El periodismo en América se enfrenta a retos estructurales y económicos persistentes: concentración de los medios de comunicación, fragilidad de los servicios públicos de información y precariedad de las condiciones laborales. En los últimos años, el colapso de los modelos económicos tradicionales de los medios ha agravado la crisis. Mientras los ingresos publicitarios migran hacia las plataformas tecnológicas globales y los hábitos del público evolucionan, las redacciones reducen y la independencia editorial se debilita. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, 22 de los 28 países de la región registran descensos en su indicador económico.
Las consecuencias son graves. La presión financiera lleva a algunos medios de comunicación a ponerse al servicio de intereses políticos o comerciales, mientras que otros, por falta de recursos, se contentan con difundir comunicados oficiales. En entornos hostiles, la autocensura se convierte en un reflejo de supervivencia. A medida que el periodismo pierde su función de informar sobre temas de interés general, la propaganda y la desinformación llenan el vacío, poniendo en peligro la estabilidad democrática.
El informe sobre libertad de prensa en la actualidad de Reporteros Sin Fronteras revela que: Las condiciones para ejercer el periodismo son malas en la mitad de los países del mundo. Esta realidad esta determinada por cinco indicadores: contexto político, económico y sociocultural, marco legal y seguridad. En general, los datos son alarmantes.
Etados Unidos: cierre de medios, desiertos informativos y desinformación- En Estados Unidos (57º), el segundo mandato de Donald Trump ha provocado un preocupante deterioro de la libertad de prensa. Su administración ha politizado las instituciones, reducido el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas. La confianza en los medios se está derrumbando, los reporteros sufren una hostilidad creciente y muchos medios locales están desapareciendo, dejando tras de sí extensos “desiertos informativos”. Trump también puso fin a la financiación federal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (USAGM), causando un grave impacto en el panorama mediático internacional.
Presiones crecientes en un contexto de deriva autoritaria- Los retrocesos más significativos en la región también se explican por los giros autoritarios. En Argentina (87º), el presidente Javier Milei ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política. El país se ha desplomado 47 posiciones en dos años. En Perú (130º), la libertad de prensa también ha decaído —53 puestos menos desde 2022— bajo el efecto del acoso judicial, las campañas de desinformación y las crecientes presiones sobre los medios independientes. El Salvador (135º) continúa su caída y acumula un descenso de 61 posiciones en la tabla desde 2020. Bajo la presidencia de Nayib Bukele, la libertad de prensa sufre el desgaste de la propaganda y los ataques sistemáticos contra los medios críticos.
Contraste de tendencias en los tres mayores países de América Latina – Brasil (63º) sigue mejorando después de dejar atrás la era Bolsonaro, y escala 47 puestos desde 2022. Este avance refleja la percepción de un clima menos hostil hacia los medios y el país destaca como uno de los pocos que ha mejorado su indicador económico. México (124º), el país más peligroso de la región para los periodistas, pierde tres posiciones, debido especialmente a la creciente fragilidad de su ecosistema mediático. El país registra la cuarta mayor caída del indicador económico en Latinoamérica. Por su parte, Colombia (115ª) mantiene una puntuación global estable. La política del gobierno hacia la prensa sigue siendo ambivalente, oscilando entre el apoyo a un panorama mediático plural (local, alternativo, comunitario) y el discurso frontal del presidente Gustavo Petro hacia los grandes medios, en un contexto de persistentes amenazas a la seguridad de los periodistas.
No hay lugar para el periodismo: Nicaragua, en el fondo de la tabla – En la parte más baja de la Clasificación, Nicaragua (172º) se convierte en el país con la peor puntuación de América Latina, incluso por detrás de Cuba (165º). El régimen Ortega-Murillo ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a centenares al exilio. Venezuela (160º) se mantiene como uno de los países con peores resultados de la región, entre la censura generalizada y las persecuciones judiciales. En Haití (111º), el colapso del Estado y la violencia de las bandas han convertido el periodismo en una profesión de alto riesgo.
