Lo que nos cuestan los malla oro

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Los rasgos preponderantes de la política económica de este gobierno son la concentración y la desestatización, con un Estado ausente. El economista Daniel Olesker es directo en sus definiciones.

Ya en campaña, Luis Lacalle prometió que no habría ajuste fiscal, pero lo hubo. “Pese a su promesa, recordemos que Lacalle Pou prometió bajar el gasto público en 900 millones de dólares sobre la base del mejor uso del gasto público. Era medio caricaturesco, porque iba a reducir cocteles y autos oficiales y todos sabíamos que eso achica marginalmente el gasto público. Sí hizo el ajuste, pero lo hizo básicamente reduciendo salarios públicos; lo bajó menos de lo que decía que lo estaba bajando, pero fue a costa del salario, y los gastos sociales”.

Solo un ejemplo de la distancia entre promesas y hechos. Lacalle anunció ajustar los gastos del Estado, para mejorar su calidad. Hoy hay seis empresas privadas construyendo un trasvase de agua del río San José al Santa Lucía. La obra no se licitó, no se informó de la calidad de ese gasto, y anuncian que serán 35 millones de dólares, la mitad de lo que costaría la represa de Casupá. Tampoco se conoce el caudal de agua del río, que en febrero y marzo tuvo que recibir aportes de agua, pues es única fuente de agua dulce de San José de mayo. Y a diferencia de Casupá, la obra de conexión en marcha sólo será actual durante esta crisis hídrica. Eso, como ejemplo de mejoras en el gasto del Estado; hay más detalles en https://www.laondadigital.uy/archivos/72155.

Olesker reafirma que el gobierno hizo un ajuste, básicamente entre salario y ganancia; o sea, entre capital y trabajo. “El Estado ha hecho un ajuste muy importante en materia salarial y que ha reducido el salario real el primer año, el segundo, levemente el tercero pero el acumulado llevamos más de 3,5 de rebaja salarial. Según el cálculo del economista Fernando Isabella, son hasta ahora mil millones de dólares que pasaron de trabajadores y pasivos a empresarios”. Y Olesker destaca que entre los empresarios (tal vez por ese mayor ingreso) se está dando un proceso de concentracion de empresas, claramente favorecido por el menor giro comercial de las empresas medianas y chicas que provoca la menor capacidad de gasto de trabajadores y pasivos. Por ejemplo, en firmas de supermercados que sustituyen a comercios de barrio, en la formación de cadenas de farmacias y más.

El compromiso del gobierno es volver los salarios al nivel que tenían en el 2019, pero lo perdido en los tres años forman, ejemplifica Olesker, la panza del la U que puede graficar la situación, y es no se recupera. La cuenta aproximada es que cada trabajador y pasivo perdió 550 dólares.

En cuanto a la desestatización, segundo rasgo fundamental de este gobierno, “se ve en la caída de la participación en el gasto público, y particularmente en el gasto público social de los siete organismos en los que he trabajado: ANEP, INAU, INISA, el Fondo Nacional de Vivienda, MIDES, Udelar y ASSE. Estos siete organismos han perdido participación durante tres años en el Producto Bruto Interno, y la mayoría están debajo todavía salvo ASSE e INAU que entre sí empataron pero globalmente están por debajo del 2019. O sea, el gasto social está todavía por debajo del año 2019”.

Al compararlo con lo efectivamente ejecutado, a diferencia para estos siete incisos son 600 millones de dólares. Es decir, la política social de estos siete incisos perdió un punto del PBI. Todos, salvo el MIDES, redujeron su participación en el presupuesto nacional y redujeron su participación en el PBI, o sea, en la riqueza nacional. Por eso hablamos de desestatización. También acá funciona una U, porque ahora casi todos estos rubros tienen partidas en el el PBI, salvo el Fondo Nacional de Vivienda que están ajustándolo a morir. En los demás hay partidas para el año 24, casualmente año electoral. Pero aún así, el gasto social pierde participación en la riqueza nacional. Y así como hay un empobrecimiento relativo de la clase trabajadora, hay un empobrecimiento relativo de la política social; los trabajadores pierden por los dos lados por el gasto directo, su salario y por el gasto indirecto en los servicios sociales que les brinda el Estado.”

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