Hace seis años,dos distinguidas arquitectas publicaron una investigación sobre las Plazas de Deportes montevideanas y concluyeron con recetas y propuestas que reflejan lo que eran temas promovidos por algunos actores en los ámbitos de gobierno y en los mandos medios de la Secretaría Nacional del Deporte.
Como estas cuestiones tienden a reaparecer, a esos mismos niveles y a veces en las plazas mismas, vale la pena darle un vistazo al asunto. No tuvo una circulación amplia pero suele ser invocado por quienes continuamente pretenden limitar o reducir a un papel insignificante a las expresiones de la comunidad organizada, las llamadas Comisiones de Apoyo de las Plazas de Deportes.[i]
El trabajo titulado “Plazas de Deportes. Revisita e implementación del programa Montevideo del S. XXI” se llevó a cabo entre agosto del 2018 y setiembre del 2019. Estas fechas deben tomarse en cuenta porque dejan en evidencia algunas omisiones notorias que han pasado tan desapercibidos como el trabajo mismo en el ámbito real y concreto de las Plazas de Deportes que habrían sido “revisitadas”.
En el preámbulo, las autoras extienden su agradecimiento “a todos los que contribuyeron con sus aportes para la realización del presente trabajo” y sigue una nómina: el entonces Gerente y una funcionaria de la Secretaría Nacional del Deporte (ambos arquitectos); dos profesores de educación física de la Plaza de Deportes Nº3; dos profesores de la Plaza Nº 7 (uno de ellos ex-Director de la misma y el otro fugaz subrogante de la dirección); una profesora de la Plaza Nº11; cuatro funcionarios de dependencias de la Intendencia Municipal de Montevideo (Unidad de Planificación y Participación y División Espacios Públicos); tres personas de la Comisión de Vecinos de la Plaza Nº1; una funcionaria del Municipio B; dos docentes del Taller Velázquez (el jefe del taller y el tutor del trabajo).
La nómina puede parecer prolija pero es reveladora: las investigadoras no tuvieron en cuenta, ni buscaron, aportes de integrantes de las llamadas Comisiones de Apoyo (con excepción de la mencionada “Comisión de Vecinos de la Plaza Nº1”, sin personería jurídica y aún con participación incipiente en la gestión de la Plaza). Esa notable omisión produjo un sesgo en la información que brindan en el trabajo que da una idea muy limitada, errónea y puramente burocrática de lo que son y eran entonces las Plazas de Deportes relevadas pero sobre todo culminan la pieza con recomendaciones programáticas.
El trabajo está organizado en seis ambiciosos capítulos:0) Introducción (Resumen, Objetivos, Metodología); 1) Plaza de Deportes (Concepto y fundamentación; Introducción al Programa Plaza de Deportes; Análisis de una evolución); 2) Una cartografía de las Plazas de Deportes montevideanas (Políticas de gobierno; Relevamiento; Comentario); 3) Casos concretos (Plaza Nº1 Ciudad Vieja; Plaza Nº3 Parque Rodó; Plaza Nº7 Paso Molino; Plaza Nº11 Cerro); 4) Programas posibles (Programas Históricos; Programas Actuales; Programas Futuros); 5) Consideraciones finales; 6) Referencias bibliográficas.
La intención original según las autoras era “comprender la implantación del Programa Plazas de Deportes – originario de principios del siglo XX- en la sociedad montevideana actual, haciendo especial énfasis en los modos posibles de gestión entre el Estado, las comunidades vecinales y el sector privado”. En todos los casos los subrayados son nuestros.
Estiman que la gestión de las diversas Plazas de Deportes está en proceso de traslado desde la SND a los gobiernos locales (municipales) “que propone una nueva sinergia entre los sectores público, privado y civil”. Esta intención tuvo predicamento hace un tiempo, se planteaba traspasarle las Plazas de Deportes a los municipios, tesitura que se llevó a cabo en departamentos del interior y en la Plaza Nº1, en la Nº10 y en la Nº 16 de Montevideo.
Desde un comienzo no se explicita debidamente los conceptos de “comunidades vecinales”, “sector privado”, “sector público”, “sector civil”, lo que resultaría fundamental para que se entienda el concepto de sinergia tan convenientemente usado en ciencias sociales y en discursos empresariales [ii].
Al enunciar los objetivos específicos del trabajo, las autoras establecen, en el tercero, “la profundización del estudio a través del análisis de los casos de las Plazas Nº1, Nº3, Nº7 y Nº 11, vinculando la participación de la comunidad vecinal en ellas, su interrelación con los órganos estatales responsables y asociando la infraestructura deportiva que da respuesta a sus requerimientos”. Esto no lo consiguieron.