El periodismo en América se enfrenta a retos estructurales y económicos persistentes: concentración de los medios de comunicación, fragilidad de los servicios públicos de información y precariedad de las condiciones laborales. En los últimos años, el colapso de los modelos económicos tradicionales de los medios ha agravado la crisis. Mientras los ingresos publicitarios migran hacia las plataformas tecnológicas globales y los hábitos del público evolucionan, las redacciones reducen y la independencia editorial se debilita. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, 22 de los 28 países de la región registran descensos en su indicador económico.
Caso uruguayo
Agencia Uypress- Uruguay descendió del puesto 51 al 59 en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que marca una señal de alerta sobre el deterioro del entorno para el ejercicio periodístico en el país.
Aunque históricamente ha sido considerado un país con condiciones propicias para el diálogo «constructivo e inclusivo» sobre el papel de los medios, el informe advierte que «esta dinámica se ha deteriorado en los últimos años».
En el apartado sobre el panorama mediático, RSF señala que «si bien el panorama mediático uruguayo es bastante pluralista, sigue concentrado en tres grandes grupos: Villar/De Feo (Canal 10), Romay (Canal 4) y Cardoso/Scheck (Canal 12). Esta concentración limita la diversidad de voces y puede afectar el acceso equitativo a la información», manifiesta.
En el contexto político, el informe recuerda que «el mandato del anterior presidente, Luis Lacalle Pou (2020-2024), se caracterizó por varios casos de presión política contra periodistas que investigaban temas delicados, en los que estaban implicados miembros de la Presidencia de la República». Además, alerta sobre prácticas de vigilancia: «algunos periodistas han sido objeto de vigilancia por parte del Ministerio del Interior, un asunto que se ha llevado ante la Fiscalía, pero que sigue sin resolverse».
En los últimos años, varios periodistas uruguayos han denunciado prácticas de vigilancia por parte del Ministerio del Interior. Eduardo Preve reveló que en 2024 durante su columna La Tapadita en Nada que perder hubo una investigación policial interna que lo tuvo como objetivo. Según explicó, la pesquisa buscaba identificar a una posible fuente dentro de Inteligencia de la Policía que le habría filtrado información de las escuchas de El Guardián por el caso de envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, madre del actual senador Luis Alberto Heber. Esto derivó en el uso de datos personales del periodista, análisis de sus redes sociales y documentación oficial contenida en el expediente.
«Dos cosas que me impactaron fuertemente. Una fue ver en la investigación la dirección donde viven mis hijos pequeños. Lo otro, quizás, es más personal y afectivo: aparece una fotografía con mi padre, que absolutamente nada tiene que ver con estas cuestiones», detalló el periodista en su columna.
Preve aseguró que el ministro del Interior de ese momento, Nicolás Martinelli, fue «puesto en conocimiento» del expediente el 9 de noviembre de 2023, y que firmó documentos que incluyen el inicio de un sumario administrativo contra quien se intentó identificar como la fuente.
En una situación similar, el periodista Gabriel Pereyra denunció en 2022 que «el tercer jefe del servicio de Inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento sobre mi persona». Según afirmó en X, «tanto Luis Lacalle Pou, presidente de la República, como Luis Alberto Heber, ministro del Interior, ‘informados, deslindaron responsabilidad'» y agregó: «nunca desconfié de ellos».
Por otra parte, el informe de RSF indica que en el marco legal también ha sufrido retrocesos. Aunque se reconoce que «la ley sobre los servicios de comunicación audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo mediático», RSF advierte que «las modificaciones introducidas por el Congreso en 2024 debilitan este marco normativo y podrían conducir a una mayor concentración del sector, afectar a la transparencia y favorecer la censura de los medios y los periodistas». Una de las críticas más contundentes es que «esta reforma ha eliminado los términos ‘monopolio’ y ‘oligopolio’, y no recoge explícitamente en su formulación el derecho a la libertad editorial».
En el plano económico, la situación también se ha vuelto más compleja para los trabajadores de los medios. El informe documenta que «los recortes salariales, los despidos y el cuestionamiento de derechos previamente adquiridos debilitan a los profesionales de los medios de comunicación», en un contexto de «creciente precarización de los salarios y de las garantías profesionales».
En tanto, el entorno sociocultural tampoco está exento de tensiones, ya que RSF expresa que «en los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales».
Informe de Reporteros Sin Fronteras
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