La emergencia sanitaria continúa y las medidas se extreman, tanto desde el punto de vista de las recomendaciones sanitarias, como las que cada una toma por su cuenta. Los escépticos van entrando en razón y los análisis continúan proliferando en todas las redes con muy distinto grado de calidad. Las consecuencias económicas de la emergencia ya están aquí y las medidas del gobierno nacional se discuten a todos los niveles. El fuego cruzado encuentra formas cada vez más virtuales y nos damos cuenta de la imperiosa necesidad de participación y manifestación casi con la misma intensidad que sentimos de darnos un abrazo.
Lo cierto es que como en toda emergencia, la situación golpea más fuerte a quienes ya estaban mal antes que esto comenzara. La emergencia sanitaria es el preludio de un desastre social. Porque las crisis económicas tienen consecuencias educativas, culturales, psicológicas, físicas y un largo etcétera que componen el entramado social.
Justo en este momento, cuando la población menos favorecida empeora sus condiciones, cuando las pequeñísimas mejoras en algunas familias no soportan los embates de la emergencia, justo ahora, el viernes 27 de marzo, pudimos ver de forma virtual una conferencia de 
prensa que ojalá hubiese sido parte de la ciencia ficción. En la Intendencia de San José se llevó acabo la firma de un convenio entre el ejecutivo departamental, representado por el Intendente Pedro Bidegain, y el Mides, representado por el Subsecretario Armando Castaingdebat, en el que se establece que la Oficina Territorial de San José pasa a funcionar en las dependencias de la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia de San José (Allí en AFE para que se entienda físicamente) y bajo el mando político de esa dirección.
El Artículo 360 de la Ley de Urgente Consideración (que aún no entró al Parlamento por todo esto que está pasando y que aún no se ha discutido ni votado) establece: I) Suscribir contratos, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas, con definición clara de los objetivos a lograr, forma de evaluación y monitoreo de resultados para asegurar la presencia y proximidad de los programas en el territorio. Al parecer ya se comenzó a implementar este artículo, mientras la ley no se puede tratar por el COVID-19.
Este convenio que se firma tiene “gato encerrado” y disculpe que resulte un poco escéptica, pero como conozco esta comarca no puedo pensar en otra cosa. En primer lugar, me resulta poderosamente llamativa esa ambigüedad que dice: “definición clara de los objetivos a lograr”, porque usted y yo sabemos que las políticas públicas en materia social han tenido, con aciertos y con errores, un antes y un después de la creación del MIDES. Es decir, desde que los gobiernos del Frente Amplio instalaron el concepto de política pública en el ámbito social. El esfuerzo sistemático por definir criterios técnicos para determinar quiénes son las personas beneficiarias de las ayudas, quiénes forman parte de los proyectos y focalizar programas integrando las distintas aristas de la desigualdad, no es un objetivo compartido por las políticas que hasta ahora ha llevado la Intendencia de San José en la que es muy difícil encontrar criterios técnicos.
En una columna en octubre pasado me referí a este tema y a la forma de implementar programas sociales de parte de la Intendencia de San José. La manera de llevar adelante las políticas sociales y desde dónde se colocaban hasta ahora el Mides y la Intendencia, eran formas de entender la realidad totalmente distintas porque la perspectiva de Derechos Humanos y la forma de tener en cuenta el/la otra como sujeto, difería totalmente. Parece que ahora ya no.
En esa oportunidad me referí además, al enojo que provocó en la Intendencia de San José que el INDA pasara la gestión de las canastas de alimentos completamente a la órbita del Mides, porque le impidió seguir manejándolas a su antojo. Este mecanismo básico de politiquería barata que cambia favores por votos, no es exclusivo de San José, me imagino que en todos lados se cuecen habas y los Macondos existen en todo el país. Lo que resulta sorprendente es que en menos de un mes lograron rearmar otra vez todo el entramado y de esta manera resolvieron varios problemas:
1 -En San José no hay nombre para la Dirección Departamental del Mides. ¿Quizá porque a nadie parece servirle pasar de un cargo Dirección de la Intendencia a este puesto? Recordemos que el salario es mucho menor.
2 -El Mides se ahorra dinero porque deja de pagar un alquiler de la Oficina Territorial y si lo hacen en la mayoría de los departamentos del país, el ahorro se multiplica.
3 -Se traspasa el presupuesto nacional directamente a la Intendencia que incrementa los rubros para Políticas Sociales en el que ha sido especialmente bajo en el último período y de paso, de cara a la población, aparecen como acciones locales.
4 -Se habilita la carta blanca para repartir y distribuir a su antojo, sin criterios técnicos, los recursos nacionales para mayor rédito político local. Negocio redondo.
Muchas preguntas quedan en el tintero: ¿Qué pasará con los equipos que trabajan en los diferentes programas que hoy se desarrollan en el Departamento y quién les dará los lineamientos para continuar? Fíjese que no son pocos: Servicio de atención a mujeres en situación de violencia, Atención a varones por programa de tobilleras, Dispositivo de articulación territorial; Uruguay Crece Contigo; INJU Impulsa; Uruguay Trabaja y Fortalecimiento de emprendimientos; Servicio de Atención Jurídica en convenio con centro de estudiantes de derecho de la UDELAR; los referentes territoriales de PRONADIS, INMAYORES y Sistema Nacional de Cuidados; Programas de INDA de apoyo a instituciones públicas y privadas, a comedores. ¿Qué pasará con la Oficina en Ciudad del Plata? Donde además funcionan Socat de Penino; Socat de Delta del Tigre y el Programa Jóvenes en Red. Sin olvidar que tal vez en estos días puedan ver por las calles de San José a alguna técnica con un teléfono bajo el brazo, porque lo está trasladando mientras realiza la atención telefónica ciudadana que en estos momentos de emergencia se dispuso hacerlo por este medio.
La experiencia nos dice también que para que un programa deje de funcionar no siempre es necesario un acto de cierre sino que se lo puede dejar morir lentamente. Mientras tanto en la comarca josefina, el coronavirus demora en llegar -por suerte-, intentamos estar en casa, y las ollas populares vuelven a ser necesarias en muchos barrios.
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Por Ana Gabriela Fernández
Edila en la Junta Departamental de San José. Actriz egresada de la EMAD y Educadora Social. Doctoranda en estudios de Género en la Universidad de Oviedo. Docente e investigadora en el Programa Género y Cultura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
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