Editorial de Diálogos del Sur Global, Reuters, La República, El Comercio, Jornada y LP Derecho
El Congreso peruano amplía los poderes represivos con el pretexto de combatir el crimen organizado. Se votó ampliación de la protección institucional para los militares y la policía en medio de denuncias de ejecuciones y persecución a organismos de supervisión.
Mientras, las elecciones presidenciales peruanas se encaminan hacia un desenlace dramático. Con más del 98% de los votos escrutados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori cuenta con una ventaja mínima sobre Roberto Sánchez: 50.052% frente a 49.948%. Esta diferencia representa apenas unas decenas de miles de votos en un universo de millones de electores y mantiene al país sumido en la incertidumbre política.
La disputa ya no es meramente electoral. Si bien el resultado presidencial sigue siendo incierto debido a los antecedentes observados y las dudas que rodean ciertos aspectos de la votación, especialmente en el extranjero, el Congreso está acelerando una agenda que Diálogos do sur global y agencias describen como una profundización de la erosión democrática en el país.
La ONPE continúa procesando miles de votos que permanecen bajo observación. Según datos publicados por la prensa peruana, aproximadamente 336.000 votos siguen vinculados a registros observados tanto dentro del país como en el extranjero.
El escenario recuerda momentos traumáticos de la historia política reciente del Perú. La extrema fragmentación electoral, sumada a la creciente desconfianza en las instituciones, aumenta el riesgo de que cualquier resultado sea impugnado por sectores importantes de la población.
Las tensiones aumentaron aún más después de que Keiko Fujimori abandonara el país antes de que finalizara el recuento oficial de votos. La candidata declaró que seguiría supervisando el proceso a través de representantes acreditados, pero la decisión generó críticas y especulaciones en medio de un clima ya de por sí incierto.
Mientras la atención pública se centra en la contienda presidencial, el avance del Congreso con una serie de iniciativas ha sido denunciado por organizaciones civiles, expertos legales y sectores de la prensa como parte de un proceso de concentración de poder.
Una de las medidas más controvertidas aprobadas recientemente amplía la protección institucional para el personal militar y policial. El texto endurece las penas para los oficiales militares y policiales involucrados con organizaciones criminales —llegando a la cadena perpetua en ciertos casos—, pero al mismo tiempo refuerza la jurisdicción militar-policial y amplía el alcance para que los delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se analicen dentro de las estructuras corporativas, en lugar del sistema de justicia común.
Mientras la atención pública se centra en la contienda presidencial, el Congreso peruano avanza con una serie de iniciativas que han sido denunciadas por organizaciones civiles, expertos legales y sectores de la prensa como parte de un proceso de concentración de poder.
En la práctica, los críticos argumentan que la ley podría producir tres efectos:
* Reforzar la jurisdicción militar-policial en casos que involucren a agentes de seguridad;
* Obstaculizar las investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos;
* Aumentar la percepción de impunidad en las operaciones que provocan muertes de civiles.
Un llamado ‘caso Colcabamba’ derivó en la detención preventiva de militares implicados en la operación y causó un daño significativo a las Fuerzas Armadas. En este contexto, las organizaciones de derechos humanos ven con preocupación la aprobación de nuevas garantías institucionales para los agentes de seguridad.
El llamado “caso Colcabamba” es una investigación judicial y política que se originó tras un operativo del Ejército peruano ocurrido el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba.
Según la versión inicial del Ejército, una patrulla militar interceptó una camioneta que supuestamente estaba vinculada al narcotráfico y fue atacada por sus ocupantes. Los militares afirmaron haber respondido en legítima defensa durante un enfrentamiento armado.
Investigaciones posteriores comenzaron a cuestionar esa versión en base a que murieron cinco civiles y varias personas resultaron heridas, las pericias indicaron que en el vehículo no se encontraron armas ni droga, y la fiscalía de Derechos Humanos consideró que existían indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y sostiene que podría haberse tratado de un caso de homicidio calificado y no de un enfrentamiento legítimo. Por ello investiga a ocho integrantes del Ejército peruano.
Informes periciales que señalan que algunas víctimas recibieron numerosos impactos de bala; una de ellas habría recibido 51 disparos. La hipótesis fiscal de que, una vez detenido el vehículo, los ocupantes ya no representaban una amenaza y aun así se habrían efectuado disparos adicionales.
Pero las preocupaciones democráticas no se limitan al ámbito de la seguridad. En los últimos días, el Congreso aprobó informes destinados a alimentar las acusaciones contra figuras clave en las investigaciones anticorrupción del país, incluidos los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como el periodista Gustavo Gorriti, una referencia internacional en el periodismo de investigación.
Mientras tanto, otros proyectos de ley aprobados por el Parlamento son vistos por los críticos como un intento de debilitar a la fiscal general Delia Espinoza mediante cambios institucionales que alteran los criterios para la representación profesional.
La ofensiva coincide con un entorno cada vez más hostil para la prensa. En Arequipa, la residencia del periodista Julio Aquise fue blanco de un atentado con explosivos tras acusaciones de supuestos actos de corrupción policial. Días antes, el tradicional periódico La Industria, uno de los más antiguos del Perú, anunció el fin de su circulación después de más de 130 años de existencia.
Si bien estos episodios tienen orígenes distintos, los grupos defensores de la libertad de prensa señalan un patrón preocupante de debilitamiento del debate público y de creciente presión contra las voces críticas.
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