Estamos en Uruguay, vinimos a ejercer nuestro voto ciudadano. No podrán doblegar nuestra voluntad de seguir viniendo a votar. En todas las elecciones en que podemos llegarnos hasta aquí; en las nacionales a Presidente y legislativas, a Intendentes y Ediles, y en los Plebiscitos vinculantes, como ahora el 27.
En 1971 votamos por primera vez, muy jóvenes y con la esperanza de hacer un país más justo, libre y soberano. En 1980 vinimos a votar contra la dictadura, contra un proyecto de constitución que introducía a los militares en la Administración directa del Estado; y ese 30 de noviembre la dictadura perdió, contra todos los pronósticos. Y nos fuimos cantando de contentos aquella nochecita; de haber impedido, junto al pueblo uruguayo todo, que el Uruguay fuera lo que no había sido siempre: un incremento constante de derechos sociales, económicos y políticos.
Luego vino el Plebiscito vinculante del señor Lacalle, presidente blanco, que pretendió vender las empresas públicas y el pueblo uruguayo otra vez dijo ¡Nó!
Los derechos adquiridos no se negocian. Ya lo dijo Artigas: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.
Y seguimos andando. En los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio los derechos también crecieron. Si hay dudas se podrían fijar en las leyes aprobadas en esos años.
Al final del tercer gobierno del Frente Amplio se hicieron presentes las noticias falsas (fakenews) que invadieron desde la otra orilla nuestra convivencia y comenzaron a tirar “verdes” para ver si pasaban; críticas infundadas, cuestionamientos infundados, falta de datos, anécdotas que se generalizaban con los medios hegemónicos e instalaban las dudas y horadaban las políticas progresistas, poniéndolas en duda. Fue la crítica infundada lo que les dio mayor resultado; la prueba está: la duda y la incertidumbre las instalaron en forma permanente. Y en las elecciones del 2019 en Uruguay se presentó una situación muy parecida a la campaña que hizo Macri en el 2015; prometió lo que después no cumplió – algo que se usa en las campañas electorales y cada vez más los votantes se están dando cuenta – algo parecido a lo que le pasó a Lacalle hijo: prometió lo que no cumplió, y dejó entrever medidas que nadie conoció bien, como que iba a impulsar una ley de urgente consideración y nadie sabía de qué se trataba. No cumplió: la inflación ha sido mayor que los salarios, los combustibles, que dijo no iban a aumentar, están subiendo su precio mes a mes, y lo peor que traía bajo el poncho era una forma jurídica artera, legal sí pero no aplicable en su esencia: NO HABÍA SITUACIÓN URGENTE que hiciera plantear este recurso constitucional de impulsar una ley de urgente consideración. Repetimos, legal sí, pero ilegítima; porque si muchas cosas que lograron imponer por las manos alzadas circunstanciales hubieran salido por decreto, no hubieran podido lograr este efecto de pérdidas generalizadas de derechos.
Cada ley se logra aprobar – para los que no lo saben – luego de la presentación de un proyecto de ley, que pasa a la Comisión respectiva, que se discute, y luego sale un Informe de Comisión, y ahí recién va al recinto para su tratamiento.
Cada ley aborda un tema principal; un tema que se analiza, que modifica Leyes, total o parcialmente, y hay dentro de cada ley, artículos sustanciales, centrales, sobre los cuales se edifica todo su contenido y sus alcances.
¿Qué hicieron los que propiciaron esta ley de urgente consideración?. Tomaron los principales artículos de Leyes ya aprobadas y los cambiaron por otros que tenían todo el contenido jurídico y procedimental contrario en sus efectos. Hay varios ejemplos de ello en los 400 y pico artículos. Por eso nosotros los ciudadanos de a pie, los que podemos decirlo sin tapujos, podemos decir que nos han engañado.