Al referirse a la Metodología señalan que en los casos concretos (Plazas Nº1 , Nº3, Nº7 y Nº 11) “se realiza una recolección de datos acerca de su gestión y los actores involucrados para definir las entrevistas a realizar considerando la mayor amplitud de perspectivas sobre los espacios. Estas entrevistas se realizan en formato semi-estructurado, por un lado a técnicos especializados en la temática dentro de los organismos estatales correspondientes, y por otro a actores relevantes dentro de las distintas plazas y a integrantes de una de las comisiones de vecinos vinculada a la gestión”.
Notoria falla metodológica: la mayor amplitud quedó reducida a unas cuantas entrevistas “semi-estructuradas” con jerarcas y en un solo caso hablaron con integrantes de una comisión de vecinos. Las autoras ignoraron lo que es una Comisión de Apoyo como expresión de la comunidad organizada. Esos son organismos concretos y en funcionamiento que no podían ser soslayados pero así lo hicieron.
Cuando se hizo el estudio ya existían Comisiones de Apoyo y, en particular en la Plaza de Deportes Nº7, que celebraba su centenario, una Comisión de Apoyo con personería jurídica que participaba activamente en la gestión a través del Consejo Paritario de Coordinación (CPC) establecido por convenio con la SND.
De ahí en adelante no vale la pena hacer análisis detallado de un escrito de “recorte y pegue”, ampliamente basado en autores españoles. La moda de citar autores españoles más o menos actuales suele responder o bien a la ignorancia de lo que está más cerca, o al “enriquecimiento artificioso de las bibliografías” mediante la cita de autores extranjeros o simplemente a la comodidad.
Otro defecto notable del texto es la inclusión de citas carentes de referencia en la bibliografía (para citar un solo ejemplo: “la periodización de Portillo (2003)”, pero hay varios casos como el del periodista colombiano Jorge Melguizo muy citado pero sin referencia concreta). También recurren a autocitarse, aludiendo a una Tesina de Grado inédita e inasequible.
El grueso del trabajo lo forma un relevamiento de todas las Plazas de Deportes y similares de Montevideo (páginas 46 a 65) con imágenes e información sumaria y convencional (no exenta de errores) en cuanto a superficie, usuarios, horarios de funcionamiento, etc.
Llegados a la página 73 nos encontramos con la primera mención a una Comisión de Apoyo. Esto se debe a que las autoras ingresaron en el capítulo “Casos Concretos” y toman como insignia a la Plaza de Deportes Nº1 presentada como el ejemplo más exitoso de la tendencia que imperaba en la propia SND a “traspasar las Plazas de Deportes al dominio municipal”, esto se habría logrado en la vieja Guruyú con una especie de organigrama en donde aparece a la cabeza la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (sic) que mejora y mantiene infraestructura y servicios públicos a través de la División de Espacios Públicos y cuya vinculación administrativa se da por la División de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
Luego una COMISIÓN ADMINISTRADORA que se haría cargo de gestionar el financiamiento, los recursos humanos, la programación de actividades y los convenios con asociaciones (todo sic). Esa Comisión Administradora dicen que está integrada por ocho miembros (dos representantes de la IMM, dos representantes del Municipio B, un representante del Consejo Vecinal de la zona 1, tres representantes de la asociación civil Comisión de Apoyo de la Plaza de Deportes Nº1).
Después aluden a un complejo y enrevesado mecanismo gradual de traspaso de la Plaza de Deportes Nº3 al área privada y finalmente llegan al caso de la Plaza de Deportes Nº7 que es el que consideraremos especialmente.
Las autoras dicen haber entrevistado a dos de los directores de la Plaza que habrían presenciado el proceso de cambio hacia las llamadas Plazas del S. XXI. Naturalmente se trata de una base de información tendenciosa porque uno de los entrevistados era, en la época en que se llevó a cabo el estudio, un ex-director con responsabilidades nunca esclarecidas en situaciones registradas y bien documentadas durante el periodo de su actuación [iii].
A continuación se incluye un párrafo clave que muestra el tipo de diagnóstico que realizaron y sus confusas conclusiones. La mira está puesta en la Comisión de Apoyo, “se está trabajando desde la SND en una normativa reguladora del sistema”. Esto no es verdad: la normativa no solamente existía sino que el organismo de cogestión previsto por la misma, el Consejo Paritario de Coordinación (CPC) funcionaba perfectamente, integrado por dos representantes de la Comisión de Apoyo y dos Directores de la Plaza (y desde luego estos no eran ni fueron “los informantes” de las arquitectas).
