Cada día, muchas personas en situación de vulnerabilidad se desplazan forzadamente debido a los impactos del cambio climático. No se trata de un suceso que tendrá lugar en el futuro, está ocurriendo ya. Durante varios años consecutivos se han registrado más desplazamientos internos como resultado de desastres relacionados con el clima que de conflictos.
Solo en los últimos seis meses se han documentado 10,3 millones de nuevos desplazamientos internos resultantes de fenómenos meteorológicos extremos. Para otras tantas personas que dependen de la tierra y de los recursos naturales para ganarse la vida, los efectos de desarrollo lento del cambio climático están siendo desastrosos para su supervivencia. Estas alteraciones están vinculadas, intrincadamente, con la economía y la política, por lo que no se trata de una mera cuestión ambiental. Este es un problema de derechos humanos.
Los responsables políticos están comenzando a darse cuenta de los innegables vínculos entre el cambio climático y el desplazamiento. En este sentido, el 4 de febrero de 2021, refiriéndose a la política de refugio de los Estados Unidos, el presidente Joseph Biden emitió la orden ejecutiva sobre la “Reconstrucción y mejora de los Programas para Reasentar a las personas Refugiadas y la Planificación para el Impacto del Cambio Climático en las Migraciones“.
Entre otras disposiciones, el presidente solicitó al gobierno de los Estados Unidos la redacción de un informe 
interinstitucional que estuviera listo antes del 3 de agosto de 2021. Los objetivos de este informe son múltiples, entre los que se encuentran entender mejor las implicaciones para la seguridad que podrían tener las migraciones relacionadas con el clima, las opciones para la protección y el reasentamiento de las personas desplazadas directa o indirectamente por el cambio climático, los mecanismos para identificar y reasentar en los lugares adecuados a dichas personas, las propuestas sobre cómo los hallazgos del informe deberían incidir en la ayuda exterior de los Estados Unidos y las oportunidades para trabajar en colaboración con otros Estados, organizaciones internacionales, ONG y otros actores.
Al incluir los impactos del cambio climático en la movilidad humana en una orden sobre las personas refugiadas, el presidente Biden manifestó su compromiso de entender la migración relacionada con el clima desde una perspectiva holística. Asimismo, al querer comprender mejor el papel del cambio climático en la movilidad humana, es de esperar que el presidente Biden mantenga, a su vez, un fuerte liderazgo mundial en esta temática, lo que resulta de vital importancia para proteger a las personas desplazadas en el contexto del cambio climático.
Teniendo en cuenta la creciente tendencia de los Estados de securitizar sus fronteras y, en su defecto, la situación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, al mes siguiente de la publicación de la orden ejecutiva escribí un informe encargado por Climate Refugees titulado: “Cambio climático, desplazamiento forzado y paz y seguridad: acciones de la administración Biden que garantizan los derechos”.
Una de las recomendaciones centrales sugeridas en este informe es que la administración Biden debería adoptar un enfoque de seguridad humana multifacético en el que se reconceptualicen las migraciones inducidas por el cambio climático hacia la seguridad de las personas y de las comunidades, y no hacia la seguridad de los Estados. También es importante vincular la acción climática fragmentada con los derechos humanos y la protección de las poblaciones marginadas.
Aconsejamos encarecidamente la no securitización de los movimientos migratorios, algo que, hoy en día, lamentablemente, es una tendencia demasiado común. La securitización de la movilidad humana refleja que, en la actualidad, sigue sin reconocerse que el cambio climático, por sí solo, no genera los movimientos migratorios. Las verdaderas responsables de esta movilidad humana forzada son las limitaciones de los Estados a la hora de abordar adecuadamente los efectos del cambio climático, junto con la reducción de las vías de protección de las personas afectadas, que se materializan en el intercambio de ayuda internacional por el cierre de fronteras y en las recientes muertes en el Mediterráneo, donde más de 20.000 personas se han ahogado desde 2014. Este hecho que tuvo como consecuencia que los países europeos fueran reprendidos por retroceder en la protección de las vidas y los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en el mar.
Un mejor sistema migratorio debería facilitar la movilidad humana, no impedirla. Además, un sistema más fuerte debería comprender los aspectos multidimensionales e interconectados del cambio climático en las migraciones, abordándolos desde diversas disciplinas, perspectivas regionales y bajo una óptica de protección arraigada en los derechos humanos, que fortalezca las capacidades de adaptación de las personas y sus países.
