El colega Eduardo Preve afirma y fundamenta que es objeto de investigación y pesquisa de parte del Ejecutivo porque hizo pública información reservada que incomoda al gobierno. Lo hace no sólo con una relación de circunstancias sino exhibiendo un documento de cinco páginas, también reservado y procedente del área del Poder Ejecutivo, donde se ofrece prueba.
El gobierno llama a esto una investigación interna para detectar cuál o cuáles de sus funcionarios filtró información que, para su incomodidad, el periodista hizo pública. Lo hace ante la aparición en sociedad de este segundo documento que demuestra lo contrario. La aparición de este segundo documento reservado demuestra no sólo que Preve es objeto de investigación y pesquisa, sino que las fuentes reservadas de Preve lo apoyan.
Esta no es la primera vez ni será la última en que Preve da a conocer lo que está tan mal que el gobierno de Luis Lacalle Pou quiere que no se conozca. Esto es así por dos razones básicas. La primera es que los funcionarios, policiales en este caso, no sólo consideran que hay cosas que están mal sino muy mal, y que son demasiadas cosas las que huelen feo. Es claro que no se podría hacer la infidencia teniendo compañeros de trabajo experimentados que no la acompañen o que simplemente les parezca incorrecto que se haga, sin que la jerarquía política se entere. Es claro que esos funcionarios consideran que es necesario advertir a la ciudadanía, con los trascendidos que auspician, que con no están para tolerarlo, que los gobiernos pasan y los funcionarios quedan, y que hay un punto en que el silencio pasa a ser complicidad.
La otra razón básica es que esa y otras muchas situaciones encontraron en Preve alguien confiable, discreto y que sabe manejarse en ese terreno sin sendas. Otro rasgo de Preve, importante para ellos, es que el periodista no le debe nada al gobierno, sino que más bien el gobierno le debe a él, pues lo hizo degollar de un puesto jerárquico en un medio informativo. El grado de libertad con que Preve ejercía honestamente 
su función no fue del agrado de un gobierno, que lo trató como a un enemigo. A este gobierno, una de las tantas cosas que le falta aprender es que no hay enemigo chico, y menos aquel que simplemente es el profesional que es, y no tiene vocación de enemigo.
En este marco, se evidencian un par de rasgos de debilidad del presidente y su poder ejecutivo que no se hubieran hecho patentes si simplemente hubiese dejado correr el tema, y como en otras oportunidades, usar el humo de Lafluf y generar alguna cosita que cambie la agenda noticiosa. Pero no. El Ejecutivo reitera conductas que insisten en reafirmar no sólo su intención de dominar el Estado, sino de actuar como si realmente lo hiciera.
Así fue que se condujo el Ejecutivo, si se recuerda, no sólo en los demasiados y graves actos de corrupción que este gobierno lleva a su historia, sino en defenderlos hasta el absurdo, mintiéndole al parlamento y a la ciudadanía. Hicieron escuela en materia de negar y desviar la descusión parlamentaria, incluso cuando la discusión les reducía su espacio argumental a una baldosa. Y en días recientes, el presidente Lacalle reafirmó el absurdo de que el pasaporte a Sebastián Marset “había que darlo”. Cuando la oposición lo preguntó, no se consideró ni se explicó por qué no se demoró simplemente la pelota, recurso burocrático tan común en la administración, particularmente si hay un interés que desciende del olimpo político, o se tuvo la voluntad de informarse un poco más sobre la particular situación de Marset, tomando en cuenta el parecer explicitado en forma preventiva por sus funcionarios en Dubai, donde se lo retenía a Marset. Florece así la verosímil conjetura de que se quería dar ese pasaporte; algo que se pensó pero no se dijo de esta manera cruda, tal vez en nombre de defender la institucionalidad del país.
El negarse a que la realidad estorbe los planes del Ejecutivo, visible al menos en los casos de corrupción que salieron a luz (¿habrá más?), pasa por esos mismos carriles en el caso de Preve. El presidente no puede permitir que se lesione (aún más) la imagen de su gestión que quiere encuadrar en un bello marco para la historia; de su historia.
Demanda entonces el ministro del Interior Nicolás Martinelli –que es decir Lacalle Pou– una investigación sobre “la” filtración (en el caso, son dos); lo hace sin tener personal policial en condiciones de hacerla. Pues es desde las filas de los que están capacitados y profesionalizados en la materia que partieron las dos filtraciones que serían del caso. O sea, le pide peras al olmo sin haber plantado perales. Así, la desmesura de las pretensiones se encaminan hacia la nada, y en el camino el Ejecutivo lesiona más aún su base en materia de seguridad ciudadana. En el olvido estaría este tema si hubiese dejado correr el tiempo sobre la denuncia. En verdad, el recuerdo preciso de la denuncia hecha por Preve se está diluyendo y alcanzando el horizonte, ante la fuerza de esta acción este escriba entiende que ilegítima y es de prever que inútil de la cúpula gubernamental,
Es éste un caso interesante de la soberbia de querer hacer anqué no se condiga con el poder hacer; y en el camino de la fatuidad se avasallan 
los derechos del ciudadano y la libertad de prensa. El autor no es abogado, así que sólo presiente, sin poder afirmarlo, que se está ante un caso de pesquisa secreta. Porque todo esto está pasando sin orden judicial que lo respalde, según averiguó el propio Preve.
Y en este país la pesquisa es un delito según el Código Penal, bajo el título de Delitos contra la libertad, y en el capítulo I, referido a los delitos contra la libertad individual. Así, el artículo 287, con el subtítulo Pesquisa, establece: “El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión”. También se vulnera la libertad de prensa, ley 16.099, que contempla la posibilidad de penas y responsabilidad civil en su artículo 7, aunque no sería exactamente el caso. Y, en fin, el artículo 67 del Código Penal establece de tres meses a tres años de prisión “al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia”, cosa que muestra la documentación que exhibió Preve.
Pero todo esto es asunto para la justicia, que da sanas muestras de independencia. Para este periodista, el de Lacalle Pou y su ministro Martinelli es no solo un error de apreciación política, sino una metida de pata hasta el cuadril que sólo pueden justificar con sus ínfulas.
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.