El oficialismo rehusó la posibilidad de acordar una política de Estado en materia de cárceles el lunes en la interpelación. Todo el planteo de la interpelante Bettiana Díaz, en su tono y términos, se dirigía a habilitar esa posibilidad, y a mitad de camino algo pasó, pues el ministro Nicolás Martinelli giró en su posición de entendimiento y salutación del tono del intercambio, a una de enfrentamiento.
Tan así fue que la diputada Graciela Bianchi, única que habló luego de Martinelli, dijo en sala que ella esperaba un acuerdo, de cuya falta responsabilizó, como es de uso, al Frente Amplio y a sus cuchilladas. Luego, su retórica, sin más que hacer que responsabilizar al FA, se fue por bueyes perdidos, por peteneras diría Lacalle padre, y así lo testimonia la versión taquigráfica.
Algo distinto al tema de la interpelación fue lo que produjo el cambio en la posición oficialista, y 
necesariamente tiene que haber sido una directiva política. Eso hace que este asunto logre determinar una línea de confrontación en la próxima administración. Para estimar su número y vigor nacionalista es temprano aun, y lo mismo lo es para especular sobre su recibo en el resto de la coalición. Tal vez el presidente Lacalle Pou esté sondeando la posibilidades de efectivizarla aún en la proyección de mayorías relativas que manejan las encuestadoras. Tal vez no, y basándose en la popularidad que se le adjudica a su figura, esto sea un úkase a lo que hoy es el conjunto de sus fuerzas. En ambas alternativas, esto es seguido por un conteo seguramente discreto de con cuánto apoyo real cuenta Lacalle Pou en su suprema intención de impedirle o dificultarle al FA una gestión del gobierno que el progresismo parece estar alcanzando.
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