El miércoles 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desde una tarima en medio de una movilización opositora en Caracas juró ante Dios y se autoproclamó presidente “encargado” de Venezuela, el país que guarda las mayores reservas mundiales de petróleo. Pocos minutos después de que el público conociera la noticia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reconocía a Guaidó como legítimo jefe del Poder Ejecutivo y, casi enseguida, como si se cumpliera un libreto imprescindible, los mandatarios Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri de Argentina y Jair Bolsonaro de Brasil siguieron los pasos del líder de la Casa Blanca.
No se quedó atrás Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el más aplicado alumno de las políticas del Departamento de Estado de los EE.UU., quien escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia». Sin embargo, Almagro sufrió un duro revés porque sólo 16 de los 35 países de la OEA acompañaron su postura y el organismo internacional no hizo ningún reconocimiento como tal.
El presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington tras denunciar su injerencia en los asuntos internos de su pais. El mandatario cuenta con el declarado respaldo de las fuerzas armadas y de vastos sectores populares, aunque ha recibido también críticas de algunas parcelas que siempre apoyaron al chavismo, de dentro y fuera del país.
México y Uruguay emitieron un comunicado instando a Venezuela a «reducir tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación». Urgieron “a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela» y propusieron «un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos».
El presidente Maduro aceptó la propuesta y dijo estar dispuesto a dialogar, pero Guaidó rechazó sentarse en la misma mesa con quien considera un usurpador del poder, y llamó a la oposición a seguir con las movilizaciones callejeras.
Una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, declarara al presidente Maduro «usurpador», el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró «inconstitucional» al Parlamento. La Sala Constitucional del TSJ declaró que son Guaidó y la junta directiva de la Asamblea quienes incurrieron en «usurpación» de autoridad, ya que ese órgano fue declarado en «desacato» por el TSJ hace tres años. Los jueces consideraron «nulos» los actos realizados por la Asamblea, incluyendo la acusación de usurpación contra Maduro, quien el pasado 10 de enero inauguró su segundo mandato.
Los acontecimientos han sido y continuarán siendo complejos y dinámicos, pero el libreto de la derecha, monitoreado desde el exterior, parece indicar que sólo puede cerrar con un aumento de la violencia. Así fue en 2017 y 2018, cuando parte de la oposición venezolana saboteó el diálogo con el gobierno de Caracas y las elecciones, luego que las encuesta indicaron un posible triunfo de Maduro, tal como se produjo. El propio Luis Almagro, en noviembre de 2017, criticó con dureza a la dirigencia opositora por su decisión de negociar en República Dominicana con el gobierno de Maduro, como se había acordado para apaciguar el país. El secretario de la OEA dijo que «hay gente que es oposición y hay gente que no es oposición dentro del propio grupo como es la Mesa de Unidad Democrática (MUD)», desaconsejó el diálogo pacífico y aclaró que «la oposición definitivamente va a tener que separar la paja del grano». Sin ocultar sus temores, se sinceró entonces explicando que su preocupación era que la ronda de diálogo en Santo Domingo generara «un cronograma electoral que le permita avanzar a Maduro seis años más de gobierno».
Guaidó, una novedad
Guaidó, de 35 años, diputado por el estado de Vargas, era un completo desconocido hasta el 5 de enero, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional debido al azar en el molinete de los partidos para ocupar el cargo. Es integrante de Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, quien participó de las movilizaciones callejeras que fueron el prolegómeno del golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y, actualmente, en prisión domiciliaria por encabezar y alentar las “guarimbas”, protestas violentas de la oposición, con cortes de calles, incendios y ataques a sedes gubernamentales y del oficialista Partido Socialista Unido (PSV), que provocaron muertos y heridos.
Los países del Grupo de Lima –que ha tomado cada vez más protagonismo- reconocieron la jefatura de Guaidó, pero Bolivia, Cuba, Nicaragua y México respaldaron al presidente Maduro, lo mismo que Rusia, Turquía y China. A su vez, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su gobierno “se une a Estados Unidos, Canadá, y a la mayoría de los países de América del Sur y países de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela».
La Casa Blanca pidió el pasado viernes 25 una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo en el encuentro que «tenemos un nuevo presidente en Venezuela, Juan Guaidó que ha prometido celebrar elecciones y devolver el orden constitucional», y luego declaró a la prensa que cada país del planeta deberá “desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro», revelando la intención de asfixiar económicamente a Caracas. Por su parte, el representante ruso, Vasily Nebenzya, consideró que la convocatoria del Consejo por el caso venezolano suponía «un quebrantamiento del derecho internacional» y un intento de «orquestar un golpe de Estado». Como era esperable, la reunión no adoptó ninguna resolución.