Ya están en la calle los argumentos contra los 135 artículos que queremos derogar. Justamente en esos 135 artículos está esta forma artera de legislar. Bajan los derechos. Se vuelve a situaciones donde el y la ciudadana vuelven a sufrir situaciones anteriores no queridas, no placenteras. Se vuelve para atrás en esto de adquirir derechos; como lo que se pretende con el retoque al derecho de reunión y de huelga; con el retiro de la obligación de que el titular de los predios otorgados por el Instituto Nacional de Colonización esté al frente efectivamente en el predio, haciéndose cargo de su producción directamente, in situ, y no desde una oficina en la ciudad; como la exclusión de la participación de los docentes en varias circunstancias del quehacer educativo; etc., etc., etc.
Confiamos en todos los que propician la derogación de estos 135 artículos anti derechos adquiridos por la sanción de esta ley de urgente consideración.
Estábamos bien si esta LUC, no hay explicaciones positivas de quienes la propiciaron que muestre que lo que lograron aprobar les permite gobernar mejor; por el contrario, hasta hoy, no hay muestras visibles que denoten mejorías para las mayorías uruguayas. Al revés hay deterioro en muchos aspectos.
El gobierno multicolor no logró crear más confianza. Al revés; surgieron dudas legítimas sobre la intención final de este logro circunstancial legislativo.
Y ya no se respetan cosas que han sido tradición en el Uruguay como la independencia de poderes. La visita del ministro del interior Mario Heber a la fiscalía que trata un caso de delito de policías hace presente una intromisión parecida a la que hizo Macri en Argentina interfiriendo el accionar del poder judicial con los resultados hoy a la vista: varios juicios contra Macri y sus colaboradores por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
En los debates que hemos presenciado en estos días que estamos; uno entre los senadores Mario Vergara (Frente Amplio) y Gustavo Penedès (Partido Nacional), y el otro entre el senador Pacha Sánchez (Frente Amplio) y Alejo Umpierrez (intendente del departamento de Rocha), vimos, en los dos debates, dos posturas contrapuestas, con datos verificables por un lado (Frente Amplio), y evasivas y actitud exacerbada de defensa-ataque por otra (Partido Nacional).
Y también hemos visto como en el día de ayer se formula un pedido inédito de la senadora Bianchi en el recinto del Senado, de que se sacara una senadora el distintivo del “Sí” por considerarlo un distintivo partidario, que terminó por el retiro de la bancada del Frente Amplio en la sesión de ayer. Esto muestra que lo que el gobierno multicolor
quiere es llevar “aguas de conflicto” contra el Frente Amplio no entendiendo que atrás del Sí hay más de 30 organizaciones sociales, gremiales y políticas de todo tipo y color; incluso ediles pertenecientes al gobierno multicolor también propician la derogación de estos 135 artículos en cuestión. El distintivo es un símbolo, como cualquier otro.
El 26 de marzo próximo, los que venimos del exterior a votar, más los que habiendo vivido en el departamento 20 han vuelto a vivir en el Uruguay, y también los hijos de todos ellos que viven aquí, nos reuniremos a las 11:30 horas como hace siete años lo hicimos en la intersección de “21 y Ellauri”, donde mostramos nuestra exigencia del derecho ciudadano a votar desde cualquier lugar del mundo. En el exterior hay alrededor de 550.000 uruguayos, de los cuales muy pocos están en condiciones de votar hoy.
El Uruguay es el único país de América del Sur -EL ÚNICO- que no reconoce el voto de sus connacionales desde el exterior.
Desde Argentina colaboramos con la presentación constitucional de la juntada de firmas para el llamado a referéndum contra los 135 artículos de la LUC. Fueron sólo 1600 papeletas firmadas de las 800.000 presentadas.
Con esta situación de poder recuperar derechos, con ese piso adquirido, esperamos confiados en que la ciudadanía volverá a transitar una mejor democracia votando el “Sí” el próximo domingo 27.
Por Fabián Muñoz Rojo
Economista y escritor uruguayo residente en Argentina
La ONDA digital Nº 1039
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