A renglón seguido queda en evidencia porqué se ha consignado esa falsedad. “La intención del bono colaboración -administrado por la Comisión de Apoyo- además de tener un fin de valorización de los servicios (sic) es re-invertir en la Plaza, hacer contrataciones de servicios y docentes cuando es necesario y ser utilizado para el funcionamiento diario y pequeñas mejoras de infraestructura o mantenimiento. Por este motivo, si la Comisión no se encuentra en buenos términos con los directores se pueden generar trabas en la gestión diaria que son muy perjudiciales para la Plaza a largo plazo”. Naturalmente se cuidan muy bien de referir cuales son o serían esas “trabas” aunque la experiencia indica que lo que se califica como trabas es la intervención de la asociación civil en el proceso de toma de decisiones porque eso es lo que le molesta a quienes pretenden manejar las Plazas como Directores/as omnímodas.
Es presumible que el párrafo haya sido pergeñado por uno de los informantes, precisamente por el ex-Director que en el momento en que las arquitectas llevaron a cabo este trabajo ya había sido trasladado a otra dependencia, lejos de la Plaza. Es posible que las autoras hayan sido embaucadas o hayan procedido con la ligereza que caracteriza todo su trabajo porque si se hubieran molestado en cotejar la información recibida y sobre todo por escuchar a todos los actores no se habrían expresado en la forma en que lo hicieron.
Como ya dijimos, cuando concluyeron su trabajo hacía un año o más que funcionaba plenamente un organismo pionero, el CPC, cuya gestión ha sido evaluada permanentemente como muy beneficiosa para la Plaza desde el 2018 a la fecha y desde todo punto de vista, incluyendo grandes obras de infraestructura con aporte del Presupuesto Participativo 2018 en un caso y con recursos propios en otros (2018/2019). Se trataba de las obras más importantes desde el cerramiento de la piscina en el año 2014.
Al concluir los párrafos dedicados a la Plaza Nº7 incluyen una especie de cuadro u organigrama (mal hecho) que no vale la pena comentar porque abarca desde la Secretaría Nacional del Deporte hasta la parte inferior con la Fundación A Ganar, el Movimiento Tacurú y una delirante lista de convenios a celebrar con Escuelas, Liceos, UTU, Isef, ACJ, INAU, IMM, Federaciones y Ligas y Universidades.
Entre las páginas 82 y 95 se incluyen plantas, cortes transversales, y fotografías de las principales Plazas de Deportes. De la página 98 a la 111 se desarrolla la parte “programática” del opúsculo. Nos detendremos sucintamente en algún punto del párrafo “Programas Futuros”.
En la página 105 aparecen las definiciones hasta entonces omitidas: el Estado, el sector privado y el sector voluntario o social. “La gestión estatal, propia y por tanto directa, se da cuando los servicios dependen exclusivamente de los entes y funcionarios municipales; las sociales y privadas son gestiones indirectas en las cuales el Estado cumple casi siempre un rol regulador pero libera la provisión de servicios y mantenimiento a los otros sectores de la sociedad. La gestión social refiere al accionar del sector voluntario, incluyendo a organizaciones sin fines de lucro y a las comunidades receptoras de los servicios; y la privada refiere a las empresas particulares que pueden por concesiones o acuerdos brindar servicios deportivos”.
Ahora se percibe claramente la tendencia empresarial floreciente en España y en otros países: la privatización o tercerización y el desmedro de la “gestión social”, es decir de la participación de la comunidad organizada y el trabajo voluntario que se ve como ineficiente, conflictivo, peligroso.
El párrafo siguiente es totalmente explícito sobre el programa futuro que promueve el opúsculo. “La tendencia actual mundial es el pasaje a la gestión indirecta en diversos grados de libertad de accionamiento y relacionamiento entre sectores, cada vez menos limitado a la gestión puramente pública. El grado de complejidad de las gestiones varía yendo de mayor a menor, comenzando por la gestión social como la más compleja particularmente por la diversidad de actores que involucra y las relaciones de poder entre ellos; luego la gestión estatal por los procesos burocráticos que suele conllevar y por último la gestión privada que suele ser la más efectiva”. En el “recorte y pegue” han hecho caudal del sociólogo español Rodríguez Díaz (2008) y su aplicación en Sevilla.
