«Más que lo cuantitativo –o sea, la cantidad de plata–, es el cómo se gasta y en qué se gasta. Esa es la crítica mayor a lo que heredará el próximo gobierno», afirma el economista Germán Benítez. De todas maneras, la cantidad de dinero comprometida para ser paga luego de que esta administración termine, no asoma como menor; eso, aunque hoy no esté disponible toda la información para una evaluación rigurosa.
La evaluación que se está haciendo apunta a que el actual gobierno pasará al próximo pagos por al menos tres puntos del PIB, lo que es más de 2.400 millones de dólares. Profesionales como Benítez hacen el imprescindible trabajo de actuar como gabinete sombra para anticipar posibilidades y temporales. Éste es de esta última especie. Por ejemplo, Unicef estima que para que todos los hogares con niños pobres de Uruguay salieran de la pobreza, se necesitarían 355 millones de dólares, que es menos de la sexta parte de los pagos que este gobierno compromete para condicionar a la siguiente administración, y que se podrían haber haber evitado.
La descripción de Benítez de la acción gubernamental y sus resultados, aunque no analiza todas las áreas de la obra pública (vivienda y el total de vialidad, por ejemplo), es demostrativa. Así, señala que este gobierno definió gastos de inversión que no contabilizan dentro del tope de gasto que prevé su propia regla fiscal, lo que hizo por lo menos irrelevante al tope que ellos mismos se fijaron. En 2024 violarán este tope y el del resultado fiscal estructural, pero sin tener presentes estos gastos, por lo que la cuenta es aún peor. En gobiernos anteriores se había dispuesto una regla fiscal que consistía en un tope de 
deuda, y sobrepasarlo requería aprobación parlamentaria, con el tratamiento político que eso implica. Hoy existen, además de ese tope de deuda, un tope sobre el gasto público y una meta de resultado fiscal estructural; los últimos dos fueron violados, y así terminó reconociéndolo el propio gobierno.
Hoy el resultado fiscal es similar al de 2019, y hay incentivos a diferir pagos. El resultado fiscal viene desmejorando desde 2022, y hoy ya se sabe que se va a terminar esta administración con un resultado fiscal similar al que recibieron en 2019.
A esto se suma que gran parte de los proyectos relevantes de este período –vialidad, saneamiento, Arazatí (el del agua), surgen de iniciativas privadas, lo cual denota una carencia importante en términos de planificación estratégica. La definición de la necesidad del proyecto debería ser del sector público: en qué se invierte y de qué manera.
Además, la iniciativa privada tiene un beneficio particular, pues el marco normativo establece que el privado, por su idea, es beneficiado frente a terceros con entre un 5% a 20% en su cotización. Esto le da la posibilidad de ofertar un precio mayor e igual ganar la licitación, lo que genera incentivos para encarecer la obra en relación a si se hace con otro tipo de proceso. En cambio, el sector público define la obra en base a criterios de necesidades globales y la licita para incorporar la participación privada.
En el marco de procesos, que son largos y complejos, sorprende, señala Benítez, la forma como este gobierno ha usado herramientas de tal forma de que a su administración le queda el anuncio de la obra, eventualmente su puesta en marcha y hasta su inauguración; pero el pago le corresponda a la administración siguiente.
«Más que lo cuantitativo –o sea, la cantidad de plata–, es el cómo se gasta y en qué se gasta. Esa es la crítica mayor a lo que heredará el próximo gobierno» Eco. Germán Benítez
Este gobierno creó un nuevo instrumento a partir de instrumentos que ya existían: los CREMAF (Contrato de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación). Implican obras de 1-2 años y su mantenimiento por 10 años. Son relativamente rápidos de estructurar y su costo financiero –el costo de obtener el dinero para hacer la obra– es un poco menor que con las PPP (Participación Público Privada), por ejemplo.
Pero hay que mejorarlos muchísimo para seguir usándolos, afirma Benítez. A diferencia de las PPP, no tienen marco normativo ni tope legal –se puede contratar por la plata que se quiera y lo paga el que viene -, no tienen estudios previos de conveniencia, como sí lo tienen las PPP. Son contratos que comprometen recursos futuros, pero no prevén mayor interacción entre quien lo contrata (en este caso MTOP) y quien administra los recursos públicos (MEF, OPP). También admiten ampliaciones con facilidad, sin mayor trámite. Por ejemplo, uno de los CREMAF sobre ruta 5 se amplió casi en 100%, pasando de unos 120 millones de dólares a casi el doble, y es un contrato que se empieza a pagar en 2025. En rigor, la parte más grande de los tres CREMAF que hoy en día se están ejecutando es obra que empieza a pagarse en 2025.
Saneamiento, objetivo de por sí compartible, surge también de iniciativa privada y recién ahora se firmó el préstamo para comenzar con la obra. Tiene el nombre de «Universalización del saneamiento en Uruguay», pero el propio plan dista mucho de esa cobertura. En consecuencia con la política de este gobierno, también la «universalización del saneamiento» tiene anuncio y lanzamiento de la obra ahora, y pago a partir del próximo período de gobierno.
«El timing de las obras es una de las cosas que más se critica. Tal vez por falta de planificación, o de especulación con la gestión de los recursos públicos, no previeron estas obras desde un primer momento, sino que esperaron a que el privado las propusiera y le fueron dando curso de manera que el anuncio y eventualmente la obra y la inauguración les queda para ellos, y el pago para adelante.
Un último ejemplo. Para la obra del Ferrocarril Central, que el anterior gobierno puso en marcha en 2017 para comunicar la carga de UPM con el puerto de Montevideo, esta administración aceptó sobrecostos por problemas que Benítez presume que «no son por problemas del proyecto original sino por malos acuerdos que este gobierno definió con la empresa».
En la información que el ministro de Transporte José Luis Falero y asesores volcaron en la Comisión Permanente del Senado el 21 de febrero, la descripción del sobrecosto no surge efectivamente del proyecto original. El principal rubro es el llamado «franja de vía»: Se determinó que se precisaban muchas más expropiaciones de terrenos que las 250 originales, y la cifra llegó a 1.029. Por error del consorcio adjudicatario de la obra —Grupo Vía Central (GVC), integrado por las uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE– , especificó el gobierno en Senado, ésta identificó 237 servicios afectados por el trazado de la vía, y resultaron ser 2.275. De todas maneras, se hace cargo el Estado. De las 21 empresas de esos servicios, 11 pertenecen a empresas de cable y televisión, que hicieron «atravesamientos no registrados». Parte de las obras estarán fuera de este presupuesto, y se harán como «obra pública común», dijo Falero, y por lo tanto a cargo del actual presupuesto del MTOP.
Sobre la mala gestión del contrato por parte del Estado «casi no hay dudas», señala Benítez. En resumidas cuentas, el pago diario del Estado al consorcio por la obra del Ferrocarril Central pasó de ser 406.394 dólares diarios por 18 años a una extensión del contrato de mayo 2019 a setiembre 2021 y al pago de 414,522 dólares diarios; una segunda revisión, actualmente pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, alargará más el contrato y llevará el pago diario a 424.885 dólares. Esto implica una suba del 5% sobre el canon diario, y lleva el total del contrato, por razones secundarias a la obra en sí, de 2.309 millones de dólares a 2.982 millones, un costo suplementario de 607 millones, que es el 23% del total.
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