIE con el aval de los representantes de los países socios extrarregionales como España, Argentina, Colombia y México, según la acusación del ex gobernador Solís.
Solís, de 67 años, fue fundador del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) en el año 2000, planteando un fuerte discurso anticorrupción. Fue su diputado y candidato presidencial en tres ocasiones, incluidas las elecciones de 2022, que perdió por un estrecho margen ante Óscar Arias. Ahora, después de salir del BCIE para una frustrada designación como embajador en París ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sigue señalando lo que considera son abusos y prácticas antiéticas que califica como corrupción.
“A pesar de ser un ente propiedad de las poblaciones de los países socios, vivimos en una burbuja que nos aísla de sus dueños; tanto desde el punto de vista de la información de que disponen, como de nuestras privilegiadas condiciones laborales”, escribió Solís en su primer oficio ante los gobernadores de los 15 gobiernos socios.
Eso fue en diciembre de 2018. El entonces gobernador Solís propuso a los países miembro rebajar su salario y el de sus colegas del directorio y recortar sus privilegios. Era obviamente difícil que aceptaran su moción, pero no previó que sus colegas del directorio viajaran a Panamá para reunirse sin él y acordar una estrategia que anulara sus pretensiones de cambiar las condiciones que ha gozado por años la cúpula del BCIE. El 8 de mayo de 2019 volvieron a discutirlo, pero el rechazo fue total, tal como se lee en el acta 46 del Comité de Directores de Presupuesto y Asuntos Organizativos, de acuerdo con la copia aportada por el costarricense. El representante de España, Enrique Manzanares, defendió el consumo de vinos por ser un producto que su país exporta; y el mexicano, Jorge Saggiante, mocionó mejorar la calidad de las comidas y mantener el vino para evitar los efectos perjudiciales de la Coca-Cola.
El gasto del Directorio del BCIE relativo a sus activos triplica al del BM y del BID, según los cálculos que Solís entregó a los gobernadores, aunque después los directores rechazaron esas comparaciones. “Parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico. Esos excesos son incompatibles con los fines desarrollistas del BCIE y con los niveles de ingreso de la mayoría de los habitantes de la región, sus dueños”, dice el ex funcionario, quien asegura que redujo a la mitad el gasto de la oficina en Costa Rica y que sus gestiones por la austeridad solo tuvieron el apoyo de su gobierno, el del presidente Carlos Alvarado.
En entrevista con El País, Dante Mossi no descartó ni confirmó la existencia de esas condiciones. Dijo desconocerlas, y que sólo conoce el monto de su propio sueldo, que se negó a revelar, pero que sería mayor al de los gobernadores. Dante Mossi Reyes tiene una trayectoria claramente ligada a intereses del poder de EEUU. En su Honduras natal, fue economista jefe de la Secretaría de la Presidencia y secretario del Gabinete Económico 2002-3, fue consultor en el sector privado y enseñó economía en la Universidad Católica, entre otros cargos.
Mossi posee un Doctorado en Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de Vanderbilt, de Nashville, Tennessee, donde se recibió con una tesis sobre impuestos óptimos y mercados informales. También, una Maestría en Economía con especialización en Econometría de la Universidad de Duke, una universidad de elite fundada por cuáqueros y metodistas, y cuyo lema es Eruditio et Religio, erudición y fe, y ubicada en Durham, Carolina del Norte. Graduado en Ingeniería Eléctrica en Tegucigalpa, su carrera se centró en 15 años de ejecutivo en el Banco Mundial, habiendo estado a cargo de las oficinas en Honduras, Ghana, Paraguay y en la sede en Washington, DC, hasta su incorporación en 2018 al BCIE como presidente. Habla inglés y español con fluidez, claro.
Del otro lado de los intereses de Nicaragua está Juan Sebastián Chamorro. Él pertenece a la casta política de su país, y desde su exilio en EEUU ya está activo en política; declara que su anhelo es la formación de una coalición que pueda “plantarle cara” al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, remedo centroamericano de Lady Macbeth. Por ahora, la posibilidad de esta coalición tiene la oposición activa de sectores nicaragüenses de ultraderecha, afincados en Miami.
Juan Sebastián es uno de los presos políticos desterrados más visibles de la oposición nicaragüense; precandidato presidencial en 2018, ha trabajado en relación al sector privado y en 2018-9 estuvo entre las figuras participantes de las fracasadas negociaciones con el régimen Ortega-Murillo.Tras dos años de cárcel, fue despojado de su nacionalidad y expulsado de Nicaragua.
El asesinato de su tío Pedro Joaquín, director de El Diario, por la dictadura somocista en 1978, fue el detonante de la unión de ese sector apoyado por empresarios con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Firman un acuerdo en marzo, van a una huelga general y derrocan al somocismo el 19 de julio de 1979. Su padre, Xavier Chamorro (1932-2008), funda El Nuevo Diario y se inicia un período de ruptura creciente con el Frente Sandinista. En 1990, la viuda de Pedro Joaquín, Violeta Chamorro, derrota la presidencia del sandinismo a la cabeza de la coalición Unión Nacional Opositora, UNO. En 2006, Daniel Ortega logra nuevamente la presidencia, que renueva por tercera vez en 2018; sus prácticas autoritarias y corruptas, y la violencia contra sectores populares van desgajando militantes al Frente Sandinista, que marchan al exilio o son presos, y hay un punto de ruptura claro en abril de 2018, con la sangrienta represión a las protestas populares ante cambios en el régimen de pensiones.
La oposición nicaragüense festejó, como está dicho, el desplazamiento de Mossi en tanto implica un recorte importante pero no especificado en su porcentaje, de los fondos del gobierno Ortega-Murillo. Parece abrirse otro tiempo político, en el que el exilio forzado o previsor de nicaragüenses opositores deberán buscar unidad, coherencia y eficacia en su acción, y atender a la posible expresión de disidencia interna, con la población tal vez afectada en una medida a precisar por este fuerte recorte de fondos. No han tomado el cielo, no; pero al menos lo ven.
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