El “portafolio de servicios” que ofrecía y ejecutaba el ex jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano abarcó a cuatro de los 14 ministerios y a la Presidencia de la República, a través de 18 reparticiones, según ennumeró la senadora Silvia Nane en la sesión del Senado del 1° de diciembre, en la que se trató la posibilidad del espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera.
Estas carteras son las de Interior, Relaciones Exteriores, Educación y Cultura y Defensa, todas a cargo del Partido Nacional, además de la Presidencia de la República. Esto “no me llama la atención” dice Nane. “Me parece bastante lógico que sean carteras del Partido Nacional, porque supongo que la red viene toda del mismo lado, afín al Herrerismo, salvo Defensa”.
“La verdad –agrega Nane– es que no he hecho ningún análisis mirando específicamente ese aspecto. Lo que traté de ver es qué dependencias conformaban el portafolio de servicios, para poder visualizar que aquí hay una red que está trabajando en diferentes direcciones, que esto no es obra de una sola persona y que desbarata el argumento de ‘qué tiene que ver el gobierno con todo esto’. Hay un montón de instituciones bajo la égida del gobierno nacional que están involucradas”.
Según el detalle que surge de la exposición de Nane, y que esta nota resume, el mapeo parte de la Presidencia de la República, por la acción del jefe de la seguridad presidencial usando recursos 
públicos, la autorización del secretario de la Presidencia al ingreso de ciudadanos en época de frontera cerrada por la crisis sanitaria, y la labor que aportó a estas diligencias ilegales –por ahora, poco clara– la Secretaría de Inteligencia Estartégica del Estado. En el orden en que se fue develando información, lo primero que se conoció fue la emisión de pasaportes para ciudadanos rusos, confeccionados con partidas de nacimiento falsificadas vinculadas a la solicitud de partidas del registro civil, ambas provenientes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Allí se involucra al Ministerio del Interior (MI) a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Después, eso deriva al consulado en Rusia y en la destitución de un funcionario.
También se involucra al MEC a través de la Dirección General de Registros, y se involucra nuevamente a la Presidencia de la República –otra vez– en la figura del secretario de Presidencia, quien dio autorización de ingreso a ciudadanos hoy involucrados en la causa.
A su vez, el MI está involucrado en el uso ilegítimo de las cámaras de seguridad y de El Guardián. Dentro de esos sistemas del MI que quedan involucrados en esta trama está el Sistema de Gestión en Seguridad Pública, el SGSP. Para pervertir su función, se creaban usuarios a demanda de una lista; había que pasar la cédula de identidad y el nombre de usuario, y los usuarios se creaban. Ahí queda involucrado el director de Servicios de Información de la policía.
Cuando, dentro de esta parte del portfolio de servicios de vigilancia y seguimiento, se menciona un caso de violencia basada en género; se dice desde el MI que van a revisar las redes sociales, y ahí se aplica un sistema que se llama el OSINT (Open Source Intelligence), dependiente del MI, que monitorea comunicaciones públicas digitales.
Cuando esta red trabaja en la facilitación de negocios con el Estado, otra vez aparece el MI, ahora con la empresa llamada Vertical Skies. Surge un tema relacionado con una compra de patrulleros oceánicos y unos aviones para la Fuerza Aérea, y ahí surge involucrado el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en una trama en la que hay una licitación que estaría amañada para una empresa china y, a partir de allí, se hace una relación con el tratado de libre comercio con China que este gobierno procura, por lo que reaparece el MRREE.
Cuando Astesiano hace una especie de asistencia en problemas personales, aparece involucrado el subdirector de la Policía y de nuevo el MI.
Al surgir la información del supuesto encargo de los armados de carpetas de los senadores Carrera y Bergara, de nuevo aparece el MI pero en este caso ya se metieron en otro poder del Estado y se está tocando también al Poder Legislativo.
Aparece eñ tema del cargamento de pescado, por lo que se involucría a la Dirección Nacional de Aduanas y, por ende, al Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF).
Aparecen acccesos ilegítimos “a recursos de seguridad interna –por ponerle un nombre, señala Nane–; de nuevo aparece involucrado el MI y esta persona que el otro día nos fue a decir a la comisión de seguridad y convivencia que podíamos estar seguros con la gestión de usuarios de seguridad del Ministerio del Interior: un funcionario de la Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado”.
