Se cierra un año signado por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.
Este miércoles se comprobaron en Uruguay 712 casos nuevos y 8 fallecimientos. Alto número de pacientes en CTI y un riesgo, alertado por todos los científicos, de saturación de la disponibilidad de camas y un personal de salud de cuidados intensivos afectado por la propia emergencia sanitaria. El gobierno no tiene definido un programa de vacunación y ni siquiera un plan de adquisición de las vacunas. El mismo gobierno se ha negado sistemáticamente a asumir un conjunto de acciones económicas y sociales, para atender a la población más vulnerable.
No incorpora el “ingreso mínimo individual”, tampoco la “renta básica provisoria”, instrumentos fundamentales 
para la sociedad más afectada por la caída de sus ingresos y la pérdida de su trabajo. Algunos como consecuencia directa de medidas (muchas necesarias y compartibles) para combatir la pandemia, otros a raíz de la caída de la economía. A cambio de ello anuncian asistencias alimentarias que son parte de las políticas sociales en el ámbito educativo y del INAU.
Soberbia del Poder Ejecutivo, hostigamiento permanente a la oposición, insistiendo con un relato de “herencia maldita” en el país y afirmando en el exterior, todas las virtudes de Uruguay reconocidas por todos los organismos internacionales. Una apuesta al equilibrio fiscal, que ningún país en el mundo está aplicando y una negativa sistemática a utilizar créditos contingentes de magnitud (que dejó preparados el gobierno anterior) con una deuda externa razonable y con plazos de mediano y largo plazo perfectamente afrontables.
El costo que tendrán las medidas omitidas ahora serán superadas con creces por la profundidad de la crisis económica y social en la que quedará el país. La salida de ella llevará mucho más tiempo, más sufrimiento, pobreza y quiebres de empresas que no se recuperarán. Los “malla oro” que protege Lacalle Pou nunca levantaron, ni aquí, ni en ningún lugar de la tierra, economía alguna, salvo la de ellos.
La ciudadanía, con sus respetables razones y motivos, como corresponde en democracia, optó por mínima diferencia por un cambio de gobierno. El entonces candidato Lacalle Pou y su partido negaron en campaña que llevarían adelante políticas de ajuste y prometieron que mantendrían todas los avances sociales alcanzados durante los últimos quince años. No una, mil veces lo dijeron y repitieron hasta el cansancio. Seguramente, para muchos de los votantes ha sido toda una sorpresa el rumbo del gobierno ya asumido y en ejercicio. Mayor habrá la sido la misma, viendo y padeciendo la política durante la pandemia.
Después de un deslumbramiento por resultados positivos los primeros meses, (reconociendo a regañadientes el gran Sistema Nacional Integrado de Salud), la escalada de la pandemia en Uruguay descolocó al Poder Ejecutivo. La respuesta fue la limitación imprecisa y mal definida del derecho constitucional de reunión y cierre temporal total de fronteras. Nada de respuesta económica ni social. La ideología neoliberal del presidente y su equipo de gobierno es inmune a la pandemia.
Sin dejar de compartir varias de las medidas de disminución del contacto social y el uso de las medidas higiénicas , consideramos muy infeliz la conducción del país. Sus consecuencias se harán sentir con crudeza, los sectores menos favorecidos serán fuertemente golpeados, sus efectos serán duraderos y lamentables. La recuperación será posible, sin la más mínima duda, a largo plazo y con cambios radicales de orientación. Pero este 2020, primero de los cinco, que serán gobernados por la derecha neoliberal, deja ya un saldo triste y un balance muy doloroso.
Por Carlos Pita
Médico, político, ex embajador uruguayo en EE.UU.
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