El aumento de homicidios en un 39% en el primer semestre de 2022 respecto a igual período del 2021 se está mostrando clave en la percepción ciudadana del gobierno de Luis Lacalle, que llegó al gobierno en 2019 machacando el tema seguridad y la responsabilidad en él del hoy opositor Frente Amplio. Aunque el actual oficialismo no logró articular un plan ni consenso en el Estado sobre el tema, las cifras alcanzan para demostrar una realidad notoriamente más grave en la materia.
Los asesinatos del primer semestre de 2022 fueron 188, más de uno por día, con jornadas en los que hubo cuatro, y tres de ellos en la misma cuadra. Los homicidios, atribuídos a disputas entre pequeños narcotraficantes, aumentaron 8,6% entre 2019 y 2022, pero 39,3% entre 2021 y 2022, casi quintuplicándose. Los demás delitos mantienen su tendencia e incluso disminuyen, lo cual se entiende como el creciente domino del territorio por el narcotráfico al menudeo. No están disponibles las cifras de igual período de 2023.
La presencia de grupos criminales con capacidad para alterar la vida de las personas es un fenómeno relevante en Montevideo, afirma el estudio En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo, Uruguay. Además, las estrategias de control territorial de los grupos criminales en 
Montevideo se limitan a lograr el objetivo de lucro a partir de la venta de drogas; es decir, no se observa evidencia de control social o político.”
“Los resultados de la encuesta están en línea con las observaciones cualitativas, existen diversos tipos de acciones (violentas y no violentas) que las organizaciones criminales en Montevideo despliegan en el territorio. Aún más, en línea con nuestras expectativas iniciales, los resultados estadísticos sugieren que las acciones violentas son más prevalentes que las no violentas.” Finalmente, la evidencia recogida sugiere que la alta presencia estatal (tanto a través de políticas sociales como de seguridad) limita la capacidad de los grupos criminales para establecerse territorialmente y crecer.
En Peñarol, uno de los barrios más violentos de Montevideo, se han alzado en armas tres clanes familiares —los Vallejo, los Caldera y los Segales— para disputarse el dominio criminal. Aunque estos grupos microtraficantes siembran temor y violencia en los sectores en los que operan, no se prevé que puedan ascender hasta convertirse en amenaza nacional, concluyeron los autores de En las grietas del Estado.
“Los grupos criminales pueden regular el microtráfico y ocasionalmente tratar de extorsionar a los residentes, pero no tienen acceso a grandes cantidades de efectivo. Esto limita su capacidad para crecer, expandirse, adquirir armamento pesado y confrontar verdaderamente al Estado”, afirma InSight Crime.
Es probable que las bandas locales de Uruguay no se conviertan en una amenaza nacional, y sería del interés del gran narcotráfico que no lo hagan: su función es ocupar la agenda informativa sin ser los protagonistas esenciales del narcotráfico. De hecho, el control y persecución de la venta al menudeo fue restada al organismo nacional especializado de drogas y puesto a cargo de policías locales, generando notorias luchas de poder entre distintas reparticiones; allí está la causa de la decisión de EEUU en 2018 de retirar su delegación de la DEA de Montevideo hacia Buenos Aires, Es cierto que las políticas del gobierno no detendrán el aumento reciente en violencia, según dos nuevos estudios financiados por el gobierno. En los hechos, con la agenda informativa dominada por estos crímenes, diversas etapas del gran narcotráfico logran un perfil mucho más bajo, y una mucho mayor eficacia. Además, entre 2021 y 2023 se produjo un cambio cualitativo en el mercado de la cocaína, con un aumento del 35% en su precio, lo que lógicamente incentivó la frecuencia y capacidad del tráfico.
Las debilidades del Estado para controlar el pasaje de droga del centro del continente por la llamada Hidrovía y el puerto de Montevideo (pero no sólo por allí), y también el lavado de activos, se potenció francamente con el gobierno que asumió en 2020. Como se sabe, multiplicó por 10 o por 12 (en dependencia de la cotización del valor de referencia establecido por el gobierno) a 100.000 o 120.000 dólares el monto líquido que se puede introducir al país sin declarar su origen. Los mecanismos bancarios y administrativos de control tienen autoridades que, con déficit de recursos y personal, claman por su imposibilidad de ser eficaces, y las denuncias a que están obligados escribanos y abogados sobre negocios sospechos han caído verticalmente.
Por el puerto de Montevideo pasaron en 2022 unos 12 millones de contenedores; este año finalizaría con 13,2 millones. El puerto no tiene un servicio de scanner apto para ese volumen desde 2007, y a esta hora está roto el único scanner operativo que había. A esto hay que sumarle notoria escasez de personal de aduana y su mal equipamiento. Los 636 kilómetros de costa sobre el río Uruguay y los 1068 de frontera seca con Brasil tienen puestos de aduana sin personal y de hecho se utilizan ambas para comunicar Argentina con Brasil en negocios que no pagan impuestos.
La costa sobre el Río de la Plata y la parte marítima del estuario tiene casi 700 kilómetros, y la Armada uruguaya hace décadas que no controla sus aguas, por falta de patrulleros. Y el dominio del espacio aéreo está refrendado por este gobierno por una muy cuestionada ley de derribo, pero no tiene aviones ni radares para hacerlo realmente efectivo. Las avionetas con contrabando –generalmente de drogas, que es lo más redituable– entran al espacio aéreo uruguayo, tiran su bulto en un lugar prefijado y se van.