El sistema global ha estado funcionando de manera dispar y desconectada. No está cumpliendo adecuadamente con las diversas intersecciones existentes, que necesitarían una respuesta eficaz. Ante este vacío, se ha fortalecido la respuesta de la securitización que, por sí sola, tampoco dará las soluciones necesarias. Los cambios no pueden suceder si continuamos trabajando de manera independiente y desconectada, ni sin la existencia de un marco de seguridad diferente. Sería necesario un marco de seguridad humana que reconociera los diversos factores que impulsan la movilidad humana, así como los desafíos a la hora de comprender y responder ante el cambio climático y el desplazamiento forzado.
La movilidad humana es una parte intrínseca de la historia de la humanidad, de la exploración, avance e incluso de la adaptación humana, pero hoy en día es necesario visibilizar que algunas migraciones inducidas por el cambio climático se enarcan en las migraciones forzadas. A su vez, es relevante tener en cuenta que en contextos de cambio climático, las migraciones a través de las fronteras son multicausales y pueden coexistir, incluso estar influenciadas, por muchos factores, como la demografía, la rápida urbanización, las realidades socioeconómicas y políticas e, incluso, por la violencia. Por lo tanto, desenredar los múltiples factores de expulsión e identificar el cambio climático como el principal factor de expulsión de una persona a través de una frontera puede resultar un gran desafío.
La carencia de un mecanismo de gobernanza global sigue siendo el principal impedimento para el desarrollo de soluciones efectivas a corto y largo plazo, pero su ausencia ya no es una excusa para la inacción política. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 solo ofrece protección a quienes huyen de un conflicto y enfrentan persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política, cuando sus Estados no pueden o no quieren protegerlos. Teniendo en cuenta los desafíos que implica identificar al cambio climático como causa de la movilidad humana y los instrumentos jurídicos que no abordan la línea difusa entre los movimientos voluntarios y los forzados en el contexto del cambio climático, se hace necesario comprender mejor los factores complejos y multicausales de la migración forzada, así como sus efectos desproporcionados en entornos vulnerables.
Creemos que ha llegado el momento de que Estados Unidos lidere el reasentamiento de las poblaciones desplazadas por el clima. Además, existe una creciente necesidad y disposición por parte de algunos Estados de participar en este debate. A su vez, la comunidad mundial debe reconocer y entender que nadie quiere abandonar sus hogares, pero que, en ausencia de medidas de adaptación adecuadas (hasta ahora muy mal financiadas), millones de personas pueden verse obligadas a trasladarse internamente y algunas incluso a través de las fronteras nacionales. En el caso de los desplazamientos internos, las necesidades de protección persistirán, mientas que, en el caso de los movimientos internacionales, a las necesidades de protección se le sumarán los vacíos jurídicos existentes.
Dado que la administración Biden ha demostrado su intención de liderar la lucha ante el cambio climático, especialmente en la COP 26, tiene la oportunidad de volver a ingresar en la política climática global con humildad para acelerar el ritmo de la acción climática y desarrollar la coordinación y los vínculos necesarios para abordar todo el problema que contribuye a los movimientos de población forzados. Puede dar ejemplo inmediatamente con dos acciones esenciales que están a su alcance: (1) tomar medidas urgentes para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y (2) garantizar vías seguras y accesibles que protejan a las poblaciones migrantes.
En pocas palabras, los impactos climáticos sobre la movilidad humana siguen siendo un tema central de justicia global. Estados Unidos y otras naciones industrializadas son las que más han contribuido en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las naciones que históricamente han generado emisiones mucho menos relevantes y que también han obtenido menores beneficios económicos, son las más afectadas por los impactos y los costes asociados al cambio climático, lo que les hace retroceder muchas décadas sus avances en materia de desarrollo.
Estados Unidos, en particular, tiene la obligación de liderar estos temas. Como país líder histórico en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos debe volver a comprometerse con sus responsabilidades, diferenciadas y compartidas.
Texto traducido por: Beatriz Felipe Pérez
Por Amali Tower
Fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees. Profesional experimentada en asuntos humanitarios y de derechos humanos
Fuente: Migraciones Climaticas
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