La renovación del mandato presidencial de Nayib Bukele, que volverá a asumir el 1° de junio, es elocuente en mucho más de lo que se señala al comentarlo, pues se omite a propósito criterios humanitarios y se apoyan valores de destrucción democrática. Para empezar, Bukele salió airoso de la trapisonda de volver a presentarse pese a los impedimentos constitucionales sin que por eso volara una mosca. Y su reelección convalida –quiérase que no– las flagrantes violaciones a los derechos humanos de su primer período de gobierno.
Bukele ha encarcelado a más de 70 mil personas en dos años, en las prisiones han sido asesinadas 185 personas que estaban bajo custodia del Estado, y ONG y activistas han señalados graves violaciones de Derechos Humanos, detenciones arbitrarias, ausencia de garantías en los juicios y la curiosidad de que pese a las muchas detenciones. hay muy pocas sentencias judiciales; es que las detenciones no son conforme a derecho, sino que se encarcela al barrer, por portación de cara, de condición sociales, en un país de 6,317 millones de habitantes con 28,4% de pobres, que son 1,75 millones de personas, según el Banco Mundial. En tanto, el PBI per cápita viene creciendo marcadamente desde 1980 y en 2021 llegó a 4,551 dólares, con lo que ya se infiere la desigualdad imperante. Para mayor precisión, las cifras del Banco Mundial señalan que “entre los años 1995 a 2021, el 10% más rico del país poseía el 66% de toda la riqueza, y de él, el 1% más rico poseía el 33% de la riqueza”.
Esta situación empezó a consolidarse en 1980, superando la barrera de los 1.000 dólares el PBI per cápita en 1990 y su evolución marca una fuerte alza hacia los 4.551 dólares al fin de la guerra civil, en 1992. La ganancia fue claramente a favor del bando de los dueños e intermediarios de la riqueza nacional.
La vicisitudes políticas le fueron propicias a esa profundización marcada de la desigualdad. En 1977 crece la actividad guerrillera del FMLN (Farabundo Martí de Liberación Nacional), se multiplican las violaciones a los derechos humanos y cobran presencia los escuadrones de la muerte. Entre 1979 y 1981, los escuadrones matan a unas 300.000 personas. El 24 de marzo de 1980 es asesinado el arzobispo de El Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, a los 66 años. Ferviente defensor de los derechos humanos, se lo nombra hoy como “mártir de la voz de los pobres”.
Ese mismo año, asume el primer presidente civil en medio siglo, José Napoleón Duarte, y el país está política y socialmente partido en dos. Francia y México apoyan al FMLN y EEUU respalda a las fuerzas armadas y a los escuadrones de la muerte. A finales de ese año, en tres o cuatro días de diciembre, el batallón Atlácatl, creado en 1980 en la Escuela de las Américas de EEUU, produce la peor masacre conocida en el pueblo de El Mozote, con la tortura y posterior asesinato de unos mil pobladores; muchos de ellos niños.
Al año siguiente, 1982, y con el trasfondo de la masacre, la formación de derecha ARENA gana las elecciones. Desde esa posición de fuerza, Duarte inicia negociaciones con el FMLN; en 1984 vuelve a ganar la presidencia y dos años después reinicia las negociaciones con FMLN.
En 1989 los sectores de poder económico enfrentan una intensificación de los ataques del FMLN, y deben recurrir al fraude electoral para imponer la presidencia de Alfredo Cristiani.
La situación entra a partir de allí en lo que puede entenderse como una “normalidad sistémica” con ambas partes cediendo en algo. En 1991, el FMLN es reconocido como partido político; en 1993, el Gobierno amnistía a involucrados en atrocidades contra los derechos humanos inculpados por la ONU. En 2003, tropas del ejército de El Salvador acompañan a las de EEUU en Irak; en 2005 la OEA reabre la investigación por la matanza de El Mozote: en tres día de 1981, fueron torturados y luego muertos un millar de campesinos; niños entre ellos. En 2006, Honduras y El Salvador acuerdan la delimitación de fronteras, tras la disputa armada de 1969, llamada “la guerra del fútbol”.