En resumidas cuentas, en esta acción delictiva en red, el acceso ilegítimo a los recursos del Estado se utilizan un número impreciso de veces –por ejemplo, se maneja la cifra de 80.004 pasaportes falsos emitidos, pero pueden ser más. Pero la información disponible –y a cuenta de más revelaciones– permite apreciar la dimensión de la operación por el orden de los propósitos que persiguen. Es en tres órdenes que se utilizan los recursos de Presidencia: los que logra por su cargo el encargado de la seguridad presidencial, la autorización dada por el secretario de la Presidencia para el ingreso de ciudadanos con fronteras cerradas, y los recursos de la Secretaría de Inteligencia. Los recursos del MEC se utilizan con dos propósitos: la emisión de partidas de nacimiento a partir de información falsa y la acción espúrea de la Dirección Nacional de Registro.
El MI se lleva las palmas, con la utilización ilegal de su infraestructura en ocho órdenes: los de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el acceso ilegítimo a sus cámaras de seguridad, la utilización del sistema de intervención de teléfonos El Guardian, la creación de usuarios del SGSP, la actividad de la Dirección de Servicios Informativos, la facilitación de negocios con el Estado, la utilización de OSINT con fines particulares, y acciones al menos de traslado de personal policial, a su conveniencia.
El MDN se vio involucrado en la posible compra de patrulleros oceánicos y aviones. El MRREE en el negocio de los pasaportes a ciudadanos rusos, y las licitaciones del MND, en la medida que afectaban las relaciones con China. Hasta ahora, un total de 16 dependencias del Estado fueron detectadas en acciones para esta organización delictiva que integraba Alejandro Astesiano.
El ex presidente Julio María Sanguinetti opinó que en este caso, “si algo ha funcionado, son las instituciones”, no compartió que haya una “crisis institucional” en torno al escándalo del excustodio presidencial “cuando es exactamente lo contrario”, y lamentó que se viva un proceso de “judicialización” del debate político. Para Nane, este enfoque “es solo un nuevo intento de minimizar una situación que es muy grave. Las instituciones están en riesgo, porque está en riesgo la credibilidad, lo cual afecta claramente al Estado. Lo dicho por Sanguinetti no es, claramente, de recibo, y me parece bastante irresponsable. Es un tema institucional que tiene, definitivamente, responsabilidades políticas, pues nadie llega a cargos de responsabilidad política de motu proprio. El tema jurídico es el del delito comprobado, y habrá más investigaciones en curso”.
“El gobierno tiene que ver con todo esto, en tanto es quien está a cargo de las instituciones del Estado en este período”, señaló Nane. Ella recalca la peligrosa situación en que está la ciudadanía por este accionar. “Estamos en un tembladeral con nuestros datos personales. Los sistemas de vigilancia están sin control técnico creíble. Ahí andan, cuidados por personas que se intercambian los usuarios para no quedar registrados. También andarán los 84.000 pasaportes, las imágenes de las cámaras, los datos de las redes sociales y vaya uno a saber qué más. Definitivamente no hay ninguna garantía en el uso de la información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública; crearon usuarios para vaya a saber qué negocios.”
Profundizando, Nane se refirió en su alocución en el Senado al daño que se le está infligiendo al ámbito público. “Su función es la de iluminar los sucesos humanos y proporcionar un espacio de visibilidad para que las personas puedan ser vistas y oídas, porque lo otro es el ámbito privado. Lo público es, al mismo tiempo, el mundo común si lo entendemos como una comunidad de cosas que nos agrupan o nos separan, según nuestras acciones o creencias. Pero lo importante de esto es que esa esfera pública está resguardada por el Estado de derecho; y el Estado de derecho no se puede desligar del concepto de libertad. Y esa libertad, para poder ser ejercida, requiere reglas que pongan freno al autoritarismo que ocasionalmente pueda cometer el Estado en el uso de la fuerza. Esas reglas, en el Estado uruguayo, son las leyes. Y acá estamos, en la casa de las leyes, donde las legisladoras y los legisladores tenemos fueros. Si la investigación de la Justicia determina que esta vigilancia clandestina (de dos senadores) efectivamente se realizó, no solo tendremos un problema de fueros, sino que esto va a ser un problema mismo en el corazón de la democracia. De confirmarse eso, va a querer decir que se utilizó infraestructura del Ministerio del Interior, del Estado, para realizar esta investigación clandestina.”
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