/ «Perfecto», dijo Luis Lacalle Pou ante la información que lo involucraba en el seguimiento ilegal a un ciudadano; una verdadera pesquisa hecha en secreto. Por primera vez desde la detención de Alejandro Astesiano el 26 de setiembre de 2022, una investigación periodística demuestra que efectivamente el presidente de la república fue parte directriz de al menos un aspecto de la vasta trama de corrupción en la que participó con iniciativa y trabajo su ex custodio.
Versión de la agencia Uypress – Mientras cumplía 15 días de trabajo comunitario luego de haber protagonizado alcoholizado un choque, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Albdala, fue envuelto en una intriga diseñada en la Torre Ejecutiva, que tuvo como principal actor a Alejandro Astesiano y de la que estaba al tanto el presidente Lacalle Pou.
La prueba la logró el periodista Lucas Silva y consta en su libro El caso Astesiano, que
salió a la venta hoy jueves 6. Por la información comentada por colegas, logró esa información en una revisión del celular de Astesiano, que la justicia había dado por agotada. La información está en captura de pantalla de los chats, que aparentemente no habrían sido tenidas en cuenta en primera instancia por la fiscal Sabrina Flores. Dos fiscales generales negaron sucesivamente los fondos para pesquisar debidamente el celular, y ahora se la solicitará por tercera vez, esperremos que con mejor fortuna, dado 
lo mucho que parece estar en juego
La primera fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, cumplió un triste papel en lo poco que intervino, al apresurarse a declarar la inocencia del presidente Lacalle a horas de haberse hecho cargo del asunto. Luego aceptó no tener en cuenta los intercambios entre Lacalle y el acusado Astesiano (cuyo interés era notorio al principio para realmente deslindar responsabilidades, y hoy imprescindible ante el giro de la situación) y poco después Fossati renunció para ser una figura pública del Partido Nacional.
Sin que este autor haya leído aún el libro y sin desmedro de otros aportes que éste contenga, es dable afirmar que el periodismo de investigación desarrollado por Lucas Silva en un caso tan manejado por la prensa nacional, logró la hondura necesaria para demostrar el papel nada elegante del presidente de la República. La pesquisa al ciudadano Marcelo Abdala sin orden judicial que avalara la acción policial dispuesta, por un funcionario civil como Astesiano y con el aval del presidente Lacalle, plantea claramente la presunción de que se ha cometido un delito.
La reacción desde las filas partidarias de Lacalle se dirigió toda a «matar al mensajero» y no a ocuparse de la gravedad del caso que se le plantea al gobierno, siguiendo la tradición de ocultamiento de los hechos que se adentra largo, como la frase, en la historia humana. El propío Lacalle se declaró «acalambrado» por las filtraciones, y restó importancia a su contenido desviando la pregunta a la gran cantidad de información que efectivamente debe recibir diariamente. Pero no a todas responde «perfecto».
La reacción del senador Javier García fue decir «una cosa es el ruido político y otra cosa es que le interese a la gente». Desentrañándo sus palabras, se entiende que él espera que esto no tenga impacto político. La vicepresidenta Beatriz Argimón, preguntada antes de que Lacalle declarara, dijo «no me consta», como si ella viniera del extranjero.
Alguien cuyo nombre no alcancé a registrar dijo «algunos quieren embarrar la cancha, quizás por no tener nada que decir», lo cual es indicador, al menos, de soberbia. El hoy legislador Martín Lema criticó que se llegara a conclusiones «por mensajes aislados», y además instauró un nuevo pecado que ampara a los hombres públicos: «Las conversaciones privadas son sagradas».
La precandidata Laura Raffo pergeñó una acusación ideológica donde solo hay periodismo, aunque del bueno, y deslindó de plano responsabilidades políticas: «La izquierda sube el volúmen y se mete con temas que están en la Justicia».
La nota la dió la futuróloga Graciela Bianchi, quien dijo «yo advertí que estas operaciones de prensa se iban a dar». También dijo algo con tinte amenazador: «a los periodistas los espero de a uno», y si este escriba no estuviese ocupado con temas relevantes, le aceptaba el mano a mano.
La senadora nombró a cuatro periodistas como «operadores», los acusó de utilizar «mecanismos ilegales», sin especificar de qué corno estaba hablando. Y además hizo amenazas a la prensa que hacen empalidecer al artículo 72: «Los que sabemos derecho nos reuniremos y esto no lo vamos a estar permitiendo. Porque esta impunidad no puede continuar». Al menos, hay una impunidad que no continuará, aunque no esté definida. Cierto, Bianchi intenta definirla: «Estas injurias son violencia privada», dijo. Y luego habló de la necesidad de los allanamientos nocturnos, en una ilación lógica que ella explicará.
Foto de Javier Calvelo tomada de la agencia Uypress
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