Recaudación, edificaciones y vivienda

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En general, las estimaciones de recaudación sancionadas en los presupuestos departamentales tienen la característica de subestimar el monto de la recaudación de diferentes impuestos, son diferencias millonarias y significan sumas importantes que pueden ser usadas con mucha discrecionalidad porque no están asignadas a un rubro específico. Pero hay algunos impuestos que no se comportan de esa forma como por ejemplo el que se debería recaudar por las construcciones inapropiadas.

recuadroLa Sociedad de Arquitectos del Uruguay define, vinculado a decretos departamentales:A simple vista, la diferencia “en contra” parece mucha y surgen algunas preguntas: ¿Qué se considera edificación inapropiada? ¿Cómo se define el gravamen municipal a la edificación inapropiada? ¿Por qué razones hay una diferencia tan notoria entre las estimaciones presupuestales y lo efectivamente recaudado?

“Se consideran inapropiadas las edificaciones que reúnan una o más de las siguientes condiciones:

1- Fincas declaradas ruinosas o con alto grado de deterioro.

2- Edificaciones clausuradas o tapiadas o aquéllas que, sin estarlo, por su estado constituyan, según informe técnico municipal, un riesgo para terceros o sus ocupantes.

3- Edificios o estructuras inconclusas, sin permiso municipal o con el mismo vencido.

4- Obras que no posean Permiso de Construcción. En este caso, el ámbito territorial de la aplicación del impuesto alcanzará a todos los padrones del suelo urbano del Departamento, con excepción de aquellos cuyo destino sean viviendas que estén ocupadas y su valor real catastral sea inferior o igual a $ 176.923 actualizables anualmente.

5- Inmuebles donde se hubieren implantado actividades que no cuenten con viabilidad de uso autorizada, cuando corresponda. En este caso, el ámbito territorial de la aplicación del impuesto alcanzará a todo el suelo urbano del Departamento.

6- Inmuebles en donde se implanten actividades no residenciales y que, por no ajustarse a la normativa vigente, su viabilidad de uso se hubiera otorgado en carácter temporal.

Ana-Gabriela-Fernández.En estas diferentes categorías me pregunto el grado de fiscalización que realiza el ejecutivo departamental cuando en nuestros barrios todos/as conocemos obras sin permiso de construcción (no necesariamente de casa modestas) o aquellas que por su ubicación estén instaladas en zona patrimonial. Desde fines de enero a la fecha la ciudad de San José protagonizó reñidas acciones sobre la obra que está realizando el Espacio Cultural Ignacio Espino y los mensajes contradictorios que había dado la Intendencia para con esa obra.

A su vez, el monto de ese impuesto será de hasta un 200% del impuesto de contribución inmobiliaria, con excepción de algunas hipótesis que su monto podrá llegar a ser de hasta un 600%. En ambos casos se liquidará y percibirá conjuntamente con el impuesto de contribución inmobiliaria. La Intendencia Municipal reglamentará la aplicación de ese tributo.

El lunes 20 se habló en la Junta sobre el proyecto “Quiero comprar mi casa” que impulsa el diputado Rubio de Unidad Popular. La moción la propuso el Partido Nacional, sin más argumentos que “lo bueno que sería que toda la ciudadanía pueda tener la casa propia”.

Nadie puede negarse a esta afirmación. El derecho a una vivienda digna es un derecho humano y parte del programa del Frente Amplio. Sin embargo, cuando se discute la cartera de tierras que la intendencia debe facilitar para el desarrollo de las cooperativas de vivienda, el partido nacional no discute. No quiso hacerlo el pasado lunes. La bancada del Frente Amplio se retiró de sala por entender que se propone un tema y luego no se discute.

La vinculación entre este impuesto que recauda menos de lo estimado en el presupuesto y el poco impulso que se le da a la creación de la cartera de tierras es algo atendible. En especial pienso en la posibilidad que existan especuladores operando en el mercado inmobiliario. Esta confirmación se podría descartar si se hace realidad algo que la bancada del Frente Amplio viene planteando de forma reiterada: catastro actualizado y nominal.

Esta responsabilidad ha sido eludida por los gobiernos locales desde tiempos ya remotos porque el costo político es alto. El reclamo, razonable sin dudas, del movimiento cooperativo respecto a los terrenos y casas desocupadas que hay en la trama urbana de las diferentes ciudades y la posibilidad de darles un uso social choca con la lógica del sistema. Una vez más los derechos de las personas aparecen enfrentados a los del capital y la política partidaria. Al decir de Saskia Sassen (2007)[1] se hace necesario entender que las políticas urbanas en las ciudades deben ser acciones intergubernamentales conjuntas y no limitadas solamente a los gobiernos nacionales y/o locales.

Por Ana Gabriela Fernández
Edila en la Junta Departamental de San José. Actriz egresada de la EMAD y Educadora Social. Doctoranda en estudios de Género en la Universidad de Oviedo. Docente e investigadora en el Programa Género y Cultura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

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[1] Revista eure (Vol. XXXIII, Nº 100), pp. 9-34. Santiago de Chile, diciembre de 2007

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