El Ministerio de Defensa reafirma que el apartamento de donde secuestró a Elena Quinteros el 26 de junio de 1976 es de su propiedad; lo hace con toda la fuerza legal de la que es capaz, y se lo dió en comodato a ANEP, lo que impide, por las potestades que tiene el organismo de la enseñanza, que sea declarado Sitio de Memoria.
La resolución que lo declara Sitio de Memoria está redactada y en trámite de ser comunicada a la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, que junto a la Comisión de DDHH del Partido por la Victoria del Pueblo presentó solicitud a ese efecto, aprobada el mismo año 2024.
La selva burocrática alrededor del tema es una eficaz comisión de obstáculos para impedir este mínimo pero posible homenaje a la militante que ella fue, con encomiable iniciativa para escapar de su custodia y acceder al predio de la embajada de Venezuela dos días después de su detención, y arrancada de allí por los represores, en un hecho que llevó a la ruptura de relaciones con Uruguay por parte de Venezuela.
En 2018, a 33 años de democracia formal en el país, el semanario Brecha reveló que el apartamiento 103, ubicado en Ramón Masini 3044 y Libertad, en Montevideo, era utilizado por el Ministerio de Defensa, se supone que para alojar personal procedente del interior del país. Defensa alegó en su momento que una ley de 1975 le daba la propiedad del inmueble, pero esa ley fue derogada apenas reiniciada la democracia.
El apartamento había sido adquirido con documentación falsa por el Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, para sus fines políticos. Tras la revelación de Brecha, el entonces comandante en jefe Guido Manini informó que la persona que figuraba como propietario no había podido ser ubicada, lo que impedía considerar el trámite de restitución. No, claro, el apartamento había sido comprado con el documento falso de una identidad falsa. Si los militares hubiesen empleado esa capacidad de inteligencia en la represión, otra sería la situación que devino de la dictadura.
Otro palo en la rueda logrado por el ingenio de Defensa fue poner en el mismo expediente ese apartamiento del PVP y la «cárcel del pueblo» del MLN, en Paullier y Charrúa. Ese y otros muchos obstáculos fueron siendo desbrozados por la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, pero no se salía del punto muerto. En abril, relataron a esta nota sus integrantes Mirtha Guianze y Raúl Olivera, se entrevistaron con el presidente Yamandú Orsi. El entendimiento fue inmediato, la reunión terminó con abrazos, pero el trámite sigue en veremos.
Tratando de facilitar las cosas, la Asociación Civil acepta que la vivienda sea propiedad de Defensa y cedida en comodato, pero no a ANEP sino al Ministerio de Educación y Cultura , que sí tiene la posibilidad formal de habilitar allí un Sitio de Memoria y en eso se está; sin novedad en el frente.
Es de hacer notar que, a diferencia del reclamo masivo de la información sobre detenidos-desaparecidos, la solución de esta situación no está supuestamente en archivos inalcanzables y órdenes políticas al mando militar que no se pronuncian. Pero la situación emergente se parece notablemente. Se toma texto de la declaración de Crysol ya publicada (https://www.laondadigital.com.uy/archivos/94937), y encuentre el lector las diferencias.
«Volvemos a afirmar que lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad», dice Crysol, y es una verdad extensiva a este tema. En el caso, el aparato estatal se comporta como si estuviese impregnado de rayos todopoderosos provenientes del pasado reciente.
Crysol se entera por la prensa que la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pasa a integrarse a la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos. Y valora «con alarma» enterarse así «de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad vinculada al pasado». Señala, con ponderación, que «no son las nuevas estructuras administrativas las que, por sí solas, habilitan transformaciones sustantivas, sino la voluntad política —tantas veces ausente— capaz de materializar los compromisos.»
No están alarmados solo por ellos. Toman en consideración «una decisión que afecta la forma en que el Estado aborda sus obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria y reparación», y eso incluye como obligación ante la ciudadanía tanto la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos como la pertenencia y uso del apartamento de la calle Masini. La de integrar dos secretarías y los detalles funcionales operativos, dice Crysol, son decisiones que el Estado está obligado a no adoptar «sin un proceso previo de diálogo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que desde hace décadas trabajan en esta materia».
Todos podemos recordar a Tota Quinteros, la madre de Elena. Su pequeña figura era una enorme presencia en las marchas del silencio y otras instancias en reclamo de verdad y justicia. Lo hizo con constancia hasta su fallecimiento, en enero 2001. Yo pregunto al Estado uruguayo si Elena Quinteros, su memoria, la de su madre y la de tantos merece este destrato.
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