Poco más de 28 mil votos separaban a los dos candidatos la noche del domingo, escrutadas ya todas las urnas. Una diferencia tan estrecha que el tribunal electoral prefirió esperar hasta el jueves o viernes para escrutar el 1,45% de votos observados que, teóricamente, podrían cambiar el resultado electoral.
Por media cabeza, como diría Gardel, sin que sea posible saber por quien hubiese votado en esa carrera reñida. Pero ha sido una carrera distinta a aquella que cantaba con Le Pera, sin que el potrillo aflojara en la raya al llegar. Todo lo contrario.
Toda la tarde, a partir del conteo inicial del domingo, se fue cerrando una brecha que las encuestas previas estimaban sería de más del cinco por ciento. Al final, el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, hizo imposible la celebración de la coalición conservadora, que salvaba por los pelos una carrera que pretendía más holgada.
Coalición de derecha
Pero es muy improbable que ocurra un cambio de los resultados. Las elecciones uruguayas, resueltas en el segundo turno 
del pasado domingo 24, dieron el triunfo a una coalición de derecha, basada en los dos partidos tradicionales del país: el Nacional (o blancos), del candidato ganador, Luis Lacalle Pou, y del Partido Colorado, del expresidente Julio María Sanguinetti. A los que hay que sumar el del general Guido Manini Ríos, un excomandante del ejército que decidió lanzarse a la política. Y no con poco éxito: logró elegir tres senadores y once diputados.
En el senado se necesitan 16 votos para formar mayoría. Los blancos, con diez; y los colorados, con cuatro, no alcanzan, ni agregando el voto de la vicepresidente, con el que sumarían quince. Así que los tres senadores del partido de Manini (él mismo es uno de ellos) tendrán mucho que decir en el rumbo de la política uruguaya en el próximo quinquenio.
Cuando caía la noche y la victoria era aún incierta, Manini habló con la prensa. Bajó el tono. Con media cabeza de diferencia, reconoció que no era prudente tener “medio país enfrentado a otro medio”. Sanguinetti ya había tratado de rescatarlo, en medio de las acusaciones de que se había filtrado en el escenario política tradicional del Uruguay una fuerza aun más extremista: el Cabildo Abierto. Al general –dijo Sanguinetti– “se le ve en una actitud democrática razonable y con espíritu de concordia”.
Programa político
El problema es el programa político. ¿Cómo conciliar la propuesta radical de la coalición conservadora con un rumbo distinto adoptado por el país en los últimos tres gobierno del Frente Amplio?.
Durante la campaña, Lacalle Pou planteó una visión de partido cuyo centro es la “libertad individual”. Que, para él, significa un “liberalismo solidario”, un Estado cuya función debe ser “empoderar el ciudadano”.
Parece difícil no vincular esa idea a lo que los conservadores del gobierno de Chile planteaban como un “Estado subsidiario”, cuyo papel se transformó, en realidad, en instrumento al servicio de los negocios privados que terminaron por llevar el país a las confrontaciones actuales.
Si se intenta poner en práctica en Uruguay un principio similar –como parece ser lo que la coalición ganadora prometió–, ¿se podrá evitar el proceso de concentración de la riqueza y de deterioro de los servicios públicos que han alimentado las tensiones en los países vecinos?
Ha sido práctica de más de 30 años en Chile. Lo intentaron en Argentina, con los resultados conocidos. Dieron un golpe en Bolivia para intentar avanzar por ese camino. Con características propias, también lo intentan en Perú y Ecuador. En Colombia, con su historia de violencia política, las protestas estallaron la semana pasada y rápidamente se extendieron las demandas acumuladas, algo similar a lo que pasó en Chile desde octubre. Brasil es un caso algo diferente, entre otras cosas por la forma tan radical y, con frecuencia, patética, con la que se platea la regresión neoliberal con sus privatizaciones de las empresas públicas.
¿Dónde se acomodará el nuevo gobierno de Uruguay? En el plano internacional hay pocas dudas de que se sumará a un alineamiento del país con las iniciativas norteamericanas, en particular los intentos de reflotar la ofensiva contra el gobierno de Venezuela. Significará un alivio también para el uruguayo Luis Almagro en sus aspiraciones a renovar su mandato en la Secretaría General de la OEA, candidatura que el actual gobierno de su país no apoya.
Alberto Couriel, economista y exsenador uruguayo, nos recuerda que, en el plano económico la eventual ministra de Economía del gobierno conservador, Azucena Arbeleche, solo habla de atender el déficit fiscal, que señala como causa de todos los males.
La aspiración es imponer una regla fiscal que limite el gasto, sin aumentar la carga impositiva. Un ajuste fiscal de unos 900 millones de dólares en el gasto público, que se traduciría en el desmontaje de muchas de las políticas sociales impulsadas durante los gobierno del Frente Amplio. Menos educación pública, menos salud, reforma de pensiones, modificar la ley de negociación colectiva, debilitar la organización sindical.
Un programa no muy alejado del que el padre del actual candidato, Luis Alberto Lacalle, impulsó cuando fue presidente entre 1990 y 1995. La misma propuesta de reducción del déficit fiscal mediante una política de choque, privatizaciones y reglamentación del derecho de huelga, que provocaron una fuerte conflictividad social. La eliminación de los Consejos de Salarios fue una medida clave para debilitar la capacidad negociadora de los salarios por parte de las organizaciones sindicales.
Como lo señaló un buen observador de la política uruguaya, si bien la política no necesariamente se hereda, sí se hereda el grupo social y político del que se proviene. En este caso, el grupo social que representó su padre y que ciertamente acompañará al futuro presidente. “Llegará para desmontar todo lo hecho por la izquierda. Esto, de entrada, le dará un carácter de potencial radicalización social y política” a la situación en Uruguay, estimó.
Preocupación
Para Mario Bergara, senador electo y eventual ministro de Economía si el Frente Amplio ganara las elecciones, Arbeleche se vería “en figurillas” para implementar los ajustes que se propone.
En entrevista al semanario Búsqueda, afín a la coalición de Lacalle Pou, Bergara afirmó que si la oposición ganase las elecciones la sociedad debería preocuparse con la caída salarial, la caída de las jubilaciones y pensiones, de los puestos de trabajo y de la protección social.
“De la oposición hemos escuchado que los mercados son los grandes asignadores de recursos. Al Estado le dan un rol subsidiario. Esa no ha sido ni es nuestra visión”, destacó Bergara.
Un ajuste drástico del déficit fiscal traería, además, graves consecuencias. “Lo aprendimos con los ajustes fiscales que blancos y colorados hicieron en la historia moderna del Uruguay”, señaló.
En su opinión, el mundo laboral es esencial para la distribución del ingreso y el Frente Amplio promovió esas políticas durante sus gobiernos, comparada a la aplicada durante los años de dictadura y también durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en los años 90, cuando se erradicaron los Consejos de Salarios.
Lo peor que le podría pasar a Uruguay –dijo a la BBC el politólogo e historiador uruguayo Gerardo Caetano– “el es una grieta al estilo argentino, que separara irremediablemente al gobierno y la oposición».
Pero no está claro como se podrá evitar esa grieta.
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Por Gilberto Lopes
Escritor y politólogo, desde Costa Rica para La ONDA digital
gclopes1948@gmail.com
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