Así planteado, el territorio uruguayo aparece como muy apto tanto para el pasaje de droga como del lavado de activos. Tiene, en contra de los intereses del narco y a favor del país, las limitaciones de su tamaño para ambas actividades. Sobre ambas hay opiniones calificadas que son del caso, a partir de una situación que coincidió con el inicio de la pandemia de Covid-19, por la que se intensificaron los controles en el puerto de Santos, Brasil. El experto Nicolás Centurión, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), entrevistado por InSight Crime, afirmó: “El trasiego [de drogas] allí tuvo una caída importante y la alerta entre las autoridades locales era máxima. [Los traficantes] optaron por otras rutas”.
Una opción clara en materia de rutas es Uruguay, y el gran volumen de algunos decomisos logrados sugiere que el tráfico está forzando la mano a través de la ruta uruguaya para, es de suponer, cumplir con la demanda. Del lavado de activos sabemos que ocurre, y también que no hay idea de su volumen, como reflejo de que se revirtió durante este gobierno la tendencia a fortalecer los mecanismos de control, detección y persecución.
Mientras el narcomenudeo no crece, sí lo hace el narcotráfico con destino a grandes consumidores. El paradigmático Sebastián Marset es un ejemplo de que el crimen organizado en Uruguay dejó de operar solo. Los narcos del país, como Marset, han forjado alianzas internacionales para mover cocaína de Suramérica a Europa. Lo preocupante es la suposición de que quizá el Primer Cartel Uruguayo (PCU), de Marset, haya ingresado a una sociedad criminal muy lucrativa entre la ‘Ndrangheta de Italia y el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de Brasil. Según una investigación periodística de El Acontecer, Colonia, el PCU es hoy un enlace entre el PCC y la ‘Ndrangheta. Para Sanjurjo, del Ministerio del Interior uruguayo, el centrar el foco en Marset “es en realidad un distractor que no permite ver el panorama completo del narcotráfico en Uruguay. Hay entre cinco y diez grupos nacionales fuertes […] que se destacan del resto”.
El gobierno uruguayo ha reconocido que Uruguay tiene problemas con su capacidad para contener el narcotráfico transfronterizo. “Los traficantes extranjeros aprovechan la porosidad de las fronteras que Uruguay comparte con Argentina y Brasil. Y usan a Montevideo como base de operaciones para el narcotráfico y la logística”, dijo Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias específicas de la policía contra la delincuencia desde el Ministerio del Interior de Uruguay, durante una entrevista con InSight Crime en junio de 2022. Pero, más allá de eso, el gobierno no ha presentado ningún plan concreto.
Quienes pueden tener un plan, pero no lo dicen, son los EEUU. La embajadora designada para Uruguay, Heide B. Fulton, parece tener méritos sobre el tema drogas. Ocupó, entre otros cargos, los de subsecretaria de Estado Adjunta para Programas del Hemisferio Occidental en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2022 (cargo que dejó para ser nombrada embajadora), y antes de eso, como Directora de la Oficina de Asuntos Mexicanos. También dirigió la Embajada de Estados Unidos en Honduras como jefa de Misión Adjunta y encargada de Negocios entre 2016 y 2019. Desde que se unió a la Agencia de Información de Estados Unidos en 1998, la Embajadora Fulton ha servido en el extranjero como Directora de Antinarcóticos en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de Kabul, Afganistán; Consejera de Asuntos Públicos en Quito; Oficial de Asuntos Públicos en Phnom Penh; y Vicecónsul y Oficial Asistente de Asuntos Culturales en Manila.
Y el asesor de la embajada Eric Geelen, afirmó en un seminario sobre lavado de dinero en junio 2023 en la sede del Banco República, que se niega a calificar al lavado de dinero como un delito de cuello blanco sino que es una parte de un círculo de violencia en el que está involucrado Uruguay.
“En Uruguay todos los días hay sicarios matando gente, y esos son actos del crimen organizado. Son mensajes, actos de un negocio criminal y no pueden suceder sin lavado de dinero”, agregó el diplomático.
“Que hay homicidios alarmantes no hay duda: el crimen organizado está siendo pagado y ese dinero hay que lavarlo. En estos tres años note qué hay una tendencia a pensar que lo que ha pasado en otros lugares no pasará en Uruguay, y lamento decirles que no es así”, resaltó Geelan. “Me preocupa la falta de visión de que hay que unirse y enfrentar esa amenaza. El mensaje de EEUU es que las organizaciones en Uruguay son una mafia”, indicó Geelan.
Dijo que EEUU quiere proteger un modelo de democracia sensato y es importante que Uruguay no fracase en esta lucha. Agregó que para eso EEUU financia programas para colaborar en estos temas y que entre esos programas está los que brinda la DEA para entrenar en antilavado. Geelan bregó por una alianza entre empresarios gobierno y sociedad civil para denunciar los negocios sospechosos. El lavado es un delito que afecta la economía de los países, y lo único que asusta a los narcos es que les saquen el dinero» dijo.
El ministro del Interior uruguayo Luis Alberto Heber –no el canciller Francisco Bustillo– declaró que la apreciación “no es de recibo”. Y sin embargo, es una clara alusión al vínculo funcional entre los “ajustes de cuentas”, la droga que llega al narcomenudeo para poner en marcha esa sangrienta lucha por el poder en una pequeña zona, y el lavado de activos: los homicidios que se están dando en Uruguay alrededor del narcotráfico son pagados por el lavado de activos.
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