Tiene razón el profesor Faig al criticar al presidente del Frente Amplio por señalar que los archivos represivos sobre el pasado reciente pueden contener “información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado”. La puntualización de Fernando Pereira es apresurada. Pero la apertura de todos los archivos vinculados a la represión ejercida por el Estado –y yo quisiera extender su punto de partida bastante antes de 1973, porque la represión del Estado que avanzaba hacia la plenitud del terrorismo de Estado comenzó una década antes, según demuestra no sólo el periodismo de la época sino hoy también la academia– es solo deseable.
Aquí el articulo de Francisco Faig: «¿Hay algo que la izquierda quiera ocultar de ese pasado reciente?» (Las máscaras zurdas) Diario El País 28/05/2023
Sería formidable que toda esa versión de los hechos fuese liberada a la opinión pública, sistematizada, digitalizada y accesible al análisis de los hechos truculentos de nuestro pasado reciente. Y no me refiero solo al archivo Berruti, y al inexplicablemente vedado archivo Castiglioni, sino a toda la documentación referida a la época, buena parte de la cual supongo está en los archivos de la época de fuerzas que actuaron en la represión, y al menos en Cancillería, de las reparticiones del Estado posibles. La existencia de dos archivos localizados –Berruti, Castiglioni– sugiere que son accesorios a la centralidad del registro de lo actuado, y su construcción por separado bien puede expresar luchas de poder internas en filñas represivas que poco interesan ahora.
Todo este trabajo con cuanto archivo exista requiere de una voluntad política realmente comprometida a ese punto con las exigencias de la extensión y consolidación de la democracia en el Uruguay, y requiere de un enorme trabajo que debe exceder, por su propia demanda, a un período de gobierno. Pero con la voluntad de este gobierno ya expresada y plasmada en un proyecto de ley, se facilitará la tarea de darle continuidad al trabajo en la próxima administración, cualquiera sea ésta.
Todo este trabajo sería muy útil en muchos sentidos, y un aporte en procura de la verdad. Pero no, claro, de por sí la verdad. Los archivos fueron construidos por quienes reprimían y no por otros. Hay testimonios de torturados que escuchaban cómo el torturador le pasaba a quien se supone era un escriba la información obtenida en los términos que le parecían adecuados. Y lo mismo en cuanto a informaciones más globales: era el análisis de los represores, guiado por sus objetivos y no los intereses generales, por más que se dijeran sus representantes.
Pero acceder a todos esos archivos sería formidable: por ejemplo, permitiría reconstruir la cadena de mando que llevó a hechos del terrorismo de Estado. Hoy sabemos que muchos jerarcas evitaron dar la cara, siendo ellos responsables en mayor grado que los ejecutores directos de la represión.
Es cierto que en esta apertura puede haber versiones, incluso parte de ellas verídicas, que comprometan y dañen a militantes y víctimas casuales de la época. En ese sentido, la apreciación de Pereira es de tener en cuenta, pero solo a esa altura del trabajo. La consigna a levantar es Ábranse los archivos, sabiendo que ellos no son la verdad sino parte de un camino hacia ella, y que el humanismo debe ser el criterio rector del trabajo.
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