La concepción empresarial pura y dura se expresa aquí como una preocupación por los roles y poderes [iv]. La gestión propia está muy marcada por la rigidez administrativa que no permite muchas veces adaptarse a la flexibilidad de las demandas crecientes, y es muy dependiente del voluntariado social debido a la usual falta de recursos, o de subcontratar empresas por sectores, privatizando de este modo parcialmente las gestiones. Esta convivencia de los tres sectores, si bien puede generar sinergias positivas también genera fricciones y conflictos, especialmente cuando los roles, obligaciones y poderes no están lo suficientemente claros”.
Enseguida el broche de oro, porque se están dirigiendo a un tipo de actores muy específico. Este no es un artículo científico o un ensayo periodístico, es un programa que debe ser vendido a quienes gobiernan o mejor dicho a quienes integran organismos de gobierno.
Sevilla, Bangkok, Medellín deben ser aterrizados a la realidad montevideana: “La gestión social en instalaciones básicas que el ayuntamiento cede a los clubes de barrio se caracteriza por tener una gran participación vecinal, donde se desarrolla una importante labor comunitaria permitiendo reforzar la identidad territorial, y si bien es inestable en cuanto a su manejo apunta a la autogestión. El escaso presupuesto se compensa con las relaciones sociales y el cuidado hacen que las comunidades asuman las unidades como bien propio lo que es muy positivo para el capital social del barrio pero también puede generar tensiones con el ayuntamiento. Las juntas rectoras tienen autonomía pero no independencia y muchas veces chocan con la gestión estatal por estos motivos; (y aquí viene el agregado local, es decir lo que no se tomó de los españoles) problemas similares a los que están experimentando las Comisiones de Apoyo en las plazas montevideanas”. (¿Qué problemas? ¿Dónde? ¿Cuándo?).
Las Consideraciones Finales repiten el tema y pontificando recomiendan guías de relacionamiento entre “los distintos actores de la gestión compartida” y casuística carente de cualquier fundamento: “los modelos de gestión finales dependen caso a caso de como se da el relacionamiento de los directores con la comisión de apoyo y de la voluntad de los mismos de generar innovaciones o perfeccionar el sistema”.
En suma, todo es un problema de “public relations”, de psicología barata y convengamos que si bien nadie les va a enseñar arquitectura a las arquitectas estas deberían dejar de hacer psicología social extrayendo conclusiones sobre lo que no han investigado, sobre lo que han transcripto a las apuradas o lo que alguien les ha contado para que ingenuamente lo transformen en esta “revisita”.
Es cierto que han pasado seis años de este trabajo pero el problema no es su obsolescencia sino su contumacia. Cuando ahora se siente resonar en algunos mandos medios de la SND ideas similares, proyectos que tienden a poner al trabajo voluntario en su lugar, vale decir a las comisiones de apoyo como obsecuentes colaboradores de técnicos y burócratas omniscientes, se percibe que esas tesituras del pasado reciente (o no tan reciente porque los inspiradores españoles, colombianos y otros datan de hace 10, 15 o 20 años) no han sido olvidadas.
Por Fernando Britos V.
[i] Echaider, Maite y Camila García (2019) Plazas de Deportes. Revisita e implementación del programa en el Montevideo del S.XXI. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UdelaR. Publicación de 118 páginas que corresponde al llamado interno a Proyectos de Iniciación a la Investigación de la FADU (convocatoria 2017). Las responsables son las dos arquitectas autoras (ambas docentes del Taller Velázquez, Echaider como colaboradora honoraria y García como Ayte. Gº1) y el tutor fue el Mg.Arq. Lucio de Souza.
[ii] La sinergia es todo lo que hace referencia a un fenómeno en que varios factores o influencias actúan en conjunto y de ese modo se obtiene un efecto adicional (y también distinto) del que hubiera podido esperarse operando independientemente. En estas situaciones, se crea un efecto extra debido a la acción conjunta o solapada, que ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar aisladamente. La clave para entender el asunto está en definir adecuadamente los sistemas o conceptos de la concausalidad. Sin eso es simplemente un juego de palabras para vender alguna idea.
[iii]La Comisión de Apoyo entregó oficialmente a la SND un pormenorizado informe contable sobre la situación que recibió al hacerse cargo, ya con su personería jurídica, de la administración de los fondos aportados por los usuarios durante el periodo en que el Director en cuestión revistaba como Tesorero de la Comisión de Apoyo. El informe daba cuenta de grandes irregularidades y faltantes. La SND nunca adoptó medidas para esclarecerlas o para exigir responsabilidades siguiendo el debido procedimiento.
[iv]Esta preocupación hace acordar a la síntesis de campaña pergeñada por James Carville con la que Clinton derrotó a Bush padre (que parecía imbatible): “es la economía, estúpido”; en este caso podría parafrasearse como “es el poder, estúpido”.
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