El mismo día, como si el mundo estuviera aún en tiempos de Fernado VII, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, emplazó a Maduro para que en un lapso “de ocho días” convoque a nuevas elecciones y, en caso contrario, reconocer a Guaidó como “presidente interino”. Igual posición adoptaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el gobierno de Alemania, según anunció la vocera de Berlin, Martina Fitz.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó el «ultimátum» y manifestó que comprendía que hubiera «gobiernos satélites de Estados Unidos. Pero, Europa, ¿ponerse a la cola de Estados Unidos? No tanto del país, ¿del gobierno de Donald Trump? ¿Europa dándonos ocho días de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para darle plazos o ultimátums a un país soberano?”
Las elecciones de la discordia
Maduro había triunfado en las elecciones del 20 de mayo de 2018 con más de seis millones de votos (67,8% del total), según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE). En segundo lugar figuró el candidato opositor y exgobernador Henri Falcón, con casi dos millones de sufragios (21%). Un sector de la oposición, incluso de los que no participaron de los comicios, desconoció el resultado electoral y denunció un fraude. Pero los observadores internacionales avalaron el proceso electoral y pidieron el reconocimiento de la reelección de Maduro, intentando sosegar las voces opositoras y de una veintena de países que también rechazaron la legitimidad del acto. El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los observadores, calificó como “una jornada pacífica” la transcurrida durante la votación. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), presente en Caracas, señaló que «estas elecciones deben ser reconocidas por todos». El presidente del Ceela, Nicanor Moscoso, certificó que eran “el resultado de la voluntad del pueblo venezolano». Unos 2.000 observadores internacionales participaron, entre ellos la Fundación Carter.
El 20 de septiembre de 2012, durante el discurso anual en el Centro Carter celebrado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el ex presidente norteamericano Jimmy Carter había expresado su desacuerdo con la política del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez, pero afirmó que en 2006 ganó los comicios de una manera totalmente honesta. «De hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo», señaló aquella vez Carter, quien ha mantenido esa opinión a través del tiempo.
Algunos medios de prensa de distintos países, opuestos al gobierno venezolano, publicaron coincidentemente que “el alto nivel de abstencionismo”, que alcanzó el 52% en las elecciones del 20 de mayo de 2018, demostró “el rechazo de la población a Maduro”, los que desligitimaría su triunfo. Sin embargo, esos mismos medios no dijeron algo similar cuando Duque triunfó en Colombia con una abstención del 55%, Sebastián Piñera en Chile con el 54% de ausencias y Trump en EE.UU. con el 42%. Y mucho menos comentaron que Hillary Clinton superó a Trump en el voto popular por más de 2,5 millones de sufragios, pero igualmente el sistema de votación indirecto permitió que Donald se instalara en la Casa Blanca.
Petróleo, oro y coltan
¿Por qué Washington se interesa tanto por el destino de Venezuela, uno de los países más ricos de América latina, y arrastra en su preocupación a todos sus aliados y a gobernantes genuflexos desde hace más de una década, con el respaldo de una formidable campaña internacional de prensa hostil al chavismo? La respuesta puede ser que el de Venezuela es un territorio absolutamente estratégico para el Departamento de Estado y el Pentágono, empezando por el petróleo que atesora y que a Estados Unidos podría escasearle en las próximas décadas, y que le es imprescindible, por ejemplo, para movilizar a su fuerza militar.
En su edición del pasado miércoles 23, el portal del Strategic Sentinel publicó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estimaba que, a partir del 1 de enero de 2017, Venezuela tenía la reserva petrolera probada más grande de todos los países del mundo, incluida Arabia Saudita. Sumarían unos 5.700 millones de metros cúbicos repartidos en la Faja Petrolífera situada en una extensa zona rica en crudo pesado y extrapesado al norte de Río Orinoco, y en Barinas, Maracaibo y Cumaná. A su vez, el Departamento de Energía norteamericano estima que las reservas de petróleo en Estados Unidos descendieron en 2,7 millones de barriles hasta los 437 millones. Venezuela también posee grandes existencias de minerales como oro (con la segunda reserva mayor del planeta), diamantes y el coltan, utilizado en casi la totalidad de los dispositivos electrónicos portátiles y que es clave en los smartphones.
El diario The New York Times publicó recientemente que el gobierno de Estados Unidos discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela. En su edición del 8 de septiembre de 2018, el NYT aseguró que “el gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones. Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina”.
Según el diario, los supuestos golpistas “le pidieron a Estados Unidos que les proporcionara radios cifrados, pues aseguraron que necesitaban comunicarse de manera segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición liderado por el Ejército con el fin de gestionar el país hasta que pudieran convocar elecciones. Los funcionarios estadounidenses decidieron no proporcionar el material de apoyo y los planes se vinieron abajo después de un operativo de represión en el que se detuvo a decenas de conspiradores”.
La versión indicó que “al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado”, pero añadió que “no obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente”.
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Por William Puente
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