Pero la violencia forma ya parte constitutiva de la sociedad, y el país es sindicado por EEUU como punto de paso del narcotráfico, junto con Belize. Al igual que en otros lados, el negocio de la droga solo exacerba los niveles de violencia en pero cura de un punto de equilibro del poder. En enero 2007, 21 presos son asesinados en una prisión de máxima seguridad, y en lo que se entiende como una represalia de un sector del crimen organizado, tres políticos de ARENA son asesinados. El Poder Judicial es fuertemente cuestionado, y en enero del año siguiente, jueces hacen una manifestación callejera en rechazo a acusaciones de corrupción contra cuatro de ellos.
En enero de 2009, el FMLN se define como la fuerza mayoritaria en elecciones parlamentarias, y al mes siguiente, ARENA obtiene la mayoría de las bancas en elecciones locales. El ex rebelde marxista Mauricio Funes, procedente del FMLN, es electo presidente y retoma relaciones con Cuba, pero ya no hay un horizonte aceptable de normalidad para la sociedad. En sucesivos hechos de violencia, se destaca que en junio de 2010 el crimen organizado, incluyendo personal militar, mata a 14 ciudadanos en ataques a ómnibus de transporte colectivo.
Se redoblan intentos por retomar la normalidad en el sistema, y en 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, determina que el ejército salvadoreño es el responsable por la matanza de El Mozote. Al año siguiente, el gobierno declara que “la tregua de un año con las pandillas salvó miles de vidas”.
En junio de 2014, EEUU multiplica el apoyo económico y logístico para repatriar desde EEUU a ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, y destina millones de dólares para combatir la violencia de bandas. Los espacios para la tranquilidad se reducen. En 2017, la policía informa que se había logrado un mes (ya no un año) sin violencia pandillera.
De aquellos polvos, estos lodos. Hay clara complicidad de la sociedad salvadoreña y de los poderes que la apoyan en la situación imperante. Basta señalar lo que callan; basta atender el relato según el cual Bukele logró paz para la sociedad. De esto se infiere rápidamente que los restantes –pobres, presos y asesinados o no– no son considerados en el relato cotidiano como parte de la sociedad.
La sociedad de los beneficiados permitió (por no decir que propició) la degradación institucional por la que Bukele llegó por medios democráticos a la presidencia y en dos años logra reducir al bipartidismo de ARENA y el FMLN que dominaba la escena desde el fin de los doce años de guerra civil en 1992, a una existencia meramente nominal. El FMLN tenía en sus filas a una empresa de la familia Bukele y al propio Bukele, pero éste se hizo expulsar de esas filas al no ser electo como candidato presidencial: buscaba un camino propio, y en la debilidad institucional imperante lo alcanza en junio de 2019, ganando la presidencia. En 2021, Bukele logró anular al Poder Judicial mediante el Congreso, y ahora, con la nueva Asamblea Legislativa, la domina con sus 64 votos en 84.
Bukele posa de antisistémico, pero como bien señala la periodista mexicana Adela Micha, “Bukele se vendió como un aspirante, que rompería los paradigmas de la vieja clase política. Mas nada más alejado de la realidad: lo que hizo fue capitalizar los errores del bipartidismo en su país, tomó la bandera de la indignación y prometió solucionar los grandes problemas de El Salvador con tecnología al estilo millennial”.
En febrero del 2020, Bukele entró con militares armados al Congreso exigiendo que le dieran 109 millones de dólares para poner en marcha un plan de seguridad del que sólo él conocía los detalles. Y recién iniciada la pandemia, fue aplaudido por declarar en cuarentena al país y dar apoyos a familias de 300 dólares, pero también por detener a cualquier ciudadano que no respetara las restricciones de movilidad impuesto por su estado de excepción el 27 de marzo del 2022 y aún vigente. Y las razones que da para ello es que politizó el miedo a las pandillas y le dio a los sectores medios y a una elite de poderosos la paz de sepulcros, celdas y miedo del resto de una sociedad de base campesina.
El Salvador vuelve a ser un país partido, como en 1980, pero esta vez entre los que tienen y los que no tienen. Los términos en que esa sociedad salvadoreña en este siglo catalizó la violencia y la definición de “buenos y malos” no es de sola responsabilidad de Bukele, sino de éste interpretando a la dinastía de medio pelo salvadoreña, claramente poco afecta a la democracia y a la igualdad, receptora del temor al miedo que Bukele remarcaba, acostumbrada a la cultura de la violencia para solucionar los conflictos que interferían con lo que ellos llaman paz. No es paz sonó conflicto contenido, pero mientras dure, evidentemente a ellos no les importa lo que una parte sustancial de sus conciudadanos sufran para pagar su tranquilidad.
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.