El Ejército peruano «puede sentirse tentado a intentar liquidar físicamente a Sendero Luminoso eliminando a cualquier sospechoso de ser miembro o simpatizante” del movimiento”, decía en 1984 un informe de inteligencia del Departamento de Estado de EEUU. Otro informe, fechado en mayo de 1988, indicaba que el primer ministro peruano Armando Villanueva había dicho a altos oficiales militares «que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los combatientes de Sendero Luminoso que capturase», siempre y cuando lo hiciera «discretamente». Villanueva dijo a los oficiales que cualquier intento por investigar una reciente masacre campesina en Ayacucho «sería rechazado inmediatamente”.
El Archivo de Seguridad Nacional de EEUU publica una importante colección de documentos estadounidenses hoy desclasificados que relatan 20 años de conflicto a lo largo de tres gobiernos consecutivos en el Perú, junto con archivos relacionados con la decisión tomada en 2001 de establecer una comisión para investigar la violencia. La colección de documentos incluye cables e informes de inteligencia inéditos que detallan la brutal estrategia contrainsurgente de “guerra sin cuartel» librada por el gobierno peruano, y los esfuerzos de éste por proteger de la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad que perpetraron graves violaciones de los derechos humanos.
Helicópteros peruanos ametrallaron una serie de aldeas en el centro del país, antes de enviar tropas de infantería para violar y asesinar a los supervivientes. El ataque ocurrido en marzo de 1994 “produjo cuantiosas víctimas civiles» y fue similar a anteriores operaciones de “localización y eliminación» del Ejército en zonas que eran consideradas bajo el control de los subversivos, consta en el documento 16, en este archivo.
En documentación sobre una llamada «Operación Aries», se da cuenta de que helicópteros peruanos ametrallaron una serie de aldeas en el centro del país antes de enviar tropas de infantería para violar y asesinar a los supervivientes, según lo recientemente conocido del Comando Sur, que hoy encabeza la general Laura Richardson. El ataque, ocurrido en marzo de 1994, “produjo cuantiosas víctimas civiles» y fue similar a anteriores operaciones de “localización y eliminación» del Ejército en zonas que eran consideradas bajo el control de los subversivos (Documento 16, en el link ya mencionado).
Otros documentos muestran la manera en que el historial de derechos humanos del Perú complicaba las relaciones con Washington. Un cable de la embajada estadounidense describía cómo el Sub-Secretario de Estado Thomas Pickering regañó al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú por haber enviado a un conocido violador de los derechos humanos a testificar en una audiencia en los Estados Unidos. El Departamento de Estado se vio obligado a invocar la inmunidad diplomática del ex-agente de inteligencia, ante un intento del Departamento de Justicia de procesarlo por torturar e incapacitar permanentemente a una colega por sospechar que ésta había filtrado información confidencial a los medios de comunicación (Documento 19).
La documentación da cuenta de muchos otros casos del mismo tenor. Lo más relevante parece ser, sin embargo, que la actual crisis política en Perú demuestra que los problemas y legados del pasado violento del país persisten con fuerza hasta la actualidad. El fallido «autogolpe» de 2022 del Presidente Pedro Castillo llevó a su consiguiente detención y destitución. El actual gobierno de la Presidenta Dina Boluarte enfrenta una ola de masivas protestas populares que exigen su dimisión, nuevas elecciones y la redacción de una nueva Constitución que sustituya a la redactada en 1993 tras el exitoso autogolpe protagonizado por el ex-Presidente Alberto Fujimori en 1992. La violenta represión por parte del gobierno de Boluarte contra los manifestantes ha causado al menos medio centenar de muertes, y ha sido denunciada tanto por ONG’s intrnacionales de derechos humanos como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los indicadores de confianza en el gobierno se encuentran en niveles mínimos históricos, con una aprobación pública del Congreso de un solo dígito. De hecho, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, de julio 2003, mostraba que el 78% de los encuestados consideraba al Congreso culpable de abuso de poder, un 77% pensaba que el Congreso debería ser clausurado y el 80% estaba de acuerdo con la convocatoria a elecciones anticipadas. Boluarte muestra índices de apoyo igualmente bajos, con un 11% de aprobación popular, y sólo el 15% de los encuestados cree que debería permanecer en el cargo. El respeto por la democracia y los derechos humanos, que constituye el núcleo de la misión de la Comisión por Verdad y Reconciliación (CVR), sigue siendo una meta esquiva.
Por Sabrina Speranza
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